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   Proponen aumentar sanciones a feminicidas de menores de edad
   
Proponen aumentar sanciones a feminicidas de menores de edad
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Por: Iniciativa se analiza en Cámara de Diputados
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/09/2017

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Candelaria Ochoa Ávalos y el legislador Clemente Castañeda Hoeflich, propusieron reformar el Código Penal Federal para considerar un agravante del delito de feminicidio cuando la víctima sea menor de edad y así aumentar la sanción a los responsables de estos crímenes.

En la sesión de este jueves, la diputada Ochoa Ávalos presentó una propuesta para modificar los Artículos 51 sobre aplicación de sanciones y 325 que define el feminicidio en el Código Penal Federal, para que jueces y tribunales consideren como agravante las razones de género al momento de aplicar las sanciones establecidas para este delito.

La finalidad es que las penas en casos donde la víctima sea una niña o adolescente aumenten en la mitad. Actualmente la sanción va de 40 a 60 años de prisión y de quinientos a mil días multa.

De acuerdo con estimaciones realizadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), a partir de las Estadísticas de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2012 se registraron 372 niñas de 0 a 17 años fallecidas por presunto homicidio. Además de 370 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez entre 1993 y 2003, más de la tercera parte tenía menos de 19 años.

Al presentar su propuesta la diputada Candelaria Ochoa señaló que  la violencia contra las mujeres es producto de la gran desigualdad de género en el país. “Es un problema de urgente resolución, pues además de estar enraizado culturalmente en nuestra vida cotidiana tiene muchas expresiones y manifestaciones que afectan la vida de las mujeres todos los días, todo el tiempo, llegando a terminar con su vida”, dijo.

Para la legisladora, además de crear mecanismos para prevenir la violencia contra las mujeres también es indispensable crear para sancionarla porque uno de los retos, dijo, es la impunidad, pues las instancias públicas y los mecanismos legales que se encargan de impartir justicia carecen de perspectiva de género.

Explicó que la diferencia entre violencia y violencia contra las mujeres es la misma que entre homicidio y feminicidio. “El empleo de poder es una relación de desigualdad de género, hacer uso de esa desigualdad tiene que ameritar una sanción mayor”.

Actualmente, el Código Penal Federal sólo contempla agravantes por género cuando se habla de delitos dolosos contra periodistas, en los delitos de homicidio de los artículos 315 y 217 y en el feminicidio. En el resto del Código Penal no hay ninguna consideración de lo que implica la violencia contra las mujeres.

Es por ello que la legisladora cuestionó qué pasa cuando la violencia es cometida contra mujeres menores de edad, más si las mujeres son más vulnerables y susceptibles de ser asesinadas.

En México, recordó, mueren aproximadamente, siete mujeres al día por feminicidio, miles más son violentadas sólo por el hecho de ser mujeres. La iniciativa se analizará en la Comisión de Justicia.

17/AGM/LGL

 








LENGUANTES
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Las redes (ciberfeministas) de mujeres salvan vidas
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Por: Dirce Navarrete Pérez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/06/2017

Si somos mujeres defensoras de Derechos Humanos viviendo en México y recibimos alguna amenaza de violación o de muerte, es probable que estemos en riesgo y sintamos miedo. Bastante lógico si sabemos que en este país asesinan a 7 mujeres al día, y que de 2010 a la fecha, 44 mujeres activistas han sido asesinadas en toda la República.
 
Puede ser un hecho irrelevante el medio por el que se recibió la amenaza: si fue por vía telefónica, en un sobre que llegó a nuestra casa, o en la bandeja de entrada de nuestro correo electrónico, Facebook o Twitter, pues en cualquiera de los casos es posible que los agresores tengan acceso a información importante sobre nuestra familia, entorno y hábitos, incluyendo nuestra ubicación exacta.
 
Aún con todo esto, es bastante frecuente subestimar las agresiones y amenazas que recibimos por medio de nuestras redes sociales; dudamos en hacerlas públicas, en pedir apoyo y todavía más en denunciar dando seguimiento a un proceso legal. Y vaya que tenemos razones para decidir borrar el mensaje y hacer como si no hubiera pasado nada, pues es bastante frecuente que la respuesta social a nuestra denuncia sea minimizar lo ocurrido y culparnos.
 
Por otra parte, como sabemos, el sistema de justicia en México es obsoleto, pero en temas cibernéticos me atrevo a decir que es completamente analfabeta. Basta con saber que el Código Penal Federal que tipifica los delitos informáticos no se ha actualizado desde 1999. Los funcionarios públicos en dichos espacios tienen un escaso o nulo conocimiento acerca de qué es y cómo funciona Internet, sumado a las serias deficiencias en cuanto a perspectiva de género.
 
Es así que, si decidimos iniciar un proceso legal, luego de recibir amenazas o agresiones por nuestras redes sociales, lo primero es saber que hay que invertirle bastante tiempo y paciencia, entre otros recursos. Tendremos que enfrentar miles de argumentos absurdos de diferentes personas, incluyendo los agentes del Ministerio Público que tratan de hacernos desistir de la denuncia: “ni existen los delitos cibernéticos en el Código Civil”, “es complicado este tipo de casos porque no sabemos quién es el responsable y es casi imposible saberlo”, “no podemos acceder a su información, porque él -el agresor- también tiene derecho a su privacidad”, “aquí en el MP, apenas si tenemos Internet”.
 
Es posible que tengamos que pasar también por la revictimización: “¿tenías enemigos?, ¿alguna expareja, alguien que te pretendiera y no le hicieras caso?”, “¿has dado algún motivo para recibir este tipo de comentarios?, ¿públicas pornografía o fotos de desnudos?”. Sin librarnos de los peritajes psicológicos, pues deben estar seguros de que, de entrada, no estás imaginando cosas y también de que la amenaza o agresión “realmente te pudo haber afectado”.
 
Analizamos mejor las miles de trabas que las defensoras de derechos humanos enfrentamos al denunciar este tipo de agresiones ante el aparato de justicia del Estado si atendemos a estas preguntas: ¿Quién o quiénes estarían interesados en lanzar ataques contras las activistas? ¿Cuál es el objetivo de hacer este tipo agresiones contra las mujeres que por medio de las redes denunciamos la violación a nuestros derechos? ¿Cómo se proveen de recursos (tecnológicos, monetarios y de tiempo) aquellos que se dedican a enviar diariamente miles de tuits por medio de cientos de cuentas falsas para intimidar a decenas de feministas?
 
Ahora bien, sabemos que las acciones que hasta ahora han implementado plataformas como Twitter o Facebook para atender la ciberviolencia no han sido suficientes ni eficaces, mucho menos cuando se trata de violencia a defensoras. Tampoco se han logrado construir estrategias conjuntas entre los gobiernos y dichas plataformas para enfrentar estos delitos.
 
Al final, como suele suceder, lo que nos queda es apostarle a lo que sabemos que sí podemos hacer, que es construir entre nosotras las formas para defendernos. La violencia cibernética nos afecta a todas de manera constante y voraz, es claro que este problema no se puede resolver individualmente, tenemos que dar una respuesta colectiva. Y hay que hacerlo ya.
 
Este artículo lo escribo a partir de mi experiencia personal tras la amenaza que recibí en Twitter luego de la acción en redes #SiMeMatan y de la manifestación del 5 de mayo en Ciudad Universitaria por el asesinato de Lesvy: “Te voy a violar en CU, serás mi sirvienta perra feminazi”.
 
Decidí poner una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la capital, la cual sigue en investigación. Después del incidente y de compartir experiencias con muchas otras, decidí hacerme una lista de 3 compromisos personales, que comparto aquí para alimentar la construcción de complicidades ciberactivistas:
 
1. No normalizar este tipo de agresiones. Es un problema real que tiene afectaciones reales; minimizar las emociones que experimentamos nosotras y las demás es sumamente dañino, luego de recibir aunque sea solo uno de este tipo de mensajes.
2. Aumentar nuestra seguridad en Internet. Sé que es difícil poner en práctica los protocolos, pero démonos chance de ir paso a paso, como una estrategia de autocuidado feminista, y hacerlo de forma colectiva. 
3. Las redes cibernéticas de mujeres salvan vidas. No estamos solas en esto, acompañarnos puede hacer la diferencia en cómo nos sentimos y enfrentamos esta violencia. Si alguna compañera pide apoyo, tratemos de responder en medida de nuestras posibilidades.
 
A veces pienso que no es que haya miles de hombres que se levanten queriendo soltar millones de tuits de odio contra nosotras, quiero pensar que son unos cuantos machos que son pagados para desacreditar nuestra lucha (tal como las empresas contratan a personas que manejan bots para colocar sus campañas en las redes).
 
Pero nosotras sí somos miles y miles de mujeres en todo el mundo, que nos levantamos cada día llenas de rabia para enfrentar este sistema que nos odia y solo así sobrevivimos. Por eso reafirmo que, al igual que en la vida que llamábamos “real”, en el ciberespacio, las redes de mujeres también pueden salvarnos.
 
Organizaciones y recursos:
Social TIC A.C. https://socialtic.org/
 
Derechos Digitales: https://www.derechosdigitales.org/
 
Internet es nuestra: https://www.derechosdigitales.org/internetesnuestra/
 
Guía de Seguridad Digital para Feministas Autogestivas https://es.hackblossom.org/cybersecurity/?utm_content=buffer9f42b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
 
*Dirce Navarrete Pérez es politóloga feminista @agateofobia_
 
17/DNP/GG
 








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
El informe CEDAW II
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 04/05/2017

El Noveno Informe del Estado Mexicano al Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ofrece un panorama de cumplimiento en la norma, que es una forma de cumplir en el papel con las responsabilidades que buscan prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, específicamente en los casos de feminicidio. Sin embargo la realidad refleja que la norma afronta la resistencia derivada de los patrones socioculturales, la impunidad y la violencia estructural inserta en las instituciones.
 
En el párrafo 17, el Informe, se señala: Entre 2012 y 2016, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) tuvo cuatro modificaciones. Destacan la reforma para sancionar el feminicidio conforme al Código Penal Federal (CPF)10, la reducción del plazo de 24 a 8 horas para emitir órdenes de protección, y la modificación del Artículo 47 que establece que la Procuraduría General de la República (PGR) debe tener un registro público de delitos cometidos contra las mujeres, protocolos con perspectiva de género (PEG) para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, y la investigación de los delitos de: discriminación, sexuales, feminicidio, trata de personas y contra la libertad.
 
Este párrafo ya es bastante optimista, nos habla de que en el país “debe haber un registro de la violencia contra las mujeres ”, el cual nos daría un claro panorama de cuántos casos de violencia sexual, niñas y mujeres desaparecidas, así como casos de discriminación, feminicidios y quizá operativos y víctimas de trata y atentados contra la libertad, que incluiría el rapto o privación de la libertad con fines sexuales (sí, así están en algunos códigos del país).
 
Más adelante, el Informe mexicano continúa y ofrece información de otras acciones específicas contra el feminicidio como el 25, 27, 40, 41, 42, 43 en los que se mencionan los análisis del tipo penal en los Códigos, los protocolos disponibles por entidad federativa, protocolos por homicidio en razón de género, los que aún tienen pendiente su publicación y los estándares, y guías de ayuda a servidores públicos para la investigación de delitos como el feminicidio.
 
Todo eso se plasma y realmente responde a hechos que se pueden documentar en lo normativo. Sin embargo, y a pesar de todo ese panorama halagador, la realidad es que el número de sentencias firmes por feminicidio es proporcionalmente muy inferior al número de casos reportados cada año en las entidades federativas.
 
El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio registró de 2007 a junio de 2012, un total de 4 mil 112 casos en 13 estados, y nos queda la pregunta: ¿hay datos acerca de las sentencias?
 
Lo cierto es que si buscamos el dato, solo mediante un monitoreo y observación de notas publicadas tenemos una respuesta que nos puede dar una idea clara de la diferencia que hay entre la “norma” y su aplicabilidad.
 
Es así que en 2016 y principios de 2017 hay más de 5 entidades federativas que apenas tuvieron su primer sentenciado por feminicidio, y a eso hay que anotar que muchas de ellas aún no son sentencias firmes (definitivas) y en otros casos hay casos paradigmáticos de feminicidio y tentativas  que afrontan dificultades en las investigaciones ministeriales, en los escritos de acusación, en la presentación de pruebas y por supuesto todo se reduce a una cadena de eventos desafortunados relacionados con el poco interés por dar acceso a la justicia a las mujeres.
 
Según el Informe CEDAW en el párrafo 27, “Respecto al feminicidio, se tiene el análisis del tipo penal para las 32 EF, en cumplimiento del PROIGUALDAD 17”, en el 41 se señala: “Hay protocolos en 22 EF para el feminicidio. Cinco cuentan con un protocolo de homicidio por razones de género, y en cuatro se encuentran en proceso de publicación. El 43 habla de los Lineamientos generales para la estandarización de investigaciones de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres y documentos que “presentan procedimientos de actuación -en el marco de los DH- para la detección, identificación, intervención, atención, protección y prevención de los casos de violencia de género”.
 
El número de entidades que han sentenciado casos, en cambio, es notablemente más bajo de lo que se esperaría con ese escenario, confirmándonos que la falta de voluntad, los prejuicios, la aplicación de normas o visiones discriminatorias contra las mujeres y seguir viendo la perspectiva de género como una cosa “de ventaja para las mujeres”.
 
En contraste, el documento La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias ONU Mujeres-México, señala que entre 1985 y 2014, se registró un total de 47 mil 178 defunciones femeninas con presunción de homicidio en todo el territorio nacional.
 

  Sentenciados al 2017 2016 2015 Feminicidios acumulados
Puebla 1 (segundo acumulado)   1 200
Yucatán   1 primero en ser sentenciado    
Coahuila   1 primero en ser sentenciado    
Nuevo León   1 primero en ser sentenciado    
Querétaro   2 sentenciados    
Jalisco   3 sentenciados    
Quintana Roo 0 0 0 Hasta 2016 cambió tipo penal.
Baja California   1 sentenciado    
Edomex     A abril de 2015 194 denunciados, 124 judicializados, 65 con sentencia condenatoria. 66 en trámite y 4 sin ejercicio de acción penal  
Zacatecas     1 29 casos de feminicidios acumulados desde 2013 cuando se tipificó.
Tlaxcala 0      
Guerrero       Tipificado desde 2010, primera sentencia
Sinaloa 1 con sentencia no definitiva   6 (en litigio aún)  
San Luis 1 sentenciado     23 posibles feminicidas detenidos y aún en proceso.
         

Fuente: Elaboración propia con registros periodísticos.
 
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








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