Migración
    Extorsión contra migrantes, práctica común
Denuncian corrupción en la frontera sur
Cimac | México, DF.- 15/08/2005

Las autoridades migratorias se benefician de la población indocumentada. La detención de estas personas, entre las que se encuentran mujeres y menores de edad, parece ser el negocio de algunas autoridades chiapanecas, indica el informe elaborado por Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC sobre la detención y el aseguramiento de migrantes indocumentados en tránsito.

Dicho informe detectó diversos abusos cometidos por autoridades migratorias, corporaciones policíacas y militares, en contra de la población en tránsito.

La mayoría de estas personas provienen de países centroamericanos como Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, y sus destinos finales son el norte de México, Estados Unidos de América y Canadá.

El informe revela que durante la aplicación de 244 cuestionarios a través de entrevistas directas a migrantes en la estación de Tapachula y el Albergue Belén de la misma localidad, los extranjeros señalaron a elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), miembros del ejército mexicano, la Policía Federal Preventiva (PFP), la Policía de Seguridad Pública del Estado (SPE), la Policía de Seguridad Pública Municipal (SPM), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y a los propios agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) como responsables de extorsión, robo de sus pertenencias y violencia física y/o moral; además de la violencia infligida durante su estancia en la estación migratoria.

Esta investigación se llevó a cabo de junio 2004 al mismo mes de 2005, y el número total de entrevistados fue de 244 personas, entre las que se encuentran 76 mujeres y 63 menores de edad.

Cabe señalar que la reciente detención y reclusión en el Centro de Readaptación Social número 14 del agente de migración Francisco Cabrera Durán, mejor conocido como El Amante, por la presunta comisión de los delitos de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y cohecho, revela la magnitud de los beneficios económicos que puede dejar el tráfico de personas.

Un boletín de prensa de Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC, informa que a Cabrera Durán se le acusa de haber dejado en libertad el día 12 de enero de 2005 a 178 indocumentados centroamericanos y recibir a cambio 195 mil pesos para no reportar a sus superiores que había detectado al grupo en la caseta migratoria de Tuxtla Gutiérrez.

El agente al parecer se encuentra sujeto a proceso penal ante el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, quien ha decretado auto de formal prisión en su contra.

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