«La violencia es una constante en el ejercicio de la prostitución y es perpetrada principalmente por los clientes y por la policía; se ejerce casi de manera permisiva debido a la exclusión social que viven las trabajadoras sexuales». Ésta es una de las conclusiones de una investigación realizada por el Instituto Nacional de Psiquiatría sobre la situación de las trabajadoras del sexo en el Estado de México.
Para Eva María Rodríguez, una de las investigadoras que participan en el estudio, la violencia contra las mujeres que ejercen la prostitución es sólo una extensión de la que sufren el resto de las mujeres. Pero las trabajadoras sexuales padecen un doble riesgo «de ser explotadas o violentadas, ya que en el contexto de su actividad esto se permite por la ilegalidad y la estigmatización».
Aunque el estudio aún no ha concluido, la investigadora adelantó algunos de los resultados en el seminario sobre violencia familiar en el DF que, enmarcado en los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, organiza desde hace cuatro años la Secretaría de Desarrollo del Distrito Federal.
Según esta investigación, de las 75 mujeres entrevistadas que trabajaban en una vía pública, en un table dance o en un cabaret, el 73.3 por ciento había recibido violencia. La violencia física fue la más común (66.3 por ciento), seguida por la emocional (21.3 por ciento); y la sexual (24 por ciento).
Sobre los agresores, los principales fueron los clientes (64 por ciento), seguidos de las propias compañeras (36 por ciento), y la policía (21.3 por ciento).
A pesar de que tanto este estudio como otros realizados en el ámbito internacional ponen de manifiesto la violencia que padecen las trabajadoras sexuales, Rodríguez denunció que las cifras son ignoradas como resultado del estigma y la violencia cotidiana que existe sobre ellas y su actividad.
Relegadas a la ilegalidad de su situación, Rodríguez enmarca a las sexoservidoras en uno de los ámbitos «más marginados de la sociedad».
«En su trabajo enfrentan y confrontan diferentes tipos de violencia: amenazas por parte de los clientes, violencia física y abusos por parte de los policías, quienes muchas veces están en complicidad con los líderes y las menos beneficiadas son ellas».
En cuanto a la responsabilidad de los legisladores y del propio gobierno para atender los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales, Rodríguez se refirió al doble rasero con el que se trata el fenómeno, ya que la prostitución se estigmatiza, pero sigue siendo una actividad que reporta grandes beneficios económicos menos para quienes la ejercen.
Pero el estigma sólo recae en las sexoservidoras, y no en los clientes. En este sentido, Suecia introdujo una legislación pionera en la que se sanciona al cliente y no a ellas.
Por otro lado, la sociedad, debido a los prejuicios sociales y culturales, «y sin ningún conocimiento de las causas de la prostitución», tolera las consecuencias de la violencia ejercida sobre estas mujeres que -recuerda la investigadora- también afecta «de manera importante todas las esferas de su vida y su salud mental».
Rodríguez considera que lo que incita a los clientes a ejercer todo tipo de agresiones contra las trabajadoras sexuales «se debe, quizá, a la creencia que tienen las personas de que al pagar por servicios sexuales no tienen límite las prácticas ni el tiempo», y que «al tratarse de una sexoservidora, tiene derecho a maltratarla, extorsionarla o abusar de ella».
La investigadora considera necesario realizar estudios sobre el desarrollo y el contexto de la violencia que viven estas mujeres y, sobre todo, «darles la voz a las afectadas».
05/ER/YT
