Ante el recién fallecimiento del dictador guatemalteco, José Efraín Ríos Montt, una de las organizaciones que litigó en su contra, el Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH), recordó que “la justicia pronta y cumplida” que promete el sistema de justicia de Guatemala no llegó a las y los sobrevivientes del genocidio del pueblo maya ixil, pero eso sí, aún se les debe el derecho a la verdad y la reparación del daño.
Efraín Ríos Montt, quien falleció a los 91 años de edad el pasado 1 de abril llegó al poder de Guatemala en marzo de 1982 por un golpe de Estado. Con solo un mes de estar al mando el dictador lanzó la operación para exterminar (conocida como “tierra arrasada”) a la población ixil del país, en la que murieron mil 771 indígenas.
Por lo crímenes cometidos por el dictador el Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos y la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) presentaron ante el Ministerio Público de Guatemala una denuncia en su contra por genocidio.
El 19 de marzo de 2013 el ex dictador fue sometido a juicio por los delitos de lesa humanidad y las matanzas cometidas contra del pueblo ixil entre 1982 a 1983, en conjunto con el exdirector en inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez.
Se escucharon los testimonios del horror de los crímenes ocurridos durante la guerra interna, en concreto, el de las mujeres indígenas sobrevivientes, quienes, valientes, hicieron oír su voz para narrar las violaciones sexuales, torturas, humillaciones y la pérdida de sus familias que vivieron a manos del Ejército de Guatemala.
En apoyo a los testimonios de violencia sexual de las mujeres indígenas la construcción de peritos con enfoque de género marcaría un precedente importante gracias a la intervención de las organizaciones Women’s Link Worldwide y el Center for Justice and Accountability, quienes con estos peritajes permitieron visibilizar la importancia de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de género y ahondar en la violencia contra mujeres y niñas ocurrida en la guerra.
Un total de 57 peritos especializados en diversas disciplinas (antropología, psicología, forenses, historia, sociología, derecho, entre otras) presentarían pruebas claves para el juicio del 10 de mayo de 2013, cuando las juezas y el juez del Tribunal Primero de sentencias penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente guatemalteco, Iris Yassmín Barrios Aguilar, Patricia Isabel Bustamante García y el juez Pablo Xitumul De Paz, dictaron una sentencia (C-01076-2011-00015) de 80 años prisión a Efraín Ríos.
Una sentencia histórica porque se reconoció que en Guatemala ocurrió un genocidio y fue la primera vez que un ex jefe de Estado fue declarado culpable por un Tribunal Nacional por este delito. Sin embargo, solo pasaron 10 días para que la Corte Constitucional (CC) de Guatemala echara atrás la sentencia contra Efraín Ríos por encontrase supuestos errores.
Nuevamente en 2016 se ordenó un segundo juicio por genocidio contra Efraín Ríos que hasta la fecha llevaba 26 audiencias en dos años. Las y los sobrevivientes del horror volvieron a rendir sus testimonios, su angustia e incertidumbre se prolongó por las postergaciones del proceso.
Para el 31 de marzo de 2017, en un caso por separado, un tribunal dictaminó que Ríos Montt podría ser juzgado por genocidio en la masacre de “Dos Erres” en la que más de 200 civiles fueron asesinados. Hoy, el fallecimiento del dictador termina las posibilidades de justicia.
“SIGUE CAMINO HACIA LA JUSTICIA”
Tras la muerte del dictador, el Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos que ha llevado el litigio del genocidio contra el pueblo ixil, recordó en un comunicado que las víctimas han esperado 30 años por justicia, en un camino también donde han fallecido también 5 personas que dieron testimonios del crimen.
CALDH también reconoció a las mujeres indígenas ixiles quienes por hacerse escuchar “hoy el mundo sabe que en Guatemala sí hubo genocidio y violencia sexual”. Por ello dijeron, el camino a la justicia sigue, toda vez que queda pendiente el juicio contra el exdirector de inteligencia José Mauricio Rodríguez, que tendrá próxima diligencia el viernes 6 de abril.
Por su parte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Guatemala se sumó al lamento de las demoras para atender los casos de graves violaciones a los Derechos Humanos relacionadas con los crímenes de lesa humanidad ocurridos en los años 80 en Guatemala.
Sobre todo, indicó el Alto Comisionado, porque se tuvo tener celeridad en los procesos por la avanzada edad de los acusados y sobrevivientes, situación que pone en riesgo el acceso al derecho a la verdad, justicia y la reparación del daño de las víctimas.
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