En el marco de la presentación del Informe “Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017” financiado por la Unión Europea y la Embajada de los Países Bajos, defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres lamentaron que a un año y medio de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en Chiapas,las autoridades estatales “siguen sin contar con datos sobre el feminicidio, lo que impide la generación de políticas públicas para su erradicación”.
Expusieron que en el periodo de enero de 2014 a octubre de 2017, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), conformado por 40 organizaciones de 22 estados del país, documentó en el Informe 282 asesinatos de mujeres en Chiapas, de los cuales 125 fueron feminicidio, es decir, 44.32 por ciento.
El informe sobre feminicidio presentado en el Museo de Tuxtla Gutiérrez, documentó a nivel nacional el asesinato de 8 mil 904 mujeres, de los cuales 2.18 fueron investigados como feminicidio, es decir, sólo 24.57 por ciento y que durante el periodo referido la Fiscalía General de Justicia del Estado informó de manera parcial sobre los datos registrados durante dicho periodo.
Aunado a ello, sólo proporcionó información sobre 4 de las 22 variables solicitadas por el OCNF, es decir, de los casos de feminicidio ocurridos únicamente en 2014 y 2015, limitado a 64 casos.
Señalaron que las variables proporcionadas tienen que ver con la edad de la víctima, el método utilizado para asesinar a las mujeres, el lugar del hallazgo y la relación entre la víctima y el victimario, sin embargo, esta información no permite realizar un diagnóstico a profundidad que pueda generar políticas públicas de prevención, atención y sanción del delito, mucho menos para que estas atiendan de manera particular a las indígenas, trans o a las migrantes.
Ante la ausencia de información oficial, las organizaciones de la sociedad civil han tenido que recurrir al registro hemerográfico y a los datos de los casos que acompañan.
Según datos obtenidos por el Grupo de Mujeres de San Cristóbal (Colem), organización feminista integrante del OCNF; en lo que va del 2018 se han registrado 29 casos, 13 han sido feminicidio, 2 posibles casos de feminicidio, 4 tentativa de feminicidio y 9 más han sido muertes violentas por accidentes, suicidios, entre otros.
La directora del Colem, Martha Figueroa Mier, dijo que pesar de que la AVG -declarada el 18 de noviembre de 2016- mandata al gobierno del Estado, contar con una base de datos que permita conocer la problemática, la autoridad no da características de los casos de feminicidio, lo que es grave e impacta de manera negativa en la vida y seguridad de las mujeres, además de impedir la creación de una política de prevención de los delitos.
Agregó que si bien las consignaciones realizadas por feminicidio son del 87.30 por ciento -contrario a los casos de homicidios dolosos de mujeres los cuales son judicializados sólo en un 26 por ciento- estos son en su mayoría casos de feminicidio íntimo, lo que impide reconocer la participación de otros actores.
Respecto al protocolo de investigación del estado de Chiapas, el cual se emitió en 2016, señaló que este no incorpora la perspectiva de género en la investigación del delito, ni especifica las diligencias particulares que deben realizarse para la acreditación de las razones de género y no está actualizado al nuevo sistema de justicia penal.
“Cabe mencionar que en los casos documentados se ha identificado un patrón relacionado con la desaparición y el feminicidio, frente a lo que las autoridades no han realizado las acciones necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar dicha violencia”, dijo Figueroa Mier.
Ante ello, agregó, es grave que a un año y medio de la declaratoria de AVG, las autoridades no implementen de manera eficaz las recomendaciones realizadas y no actualicen la información sobre los nuevos contextos de la violencia contra las mujeres, por lo que como organizaciones y defensoras de los Derechos Humanos exigieron al gobierno federal y de Chiapas, que se cree e implemente una Unidad de Análisis y Contexto en Chiapas, que fortalezca las investigaciones, que identifique los diversos contextos de criminalidad en los que está inmerso el feminicidio.
Demandaron además que la entidad cuente con un protocolo especializado para la investigación del delito de feminicidio, que promueva la incorporación de la perspectiva de género en todas las actuaciones del personal y las autoridades encargadas de la investigación, para que en este mismo sentido, se promueva la capacitación para las y los operadores de justicia, hecho que garantizará la debida diligencia, lo cual, permitirá el esclarecimiento del hecho y el acceso a la verdad y a la justicia.
Las defensoras exigieron que se reformen los marcos penales y administrativos para reconocer como delitos y faltas graves los actos de estigmatización a las víctimas, de omisión, negligencia y obstrucción de justicia en las investigaciones de muertes violentas de mujeres, y que se investiguen de manera oficiosa.
Y que se establezcan los mecanismos efectivos para garantizar la reparación integral del daño que incorpore las medidas de atención y rehabilitación a niñas, niños y adolescentes huérfanos/as (como lo hicieron los estados de México y Jalisco en el marco de la AVG), sin que éstos se supediten a los procesos judiciales.
Entre otros reclamos, pidieron que la Fiscalía investigue desde un inicio toda muerte violenta de mujeres como feminicidio, incluyendo los suicidios, accidentes y los que se cometan en contextos relacionados con el crimen organizado y los conflictos armados en la entidad.
18/RED/LGL
