Por onceava ocasión allanan oficinas de activistas de Consorcio Oaxaca

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   Gobierno de Alejandro Murat no garantiza su labor, denuncian
Por onceava ocasión allanan oficinas de activistas de Consorcio Oaxaca
CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/01/2018

La organización civil defensora de Derechos Humanos, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, denunció que el gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat, no ha implementado ninguna acción seria y responsable para detener la intimidación, seguimiento, vigilancia, campañas de desprestigio, allanamientos y robo a las oficinas y a casas de integrantes de esta organización.

De 2011 a la fecha esta organización feminista que lleva 15 años trabajando a favor de los derechos de las mujeres ha sido blanco de 11 allanamientos; seis de los cuales ocurrieron en lo que va de la administración del gobernador Alejandro Murat, quien ocupa el cargo desde diciembre de 2016.

En conferencia de prensa realizada ayer en la capital de Oaxaca, las integrantes de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, Ana María Hernández y Pilar Muriedas Juárez, informaron que el pasado 5 de enero la casa de Sánchez Maya fue allanada.

De acuerdo con el testimonio de la defensora los desconocidos cortaron la cerca de seguridad, desactivando alarmas y destruyendo chapas. Robaron su computadora, pantallas y material de seguridad de la casa incluyendo videograbadora y modem de internet, pero dejaron otros objetos de valor.

“Este ataque no es aislado, forma parte de una serie de agresiones que se han acumulado en nuestra contra”, señalaron al exponer que en seis ocasiones las oficinas de Consorcio y las casas de algunas de sus integrantes han sido robadas.

El 2 de diciembre 2016 allanaron la casa de una de las integrantes; el 5 de febrero 2017 alguien forzó la chapa del vehículo de otra defensora; el 15 y 17 de ese año la casa de la hija de una de las integrantes fue allanada; el 18 de del mismo mes desconocidos entraron a la casa de Ana María Hernández; y días después, el 28 de febrero intentaron forzar la chapa del vehículo de otra activista.

El 6 de abril del año pasado fue allanada a mano armada la oficina de Consorcio Oaxaca, en esa ocasión se llevaron la bolsa de una de las integrantes del equipo de administración que contenía dinero de la organización y memorias USB con información laboral.

Además de los robos, las defensoras señalaron que han sido vigiladas por hombres desconocidos, policías viales y vehículos desconocidos; que sus comunicaciones telefónicas y digitales han sido intervenidas. 

Consorcio ha interpuesto ocho denuncias penales, de las cuales cinco fueron en el sexenio anterior y tres durante esta administración. De las cinco del sexenio anterior una ha sido judicializada y cuando el actual gobierno llegó, estaban en trámite cuatro, que fueron enviadas a la reserva el 30 de marzo del 2017 por parte de la Fiscalía General del estado.

En el caso del allanamiento y robo en el domicilio de Ana María Hernández (28/FIDTS/2015) la organización está a la espera de que se resuelva la apelación del presunto responsable que esta en libertad bajo caución porque pagó una fianza de 10 mil pesos.

Denunciaron que de las tres denuncias que se han interpuesto durante este sexenio no existe resultado alguno, la primera de ellas se interpuso el 2 de diciembre del 2016, la segunda el 6 de abril del 2017 y la tercera el 5 de enero del 2017, de las cuales no han tenido ningún tipo de información, el único contacto ha sido tomar la denuncia y hacer algunas periciales.

“No hay resultados eficaces en la investigación, lo que sin duda ha dado el mensaje de anuencia y complicidad de este Gobierno para seguir atacando a Consorcio Oaxaca”, señalaron las defensoras.

Cabe destacar que pese a que desde 2012 la organización es beneficiaria de medidas de protección solicitadas a través de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, éstas no han sido cumplidas a cabalidad. Asimismo la Defensoría Especializada en Protección a Periodistas, Defensores y Defensoras ha insistido en cumplir y reforzar las medidas cautelares pero Seguridad Pública se ha negado.

En medio de los actos intimidatorios, las defensoras responsabilizaron al gobernador de los riesgos a su integridad y seguridad; exigieron a la Fiscalía General que investigue y castigue a los responsables y recordaron al Congreso del estado, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo su obligación de garantizar el derecho a defender Derechos Gumanos, así como la seguridad de las defensoras para realizar su labor.

Datos de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos ubican a Oaxaca con 58 por ciento del total de agresiones a mujeres defensoras a nivel nacional.

18/AGM/LGL