Universitarias sin mecanismos eficientes para denunciar acoso sexual

VIOLENCIA
   Insuficiente Protocolo para atender casos en la UNAM
Universitarias sin mecanismos eficientes para denunciar acoso sexual
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta y Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/05/2018

La universidad tendría que ser uno de los espacios más seguros para las mujeres pero para las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en realidad es un continuo de la violencia de género que día a día viven. Las universitarias no están exentas del hostigamiento y acoso sexual e incluso del feminicidio.

El 3 mayo de 2017 el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio sacudió Ciudad Universitaria. El cuerpo de la joven de 22 años de edad fue hallado en una caseta telefónica ubicada al lado del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El cable del teléfono estaba enredado en su cuello.

La escena suponía un suicidio. Ante las especulaciones, de inmediato la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) divulgó en su cuenta oficial de Twitter una serie de publicaciones en las que estigmatizó a la joven, dijo que consumía drogas, alcohol y no estudiaba. Meses después reafirmó: Lesvy cometió suicidio.

A un año del suceso la familia de Lesvy Rivera Osorio, acompañada solidariamente por estudiantes y académicas del campus y con la defensa legal del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, se abocó a develar la verdad y obtener justicia para Lesvy.

Luego de reclamos públicos y de presentar pruebas ante las autoridades la familia de la joven logró que la PGJDF reclasificara el caso como feminicidio y declarara que la entonces pareja sentimental de Lesvy, el trabajador de intendencia de la UNAM, Jorge Luis González Hernández, tomó el cable del teléfono y la asfixió. Ese fue último acto de una violencia que ejerció contra ella durante los cuatro meses que duró su relación.

A propósito del aniversario luctuoso de Lesvy, Cimacnoticias se acercó a las estudiantes, académicas y trabajadoras de la máxima casa de estudios para conocer el impacto de este feminicidio en la comunidad universitaria y la experiencia de aquellas que buscan no callar más la violencia de género que viven en las instalaciones.

Hoy, muchas estudiantes deciden ejercer su derecho a la denuncia como lo establece el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM”, un instrumento implementado hace más de un año pero que todavía replica los mismos procesos burocráticos, de criminalización, revictimización e impunidad del sistema de justicia mexicano.

Esta agencia trató de consultar a las autoridades de la Universidad encargadas de hacer funcionar el Protocolo y atender casos de violencia para evitar asesinatos como el de Lesvy. Sin embargo, la Oficina de la Abogada General (OAG) de la UNAM, a cargo de la doctora Mónica González Contró, guardó silencio. Hasta el cierre de esta edición la abogada general, por medio de su secretaría, se negó a la entrevista argumentando que su agenda estaba llena de pendientes.

LABERINTO A  LA IMPUNIDAD

En reacción a la violencia de género, el 29 de agosto de 2016 el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, anunció la implementación del “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM”. Este instrumento se creó para sumarse a la campaña de ONU Mujeres “HeForShe” por la igualdad de género.

Con la adhesión a esta plataforma la universidad además se comprometió a promover que los sistemas nacionales de evaluación reconocieran los estudios de género y a incluir la igualdad de género en los planes y programas de estudio. Con el Protocolo la casa de estudios buscó tener una herramienta que diera certidumbre a la comunidad universitaria sobre el procedimiento a seguir para atender y sancionar los casos de violencia de género.

A más de un año del decreto de este Protocolo, en septiembre 2017, la Oficina de la Abogada General publicó los primeros resultados. De agosto de 2016 al 12 de junio de 2017, 234 personas, de las cuales 97 por ciento fueron mujeres y 4 por ciento hombres, presentaron una queja por hechos de violencia de género tanto en la Oficina de la Abogada General como en el Subsistema Jurídico, que depende la OAG.

De estas denuncias, se identificaron 203 personas presuntamente agresoras pero de éstas sólo se inició proceso administrativo interno contra 150 agresores (73 por ciento).

Sin embargo, reiteradamente las universitarias señalan que al intentar interponer una denuncia se enfrentan a desestimaciones de sus dichos o pruebas, se encubre a los agresores y las sanciones no son suficientes.

En este laberinto, el primer obstáculo es la falta de orientación para quienes buscan presentar una denuncia, explicó en entrevista con Cimacnoticias la estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ingrid Vázquez Sánchez, quien también es integrante del Tribunal Universitario, un órgano institucional integrado por estudiantes que se encargan de conocer y sancionar las faltas a la legislación universitaria cometidas por el personal académico y el alumnado.

Cabe resaltar que el Tribunal Universitario no sólo se enfoca en sancionar acciones de violencia de género, sino cualquier falta en contra de la legislación universitaria cometida por el alumnado o académicos como: alteración del orden, daño del patrimonio, extorsión, robo, falsificación de documentos, portación de armas, entre otras.

Vázquez Sánchez afirmó que las universitarias no cuentan con orientación necesaria para conocer las etapas del proceso, ya que las autoridades no dan servicio en los horarios de atención, establecidos para cada instancia, o no se les informa adecuadamente sobre los pasos a seguir, mucho menos se les brinda medidas de protección inmediata en caso de necesitarlas.

Quienes alcanzan a presentar la queja en los horarios marcados, se ven obligadas a respetar “los principios que rigen el Protocolo”, uno de ellos es la exigencia de la “firma de confidencialidad”, es decir, que tanto el agresor, como la víctima, no pueden hacer pública la denuncia.

La integrante de la Red No Están Solas, un colectivo que acompañan casos de violencia de género en la UNAM, Ana Jiménez –nombre ficticio para evitar ser identificada ante posibles represalias– subrayó que este acuerdo limita el derecho de las víctimas a la libre expresión y, sobre todo, las coloca en una situación de aislamiento y vulnerabilidad, al no verse acompañadas.

Adentradas en el proceso de denuncia las víctimas se enfrentan a más violaciones, continuó Ana Jiménez,  por ejemplo, se les pregunta “¿por qué estaban ahí?” al momento de la agresión, situación que demuestra la falta de sensibilización de quienes atienden las denuncias de violencia de género.

En suma, piden a las denunciantes pruebas de un tipo de violencia que generalmente se realiza en secrecía y sin testigos. Las estudiantes que cuentan con pruebas de los hechos son desestimadas, como le ocurrió a la estudiante de la Facultad de Derecho Brenda Nathalie Padro Sánchez, víctima de hostigamiento sexual por parte de un profesor y compañeros de la carrera.

En redes sociales de Internet los agresores la llamaban constantemente, enviaban mensajes de contenido sexual e invitaciones a tener relaciones sexuales, además hacían publicaciones de desprestigio de su imagen.

La ahora integrante de Alza La Voz, colectivo feminista de la Facultad de Derecho de CU, Padro Sánchez declaró que recurrió a la Comisión Especial de Equidad de Género (instancia dependiente de la Oficina de la Abogada General).

El primer filtro fue encontrar al personal en el horario adecuado y después presentar fotos de las conversaciones o publicaciones en redes sociales, los correos y el registro de las llamadas, donde se evidenciaba el asedio y la violencia que vivía. La respuesta de las autoridades de esta Comisión fue que “sus pruebas no eran suficientes”, argumento repetido en los Ministerios Públicos.

Cuando una denuncia de acoso sexual se denuncia y logra pasar lo primeros obstáculos, el caso se presenta ante el Tribunal Universitario y ante la Abogada General y el director o directora de Facultad donde hayan ocurrido los hechos. El estudiantado que conforma el Tribunal tienen la facultad de votar por una sanción y esta resolución debe ser aprobada por la Abogada General y quien encabece la Facultad, explicó Ingrid Vázquez integrante del Tribunal Universitario.

Quien además detalló que las sanciones se establecen en función de los perfiles de los agresores, varía si son profesores, estudiantes o personal administrativo, no por el grado de la violencia cometida.

Para los alumnos, el castigo puede ir desde una amonestación hasta la expulsión definitiva, mientras que para el personal académico o administrativo abarcan amonestaciones, suspensión o restricción del contrato de trabajador. Finalmente si el castigo es una reprimenda, ésta queda en la intimidad entre el Tribunal y el agresor, pues la “sentencia” se lee en privado, se le notifica por teléfono o por correo electrónico.

De los 150 procedimientos iniciados por la Oficina de la Abogada General, 67 por ciento fueron resueltos por un procedimiento alternativo, es decir las dos partes llegaron a un acuerdo, 21 por ciento están pendientes de una sanción, en 6 por ciento no se encontraron elementos para emitir una resolución, 1 por ciento fue declarado improcedente por el Tribunal Universitario y en 5 por ciento no se concluyó el procedimiento porque los trabajadores solicitaron su baja o jubilación.

Ingrid Vázquez indicó que hasta ahora la “mediación”  es la vía a la que más recurren las autoridades de la UNAM para resolver los casos de acoso sexual. Una “solución” que se le plantea a la víctima desde la etapa inicial. Según el informe del Protocolo en seis casos se firmó un acuerdo reparatorio entre el agresor y la víctima, que dio fin al proceso de la queja, otras dos están en la “preparación de diálogo” y en un caso no se concretó un acuerdo.

Asimismo el informe indica que de las 234 quejas presentadas por violencia de género, se identificó que en 41 por ciento de los casos se trató de una relación académica (profesor/alumna), en 24 por ciento de éstos no se estableció ninguna relación entre la denunciante y el agresor, en 14 por ciento la relación fue personal (tenían relación sentimental o bien, académica).

Ante las trabas en el proceso y la falta de sanciones justas, las alumnas se han valido de las denuncias públicas en redes sociales donde cuentan sus casos. Otra forma de hacer pública la violencia es realizando “tendederos del acoso”, donde las estudiantes cuelgan hojas de papel donde escribieron sus experiencias de acoso para visibilizar y denunciar el nombres de los agresores sin importar si son profesores, alumnos o personal administrativo.

Las estudiantes incluso han llegado a “tomar” simbólicamente las unidades de estudios para detener actividades, realizar conversatorios, foros o asambleas entre el alumnado, esto como  forma de protesta a la deficiente respuesta de las autoridades universitaria  ante la violencia de género.

Un ejemplo de ello fueron las acciones llevadas a cabo, en marzo de este año en el denominado “Paro Feminista de 48 horas”, de la Facultad de Filosofías y Letras y la marcha realizada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hacia el edificio de Rectoría, así como las Asambleas Interuniversitarias realizadas en diversas facultades para analizar el contenido del Protocolo.

FES, OLVIDADAS DE LA UNAM

Al indagar sobre la violencia de género en las universidades, las miradas se vuelcan en Ciudad Universitaria y prácticamente quedan en el olvido las estudiantes que acuden a los otros campus que conforman la UNAM, las cinco Facultades de Estudios Superiores (FES), Aragón, Iztacala, Zaragoza, Cuautitlán y Acatlán, que se ubican en las periferias entre la Ciudad de México y el Estado de México.

A casi dos años de la publicación del Protocolo, las estudiantes, académicas y profesoras de las FES desconocen qué se considera como violencia de género y la existencia de un instrumento para denunciar, así lo aseguró la consejera universitaria de la FES Cuautitlán, Pamela Hernández Hernández, quien funge como representante de su facultad en el Consejo Universitario, máximo órgano de autoridad que emite normas y disposiciones generales para el funcionamiento de la UNAM. 

Por ello, indicó la también estudiante, ante el desconocimiento las víctimas acuden a los Servicios Escolares o a la coordinación de cada carrera para presentar su queja, donde les informan que hay una instancia a la que deben acudir ya que aún las autoridades de las FES no aplican el Protocolo y la figura el abogado general de su facultad es prácticamente inexistente.

Ante el vacío de instancias de orientación, la comunidad estudiantil socorre a las víctimas por medio de redes de apoyo como el colectivo Representación Estudiantil. Sin embargo, las quejas se siguen quedando en el proceso de investigación, indicó la consejera universitaria y agregó que como resultado de su cargo hasta el momento conoce de 4 casos de violencia de género y uno por violación, que no han sido denunciados formalmente, y donde los agresores pertenecen al personal académico de la FES Cuautitlán.

En suma, cotidianamente la comunidad de las FES se enfrentan en mayor medida a los asaltos y robos, las estudiantes al acoso callejero en el transporte público debido a que están localizadas en zonas inseguras,  expuso Hernández Hernández. No obstante, continúa la deficiente respuesta de las autoridades para atender las demandas del alumnado como: transporte seguro, patrullaje fuera de las instalaciones, y alumbrado público.

Además, para las académicas e investigadoras de la UNAM denunciar la violencia de la que son víctimas o simplemente dar su apoyo a las estudiantes viene con un doble costo: Significa exponerse, correr el riesgo de perder su trabajo, ser víctimas de aislamiento por parte de otros compañeros de trabajo o perder la oportunidad de ascender a un mejor puesto laboral, así lo señaló a esta agencia la profesora de Antropología, Claudia, quien solicitó el anonimato por miedo a represalias.

Según las cifras del informe del Protocolo, de las 234 personas que presentaron una denuncia por violencia de género únicamente 3 por ciento era de personal académico.

NI UNA MÁS: DEMANDAN UNIVERSITARIAS

En medio de este panorama el feminicidio de Lesvy fue el punto un punto de quiebre para la comunidad de CU, las estudiantes ya no estaban dispuesta a tolerar más la violencia de género o que la vida de otra compañera fuera arrebatada. En cambio para las FES, explicó Pamela Hernández Hernández  no tuvo ninguna repercusión.

El 6 de mayo de 2017 el campus de la UNAM vivió la movilización de cientos de mujeres en repudió a la criminalización de Lesvy por parte de la PGJDF y la negativa del rector de la UNAM, Enrique Graue, de reconocer a la joven como parte de la comunidad universitaria, a pesar de que Lesvy estudió en una de las instituciones dependientes a la universidad, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), Plantel Sur, y su madre y padre son trabajadores de Ciudad Universitaria.

Encabezada por la madre de Lesvy, Araceli Osorio Martínez, las estudiantes, académicas y sociedad civil se apropiaron del campus y convirtieron la caseta telefónica en un altar en memoria de Lesvy. Colocaron una cruz rosa, flores y una placa de madera con el nombre de la joven, el altar aún permanece, para recordar a quien cruce por el “Camino Verde”, llamado así por la comunidad universitaria, que en la UNAM , la violencia contra las mujeres también ha impacto.

Aunque la violencia de género siempre ha existido en Ciudad Universitaria, después del feminicidio de Lesvy las estudiantes le ponen nombre, lo visibilizan y no lo callan, reflexionó la integrante del Tribunal Universitario, Ingrid Vázquez, quien dijo, han comenzado a formar un “movimiento feminista estudiantil” cada vez más fuerte.

“Fue un acontecimiento que nos dolió muchísimo, sobre todo por cómo se llevó el proceso. Esta red de sororidad y red de mujeres ha crecido muchísimo. Nos ha hecho reflexionar y al mismo tiempo, ser conscientes de la violencia que vivimos diariamente en la universidad. Muchas veces se piensa que la academia o la universidad es un espacio que no nos toca, finalmente no es así, la universidad es un reflejo de lo que ocurre fuera en sociedad, lo podemos ver con un feminicidio que pasa dentro de nuestras instalaciones”.

No obstante esta toma de conciencia entorno a la violencia contra las mujeres no impactó por igual a la comunidad, añadió Ingrid, están los varones que reafirmaron su posición contra el feminismo y descalifican cada denuncia de las universitarias contra la violencia sexual. En el otro extremo, están aquellos que buscan convertirse en aliados y cambian actitudes, por ejemplo, “ya no dicen comentarios machistas”, dijo la también estudiante.

Con los videos de vigilancia que proporcionó la Universidad se pudo conocer que previó a la defunción de Lesvy, su entonces pareja, la golpeó en repetidas ocasiones la madrugada del 3 mayo de 2017, hasta que su cuerpo apareció en la cabina telefónica. Los testigos de personas cercanas a los jóvenes lograron también corroborar que Lesvy era víctima de violencia por parte de Jorge Luis González.

Actualmente, el caso atraviesa el proceso intermedio en el que la defensa de víctimas y victimarios presentarán las pruebas y peritajes incluidos en la carpeta de investigación.

A un año del asesinato de Lesvy, la UNAM accedió a colocar una placa con su nombre en la caseta telefónica, en la memoria de la joven y las víctimas de feminicidio en este país.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) presentó este 2 de mayo la Recomendación 1/2018 dirigida a la PGJDF por las violaciones al debido proceso en la investigación del feminicidio de Lesvy y la estigmatización de la que fue víctima ella y su familia. Estas 18 recomendaciones aún están en espera de ser aceptadas.

18/HZM/AEG