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ESTADOS
VIOLENCIA
   Dependencia se negó a activar Alerta de Género
   
Organizaciones solicitarán a Conavim prevenir trata de mujeres en Tlaxcala
Imagen retomada de Red Retoño
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/08/2017

Tras la negativa de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para tomar medidas para erradicar la trata de personas en Tlaxcala, organizaciones civiles del estado solicitarán por segunda vez que se active la Alerta de Violencia de Género (AVG). 

La decisión la tomaron luego de que este 4 de agosto la Conavim, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), negó aceptar la solicitud Alerta que ya se había solicitado por los casos de trata de personas y violencia sexual.

En conferencia de prensa en Tlaxcala, representantes del Colectivo Mujer y Utopía y de la organización Red Retoño informaron que de nuevo solicitarán que se activen medidas de emergencia, pero esta vez por desaparición de mujeres ya que este delito es “la matriz de otros crímenes frecuentes. 

En entrevista con Cimacnoticias la abogada de la Red Retoño, Miriam Pascual Jiménez, declaró que en aquella entidad la desaparición de mujeres puede culminar en violaciones sexuales  o feminicidio.

El 8 de agosto de 2016 la organización Todos para Todos solicitó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) activar la AVG por trata de personas y violencia sexual, la cual fue admitida. En este caso se conformó un Grupo de Trabajo que, luego de analizar el contexto de violencia de género, entregó al gobierno del estado un informe y recomendaciones que el 24 de noviembre aceptó cumplir el gobernador de la entidad, el priísta Mariano González Zarur. 

El 4 de agosto la Segob emitió un dictamen donde estableció que la Alerta no se aprobó porque el gobierno de Tlaxcala realizó “acciones suficientes” para implementar las recomendaciones. 

Sin embargo, la directora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, denunció que la Segob negó la AVG porque el grupo de trabajo de la Conavim “no analizó que el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual se encuentra vinculado a delitos sexuales, al embarazo infantil y adolescente y a las desapariciones de niñas y mujeres”.

A ello, dijo, se sumó que la solicitud se hizo durante la transición de gobierno. “El gobierno saliente de manera simuladora aceptó las nueve recomendaciones del grupo de trabajo sin realizar absolutamente nada en el último mes de su administración, dejando a la administración entrante la responsabilidad de dar repuesta”, expuso.

También señaló como un factor negativo que las recomendaciones fueron “muy generales” –como solicitar la creación de un banco estatal de datos sobre las mujeres víctimas de violencia en la entidad–  y que no se propuso  que “realmente se buscara y atendiera a víctimas por trata de personas y violencia sexual”.

Por su parte la defensora de la Red Retoño, Montserrath Gheno, señaló que el “discurso mediático del actual gobierno, encabezado por el priísta Marco Antonio Mena Rodríguez, ha sido no reconocer el problema, minimizarlo e visibilizarlo”.

En un comunicado, firmado también por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), las organizaciones lamentaron que la Segob rechazara la AVG y se basara únicamente el recuento de los “esfuerzos” realizados por el gobierno para atender la trata y violencia sexual. 

También expusieron su preocupación por que el resolutivo recomienda al gobierno realizar políticas públicas para prevenir, erradicar y sancionar la trata personas que, aseguran, ya están establecidas en la estrategia Estatal y el Plan Sexenal contra la trata que aún están vigentes. Además, denunciaron, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 carece de una política clara y comprometida en la materia.

Las firmantes aseguraron que también es preocupante que se recomendara al gobierno identificar las rutas de movilidad de tratantes cuando organizaciones internacionales las han señalado desde hace 13 años. Miriam Pascual dijo que antes de precisar para qué municipios se solicitará la Alerta las organizaciones expondrán que todo Tlaxcala es un “foco rojo por el delito de trata y desaparición”, ya que se sabe que al menos en 36 de los 60 de municipios operan familias de tratantes.

Con la nueva solicitud buscarán que la Conavim emita recomendaciones y que estas vayan de la mano con indicadores de evaluación que “permitan medir verdaderamente que el gobierno estatal está cumpliendo sus obligaciones porque en esta solicitud los criterios de evaluación fueron muy ambiguos y subjetivos”, indicó la abogada. 

DESAPARICIONES CONSTANTES

Olga Tezmol, madre de Karla Romero Tezmol, niña de 11 años desaparecida desde 2016 y el único caso de la entidad por el que la Procuraduría local inició una carpeta de investigación, denunció que en los municipios dedicados a la trata de mujeres y niñas con fines sexuales “seguirán desapareciendo mujeres y niñas, seguirá el miedo o la indiferencia, porque la realidad es que esta ‘buena voluntad’ no refleja cambios estructurales”.

Tzmol dijo también que el dictamen de la Conavim y el propio informe que la instancia emitió “no representa a las víctimas, a quienes nunca se nos ha tomado en cuenta”. En ello coincidió Miriam Pascual, quien espera que tras la nueva solicitud se realicen mesas de trabajo a las que inviten a familiares víctimas de desaparición y organizaciones especializadas en el tema.

La AVG se solicitará porque, aun cuando las desapariciones de mujeres y niñas son constantes en la entidad, de 2012 a 2016 la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala reportó sólo  8 mujeres desaparecidas, 3 de ellas menores de edad.

No obstante, no hay certeza de las cifras ya que de 2012 a 2014 la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas señaló que desaparecieron 20 menores de edad en Tlaxcala, de las cuales 14 son niñas y 6 son niños, solo los niños fueron localizados.  

En tanto la Red Retoño y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en el estado de Tlaxcala documentaron, de enero de 2016 a abril de 2017, 20 casos de desaparición, en su mayoría de menores de edad.

Olga Tezmol denunció la indiferencia de las autoridades por garantizar justicia pues dijo que desde enero de 2016 en el municipio de San Pablo del Monte han desaparecido 12 niñas y mujeres, quienes fueron rescatadas por sus familias, la mayoría con signos de violencia sexual, pero todas ellas siguen sin obtener justicia. “La ‘buena voluntad’ que el gobierno señala no se ha visto reflejada en nuestra realidad cotidiana”, sentenció.

17/MMAE








ESTADOS
   También debe elaborar un Protocolo de identificación de víctimas de este delito
Gobierno de Tlaxcala obligado a crear Fiscalía Especializada para trata de personas
Imagen del portal Argentinaindymedia.org
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/08/2017

Por mandato de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), el gobierno de Tlaxcala deberá crear una Fiscalía Especializada para investigar la trata de personas y un Protocolo de identificación de las víctimas de este delito.

La Conavim ordenó lo anterior al gobierno del priísta Marco Antonio Mena Rodríguez a través de la resolución con la que dio respuesta a la solicitud que organizaciones civiles hicieron en agosto de 2016 para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por trata de personas y violencia sexual en la entidad, la cual fue rechazada el pasado 4 de agosto. El plazo para cumplir las recomendaciones es de seis meses.

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, afirmó la Conavim, deberá contar con Ministerios Públicos y policías ministeriales especializados. Además, el personal deberá investigar “con estricto apego al principio de debida diligencia”. 

Pese a que esta Fiscalía no existe en la entidad la Procuraduría General de Justicia local sí tiene una unidad de investigación especializada para la trata de personas que, según han denunciado organizaciones civiles, se caracteriza por realizar un trabajo ineficiente para atender a las víctimas.
 
Por ello, a través de un comunicado, esta medida y la creación del Protocolo de identificación de víctimas de trata fueron calificadas de “ambiguas” por la Red Retoño, el Colectivo Mujeres y Utopía y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). 

En cuanto al diseño e implementación del Protocolo las organizaciones denunciaron que, aun cuando desde hace años diversas asociaciones de la entidad lo han solicitado, actualmente dudan de su eficiencia. 

Esto porque la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala, en lugar de investigar de inmediato la desaparición de las mujeres para descartar la trata como una posible causa, en la mayoría de los casos “decide encuadrarlas en secuestro”, deja transcurrir 72 horas antes de iniciar la búsqueda y reproduce constantemente estereotipos tales como afirmar “seguro se fue con el novio, se fue de pinta o por su propia voluntad”, mencionaron las organizaciones, quienes solicitaran de nueva cuenta la AVG para Tlaxcala, la próxima semana. 

En la entidad la trata de personas con fines de explotación sexual es un delito recurrente y suele quedar impune. De acuerdo a la Procuraduría estatal de 2011 a 2016 se abrieron 57 denuncias por este delito. Sin embargo, las organizaciones señalan que no hay certeza de las cifras verdaderas debido al subregistro y la carencia de una base de datos actualizada de este y otros delitos.

Por su parte, en 2016, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés informó que por cada 200 denuncias solo 13 derivan en sentencia condenatoria, es decir, el delito queda impune en 93.5 por ciento los casos. 

SIN NUEVAS PROPUESTAS

La Conavim también solicitó al Gobierno de Tlaxcala el diseño de una “política transversal de prevención, erradicación y sanción de la trata de personas” que considere las posibles rutas de movilidad de la trata de personas entre entidades federativas para instar a los estados a atender el problema.

Pese a que la propuesta parece ser novedosa, desde 2009 en la entidad está vigente la Ley para la Prevención de la Trata de Personas y contempla ya la prevención, erradicación y sanción del delito. Además, actualmente el Congreso del estado analiza una nueva propuesta de ley sobre el tema que fue presentada por el Ejecutivo local en mayo de este año. 

De igual forma, desde 2011, entró en función la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas que plantea la búsqueda inmediata de mujeres y niñas; como medidas preventivas establece la elaboración de campañas informativas sobre el delito en medios de comunicación y propone identificar el perfil de las víctimas y las zonas en donde es más recurrente que sean violentadas.

A ello se suma que las rutas de las redes de trata en Tlaxcala ya han sido señaladas en informes diagnósticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Organización de las Nacionales Unidas. 

Por ello las organizaciones afirmaron que los resolutivos de la Conavim “no fueron claros, ni suficientes para generar  un proceso serio de transformación para desactivar la problemática de violencia sexual y trata de personas con fines de explotación sexual” y recalcaron que no aprobar la AVG en el estado refleja la falta de voluntad por parte de los gobiernos federales y estatales para atender dichos delitos

17/MMAE
 








ESTADOS
   Dice que son “casos aislados” e intimidan a familias: OSC
PGJ Tlaxcala continúa simulación en caso de niñas desaparecidas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/05/2017

A dos meses de que el procurador General de Justicia de Tlaxcala, Tito Cervantes Zepeda, se comprometió con  familiares de niñas desaparecidas y víctimas de violencia sexual del municipio de San Pablo del Monte a revisar personalmente los casos, las acciones de la Procuraduría siguen siendo “simuladas”, con lo que se obstaculiza el acceso a la justicia de mujeres y niñas en esta situación.
 
Eso denunció en entrevista la abogada de las organizaciones Red Retoño y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social A.C, Miriam Pascual Jiménez, quien desde marzo pasado expuso en conferencia las irregularidades que enfrentan los familiares de niñas desaparecidas y agredidas sexualmente  al denunciar en los ministerios públicos, así como la omisión de funcionarios de la entidad.
 
Miriam Pascual informó que tras una reunión efectuada la última semana de marzo entre la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de violación, representantes de las organizaciones acompañantes y el procurador Cervantes Zepeda este último se comprometió a  investigar hasta obtener justicia cada uno de los siete casos de desapariciones de niñas y tres mayores de edad registrados por las organizaciones Red Retoño y Grupo de Acción  desde enero de 2016 hasta marzo de 2017.
 
Sin embargo, aseguró Miriam Pascual, “ante las denuncias, la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala (PGJ) solo ha tomado medidas simuladas”. Incluso se niega a aceptar que existan otros casos además de los sólo ocho reportes de mujeres desaparecidas que la instancia reportó de 2012 a 2016, de los cuales sólo tres corresponden a menores de edad. “Los califican como casos aislados”, dijo.
 
SIN RESPUESTAS
 
Miriam Pascual señaló que la indiferencia de las autoridades ante las desapariciones de mujeres se refleja en la falta de voluntad del gobernador de Tlaxcala, el priista Marco Antonio Mena Rodríguez, por conversar con las familias. “Antes de reunirnos pusimos como requisito la presencia del Gobernador, sin embargo, él no se presentó ni se ha comunicado con la familia, al igual que el presidente municipal de San Pablo del Monte, Cutberto Benito Cano Coyotl”, aseguró.
 
Además, la abogada expuso que el argumento otorgado por la secretaria de Gobierno de Tlaxcala para explicar el retraso en la resolución de los casos es el desconocimiento de estos, porque las exigencias de justicia fueron atendidas, primero, por la administración anterior del estado encabezada por Mariano González Zarur. “Es mentira ese desconocimiento, dijo la abogada, ya que Anabel Alvarado trabajaba como secretaria particular con el Gobernador anterior cuando denunciamos las desapariciones constantes en la zona”, explicó.
 
SIGUEN INTIMIDACIONES Y OMISIONES
 
Señala la abogada que la PGJ continuó con las agresiones a las familias que denunciaron en marzo pasado omisiones de la autoridad, como falta de activación de la Alerta AMBER, retraso en la recolección de pruebas a tiempo y trato revictimizante. Se trata de las familias de Karla Romero Tezmol, desaparecida en San Pablo del Monte desde enero de 2016, y de Sandra Xahuantila, y Sarahí Tezmol, desaparecidas y encontradas posteriormente con signos de violencia sexual,  
 
“La PGJ habló con los familiares y los buscó en sus domicilios para presionarlos con el argumento de que si no se presentaban a ampliar su declaración las iban a meter a la cárcel”, se trató, afirmó Miriam Pascual de hostigarlos y sancionarlos ante la denuncia pública que hicieron las familias”.
 
Y calificó a estas acciones de innecesarias: “Lo hicieron para aparentar que se están trabajando, pero no se está investigando para dar con los agresores”. Muestra de ello es que recientemente la Red Retoño tuvo conocimiento de que la Secretaría de Seguridad Pública de Tlaxcala constó en un escrito que el sistema de C4, el sistema público de cámaras de la zona donde se han registrado desapariciones, no está funcionando.
 
Además, informó, vecinos de la zona con negocios ya fueron advertidos por personal policial para no mostrar los videos captados por sus cámaras. “Un policía le hizo firmar al dueño de una tienda ubicada en la ruta donde han desaparecido varias menores un documento donde decía que él no podía dar información a nadie”, comentó.
 
Miriam Pascual comentó que ese tipo de acciones son ejemplo de las prácticas constantes de obstaculización de las autoridades, pero dijo que, junto con familiares de las víctimas desde la Red Retoño, el Grupo de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social mantienen las exigencias porque se inicien averiguaciones previas en todos los casos de desaparición y que no se pierdan pruebas esenciales en los delitos de violación como las muestras de semen.
 
De acuerdo a datos de la Red Retoño en Tlaxcala, la desaparición de Karla Romero Tezmol es la única contabilizada porque sólo ella cuenta con una Averiguación Previa por delitos relacionados con su desaparición.
 
Las desapariciones de niñas y mujeres ocurren en un contexto donde organizaciones civiles de Tlaxcala emitieron en agosto de 2016 la primera solicitud para la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), admitida por el Instituto Nacional de las Mujeres desde el pasado 30 de agosto, por el delito de explotación sexual comercial de mujeres.
 
17/MMAE/GG








ZONA DE REFLEXIÓN
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   ZONA DE REFLEXIÓN
Sus voces nos hacen falta
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/03/2017

El asesinato en Chihuahua de la periodista Miroslava Breach Velduceo nos trae, de golpe, el regreso de un horror: el asesinato de periodistas críticos. Tres en menos de un mes. El crimen de la reportera Breach nos lleva a repreguntarnos por qué es tan ineficaz la autoridad para investigar y sancionar a los responsables de los atentados a la libertad de expresión.
 
En el año 2000, con un gobierno panista, los atentados contra periodistas iniciaron su escalada; para 2006, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República, la violencia desatada por su guerra contra el narco llevó a México a ser conocido como el país en América Latina más peligroso para ejercer el periodismo.
 
Producto de esta violencia, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que lleva once años operando sin que hasta hoy dé resultados efectivos que terminen con la impunidad que rodea cada asesinato y agresión contra periodistas.
 
En 2010 tuvimos la visita del entonces relator de Naciones Unidas para la protección a la libertad de expresión, Frank la Rue. Una de las recomendaciones hechas al Gobierno federal fue sancionar los atentados contra periodistas,  pues la impunidad es la puerta abierta a la repetición, aseguró en su informe.
 
La ineficacia de la Fiscalía está documentada en cada asesinado y agresión contra periodistas: 17 mujeres periodistas han sido asesinadas por hacer su trabajo y 331 han sido agredidas o intimidadas por las investigaciones que realizan desde 2002. Ninguna periodista debió de haber sido asesinada, ninguna de ellas debe vivir con temor por las amenazas recibidas.
 
¿Por qué la Fiscalía no llega hasta los culpables de los asesinatos y las agresiones contra periodistas? Es la pregunta que desde hace más de una década se insiste y a la cual ningún fiscal ha dado respuesta.
 
¿A quién le conviene que el miedo por investigar corrupción, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a derechos humanos, desapariciones o feminicidio crezca entre las y los periodistas? ¿A quién le conviene que la sociedad no sea informada sobre estos temas?
 
Cuando los agresores de periodistas son funcionarios públicos, la respuesta es lógica: sembrar el miedo por investigar temas que incomoden a los que tienen el poder le va bien, le favorece a los poderosos, pero no a la sociedad.
 
Anoche, la periodista Laura Castellanos, quien se ha dedicado a investigar ejecuciones extrajudiciales, escribía en el tweet “Si la sociedad nos deja solas/os en nuestro ejercicio periodístico, crece nuestra vulnerabilidad”.
 
Es urgente que la sociedad se dé cuenta de la importancia del trabajo periodístico independiente y crítico, pues sacar a la luz las desigualdades y los abusos de poder permite a la sociedad ser más crítica y construir mejores democracias.
 
Por ello es tan grave que asesinen o intimiden a las y los periodistas, y que las instancias creadas para investigar estos crímenes sean tan ineficaces para hacer justicia. Grave, porque cuando silencian o limitan la posibilidad de investigación periodística, la sociedad está menos informada y más vulnerable de vivir en la mentira creada desde las esferas del poder y divulgada por medios que privilegian los convenios publicitarios, antes que su obligación de informar.
 
El horror no puede seguir imperando en nuestro país, es necesario que la sociedad haga suya la causa de la protección de periodistas, demande la investigación ante cualquier atentado, fortalezca a las y los periodistas independientes para que crezca la democracia que tanta falta hace en México, y para que ni una periodista más sea asesinada, porque todas esas voces hoy nos hacen falta.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GG








NACIONAL
VIOLENCIA
   Activistas denuncian desconocimiento de funcionarios
Edomex incumple Protocolo Alba
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/10/2016

El gobierno del Estado de México incumple el Protocolo Alba al no activar las acciones de búsqueda inmediata de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, sin necesidad de que sus familiares interpongan una denuncia, dijo la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada Mendoza.
 
En entrevista telefónica a propósito del Paro Nacional (que se realiza también en otros países) contra el feminicidio al que organizaciones feministas convocaron este día, la activista dijo que el Protocolo Alba no se cumple por “desconocimiento” de los funcionarios públicos que trabajan en las instituciones de Seguridad.
 
Cabe mencionar que el Protocolo Alba es un mecanismo de protección que obliga a los tres niveles de gobierno a buscar a las niñas y mujeres reportadas como desaparecidas una vez que se tenga conocimiento del hecho, sin necesidad de esperar 72 horas.
 
Estrada Mendoza hizo énfasis sobre la importancia de actuar de inmediato porque esas horas son muy importantes para encontrar con vida a las mujeres y niñas que son reportadas como desaparecidas, por lo que el OCNF sostiene reuniones con autoridades de los 11 municipios del Estado de México (donde se decretó la Alerta de Violencia de Género) para asegurar su cumplimiento y ejecución.
 
Agregó que el Observatorio tiene un registro de 500 casos de niñas y mujeres víctimas de feminicidio (en el periodo 2015-2016), mientras que las desapariciones en el mismo lapso, se ubican en 2 mil.
 
El 28 de julio de 2015 se decretó la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios del Estado de México, y el gobierno de Eruviel Ávila se comprometió a realizar una serie de acciones enfocadas a prevenir la violencia, la seguridad y la justicia.
 
Entre los compromisos destacan que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) pondría en operación la Unidad de Análisis y Contexto para la investigación de delitos vinculados al feminicidio, homicidios dolosos y desaparición de niñas y mujeres, conformado por 17 personas expertas que investigarían las causas sociales, culturales, geográficas y económicas de esta problemática.
 
Otro compromiso fue que en las 11 Fiscalías Regionales de la PGJEM se pondrían en operación los grupos de apoyo, para la investigación de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas y se reforzaría la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculadas a la Violencia de Género con 25 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad.
 
Sin embargo María de la Luz Estrada explicó que a la fecha, tampoco se han cumplido a cabalidad esta serie de compromisos, mientras que la violencia contra las mujeres continúa incrementando.
 
16/GVV/LGL








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