NACIONAL
SALUD
   Que comparezca Narro, piden legisladoras
Ss debe informar cuántos embarazos por violación e ILE atiende
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/03/2017 El secretario de Salud, José Narro Robles, debe informar cuántos embarazos producto de una violación sexual se atienden en las instituciones públicas y cuántas víctimas acceden a la interrupción legal del embarazo (ILE), dijo la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Irma Rebeca López López.
 
La legisladora señaló en entrevista con Cimacnoticias que apoya la propuesta de las diputadas de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC) de llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Salud (Ss), porque aseguró que es importante contar con información para que las legisladoras formulen propuestas para proteger los derechos de mujeres, jóvenes y niñas.
 
Esta propuesta surgió luego de que el 21 de enero pasado, la Comisión de Igualdad decidió retirar el dictamen para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e incorporar la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención (NOM 46).
 
López López dijo que aún no hay un documento para solicitar la presencia de Narro Robles en la Comisión de Igualdad y en la Comisión de Salud, pero espera que en próximos días se concrete una reunión para que dé a conocer cómo se implementa la NOM 046, la cual obliga a los prestadores de salud a ofertar la anticoncepción del emergencia y el aborto en casos de violación sexual.
 
FALTA DE DATOS
 
En el dictamen para modificar la Ley General, la Comisión de Igualdad señaló la falta de datos y que solo la extinta Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados haya calculado que aproximadamente 112 mil mujeres son víctimas de violación sexual cada año, dato que equivale a una cada 4.6 minutos, mientras que, según especialistas, la mayoría de los agresores quedan impunes.
 
Asimismo, el documento destacó que, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional presentado en 2012 en Naciones Unidas, de las 14 mil 829 denuncias por violación sexual presentadas en 2009 en el país, sólo hubo 3 mil 462 enjuiciamientos y 2 mil 795 sentencias condenatorias por ese delito.  
 
Por otra parte, López López dijo que la Comisión de Igualdad no tomó en cuenta la opinión de todas las diputadas que integran este órgano y que ella no fue invitada a la reunión donde se decidió retirar el dictamen para reforma la Ley General de Acceso, por lo que consideró que había intereses políticos en este tema.
 
17/AGM/RED
 
 







NACIONAL
SALUD
   Para no verse afectados en Edomex
Por cálculo electoral, PAN y PRI abandonan debate sobre NOM 046
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/03/2017 Los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) desistieron el debate sobre la inclusión de la norma que establece los criterios para la interrupción legal del embarazo en casos de violación (NOM 046), en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque preocupó el impacto de esta decisión en el proceso electoral del Estado de México, afirmó la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortensia Aragón Castillo.
 
Este 21 de marzo, la Comisión de Igualdad de Género informó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que retiraba el dictamen para incluir en la Ley General de Acceso una referencia a la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención (NOM 46), que permite el aborto en casos de violación sexual.
 
La diputada por el PRD dijo en entrevista que esta decisión pudo ser de tinte electoral. “Creo que hay una preocupación estrictamente de carácter electoral, por la percepción social, equivocada, del PRI por el proceso electoral en el Estado de México”.
 
De acuerdo con Aragón –quien ha destacado por su interés legislativo en los derechos de las mujeres-, las diputadas del PAN y el PRI fueron las que firmaron el dictamen e hicieron mayoría para retirarlo del pleno, porque no querían salir dividas. Pero además hubo una injerencia de las diputadas del Partido Encuentro Social (PES) quienes, aunque tenían derecho de expresar sus opiniones, mintieron sobre el tema y “calentaron los ánimos”, diciendo que se votaría el aborto.
 
DEBATE MANIPULADOR, FALSO
 
“¿Cuál fue el debate? Fue un debate falso, manipulador, oportunista, que hizo la derecha, encabezada por las diputadas del PES en los medios de comunicación, en el que presionaron a las diputadas y diputados de todas las fracciones con correos de todas las iglesias y grupos de derecha. Se contaminó indebidamente el tema que no estaba a discusión: el derecho a abortar de quienes son víctimas de violación”, dijo.  
 
Por si fuera poco, agregó, el debate se enrareció porque hay diputados a quienes no les gusta leer y a quienes les asusta el clero, ya que sólo se miran en las encuestas. “Con ese cálculo electoral resolvieron que lo mejor era retirar la iniciativa. Nosotros lo dijimos, es una decisión de la mayoría del PRI y del PAN en esta Cámara”. 
 
NOM 046, VIGENTE
 
La legisladora señaló que la NOM 046 es vigente y no se modificó pero destacó que a propuesta de las diputadas del PRI, Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, la Comisión de Igualdad pretendía presionar a la Secretaría de Salud para que aplicara la Norma porque el número de embarazos por violación es alto y al parecer las acciones son omisas.
 
“Es una iniciativa del PRI que no tenía mucho sentido. A mí me lo preguntas y francamente te digo, ¿para qué metes algo que ya esta ley y una norma que no está en discusión?”.
 
Ahora, señaló,  se debe llamar al secretario de Salud, José Narro Robles, a comparecer y presentar información sobre el tema, que diga en qué entidades se dan casos de embarazo por violación y qué está haciendo la dependencia de acuerdo con la NOM 046, para que las diputadas conozcan si el delito de violación sexual es sancionado y si las víctimas pueden acceder al aborto.
 
Aseguró que las diputadas del PRD y de Movimiento Ciudadano van juntas en esta petición para que Narro Robles comparezca ante la Comisión de Igualdad de Género y la Comisión de Salud.
 
17/AGM/GG
 







NACIONAL
SALUD
   SS debe informar sobre aplicación de norma
Retiran dictamen para reformar LGAMVLV que incluía NOM 046
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/03/2017
La Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados retiró el dictamen para reformar los artículos 46, 40 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia donde se pretendía incorporar la NOM 046 que garantiza la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de violación sexual.
 
En la sesión de este martes, la Mesa Directiva de la Cámara baja informó que se retiró el dictamen a fin de someter el tema a un estudio y análisis más profundo toda vez que en la sesión del 9 de marzo se subió a pleno, pero de última hora no se discutió y después, el 14 del mismo mes, por segunda ocasión fue retirado porque no hubo consenso sobre la redacción.  
 
La diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa Avalos, reclamó ante el pleno que el dictamen se discutió sin el consenso de la Mesa Directiva de la Comisión de Igualdad y que ella no fue consultada. Además, previamente señaló en entrevista que este tema causaba ruido porque se estaba difundiendo la legalidad del aborto en casos de violación sexual. 
 
Al respecto la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cecilia Soto González, propuso a la Comisión de Igualdad de Género y a la Comisión de Salud, que se invite al Secretario de Salud a comparecer y compartir diagnósticos sobre la implementación de la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención (NOM 46).
 
“Es claro que se trata de un tema delicado, es claro que se trata de un tema profundo y es un tema que no se arregla con medidas punitivas, por ejemplo, en el caso de que no se cumpla, como ha venido sucediendo, la NOM 046”.
 
Además aprovechó para recordar que desde 1931 el Código Penal Federal permite el aborto en casos de violación sexual. 
 
La también perredista Cristina Ismene Gaytán calificó como una pena que haya tácticas dilatorias para no hacer valer los derechos de las mujeres y destacó que este tema fue avalado por mayoría en la Comisión de Igualdad cuando las diputadas votaron a favor de incorporar la NOM 046 a la Ley General de Acceso aunque ahora se retire del pleno para regresarlo a la Comisión. 
 
“Esto es triste porque se nos convocó a diversas reuniones para construir este acuerdo; llegamos a una serie de acuerdos y sin más se dejan de lado, no se respetan, y además se presentan, como ya se ha dicho, sin autorización siquiera de la Comisión de Igualdad, el retiro de este dictamen”.
 
La diputada del sol azteca reclamó que a las mujeres se les regale flores y felicitaciones, en alusión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y que a la par no se respete su derecho a decidir sobre las reformas legislativas, porque aseguró que eliminar de la discusión un dictamen fue un “acuerdo cupular”. 
 
Ante los reclamos de las diputadas, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín, mostró su desconcierto y señaló que su fracción parlamentaria apoyaba la propuesta de la legisladora Cecilia Soto de pedir información sobre la implementación de la norma que garantiza el aborto legal.
 
“Nos parece que debe haber explicaciones, estudios, comparecencias, reuniones, reuniones de trabajo; por supuesto destacamos la importancia al tema; nos solidarizamos con su petición”, dijo
 
Además aseguró quera imperdonable que no se haya tomado en cuenta a la diputada Candelaria Ochoa, quien fue una de las más activas participantes en este tema, “que reciba una disculpa, que quede constancia de ella en el libro de actas, y por supuesto esperemos que pueda participar, y mucho, en lo que sigue de este tema”, dijo el priista. 
 
Previo a estos posicionamientos en el pleno, la diputada Ochoa aseguró en entrevista que el dictamen se modificó para quitar la referencia a la NOM 046, lo que en su opinión era un documento que no tenía sentido llevar al pleno porque a la derecha lo que le preocupaba era difundir la legalidad de la interrupción del embarazo producto de una violación. 
 
17/AGM/GG
 

 








NACIONAL
SALUD
   De ahí revuelo por NOM 046
Preocupa a la derecha que se difunda garantía de ILE en caso de violación
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/03/2017 La alianza de los Partidos Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES) hizo que la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados modificara el dictamen de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quitar la referencia a la NOM 046, que garantiza la interrupción legal del embarazo para las víctimas de violación sexual.
 
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Candelaria Ochoa Avalos explicó que aunque la Cámara de Diputados no puede modificar la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención, conocida como NOM 46, la propuesta de reformar la Ley General de Acceso causó ruido porque a la derecha mexicana le preocupa que este tema salga a la luz.
 
La feminista y diputada dijo en entrevista que la semana pasada las diputadas de la Comisión de Igualdad se reunieron para revisar el dictamen que desde el 9 de marzo subió a pleno, pero que no ha sido discutido por dudas de los coordinadores parlamentarios. Así, en la reunión de Comisión se acordó modificar la redacción y quitar la referencia a la norma expedida por el Ejecutivo y vigente desde 2005.
 
“Ya no vale la pena que suba a pleno, el PRI no tiene interés en que se apruebe, las que han estado manipulando la información han sido Edith Martínez, del PES, y el PAN. No vale la pena que se suba el dictamen por lo que implica”, señaló la legisladora, quien detalló que el dictamen ya no menciona la NOM 046.
 
CONTENIDO DE LA REFORMA
 
La idea de reforzar la NOM-046 fue de las diputadas priistas Laura Nereida Plascencia Pacheco –también presidenta de la Comisión de Igualdad– y Erika Araceli Rodríguez Hernández, quienes el 8 de diciembre de 2016 presentaron en San Lázaro las iniciativas de reformar la Ley General de Acceso.
 
Al ser una norma expedida por el Ejecutivo, el Congreso no tiene facultad para modificarla, sin embargo, el objetivo de las diputadas era establecer que la Secretaría de Salud tuviera especial atención en la aplicación de la norma que establece la obligación de los servicios de salud, públicos y privados, de ofrecer anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual.
 
La intención también era que las entidades federativas y los municipios garanticen la aplicación de la NOM y creen programas de capacitación para el personal del sector salud, esto a fin proteger a las víctimas que pudieran presentar un embarazo.
 
Así se buscaba reformar el Artículo 46 de la Ley General para decir que corresponde al Sistema Nacional de Salud la capacitación del personal de salud sobre la NOM 046; el Artículo 49 para señalar que las entidades y la Ciudad de México también deben capacitar en esta materia; y el Artículo 50 que señalaría que corresponde a los municipios promover y difundir la aplicación de la misma.
 
DESINFORMACIÓN
 
La diputada Ochoa Avalos dijo que es grave que esto suceda cuando se trata de los derechos humanos de las mujeres y reclamó que hace 15 días, cuando el dictamen se bajó del pleno, el PRI prometiera que se aprobarían cinco dictámenes de la Comisión de Igualdad cuando sabía que había uno que no tenía consenso.
 
La legisladora también alertó de la desinformación alrededor de esta modificación y denunció que ha recibido cerca de 40 correos electrónicos con el mismo formato y de la misma cuenta así como llamadas de teléfonos con mensajes falsos sobre la NOM donde le dicen que no puede “votar a favor de la norma”.
 
Lo que no se dice, expone la diputada, es que no se pretende modificar la norma expedida en 2005 por el Ejecutivo para atender a las víctimas de violencia sexual, lineamientos que fueron resultado de un acuerdo entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar más casos como el de Paulina, niña de 13 años violada en 1999 a quien el gobierno panista de Baja California le negó el derecho al aborto.
 
DESINFORMADOS
 
Para contrarrestar lo que considera una campaña de la derecha, el jueves 16 de marzo la diputada llevó a los coordinadores parlamentarios un ejemplar de la NOM 046 para que conozcan su contenido; a la par, Ochoa Ávalos impulsa un acuerdo para que la Cámara de Diputados exija un informe sobre la implementación de la norma que es obligatoria en todo el país.
 
“Lo que les propuse desde el martes (14 de marzo) fue un punto de acuerdo de evaluación de la norma, pero no ha salido el punto porque no tuvimos una estrategia acordada”, dijo la legisladora.
 
EL TEMA ESTARÁ EN LA SCJN
 
Por otra parte, destacó que esta reforma a la Ley General de Acceso causó ruido porque a la derecha le preocupa que el tema salga a la luz y se difunda que las víctimas de violación sexual tienen derecho a la interrupción legal del embarazo, más ahora que en próximos días se discutirá el tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 
En mayo del año pasado el Gobernador y el Congreso de Baja California presentaron, por separado, una controversia constitucional en contra del Ejecutivo federal, alegando la invalidez de diversas disposiciones de la NOM 046 mientras que el Congreso de Aguascalientes interpuso otra controversia similar.
 
Los tres recursos que están por resolverse en la Suprema Corte se presentaron después de que el 24 de marzo de 2016 se publicaron las reformas a la norma, por las cuales se estableció que las víctimas no están obligadas a presentar una orden judicial o una denuncia penal para acceder a la interrupción del embarazo.
 
17/AGM/GG







ESTADOS
VIOLENCIA
   Segunda petición de Alerta
Plazo a Yunes para cumplir DSyR o decretan AVG
Organizaciones civiles realizaron una conferencia de prensa sobre la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en Veracruz | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/03/2017 El pasado 10 de marzo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) entregó al gobierno de Veracruz el informe donde se solicita la Alerta de Violencia de Género, esta vez por Agravio Comparado, por incumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas.
 
El incumplimiento radica en las dificultades que enfrentan las veracruzanas para acceder a la interrupción legal del embarazo, por inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) para víctimas de violencia sexual, por la criminalización de las mujeres por aborto, y por la reforma al Artículo 4 de la Constitución local, que “protege la vida desde el momento de la concepción”.
 
A partir de ese momento el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares tiene como fecha límite el día 24 del mes para aceptar o rechazar las recomendaciones del informe. En caso de aceptarlo tendrá un plazo de seis meses para cumplir con los compromisos asumidos y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, informaron en conferencia de prensa el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el colectivo Equifonía.
 
Pero, si en ese periodo el estado de Veracruz incumple con las demandas establecidas en el informe, la CONAVIM tendrá la facultad de prorrogar el plazo o declarar de inmediato la AVG por agravio comparado, con lo que sería la segunda AVG en la entidad, la primera se emitió y está vigente desde noviembre de 2016 por violencia feminicida en 11 municipios.
 
En el caso de que el Gobierno de Veracruz no acepte, el Gobierno federal declarará automáticamente la AVG, e implementará una mesa de seguimiento para vigilar al gobierno de Veracruz que cumpla cabalmente con las recomendaciones, reportaron las organizaciones.
 
AGRAVIOS
 
El Grupo de Trabajo encargado de la investigación mandata, en el Informe entregado al Gobierno de Veracruz, dar seguimiento a tres agravios que atentan contra los derechos de las mujeres:
 
El Primero obliga a dar cumplimiento a la NOM 046, que obliga a las autoridades otorgar servicios de salud y la interrupción legal del embarazo (ILE) a las víctimas de violación sexual, pues tan sólo en el año 2015 se registraron 487 nacimientos en los que las madres eran niñas entre 10 y 14 años de edad, probables víctimas de violencia sexual; la cifra más alta en todo el país, reporta el documento.
 
Araceli González Saavedra de la organización Equifonía Colectivo por la Ciudadanía participó en la conferencia de prensa | CIMACFoto: César Martínez López


La coordinadora del colectivo Equifonía, Araceli González Saavedra, dijo que se registró que las autoridades de salud no proporcionan el acceso a la ILE a las víctimas de violación sexual, a menos de que medie el mandato de alguna autoridad ministerial o judicial, lo que contraviene con lo dispuesto en la NOM 046, la cual estipula que no es necesario contar con una demanda o tutor para interrumpir el embarazo.
 
Asimismo González Saavedra agregó que existe un “vacío de información”, ya que las autoridades veracruzanas no contaban con cifras sobre cuántas interrupciones de embarazo han realizado las instituciones de salud y sólo el 20 por ciento del personal de médico entrevistado ha sido capacitado para implementar la NOM.
 
El Segundo agravio es referente a la criminalización de las mujeres por el delito de aborto, el cual se encuentra regulado en los artículos 149 al 154 del Código Penal estatal, donde se estipula como pena contra las mujeres que interrumpen sus embarazos brindarles medidas de salud y educación.
 
De acuerdo con datos de Equifonía, de 2009 a 2016 estaban sentenciadas por el delito de homicidio 18 mujeres que interrumpieron su embarazo, González Saavedra indicó que esta situación es preocupante, ya que la mayoría eran jóvenes indígenas que fueron denunciadas por las mismas autoridades y de nueva cuenta las autoridades no tiene un registro de las mismas.
 
Ante esta situación, por último se pide al gobierno de Veracruz derogar la reforma al Artículo 4to de la Constitución local que “protege la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”. Las organizaciones indicaron que se debe modificar el marco jurídico y garantizar el aborto seguro e informado durante las primeras 12 semanas de gestación, así como agregar la causalidad de riesgo para la salud con el fin de reducir la tasa de muerte materna y el riesgo de que las mujeres busquen métodos clandestinos.
 
INFORME APEGADO A ESTÁNDARES INTERNACIONALES
 
La coordinadora del OCNF, María Luz Estrada, dijo que este informe es un hecho histórico en el que el Gobierno de Veracruz por fin reconoce los problemas de discriminación y violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas de la entidad.
 
Y, asegura, que las recomendaciones en las que el informe se basó están acorde a los estándares internacionales y recomendaciones emitidas por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien comprometió al Estado mexicano a aplicar la NOM 046, tras el caso Paulina, una niña obligada a continuar un embarazo tras una violación, en Baja California.
 
LUCHA POR DERECHOS REPRODUCTIVOS
 
Las organizaciones civiles por el derecho a decidir sobre la maternidad han realizado un trabajo intenso y prolongado en Veracruz, como el emprendido luego de que en septiembre de 2016 el Congreso de Veracruz aprobó el Artículo 4 de la Constitución del estado para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, misma reforma que en lugar de ser rechazada fue ratificada por los 212 ayuntamientos de la entidad de forma definitiva.
 
Con ello, las organizaciones buscaron contrarrestar la situación de violencia que viven las mujeres en la entidad, las mismas peticionarias de la AVG por feminicidio buscaron los medios jurídicos para garantizar los servicios de salud a las mujeres.
 
Así el 15 de abril de 2016, la Conavim aceptó la AVG únicamente por dos agravios: la falta de aplicación de la NOM 046 y la criminalización de las mujeres por aborto, pues el último presentado en la solitud que correspondía a “la protección de la vida desde el momento de la concepción”, aún no se votaba en el Congreso estatal para ser incluido en el Artículo cuarto de la Constitución local. Por ello la Conavim tuvo que rechazarlo. 
 
Esta vez, esperan que sea un hecho histórico, dijo Luz Estrada, quien destacó que esta AVG por agravio comparado es la primera que tuvo avances en el país, a pesar de que está establecida como un mecanismo en Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esperan, por tanto, que sea un precedente para el resto de las entidades de la República.
 
17/HZM/GG
 







QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
Las víctimas y la conciliación
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 28/02/2017 Aunque no lo enuncia, es claro que cuando la Ley General de Víctimas habla del derecho de las víctimas a optar por la solución de conflictos mediante la justicia alternativa, no está incluida la violencia familiar y mucho menos de tipo sexual.

Sin embargo, hará falta que esto y las medidas de atención a víctimas de violencia sexual, señaladas en la NOM 046, queden   explícitas en el Reglamento de la LGV.
 
En la Ley General de Víctimas, el Artículo 17 refiere esta situación en particular, concretamente en un par de párrafos que define los mecanismos y procedimientos que habrán de seguirse para garantizar que no se utilicen argumentos, desde la retórica de violencia contra las mujeres, para justificar que se envíe a las víctimas a mediación y conciliación.
 
El Artículo 17 señala:

“Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición.
 
“No podrá llevarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión. El Ministerio Público y las procuradurías de las entidades federativas llevarán un registro y una auditoría sobre los casos en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos, notificando en todo caso a las instancias de protección a la mujer, a fin de que se cercioren que la víctima tuvo la asesoría requerida para la toma de dicha decisión. Se sancionará a los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conlleva”.
 
El Artículo 17 establece 3 líneas importantes en las que se tendrá que hacer incidencia, pero también establecer claramente quién o cómo se responderá para garantizar el cumplimiento y que efectivamente se acredite las condiciones de que una víctima de algún delito (que no sea familiar, ni sexual en el ámbito familiar) sea sometida a la conciliación. Aunque, personalmente, considero que ninguna víctima de violencia sexual, ni comunitaria, de acoso u hostigamiento sexual tendría que ser sometida a esta vía de solución que solo la revictimiza.
 
¿QUÉ SON MEDIOS IDÓNEOS?
 
Aquí lo importante para todas las organizaciones y defensoras será definir qué y cómo se establece qué son los “medios idóneos”, y cómo se determinará y quién decidirá que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión (insisto en aquellos casos en los que la ley sí lo permite, excluyendo violencia familiar).
 
Por otro lado, se establece una responsabilidad que las Fiscalías tendrán que aclarar: quién llevará el proceso y quién verificará su transparencia en el sentido del registro y la auditoría, sobre los casos en los que la víctima optó por este mecanismo. Sobre todo porque en muchos estados son los propios Centros de Justicia y las propias Fiscalías de Delitos Sexuales las que están enviando a las víctimas a mecanismos de solución de conflictos, sin considerar si están en condiciones o si esto las puede revictimizar. 
 
También establece la responsabilidad de las instancias de protección a las mujeres. Y aquí habrá que especificar concretamente (para que nadie evada), a quiénes se refiere y el alcance de sus compromisos para comprobar que efectivamente la víctima tuvo la asesoría requerida para tomar la decisión adecuada; que no lo hizo bajo un estado de presión o de asimetría emocional y que esto no  la condujo a dar “el perdón del ofendido”, sustentada en  construcciones sociales que discriminan a la mujer.
 
Al hablar de sanción, la propia Ley General de Víctimas retoma el principio que se ha promovido en México desde la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el caso de feminicidio de Mariana Lima, al recomendar sanciones a servidores que obstaculicen el acceso a la justicia. Y retoma las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), en su informe Hemisférico, de sancionar a los funcionarios públicos que violen los derechos humanos de las mujeres.
 
La Ley General de Víctimas habla de sancionar a los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conlleva.  Esto habla justamente de lo que está  ocurriendo en algunas instancias, en donde sin tomar en cuenta la opinión, situación y condición de la víctima, literalmente son obligadas a enfrentarse a su victimario, sin tener a su lado a ningún abogado victimal o acompañante.
 
Habrá que establecer un mecanismo que garantice y establezca punto por punto cómo se sancionará y ante qué instancias, cómo y dónde podrán empezar a promover las quejas por estos hechos que ocurren cotidianamente y especialmente en los contextos de violencia familiar, como lo he reiterado, ya que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales señala que no se admite la conciliación en el Artículo 187, fracción III.
 
Algo tan importante se enuncia en la LGV, pero debe dotársele de manos y pies para que camine a favor de las víctimas.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG
 







NACIONAL
INFANCIA
   En la mayoría de los casos las menores de edad son producto de abuso y violencia sexual
Embarazo infantil, un grave problema para el país
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/01/2017 El embarazo infantil en el país es un grave problema ya que sólo entre 2006 y 2014 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) registró 100 mil nacimientos en menores de 15 años de edad.
 
Para organizaciones como Ipas México, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Save the Children ser madre a tan corta edad no es decisión de las niñas ya que existe la posibilidad de que muchos de estos embarazos sean producto de abuso y violencia sexual por hombres adultos cercanos, familiares, amistades o vecinos.
 
Los hombres, las familias y las comunidades ven los cuerpos de niñas y mujeres como su propiedad, resaltan las agrupaciones civiles; como ejemplo, GIRE reportó en su informe “Violencia sin Interrupción: aborto por violación en México” que en los últimos ocho años en todo el país hubo más de 28 mil denuncias por violación sexual a niñas menores de 15 años.
 
Sin embargo el problema es aún más grave, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estima que menos del 10 por ciento de los casos de violencia sexual son denunciados, por ello la violencia sexual y el embarazo forzado en niñas es una silenciosa tragedia en México.
 
La organización internacional Save the Children asegura que no existen datos oficiales sobre los embarazos producto de una violación y como consecuencia es complicado conocer la situación que atraviesan las niñas embarazadas, que a su vez podrían ser víctimas de violencia y marginación.
 
Datos de la Secretaria de Salud indican que en 2009, 30 de cada 100 niñas de 10 a 14 años fueron hospitalizadas por presentar un embarazo pero no hay información sobre si fueron producto de una relación consensada.
 
En su informe “Embarazo y maternidad en la adolescencia: estado de las madres en México” la organización destacó que es necesario visibilizar el embarazo infantil, pues en el periodo de 2013 a 2014 contabilizó a nivel nacional 394 nacimientos de niñas de 10 años.
 
Las estadísticas no arrojan datos certeros sobre la relación de violencia ni sobre la edad de las parejas de las niñas que se embarazan pero la organización Ipas México hizo un estudio para tener un acercamiento a la edad de estos hombres.
 
La institución recogió información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 y encontró que el 92 por ciento de las parejas de las mujeres que comenzaron su vida sexual a los 12 años de edad eran jóvenes de 15 a 19 años de edad y en otro 3 por ciento ellos tenían más de 30 años.
 
Para la organización es clara la posibilidad de que estas relaciones entre niñas y adultos no son consensuadas, advierte que entre menos edad tienen las niñas mayor es el riesgo de sufrir violencia y abuso sexual.
 
Además alertan sobre los riesgos a la salud de un embarazo temprano. En este grupo de edad, la Muerte Materna (MM) es más elevada; en 2014, el 14 por ciento de las defunciones maternas en México ocurrieron en mujeres menores de 20 años de edad, según datos del Inegi.
 
La principal causa de estos fallecimientos es la preeclampsia (presión arterial alta), pues sus cuerpos al no estar completamente desarrollados son incapaces de llevar a terminó el embarazo.
 
Ipas México y GIRE coincide al afirmar que sin el acceso a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva, sin la atención que las niñas víctimas de violencia necesitan y con las legislaciones que restringe el aborto legal y la falta de seguro en México, las niñas y mujeres se ven obligadas a recurrir a un aborto en la clandestinidad, arriesgándose a ser sujetas de un proceso penal, además de poner en riesgo su salud y su vida.
 
ABORTO INSEGURO
 
El aborto inseguro fue la quinta causa de MM en el país en 2015, al registrarse 659 decesos de mujeres por esta causa, de las cuales, 10 por ciento eran menores de 15 años, de acuerdo con Ipas México. 
 
A partir de estas consideraciones el 24 de marzo de 2016 se modificó la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046) para que las víctimas de violencia sexual de 12 años de edad o más pueden acceder a un aborto sin que sea requisito presentar una denuncia penal.
 
Las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual podrán recurrir a la interrupción del embarazo sin necesidad de presentar una denuncia judicial, o consentimiento de sus padres o tutores. 
 
Esta modificación legislativa permite que las niñas y mujeres puedan tomar decisiones libres, informadas y seguras sobre su salud reproductiva. 
 
Sin embargo, GIRE observó en su informe sobre violencia y aborto que aun cuando la ley así lo indica, el desconocimiento de las obligaciones de los prestadores de salud y el afán de imponer sus creencias personales por encima de la salud de las niñas, hacen que todavía existan obstáculos para que ellas accedan a los derechos mínimos que les permitan recuperarse de esta situación de violencia y de un embarazo que nunca debieron tener.
 
SER MADRE Y NIÑA
 
Si bien el acto mismo de una violación es devastador para las niñas, tanto en su salud física como mental se deben considerar los peligros y secuelas que enfrentan al tener un embarazo.
 
Las organizaciones especializadas en derechos sexuales y reproductivos advierten que las consecuencias que atraviesan las niñas cuando presentan un embarazo son devastadoras; no cuentan con servicios de atención prenatal, tienen riesgos de sufrir partos prematuros o complicaciones en el proceso, inclusive su vida corre riesgo ante el embarazo.
 
Una vez que se convierten en madres las niñas tiene mayor probabilidad de truncar sus proyectos de vida, pueden tener empleos precarios y en general perpetuar los ciclos de pobreza en su descendencia.
 
Cuando una niña presenta un embarazo pueden abandonar la escuela al sentir vergüenza, miedo al rechazo, discriminan en el ámbito escolar y por si fuera poco se enfrenta a la escases de recursos económicos. De acuerdo con Save The Children las cifras de 2011 indican que el 31 por ciento de las menores de 15 años embarazadas abandonan la escuela.
 
Ser niñas y ser madres también las obliga a acceder a los trabajos mal remunerados, precarios y con riesgo de sufrir explotación laboral, de acuerdo con la Estrategia Nacional para Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea); por ejemplo, el 7 por ciento de las niñas embarazas de 10 a 14 años tuvieron una actividad mal remunerada en 2015.
 
El futuro que enfrentan las niñas que son madres es duro, tanto para ellas como para sus hijos e hijas, por lo cual, en 2015 se creó la Enapea que tiene como objetivo reducir un 50 por ciento la tasa de fecundidad en las adolescentes entre 15 a 19 años de edad, además de erradicar embarazos en niñas menores de 14 años para 2030.
 
16/HZM/KVR







ESTADOS
Interrupción Legal del Embarazo en México
   Falta sensibilización del personal de salud
Chiapanecas viajan a la capital para realizarse una ILE
“Causas no punibles del aborto en Chiapas” plática para desestigmatizar un derecho | Foto: Revista Enheduanna
Por: Maribel Hernández Núñez
Cimacnoticias/Enheduanna | San Cristóbal de Las Casas, Chis.- 21/10/2016 Chiapas ocupa el segundo lugar en embarazo en adolescentes pero las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo por lo que deben llevar a término su embarazo, o en su defecto, viajan a la Ciudad de México donde el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación, a la fecha han sido 47 chiapanecas las que han viajado a la capital para realizarse un procedimiento, afirmó la abogada Martha Figueroa Mier.
 
Al participar en el foro “Aborto en Chiapas, causales no punibles”  organizado por el Colectivo de Mujeres (Colem), la Red por los Derechos Sexuales, y la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir San Cristóbal, Figueroa Mier recordó que desde 1938 Chiapas intenta despenalizar el aborto, pero a la fecha sólo es legal por las siguientes causales: por violación, cuando la mujer embarazada corra peligro de muerte, o por alteraciones genéticas o congénitas del producto.
 
Durante su participación, la coordinadora de la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir, Samanta Peña Hernández, destacó la reforma a la Norma Oficial Mexicana 046 Violencia Familiar, Sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM-046) la cual permite el aborto por violación a niñas y adolescentes.
 
De acuerdo con la más reciente modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de marzo de este año, a partir de los 12 años de edad las víctimas de violación no requieren una denuncia previa ni autorización del padre, madre o tutor para realizar el aborto.  
 
Peña Hernández dijo que debe elaborarse un documento llamado “Formato de buena fe”, el cual puede ser llenado a mano o computadora con el nombre de la mujer agredida, la firma y la declaración de violación y es un documento que “avala” que la solicitante dice la verdad, por lo que los médicos están obligados a realizarle una interrupción del embarazo.
 
Al respecto, mencionó que hace falta sensibilizar al personal de salud para que no criminalicen a las mujeres.
 
16/MHN/LGL







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