Guatemala

INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Presenta sus recomendaciones por octavo y noveno informe
   
Pide Comité de CEDAW a Guatemala, mejorar acceso a justicia para mujeres
Imagen retomada de la fundación Codespa.org
Por: Carmen Lucía Castaño, corresponsal
Cimacnoticias/Cerigua | Ginebra, Sui.- 21/11/2017

Fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres, implementar un plan nacional de prevención de la violencia de género y garantizar la adecuada investigación y sanción de los delitos en contra de mujeres y niñas, particularmente el feminicidio/femicidio, son algunas de las recomendaciones al Estado guatemalteco de las expertas del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW).

En su octavo y noveno informe sobre la situación de las mujeres en el país, el Comité manifestó su preocupación por las múltiples barreras que impiden a las mujeres acceder a la justicia, incluida la limitada cobertura del sistema de justicia en lugares remotos y las barreras lingüísticas, que actúan como disuasivos para que las mujeres no presenten denuncias.

A esto se suma el continuo estigma social, los estereotipos y la discriminación de género, particularmente de las mujeres indígenas, en las instituciones del sistema de justicia, así como insuficiente capacidad de los funcionarios para investigar y procesar los casos de alto nivel sobre violencia contra las mujeres que continúan impunes.

La falta de justicia en estos casos se debe regularmente a la corrupción, la falta de independencia del poder judicial o la influencia que poderes no estatales ejercen sobre los jueces, incluso mediante amenazas o asesinatos, señaló el Comité.

Ante esta situación, recomendó a Guatemala garantizar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la asignación de mayores recursos, el acceso a la asistencia jurídica, la interpretación y la implementación de protocolos de atención que tomen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, indígenas y afrodescendientes.

Recomendó además que se brinde capacitación obligatoria a jueces, abogados, personal encargado de hacer cumplir la ley y otros profesionales relacionados con el derecho de las mujeres al acceso a la justicia.

En el tema de las instituciones encargadas del tema de mujeres, el Comité CEDAW instó al Estado a que fortalezca el mandato de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), eleve la secretaría a un nivel ministerial, le asigne los recursos adecuados y que mejore su eficiencia operativa.

También que se aumente la capacidad y los recursos de la Defensoría de la Mujer Indígena y la Comisión Nacional Para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujeres (Conaprevi), y asegurar una mayor coordinación entre estas instituciones.

El Comité además recomendó implementar con carácter prioritario y dentro de un marco de tiempo específico un plan nacional para la prevención de la violencia de género contra la mujer, en el que se incluya a las indígenas, afrodescendientes, mujeres en situación de pobreza y discapacidad, así como las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.

En este mismo tema, pidió que se establezca un sistema centralizado de recopilación de datos sobre la violencia de género contra las mujeres desglosado por edad y relación entre la víctima y el perpetrador.

La delegación que representó al Estado estuvo encabezada por Leticia Aguilar, titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), y contó con la participación de funcionarios de la COPREDEH, el Ministerio del Trabajo, de Salud, representantes del Congreso y magistradas de las altas Cortes, presentes en la sede la ONU para el EPU de Guatemala, que tuvo lugar el 8 de noviembre.

El Comité dio al Estado un plazo de dos años para informar acerca de los avances en la investigación de Hogar Seguro, la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre Trabajadores Domésticos, y la participación de mujeres rurales, indígenas y garífunas en el desarrollo e implementación de políticas destinadas a conseguir su independencia económica.

De igual manera, el Estado deberá poner en conocimiento del Comité las medidas que tome para convertir la Seprem en un ministerio dotado de recursos suficientes para garantizar su funcionamiento.

Este Comité está conformado por 23 personas expertas internacionales que tienen como mandato velar por el cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento ratificado por Guatemala en agosto de 1982.

17/CLC/LGL








INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Evalúan a país centroamericano en EPU
   
Piden a Guatemala protección para periodistas y defensoras de DH
Imagen retomada del portal de Cerigua
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Gua.- 09/11/2017

La adopción de medidas de seguridad para periodistas y la implementación de un programa de protección especializado para este gremio fueron parte de las recomendaciones que Guatemala recibió este miércoles durante su tercera evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), celebrada en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Guatemala recibió en total diez recomendaciones sobre este tema; Francia exhortó al país a fortalecer la protección de las y los periodistas poniendo en funcionamiento el programa de protección, para el cual dijo se han realizado muchos esfuerzos.

El representante de Grecia ante el Consejo de Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido y recomendó que se adopte un mecanismo de protección a periodistas, mientras que la Santa Sede instó a continuar los esfuerzos de promoción de la libertad de expresión e información, protegiendo a los comunicadores.

Reino Unido manifestó su preocupación por la ausencia de una prensa realmente independiente y pidió a Guatemala salvaguardar la libertad de expresión, en tanto, Indonesia exhortó a continuar desarrollando el sistema de protección a periodistas y proteger la libertad de expresión.

Durante su intervención, el representante de Lituania enfatizó que unos medios libres e independientes son parte vital de cualquier democracia que funcione adecuadamente.

Para abordar el problema persistente de los ataques contra periodistas y violaciones del derecho de libertad de expresión y para que las medios y profesionales puedan trabajar sin miedo a represalias recomendamos a Guatemala que adopte un marco para la protección de los profesionales de los medios, basado en el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y el problema de impunidad, acotó.

Luxemburgo resaltó que existen retos en materia de protección de defensores de Derechos Humanos, especialmente los periodistas y los defensores de los derechos de los pueblos indígenas; ante esto recomendó la aprobación y aplicación del programa de protección a periodistas en consulta con ellos.

Por su parte, el Reino de los Países Bajo señaló que la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGTB), mujeres, periodistas, jueces y defensores de Derechos Humanos son víctimas de amenazas, intimidaciones, estigmatización y ataques, incluido asesinatos.

Venezuela exhortó a las autoridades guatemaltecas a poner fin al uso del sistema judicial penal para intimidar, amenazar, marginar y estigmatizar a periodistas, organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos.

La representante de Venezuela dijo que durante los últimos cuatro años 51 defensores fueron asesinados y durante el primer semestre del 2016 por lo menos cinco periodistas fallecieron de forma violenta, por lo que recomendó a Guatemala investigar exhaustivamente estos crímenes y las denuncias de violencia, intimidación, detenciones arbitrarias y difamación en contra de estos actores.

Finalmente, Chile instó a Guatemala a levantar las restricciones a la libertad de expresión y adoptar medidas legales y reglamentarias para la protección y seguridad de los periodistas contra la persecución, la intimidación y el acoso.

En las respuestas a las preguntas, el Representante del Ministerio de Gobernación, René Lam indicó: que el” acuerdo gubernativo que da vida al programa de protección de los periodistas se encuentra dentro de las consideraciones de los requisitos legales y administrativos que se deben cumplir para su emisión”, una declaración enredada que trata de justificar el incumplimiento después de 2 años que el Presidente avaló la propuesta que le presentara la alianza de entidades de prensa.

17/RED/LGL

 








OPINIÓN
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   DESENREDO
   
Mujeres mayas y libertad de expresión
Foto: Voces Étnicas
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Guate.- 21/06/2017

Comunicadoras comunitarias mayas exigen con firmeza el respeto a difundir sus mensajes, al mismo tiempo rechazan se les criminalice o menosprecie. Entre ellas, resaltan las voces de Eva Tecún, Nita Coc Chub y Elsa Chiquito.
 
Exigir el respeto a la libertad de expresión por parte de mujeres mayas es de gran importancia, porque son ellas mismas quienes lo demandan, sin intermediarios ni desde la generalidad abstracta, ellas lo hacen como comunicadoras sociales que valoran el impacto de su trabajo en sus comunidades.
 
En Guatemala, muchas personas entienden que la libre emisión del pensamiento es una prerrogativa constitucional que sólo corresponde a medios y periodistas. Pero, la Red de Comunicadoras Comunitarias entiende perfectamente que ese derecho también es de ellas y de todas las mujeres.
 
Con esa convicción esta Red organizó un festival en el centro capitalino para que personas que viven en áreas urbanas conozcan sus experiencias y capacidades en la difusión de mensajes.
 
Las integrantes de la Red tienen experiencia en la producción comunicacional en radios comunitarias y en redes sociales, algunas superan los diez años de trabajo ininterrumpido.
 
Aunque las han tratado de callar, explican las representantes de las comunicadoras, ellas se preparan, se organizan y ganan espacios desde su identidad como mujeres indígenas, desde sus raíces mayas, desde su formación como comunicadoras que difunden realidades poco conocidas en las ciudades.
 
Ellas son quienes multiplican mensajes encaminados a cambiar “mentalidades del no puedo”, son ejemplo de que los cambios son posibles, aquellos que algunos medios niegan o menosprecian cuando los descalifican o les restan importancia.
 
Algo está sucediendo en ese país, es poco frecuente que en un espacio público urbano, mujeres indígenas de diferentes comunidades lingüísticas reivindiquen su derecho a la libertad de expresión porque saben el valor de la palabra, la trascendencia de multiplicar mensajes y la importancia de aprender a manejar nuevas tecnologías.
 
A pesar de que se les ha discriminado por cómo se visten, cómo se expresan, cómo actúan o cómo exigen sus reivindicaciones, las integrantes de la Red de Comunicadoras Comunitarias siguen uniendo esfuerzos encaminados a convertirse en sujetos de transformación, porque tienen capacidad de propuesta, pensamiento propio y disposición a mejorar su trabajo comunicacional inscrito en las enseñanzas de la cosmovisión maya.
 
Es relevante que, como mujeres indígenas, expresen en voz alta su defensa a la libre emisión de pensamiento, tomando en cuenta que han sido excluidas como protagonistas sociales y como actoras con capacidad intelectual en los medios tradicionales, los que generalmente las representan como víctimas, empobrecidas, enfermas o como folclor.
 
Sirva este espacio para felicitar a las comunicadoras comunitarias de siete departamentos guatemaltecos: Totonicapán, Quiché, Huehuetenango, Petén, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Sacatepéquez, quienes aspiran a seguir ampliando sus alianzas en áreas de trabajo que las empodere y les permita ejercer lo más ampliamente sus derechos.
 
Cabe resaltar que ellas son un referente en sus comunidades, juegan un papel muy importante por el impacto que tienen las informaciones y opiniones que transmiten a través de la radio y otros medios, así como por la fuerza que irradian.
 
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 
17/RHA/GG








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Organizaciones denuncian que 99.52 por ciento de casos no se investigan
   
Impunidad total en casos de violencia sexual contra niñas guatemaltecas
Imagen retomada del portal Voces Nuestras
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/10/2017

En Guatemala 90 por ciento de los exámenes médicos por delitos sexuales que se han hecho de enero a agosto de este año corresponden a niñas y adolescentes, denunciaron hoy organizaciones civiles de ese país durante la conmemoración del Día de la Niñez y la Adolescencia.

En los últimos meses el Instituto Nacional de Ciencias Forenses guatemalteco informó que ha realizado 2 mil 796 exámenes médicos a niñas y adolescentes por diferentes delitos sexuales, los casos representan 90.2 por ciento del total realizado en el país.

A ello se suma que de enero a julio de 2017 el Registro Nacional de Personas (RENAP) constató la inscripción de mil 138 nacimientos donde las madres tenían entre 10 y 14 años de edad, la mayoría de estos casos, afirmaron “están íntimamente relacionados con la violencia sexual”. En las adolescentes de 15 a 19 años el número de nacimientos fue de 36 mil 685.

Lo anterior fue expuesto en un comunicado por la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni) y la Red Niña Niño quienes calificaron como “alarmante” que las autoridades guatemaltecas no garanticen los Derechos Humanos a una vida libre de violencia para las niñas y adolescentes ni sancione la violencia sexual en su contra, toda vez que, estimaron, la impunidad en estos delitos alcanza 99.52 por ciento en el país centroamericano.

Por ello, exigieron al poder judicial que resuelva de manera pronta los casos de violencia contra las niñas y adolescentes que están dentro del sistema de justicia, incluyendo el de las 41 niñas y adolescentes que murieron  tras el incendio del pasado 8 de marzo en el  albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción, una institución pública, mientras protestaban por los maltratos y abusos sexuales de los que eran víctimas y por el cual nadie ha sido sancionado.

También llamó al Estado a  garantizar la “reparación digna” a las víctimas pues afirmaron que, de hacerlo, cumpliría con lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al país.

EXIGEN SISTEMA DE PROTECCIÓN EFICIENTE

Las organizaciones también urgieron al Estado a aprobar la Ley 5285,  presentada por congresistas y representantes de la sociedad civil en mayo pasado tras el incendio del Albergue Hogar Seguro, que propone la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y la creación de políticas públicas que garanticen la protección de los Derechos Humanos de la Infancia.

Las organizaciones llamaron al Congreso de Guatemala a aprobar la ley, que significaría la  eliminación del sistema de Protección Integral de la Niñez y la adolescencia que hoy está vigente porque dijeron, “ha fallado” pues no da una respuesta pronta a la violencia contra la infancia y donde “prevalece la violencia estructural”.

17/MMAE/LGL








INTERNACIONAL
Migración
   La mayoría viene de El Salvador, Honduras y Guatemala
   
Más mujeres migrantes en México trabajan como empleadas del hogar
CIMACFoto: Itandehui Reyes Díaz
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/08/2017

El 70 por ciento de las mujeres migrantes que llegan a México trabajan como empleadas del hogar donde reciben salarios bajos a cambio de largas jornadas y corren más riesgo de enfrentarse al aislamiento y el abuso físico y verbal, alertó ONU Mujeres.

La organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género instó al Gobierno mexicano a realizar cambios de política para proteger a las trabajadoras migrantes que llegan a México.

Esto como parte del proyecto “Promoción y protección de las trabajadoras migrantes y los Derechos Humanos”, financiado por la Unión Europea para promover los derechos de las migrantes y su protección contra la exclusión y la explotación en el proceso de migración en México, Moldavia y Filipinas.

Con este proyecto ONU Mujeres hizo un informe donde dice que México se está convirtiendo en un país de tránsito y destino para migrantes. Entre 2000 y 2010 el número de migrantes en México paso de 499 mil a 726 mil. Las Naciones Unidas calculan que el 50 por ciento de estos migrantes son mujeres.

Muchas de estas migrantes vienen de países centroamericanos, específicamente El Salvador, Honduras y Guatemala. Ellas huyen de sus países de origen por diversos motivos, entre ellos la pobreza, la violencia y la falta de opciones de empleo.

Al llegar a México, los investigadores encontraron que las mujeres migrantes enfrentaban discriminación debido a la falta de documentos de estancia legal en el país y a las leyes restrictivas. También documentaron que 70 por ciento de estas mujeres trabajan en actividades del hogar y muchas viven en las casas de sus empleadores donde corren riesgo de enfrentarse al aislamiento y el abuso físico y verbal.

México ya tiene políticas establecidas para proteger a las mujeres migrantes, pero se puede hacer más, afirma el organismo internacional. Por ejemplo, la Ley de Migración de México reconoce el derecho a la libertad de tránsito, la salud, la educación, la justicia, la identidad, la unidad, la familia y los requisitos para los permisos de residencia y autorización de trabajo.

Sin embargo, la ley no propone la creación de estructuras que mitiguen la vulnerabilidad de las mujeres migrantes; tampoco la ley propone una acción afirmativa para garantizar la igualdad sustantiva de los hombres y mujeres migrantes.

Otros aspectos de la Ley de Migración incluyen mayores dificultades para que las trabajadoras del hogar obtengan documentos legales, por ello ONU Mujeres cree que el gobierno necesita reevaluar las políticas ya existentes y examinarlas a través de una perspectiva de género para determinar cómo ayudar a las migrantes.

Las leyes nacionales deben proporcionar a las mujeres migrantes los mismos derechos que todos los trabajadores e igual acceso a la educación y los servicios de salud. “Es importante que la gobernanza de la migración sea sensible al género para garantizar que se fomenten los derechos laborales y humanos de las mujeres migrantes”, dijo ONU Mujeres.

17/EA








INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Cancelado grupo “antiterrorista” la acusa de “comunista”
   
Guatemala: amenazas contra periodista Marielos Monzón
Imagen retomada del portal de la agencia de noticias Cerigua | imagen: Prensa Libre
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Guatemala, Guat.- 28/06/2017

La periodista Marielos Monzón, columnista de Prensa Libre, interpuso una denuncia ante la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP) por intimidación y amenazas, debido a que en las últimas semanas ha circulado un comunicado en el que se le acusa de incurrir en una serie de delitos.

 

El documento aparentemente es divulgado en redes sociales por una abogada de la Fundación contra el Terrorismo Mediático y en él se mencionan nombres de otros periodistas y defensores de Derechos Humanos, a quienes señala de “comunistas”.

 

El domingo 11 de junio elPeriódico, en su sección “elPeladero”, publicó que la abogada, identificada únicamente con el apellido Peláez, dice a sus clientes, supuestos narcotraficantes, que las personas incluidas en ese listado son las responsables de los procesos de capturas en su contra.

 

Monzón aseguró que estas acciones ponen en riesgo a las personas que menciona la lista y vulnera el principio de la libertad de expresión; en el comunicado se menciona también el nombre de Miguel Ángel Albizures, periodista y columnista de elPeriódico, así como el de Iduvina Hernández, defensora de Derechos Humanos y columnista del medio digital Plaza Pública.

 

Esta no es la primera ocasión en que Monzón es sindicada de supuestamente incurrir en actos delictivos; en 2011 fue denunciada junto a 50 personas de cometer numerosos delitos durante el Conflicto Armado Interno, cuando era apenas una niña; la demanda posteriormente fue desestimada por la Fiscalía.

 

En el caso de Albizures, tampoco es la primera oportunidad que se le señala de incurrir en ilícitos; en enero del 2016 denunció que familiares de militares detenidos por el caso Creompaz, miembros de Avelmigua y de la Fundación contra el Terrorismo distribuyeron volantes en las afueras de Torre de Tribunales con señalamientos en su contra, por supuestos crímenes cometidos durante el Conflicto Armado Interno.

 

Mientras que Hernández en 2013, junto a otros defensores de Derechos Humanos y organizaciones sociales, denunció ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ser víctima una campaña de difamación y desprestigio mediante comunicados y otras publicaciones, en las que se le señala de ser parte de un grupo de guerrilleros que pretendían tomar el poder por otras vías no armadas.

 

Ileana Alamilla, directora de Cerigua y vicepresidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), manifestó su solidaridad a Monzón antes estas acciones de difamación e indicó que colocó la alerta por este caso ante Reporteros sin Fronteras (RsF), organización de la que es corresponsal en Guatemala.

 

Cabe recordar que en 2015 la PDH impugnó la aprobación de la llamada Fundación contra el Terrorismo Mediático, creada en marzo de ese año y dirigida por Ricardo Méndez Ruiz (hijo del militar Ricardo Méndez Ruiz Rohrmoser, funcionario de Efraín Ríos Mont) por ser anticonstitucional al contravenir el derecho a la libre expresión. 

 

Se le señaló también por aplicar el término “terrorista” para acusar a personas y por negar públicamente el genocidio contra la población maya. En abril de 2015 la autoridad canceló la inscripción del grupo como organismo civil registrado ante la autoridad, pero continúa sus actividades en redes sociales.   

17/RED/GG








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Acusados de homicidio, maltrato e incumplimiento de deberes
Capturan a funcionarios de Hogar Seguro y piden antejuicio para jueza
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Guadalupe Gómez Q.
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/06/2017

El Ministerio Público de Guatemala y la Fiscalía contra el Delito de Feminicidio capturó hoy a funcionarios y trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de Policía Nacional Civil (PNC), relacionados con el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde murieron quemadas 41 niñas el pasado 8 de marzo.
 

En un comunicado, la Fiscalía detalló que tras dos allanamientos, las personas capturadas fueron: Brenda Julissa Chamam Pacay, Jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Acusada por homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes. 
 
También Gloria Patricia Castro Gutiérrez, defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, detenida por maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes.
 
Harold Augusto Flores Valenzuela, jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, por los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes. 
 
Luis Armando Pérez Borja, Sub Comisario de Policía Nacional Civil, acusado de abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad. Y Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, sub-Inspectora de Policía Nacional Civil, capturada por homicidio y maltrato contra personas menores de edad.    
 
EL INCENDIO
 
El incendio en Hogar Seguro tuvo su origen cuando el 7 de marzo cerca de  60 adolescentes, escaparon del Hogar Seguro, ubicado en San José Pinula, para huir  de los  malos tratos y del abuso sexual que muchas de ellas denunciaron. Los funcionarios del lugar, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social, llamaron a las fuerzas de seguridad, recapturaron a algunos, lo que originó una protesta de las y los adolescentes.
 
Un grupo de niñas fueron encerradas esa noche en un salón, hacinadas. En la mañana, en protesta, prendieron fuego a una colchoneta y el incendio se expandió a las casi cien colchonetas.
 
Durante 25 minutos, de las 20:45 a 21:10 horas, las niñas estuvieron encerradas, sin que les abrieran la puerta, bajo temperaturas que alcanzaron, en 9 minutos, los 300 grados centígrados. Murieron 19 niñas y 22 más fueron llevadas al hospital. En los siguientes días, el número de fallecidas llegó a 41.
 
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) determinó que no se siguieron las normas de seguridad y no se presentó quien tenía la llave del lugar. Esa noche, habrían estado presentes en el albergue las defensoras de la Niñez y de las Personas Víctimas de Trata, Gloria Castro y Lucía Peláez, respectivamente, quienes habrían avalado que se reingresara a las y los adolescentes que habían escapado el día 7. 
 
ANTEJUICIO CONTRA JUEZA MURILLO
 
De igual manera, la Fiscalía informó por sus redes sociales que “a las 10.30 horas, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentó una solicitud de antejuicio en contra de la Jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Albany Murillo Martínez”.
 
La solicitud se hizo, explicó la Fiscalía, “por la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y retardo de justicia”.
 
La jueza Murillo Martínez, detalla el comunicado, “no practicó una exhibición personal que debía haber hecho horas antes de que ocurriera el incendio en el Hogar Seguro”.
 
EN PRISIÓN 
 
Los detenidos se suman a los ex funcionarios en prisión preventiva y con un proceso en curso: de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Antonio Rodas Mejía y Anahy Keller Zabala, así como Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
 
Ellos están acusados por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio por homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad y lesiones graves.
 
MADRES Y PADRES DE FAMILIA
 
Poco antes de que la Fiscalía informara sobre las detenciones, familiares de las 41 adolescentes fallecidas en el incendio del Hogar Seguro pidieron, en conferencia de prensa en la Fundación Sobrevivientes, que continúe la investigación del caso.
 
Pedían, reportó la agencia Cerigua, la captura de agentes de la Policía Nacional Civil que impidieron la salida de las niñas cuando el lugar comenzó a incendiarse.  
 
Hicieron también un llamado a los medios de comunicación a dar información veraz sobre lo que pasó con las niñas y con contribuir a criminalizarlas.
 
Y pidieron también investigar a jueces y personal de la Procuraduría General de la Nación, quienes en conocimiento de que dicho “hogar” era un peligro las enviaban en forma de castigo, además de incumplir con las audiencias para que las niñas fueran entregadas a familiares, aduciendo siempre “falta de gasolina”, informó Cerigua.
 
De igual manera, piden al Ministerio Público a través de la Fiscal General, Thelma Aldana, que provea suficientes fiscales para que hagan investigaciones profundas sobre este, que es un caso grave y de gran magnitud.  Exhortaron también a las familias de las niñas que no se han sumado a las demandas que se unan. 
 
17/GG








INTERNACIONAL
LABORAL
   Buscan que países lo soliciten en Examen Periódico Universal
Trabajadoras del Hogar de Guatemala piden ratificar Convenio 189 de OIT
Imagen Maricruz Montesinos
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Guat.- 08/06/2017
El sector organizado de empleadas de casa particular confía que durante el próximo Examen Periódico Universal (EPU) que se realice a Guatemala, los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas puedan recomendar al Estado implementar acciones efectivas para garantizar el irrestricto respeto y cumplimiento de sus derechos laborales.
 
La Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM) realizará durante los siguientes meses visitas a embajadas y misiones diplomáticas, con el objetivo de que puedan recomendar a Guatemala, durante el Examen Periódico Universal (EPU), la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre las trabajadoras y los trabajadores del hogar.
 
La representante de ATRAHDOM, Susana Vásquez, dijo a Cerigua que la ratificación del instrumento internacional beneficiará a más de 182 empleadas de este sector que actualmente no gozan del salario mínimo ni de acceso al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
 
El Convenio permitirá además establecer jornadas laborales y vacaciones, el pago de prestaciones, permitirá a las empleadas gozar del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) del seguro social y regulará el trabajo en protección de las niñas y adolescentes.
 
Vásquez aseguró que actualmente se cometen numerosas violaciones en contra de las empleadas del  hogar, quienes no reciben el salario mínimo establecido en ley, pues en ocasiones el pago mensual oscila apenas entre 400 (991.72 pesos mexicanos) y mil 500 quetzales (3 mil 718.94 pesos mexicanos); extensas jornadas laborales que sobrepasan las 16 horas diarias; los despidos injustificados por cuestiones de embarazo o edad, así como la contratación de niñas desde los 8 años.
 
Asimismo, criticó que los empleadores discriminan a las mujeres por la maternidad, su estado civil y principalmente por la edad; cuando son madres solteras, se ven forzadas a dejar a sus hijos en las comunidades, mientras laboran en la capital; en tanto las trabajadoras de la tercera edad son despedidas sin recibir el pago de las prestaciones ni del seguro social, aseguró Vásquez.
 
Datos de la organización detallan que a la fecha el 60 por ciento de las trabajadoras del hogar se concentra en la ciudad capital, de las cuales un 62 por ciento proviene de los departamentos y son mujeres indígenas.
 
La activista señaló que la ratificación del Convenio 189 es un tema que se ha impulsado durante los último años, sin embargo, el Congreso de la República ha incumplido con su aprobación. El tema fue aprobado en segunda lectura el 27 de octubre del año pasado, pero continúa estancado.
 
17/RED/GG
 







OPINIÓN
VIOLENCIA
   DESENREDO
Posible, acabar con embarazo forzado en niñas y adolescentes
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Guat.- 23/05/2017

Las muertes por causas aberrantes siempre serán condenables, y cuando éstas corresponden a niñas o adolescentes, hay que tenerlas presente por la repercusión que tienen al descubrir hasta qué nivel se menosprecia la vida de la niñez y la juventud, en especial de quienes viven en situación de pobreza, carecen de oportunidades, enfrentan contextos violentos y se han atrevido a manifestar sus demandas e inconformidades.
 
En un país como Guatemala, donde se criminaliza la protesta social, se discrimina a quienes piensan o actúan diferente, se sobredimensiona el individualismo y se profundizan las desigualdades, cabe señalar que esas prácticas NO son normales ni tienen que considerarse reglas de convivencia, en tanto, violentan los derechos de las personas.
 
Hay que decirlo claro y fuerte, la libertad de expresión, la preeminencia del bien común y el acceso a una vida digna son derechos, mientras que las medidas de control, descalificación y sojuzgamiento son agresiones.
 
Aunque pasen los días, incluso meses, hay que tener presente lo sucedido el 8 de marzo pasado, en el mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción y en una avenida de la Zona Siete capitalina, donde perdieron la vida 43 adolescentes.
 
Ambos hechos son conocidos por la opinión pública, pero también han ocurrido otras muertes violentas de niñas y adolescentes en Guatemala y otros países. Lo importante, en todo caso, es reiterar la exigencia de juicio y castigo a las personas culpables de esos femicidios/feminicidios, así como la demanda de trato digno a todas las niñas y adolescentes que ejercen su derecho a opinar y a decidir.
 
En este marco, hay que tener en cuenta que las violencias marcan la vida de las personas. Y las agresiones más frecuente que sufren niñas y adolescentes son las de tipo sexual, que van desde tocamientos, tratos degradantes hasta violaciones, que con frecuencia tienen como secuela un embarazo forzado.
 
En este renglón hay mucho por hacer en Latinoamérica para reducir hasta erradicar que adolescentes se conviertan en madres de manera obligada y/o en condiciones precarias e inhumanas, luego que un individuo abusó de su cuerpo, amparado en las enseñanzas patriarcales que lo colocan como alguien superior.
 
El Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) de Guatemala reportó que entre enero y marzo de este año, ocurrieron 578 nacimientos de niñas entre 11 y 14 años de edad, es decir ocurrió un delito de violación que no requiere ser probado, según la legislación de este país centroamericano.
 
Así también informó que registraron 8 mil 185 nacimientos de adolescentes entre 15 y 17 años, aunque la legislación establece que en este rango de edad que la violación debe ser probada.
 
Cabe resaltar lo dicho por la doctora Mirna Montenegro, coordinadora de OSAR, quien aseguró que las denuncias contra los agresores son mínimas en comparación al número de nacimientos de madres niñas y adolescentes.
 
Hay que persistir en la demanda de educación sexual laica y científica, así como acceso a oportunidades de estudio y trabajo para las jóvenes. Reivindicar el derecho a vivir sin violencias, implica desnaturalizar los hechos aberrantes como las violaciones sexuales que cometen padrastros, abuelos, tíos, conocidos, curas, pastores, maestros y demás. Hay que persistir en exigir justicia y una vida digna para ellas.
 
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 
17/RHA/GG








INTERNACIONAL
SALUD
   En apoyo a mujeres que asisten poco a consulta
En Guatemala, campaña para detección de CaCu
Imagen retomada del portal elpilar.gt
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Guate.- 21/04/2017

Una campaña gratuita de detección temprana de cáncer de cuello de útero ponen en marcha el Sanatorio El Pilar y FINCA Guatemala, como un reconocimiento y apoyo a la lucha que impulsan día con día las guatemaltecas, por un mejor futuro y calidad de vida para ellas y sus hijos.
 
La iniciativa consiste en realizar acciones para concientizar e informar sobre la importancia de efectuarse controles ginecológicos, para evitar el desarrollo de enfermedades, entre ellas el cáncer, que es una de las causas más importantes de muerte en las mujeres, señala la información de las instituciones convocantes.
 
La principal razón es por la falta de asistencia a las consultas, por lo que el Sanatorio El Pilar y FINCA Guatemala, de manera conjunta, se unen para incentivar a la población a realizar por lo menos una visita al año para efectuarse los diagnósticos oportunos.
 
El comunicado detalla que el cáncer cérvico uterino (CaCu) es una patología que se produce cuando las células del cuello uterino comienzan a transformarse en una forma anormal y es causado por el VPH (Virus de Papiloma Humano), que se transmite por contacto sexual. Estas alteraciones en las células son conocidas como lesiones y las hay de distintos grados, algunas son precursoras de cáncer.
 
El Sanatorio el Pilar y FINCA Guatemala brindarán gratuitamente las pruebas de Papanicolaou el 29 de abril y 6 de mayo, a 300 mujeres emprendedoras de escasos recursos económicos, “que han tenido el coraje y la valentía de acercarse a FINCA en busca de un mejor futuro, y que con sus historias de vida se han robado nuestros corazones y nos han impulsado a contribuir con dos de las problemáticas que afectan a la sociedad guatemalteca: las deficiencias de la sanidad pública y la complejidad de ser mujer en Guatemala”.
 
Las pruebas serán realizadas por ginecólogas y ginecólogos del Sanatorio El Pilar, quienes se han ofrecido voluntariamente, identificándose con la causa desde el primer momento.
 
E igualmente identificados con la causa, laboratorios Qualipharm, Servicios Quirúrgicos, Asofama y Paqnalab, han colaborado con medicamentos, para entregar a las mujeres que tengan resultados positivos a infecciones vaginales y completar su tratamiento hasta una mejora y recuperación total.
 
Más que un día de prevención, se busca promover un estilo de vida saludable para la guatemalteca, una mujer sana, fuerte y con el futuro en sus manos, señala el comunicado.
 
17/RED








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