OPINIÓN
VIOLENCIA
   DESENREDO
Posible, acabar con embarazo forzado en niñas y adolescentes
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Guat.- 23/05/2017 Las muertes por causas aberrantes siempre serán condenables, y cuando éstas corresponden a niñas o adolescentes, hay que tenerlas presente por la repercusión que tienen al descubrir hasta qué nivel se menosprecia la vida de la niñez y la juventud, en especial de quienes viven en situación de pobreza, carecen de oportunidades, enfrentan contextos violentos y se han atrevido a manifestar sus demandas e inconformidades.
 
En un país como Guatemala, donde se criminaliza la protesta social, se discrimina a quienes piensan o actúan diferente, se sobredimensiona el individualismo y se profundizan las desigualdades, cabe señalar que esas prácticas NO son normales ni tienen que considerarse reglas de convivencia, en tanto, violentan los derechos de las personas.
 
Hay que decirlo claro y fuerte, la libertad de expresión, la preeminencia del bien común y el acceso a una vida digna son derechos, mientras que las medidas de control, descalificación y sojuzgamiento son agresiones.
 
Aunque pasen los días, incluso meses, hay que tener presente lo sucedido el 8 de marzo pasado, en el mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción y en una avenida de la Zona Siete capitalina, donde perdieron la vida 43 adolescentes.
 
Ambos hechos son conocidos por la opinión pública, pero también han ocurrido otras muertes violentas de niñas y adolescentes en Guatemala y otros países. Lo importante, en todo caso, es reiterar la exigencia de juicio y castigo a las personas culpables de esos femicidios/feminicidios, así como la demanda de trato digno a todas las niñas y adolescentes que ejercen su derecho a opinar y a decidir.
 
En este marco, hay que tener en cuenta que las violencias marcan la vida de las personas. Y las agresiones más frecuente que sufren niñas y adolescentes son las de tipo sexual, que van desde tocamientos, tratos degradantes hasta violaciones, que con frecuencia tienen como secuela un embarazo forzado.
 
En este renglón hay mucho por hacer en Latinoamérica para reducir hasta erradicar que adolescentes se conviertan en madres de manera obligada y/o en condiciones precarias e inhumanas, luego que un individuo abusó de su cuerpo, amparado en las enseñanzas patriarcales que lo colocan como alguien superior.
 
El Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) de Guatemala reportó que entre enero y marzo de este año, ocurrieron 578 nacimientos de niñas entre 11 y 14 años de edad, es decir ocurrió un delito de violación que no requiere ser probado, según la legislación de este país centroamericano.
 
Así también informó que registraron 8 mil 185 nacimientos de adolescentes entre 15 y 17 años, aunque la legislación establece que en este rango de edad que la violación debe ser probada.
 
Cabe resaltar lo dicho por la doctora Mirna Montenegro, coordinadora de OSAR, quien aseguró que las denuncias contra los agresores son mínimas en comparación al número de nacimientos de madres niñas y adolescentes.
 
Hay que persistir en la demanda de educación sexual laica y científica, así como acceso a oportunidades de estudio y trabajo para las jóvenes. Reivindicar el derecho a vivir sin violencias, implica desnaturalizar los hechos aberrantes como las violaciones sexuales que cometen padrastros, abuelos, tíos, conocidos, curas, pastores, maestros y demás. Hay que persistir en exigir justicia y una vida digna para ellas.
 
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 
17/RHA/GG







INTERNACIONAL
SALUD
   En apoyo a mujeres que asisten poco a consulta
En Guatemala, campaña para detección de CaCu
Imagen retomada del portal elpilar.gt
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Guate.- 21/04/2017 Una campaña gratuita de detección temprana de cáncer de cuello de útero ponen en marcha el Sanatorio El Pilar y FINCA Guatemala, como un reconocimiento y apoyo a la lucha que impulsan día con día las guatemaltecas, por un mejor futuro y calidad de vida para ellas y sus hijos.
 
La iniciativa consiste en realizar acciones para concientizar e informar sobre la importancia de efectuarse controles ginecológicos, para evitar el desarrollo de enfermedades, entre ellas el cáncer, que es una de las causas más importantes de muerte en las mujeres, señala la información de las instituciones convocantes.
 
La principal razón es por la falta de asistencia a las consultas, por lo que el Sanatorio El Pilar y FINCA Guatemala, de manera conjunta, se unen para incentivar a la población a realizar por lo menos una visita al año para efectuarse los diagnósticos oportunos.
 
El comunicado detalla que el cáncer cérvico uterino (CaCu) es una patología que se produce cuando las células del cuello uterino comienzan a transformarse en una forma anormal y es causado por el VPH (Virus de Papiloma Humano), que se transmite por contacto sexual. Estas alteraciones en las células son conocidas como lesiones y las hay de distintos grados, algunas son precursoras de cáncer.
 
El Sanatorio el Pilar y FINCA Guatemala brindarán gratuitamente las pruebas de Papanicolaou el 29 de abril y 6 de mayo, a 300 mujeres emprendedoras de escasos recursos económicos, “que han tenido el coraje y la valentía de acercarse a FINCA en busca de un mejor futuro, y que con sus historias de vida se han robado nuestros corazones y nos han impulsado a contribuir con dos de las problemáticas que afectan a la sociedad guatemalteca: las deficiencias de la sanidad pública y la complejidad de ser mujer en Guatemala”.
 
Las pruebas serán realizadas por ginecólogas y ginecólogos del Sanatorio El Pilar, quienes se han ofrecido voluntariamente, identificándose con la causa desde el primer momento.
 
E igualmente identificados con la causa, laboratorios Qualipharm, Servicios Quirúrgicos, Asofama y Paqnalab, han colaborado con medicamentos, para entregar a las mujeres que tengan resultados positivos a infecciones vaginales y completar su tratamiento hasta una mejora y recuperación total.
 
Más que un día de prevención, se busca promover un estilo de vida saludable para la guatemalteca, una mujer sana, fuerte y con el futuro en sus manos, señala el comunicado.
 
17/RED







INTERNACIONAL
   Nuevos ingresos, pese a recomendación
Urge CIDH a Guatemala apoyar a niñez que vive aún en Hogar Seguro
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/04/2017 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado guatemalteco aplicar medidas adecuadas para apoyar y asistir a familiares de las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron quemadas 41 niñas como consecuencia de un incendio; y a la niñez y adolescencia que todavía se encuentran ahí, así como prohibir el ingreso de más menores de edad.
 
En un comunicado, la CIDH informó que la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez realizó una visita al lugar de los hechos el pasado 30 y 31 de marzo, donde pudieron constatar que aún permanecen en ese lugar 33 menores de edad quienes se encuentran en un sector llamado San Gabriel, en condiciones sanitarias deficientes, habitaciones inadecuadas y con la presencia de unidades de la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Especiales de la Policía en la puerta de ingreso.
 
También señaló que el Hogar está rodeado de alambre de púas en sus altas paredes y dispositivos “similares a un centro de privación de libertad” en lugar de uno de protección.
 
De las pláticas que la relatora Esmeralda Arosemena de Troitiño sostuvo con las y los menores de edad que permanecen ahí, se pudo apreciar que “están muy afectados por la tragedia vivida y debería encontrarse para ellos un ambiente que les pueda ofrecer condiciones de protección y cuidado adecuadas para que puedan dejar cuanto antes ese Hogar”.
 
NUEVAS ADMISIONES
 
Asimismo, dijo la CIDH, la delegación fue informada que tres niños habían sido admitidos en ese mismo Hogar en los últimos días, el último de ellos con una orden del juez que apercibía a los funcionarios con arresto si no era recibido en el recinto, lo que la Comisión considera sumamente preocupante toda vez que había solicitado al Estado prohibir el ingreso de más niñas o niños al “Hogar Seguro Virgen de Asunción”.
 
La Comisión destacó que no recibió información consistente sobre el número de menores de edad que se encontraban en el Hogar el 8 de marzo (día del incendio) pues las cifras de las autoridades oscilan entre 588 y 604, y que se activaron 29 alertas por desaparición de niños, niñas y adolescentes los días 7 y 8 de marzo.
 
ENTREGA SIN RESGUARDOS LEGALES
 
Otra irregularidad, señaló el comunicado, es que algunas niñas, niños y adolescentes fueron entregados a quienes fueron a buscarlos “sin adoptar los resguardos legales correspondientes para su protección”; y que no hubo información sobre medidas para garantizar procesos de reinserción segura con acompañamiento especializado a sus familias.
 
“En los casos en que no se pudo localizar un recurso familiar, el Estado procedió a trasladar a los niños, niñas y adolescentes a otros hogares y a otro tipo de instalaciones para un albergue de emergencia”.
 
La  CIDH otorgó la medida cautelar No. 958/16, el 12 de marzo con el fin de proteger la vida e integridad personal de las niñas, niños y adolescentes que se encontraban alojados en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción al momento del incendio que tuvo lugar el día 8 de marzo; la medida alcanzó a los que resultaron lesionados y que fueron trasladados a otros lugares.
 
Urgió al Estado a otorgar todo el apoyo psicológico necesario para la niñez y adolescencia y otras medidas de protección por su condición de víctimas y testigos de los hechos como el resguardo de su privacidad e identidad.
 
ALIDA ESPAÑA, MALAS CONDICIONES
 
Como parte de su visita, la delegación también estuvo en la escuela Alida España, un albergue temporal para niñas y niños con discapacidad mental, donde observó, señaló en su comunicado, “las condiciones de hacinamiento en que están viviendo los niños y las niñas al interior de la escuela; las salas de clases han sido habilitadas como dormitorios con colchonetas en el suelo, y los baños son insuficientes para la cantidad de niños”.
 
Por lo anterior, urgió también al Estado a trasladar a las y los niños a un lugar adecuado a su condición; a prestar apoyo a las familias en el ámbito de la comunidad, a través de servicios de salud, sociales y educativos adaptados, que permita a la familia hacerse cargo y cuidarles; y contemplar la posibilidad de formas de acogimiento alternativo en aquellos casos en que esté en el interés superior del niño, en centros que cumplan los estándares internacionales.
 
La Comisionada y vicepresidenta Segunda de la Comisión y Relatora sobre los Derechos de la Niñez y personal de la Secretaría Ejecutiva, Esmeralda Arosemena de Troitiño, recordó que no es la primera vez que la Comisión visita este país debido a diversas situaciones de desprotección en que se encuentra la niñez ante la falta de un sistema eficiente y coordinado que integre las diversas dependencias del Estado a nivel nacional y local, que realmente garantice los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.
 
La delegación estuvo integrada por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, y personal de la Comisión, y en carácter de observadora, la vicepresidenta del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) Sylvia Mesa.
 
17/LGL/GG
 







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   A un mes del incendio que mató a 41 niñas
Juez ordena enjuiciar a ex funcionarios de Hogar Seguro
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Por: Guadalupe Gómez Quintana
Cimacnoticias | Guatemala, Guat.- 07/04/2017 El juez Carlos Guerra Jordán ordenó abrir un proceso penal contra el exsecretario de Bienestar Social, Carlos Antonio Rodas Mejía, contra la exsubsecretaria, Anahy Keller Zavala, y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres, por la muerte de 41 niñas de ese albergue, quienes perecieron quemadas, tras ser encerradas en  un cuarto de 6 por 7 metros,  porque intentaron huir y protestaron los maltratos y abusos sexuales de que eran víctimas en ese lugar.
 
Como lo había solicitado el Ministerio Público (MP), a partir de la denuncia de algunos familiares de las víctimas, las tres personas que serán juzgadas están acusadas de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, maltrato de menores de edad y abuso de autoridad.
 
El MP, por voz del fiscal Edwin Marroquín, señaló que fueron incumplidas reglas básicas de seguridad en normativas planteadas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y que  los acusados no cumplían con los requisitos para ocupar los puestos en la Secretaría de Bienestar social (SBS), ni cumplieron con la obligación de proteger a las niñas.
 
300 GRADOS CENTÍGRADOS Y ENCERRADAS
 
De acuerdo con las pruebas y testimonios aportados por el fiscal del MP, Edwin Marroquín, durante las audiencias que se realizaron desde el lunes hasta este viernes en que el juez decidió sujetar a proceso a los acusados, ese 8 de marzo las niñas estaban encerradas en el área de Pedagogía del albergue, luego de que algunas intentaron escapar y hubo una protesta por los abusos que sufrían.
 
El incendio, según el MP, fue provocado por dos adolescentes, quienes prendieron fuego a unas colchonetas del lugar, lo que originó una rápida propagación del fuego. 
 
De desde las 8:45 hasta las 9:10 de la mañana hubo llamas, es decir durante 25 minutos, y nueve minutos de ese tiempo el incendio alcanzó una temperatura superior a los 300 grados centígrados, por lo que las posibilidades de que las niñas encerradas sobrevivieran eran mínimas.
 
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala informó que entre las causas de esas muertes son signos de asfixia, quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono.
 
El MP explicó también durante las audiencias que el director del albergue faltó al deber de cuidado porque era la única autoridad que podía tomar decisiones ante alguna circunstancia anómala, como sucedió el 7 y 8 de marzo. El director avisó a sus superiores de la Secretaría y tras una reunión, decidieron separar a las niñas y encerrarlas, bajo el resguardo de la Policía.  
 
RECOMENDACIONES DEL CONGRESO
 
Ayer por la tarde, en el Congreso guatemalteco, la comisión especial creada para seguir el caso Hogar Seguro entregó al pleno un informe, donde las y los diputados realizaron recomendaciones, entre ellas que la Secretaría de Bienestar Social cree un protocolo para evitar otro caso similar.
 
Ante la ausencia de varios legisladoras y legisladores, el diputado del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Mario Taracena, criticó las ausencias y recordó que hay 500 niñas en riesgo en ese y otros albergues, mientras en el Congreso “tranquilos a Semana Santa, señores diputados, saquen su calzoneta (traje de baño)”, dijo. 
  
El informe recomienda usar leyes vigentes para enfrentar los problemas en los albergues del país. 
  
EL FUTURO, ¿IGUAL?
 
La directora interina del Consejo Nacional de Adopciones, Sully Santos, dijo al diario local Prensa Libre que en Hogar Seguro había mucha resistencia a las revisiones del lugar, por lo que tenían que realizarlas periódicamente desde 2015 por medio de la orden de un juez.
 
Dijo que, debido a esas resistencias, no pudieron hacer el año pasado un censo, al que está obligado el Consejo, para saber cuántos niños y niñas había en Hogar Seguro, pero sí pudieron hacerlo en albergues privados y este arrojó 3 mil 215 niñas y niños.
 
Sin embargo, lograron obtener los datos que maneja la Secretaría de Bienestar, que indican que hay 5 mil 300 niños institucionalizados, entre albergues públicos y privados.
 
Tras la tragedia en Hogar Seguro, señaló la funcionaria a la prensa local, se deben agilizar los procesos de adopción de las niñas y niños de los albergues, pero solo 303 están declarados adoptables y el resto, cinco mil, deberían estar con sus familias y no en los albergues.    
 
En Hogar Seguro sólo había 29 con posibilidades de ser adoptados, de los cuales el 90 por ciento tiene discapacidad severa, detalló.
 
Y sobre la condición legal de los albergues explicó que, de los 127 que están en funciones, sólo 32 están autorizados, 31 están en proceso de revalidación y 63 no están autorizados, porque no tienen personal, ni programas e instalaciones adecuadas o, simplemente, no han pedido ser autorizados.
 
Mientras tanto, en Hogar Seguro aún hay menores de edad, aproximadamente 50, según informó el canal Guatevisión a mediados de marzo. Por otra parte, en clínicas de Estados Unidos permanecen siete niñas hospitalizadas, sobrevivientes del incendio. 
 
17/GG
 







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Valentía, coraje e integridad moral contra la corrupción
OSC de Joyabaj reconocen la labor de la Fiscal Thelma Aldana
Imagen retomada del portal mp.gob.gt
Por: Por la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Guate.- 06/04/2017 representantes de la sociedad civil del municipio de Joyabaj, Quiché (100 kilómetros al occidente de la Ciudad de Guatemala), manifestaron su reconocimiento a la labor de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, en el combate a la corrupción.
 
Comités de mujeres, comités de Auxiliares Comunitarios, representantes de las iglesias; autoridades Mayas; asociaciones de Desarrollo; asociaciones para la Conservación del Medio Ambiente; Coordinadora de Mujeres Joyabatecas, entre otras, participaron en un acto público que se llevó a cabo en la Plaza Central del municipio.
 
La sociedad civil Joyabateca reconoce la valentía, el coraje, pero sobre todo la integridad moral y los principios que han caracterizado al personal, en especial a la Fiscal General, cuya importante labor ha sido clave en los sucesos de los últimos años en la lucha contra la corrupción en el país.
 
Aldana agradeció las muestras de apoyo e incluso reconocimientos recibidos, entre los cuales se encontraba una réplica del palo volador, un diploma de reconocimiento y un obsequio del traje de la región.
 
La Fiscal General manifestó que el papel que juega la sociedad civil en el país es fundamental para mantener la observancia del desempeño de las autoridades locales, municipales y a nivel nacional para exigir un buen trabajo por parte de los funcionarios públicos.
 
“No debemos ser tolerantes a la corrupción, a la criminalidad, si somos un país pasivo, los corruptos se aprovechan y se llevan el dinero que es para la población; no podemos permitir que haya  niñas y niños desnutridos, que no haya medicinas, ni acceso a la educación. Guatemala tiene muchos recursos, pero nunca dejaremos de ser un país pobre si permitimos que los corruptos se lleven el dinero del pueblo”, puntualizó.
 
Desde el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala se hacen grandes esfuerzos para investigar casos penales con objetividad y transparencia; “No vamos a descansar hasta el último día en nuestras funciones, tanto el Comisionado, como los fiscales en esa lucha contra la corrupción y la criminalidad”, refirió la Jefa del Ministerio Público.
 
La Fiscal General manifestó que reconoce el trabajo de las autoridades indígenas, ya que a través de la conciliación y respeto logran resolver los distintos conflictos que puedan generarse en la población y con ello fomentan la paz social.
 
El Ministerio Público siempre trabajará con las autoridades indígenas; ese reconocimiento de los derechos indígenas esperábamos que estuviera en la Constitución de la República, pero si no se puede la labor entre ambos seguirá de la mano, finalizó Aldana.
 
La sociedad civil también hizo extensivo el apoyo hacia el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez. Expresaron que tanto la Fiscal General como el Comisionado efectúan su trabajo con valor y esfuerzo en el combate contra la corrupción.
 
17/RED/GG 







INTERNACIONAL
   Policía encerró a niñas y no las salvó del incendio
Homicidio, abuso y maltrato, cargos contra funcionarios de Hogar Seguro
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Guatemala, Guat.- 05/04/2017 Homicidio culposo, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y maltrato contra menores de edad son los delitos por los que se acusó a funcionarios encargados del albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde el pasado 8 de marzo murieron quemadas 41 niñas, quienes fueron encerradas en un espacio de 6 por 7 metros, luego de que protestaron contra los maltratos y abusos sexuales de que eran víctimas en ese lugar.
 
Durante las audiencias realizadas el pasado 3 de abril en la Torre de Tribunales por los hechos en la casa-hogar, en donde también quedaron lesionadas decenas de niñas, el Ministerio Público guatemalteco presentó indicios sobre la posible comisión de delitos por parte de las personas a quienes acusa. 
 
Entre los detalles que se dieron a conocer durante la audiencia, el Ministerio Público reveló que el incendio duró 9 minutos, que inició con una colchoneta que se propagó inmediatamente a las otras 24; y evidenció que se incumplieron una serie de protocolos, de acuerdo con información difundida por Guatevisión.
 
El fiscal Edwin Marroquín, dijo que la exsubsecretaria de Protección y Acogimiento de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Anahy Keller, institución de la que depende el albergue, “incumplió su deber de garante de protección a menores de edad, generado por su falta de pericia en el desempeño en el cargo”, lo que provocó dijo, el incendio.
 
LA POLICÍA LAS ENCERRÓ
 
De acuerdo a los peritajes, reportó Guatevisión, a los hombres los encerraron en el auditorio y a las mujeres en el área de Pedagogía del Hogar. Los bomberos no lograron entrar a tiempo. Mientras las adolescentes quedaron encerradas en la habitación bajo llave. No les permitieron salir.
 
El resguardo de las menores de edad quedó en manos de agentes de la Policía Nacional Civil, quienes las encerraron y nos las auxiliaron al momento del incendio.
 
La audiencia de primera declaración fue suspendida por el juez cuarto, Carlos Guillermo Roldan, quien programó la continuidad para el día de ayer, toda vez que el exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, no presentó a su defensa y porque argumentaron que varios abogados no fueron notificados del cambio de fecha de la misma la cual se tenía programada hasta el 10 de abril.
 
En tanto, durante un programa de debate en la misma televisora, Guatevisión, el analista Phillip Chicola dijo que se reconstruyeron los hechos desde 24 horas antes, por lo que se evidenció que un día antes del incendio, un grupo de 60 menores de edad se escaparon del hogar y que hubo llamadas del exdirector de la casa hogar, Santos Torres, al ex Secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, y a la subsecretaria Anahy Keller, quienes llegaron al lugar antes de las 6 de la tarde.
 
El analista agregó que, según los testimonios recabados, en ese momento se llamó a la policía para encontrar a las niñas que se fueron, encerraron a las y los menores de edad, a los niños en un salón y las niñas en otro, y que tanto el Secretario de Bienestar Social como el Director del centro, suscribieron un acta donde le entregan el control a la Policía Nacional Civil.
 
Durante la audiencia, el Fiscal Edwin Marroquin dijo que las y los menores de edad protestaban por las violaciones a sus Derechos Humanos y nada se hizo. Y que ninguno de los dos funcionarios (ni el entonces secretario Carlos Rodas, ni Anahy Keller) tenían el perfil idóneo para el lugar que ocupaban, y mucho menos para atender una crisis como la que se presentó cuando las y los menores de edad se escaparon.
 
De acuerdo con información difundida por Guatevisión, quien da seguimiento al caso, la Procuraduría General de la Nación actuará como querellante provisional por las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Rodolfo Díaz de Fundación Sobrevivientes defiende a 9 víctimas, Pedro Rafael Maldonado abogado independiente defiende a 5. Ambos figuran como querellantes en el caso de la Secretaría de Bienestar Social.
 
El juez Carlos Guerra, deberá determinar si inicia el proceso en los próximos días. Cabe recordar que el presidente guatemalteco Jimmy Morales destituyó tras la tragedia a los tres funcionarios sindicados. Y que el mandatario tiene una demanda judicial, presentada por legisladores, como responsable del caso.
 
17/LGL/GG







OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   DESENREDO
Cero tolerancia al acoso sexual
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Gua.- 05/04/2017 La invitación es para toda la ciudadanía, para todas las personas que queremos promover la reflexión crítica sobre las actitudes patriarcales y racistas que violentan la libre movilidad de las mujeres de cualquier edad en las calles, así como en otros espacios públicos como autobuses, oficinas, centros comerciales.
 
Hay que multiplicar las voces de mujeres y hombres para rechazar el acoso sexual que sucede de manera impune en Guatemala al igual que en otros países. Los esfuerzos tienen que ser colectivos y permanentes, ya que los cambios de actitudes son posibles y, si abogamos por una vida libre de violencia, nadie tiene la potestad de emitir comentarios sobre el cuerpo de las personas, menos de tocarlos, porque los violenta.
 
Las calles pertenecen a todas y todos, pero hay individuos que las consideran sus territorios donde no existen límites que les impidan acosar a quienes consideran sus subalternos, como son: las mujeres, niñas, niños, adolescentes, lesbianas, homosexuales, personas con discapacidad; no les importa la edad, la forma de vestir, la procedencia étnica ni la condición económica. Estos individuos nunca acosan a quienes consideran superior.
 
Cabe insistir que ningún acosador nació siéndolo, se educó socialmente para serlo, eso significa que puede transformar sus actitudes después de reflexionar sobre el poder que ostenta, y así dejar de agredir a quienes menosprecian o subestiman para victimizarlas. En verdad, es posible vivir sin violencias, sin acoso sexual.
 
Cuando un macho molesta, hace burla y agrede a quien quiera, se abroga un supuesto predominio individualista en el entendido que esa práctica es tolerada y está inscrita dentro de la llamada “normalidad del comportamiento varonil”. Ante esas actitudes, les decimos que tienen dos opciones: una, poner un alto a las relaciones desiguales que dañan principalmente a las mujeres y dos, entender que el acoso sexual es un delito que pueden ser perseguido judicialmente en tanto esa agresión es una forma de violencia patriarcal.
 
El acceso a la seguridad en las calles y todos los espacios públicos tiene que ser una exigencia de todas y todos; es además un derecho que se anula cada vez que alguien mira a otra persona con excesiva atención, que la agrede con palabras, que la toca sin su consentimiento.
 
Como parte de los pronunciamientos de la Semana Internacional contra el Acoso Sexual, comparto uno que defiende nuestra libertad, nuestros cuerpos, nuestras voces: “Necesitamos decir basta, denunciar públicamente cuando sufrimos una agresión o somos testigos de la agresión hacia otra persona. Necesitamos que existan cambios educativos potentes para que la sociedad rechace estas conductas, reescribir los códigos culturales que organizan nuestras acciones en las calles. Necesitamos una legislación responsable, con un enfoque sancionatorio y sobre todo preventivo.
 
Necesitamos recuperar la calle para que mujeres y hombres disfruten por igual del, hasta ahora, exclusivo privilegio de caminar sin miedo por las calles, a cualquier hora del día y en cualquier circunstancia”.
 
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.

17/RHA/GG
 







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   OSC piden a Unicef misión de observación para albergues
Tras denuncias, investigan en Guatemala “hogares seguros” privados
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Guatemala, Gua .- 24/03/2017 A dos semanas del incendio en el albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción --cuyas víctimas llegaron esta madrugada a 41, con la muerte de un niña que estaba internada en Galveston, Estados Unidos-- la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala publicó este miércoles un informe sobre las investigaciones en contra de “hogares seguros”, manejados por la iniciativa privada.
 
En Guatemala hay  seis mil niñas y niños en albergues privados, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) muchos vinculados con agrupaciones religiosas. Las investigaciones derivaron de denuncias realizadas por familiares de las niñas y niños que viven en el lugar, de los propios menores de edad y de algunas personas que conocieron estos lugares.
 
Entre los albergues en donde se indaga están Padre Nery, Todos Los Niños de dios, Casa Hogar Bernabé, Casa Hogar del Cantó La Libertad y Asociación Alianza. Y las denuncias presentadas, según el informe “Denuncias de casas hogares recibidas en la PDH 2016-2017 2016”, son por maltratos, descuido, falta de alimentación, falta de atención médica, escape de las y los menores de edad, abuso emocional e incluso abuso sexual.
 
La mala situación en algunos albergues privados se conoce desde hace años y ha conducido a denuncias penales, así como al cierre, en junio de 2016 de la Casa Hogar Mamá Carmen, en la Ciudad de Guatemala, por órdenes de la Procuraduría General de la Nación. Las niñas y niñas fueron trasladados a otro centro en esa ciudad y en otras dos.
 
Mientras prosigue estas investigaciones, sigue en espera la respuesta de la autoridad judicial por la denuncia contra el presidente Jimmy Morales por los hechos en Hogar Seguro, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social.
 
La denuncia fue presentada el 14 de marzo por la diputada  Sandra Morán, el diputado Leocadio Juracán, ambos de Convergencia, y sus abogados. Acusan al mandatario de tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
 
Exigen el retiro de inmunidad para el Presidente, que se inicie la investigación y persecución penal, individualizando a los responsables, desde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de turno trabajadoras dentro del Hogar Seguro.
 
A la par, continúan sumándose condenas por la tragedia en Hogar Seguro Virgen de la Asunción, como la del Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, que agrupa a 520 organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos.
 
En un comunicado, considera la red que “reprochable que las niñas y adolescentes que se encontraban recluidas en esa macro-institución Hogar de acogimiento, que atiende a menores que no cuentan con cuidados parentales adecuados, que son víctimas de violencia intrafamiliar, adicciones, violencia y abuso sexual, hayan sido objeto de similares y peores vejámenes exponenciales de maltrato y violencia, comercio y explotación sexual”.
 
Y urge al Estado de Guatemala, a la Unicef y a los Sistemas de Protección de los Niños y Niñas, a reaccionar y tomar medidas para que estos hechos no se repitan y que los organismos de Justicia realicen las investigaciones pertinentes y con celeridad den con los culpables.
 
Pide también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realice una Misión de Observación y Verificación sobre el estado y situación de la niñez albergada en esas macro-instituciones en Guatemala. Manifiesta asimismo “gran alarma y preocupación” por los continuos actos de extrema violencia contra mujeres y niñas en las Américas”. 
 
17/RED







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Siete más siguen hospitalizadas en EU
Murió otra niña del albergue Hogar Seguro, suman 41 las fallecidas
Imagen retomada del portal RadioRebelde.cu
Por: la Redacción
Cimacnoticias/PL | Guatemala, Gua.- 24/03/2017 El incendio en el albergue estatal Virgen de la Asunción de Guatemala cobró una vida más: la de una de las sobrevivientes trasladadas a hospitales de Estados Unidos, con lo cual ascendieron hoy a 41 las fallecidas.
 
Según fuentes oficiales, que prefirieron el anonimato, la menor de edad expiró esta madrugada en una clínica de Galveston, en Texas, pese a los cuidados prodigados para su recuperación de un estado muy delicado, debido a las quemaduras de alto grado que afectaron órganos vitales en su organismo.

El deceso de la niña ocurrió 15 días después de debatirse entre la vida y la muerte por el impacto del fuego, desatado el 8 de marzo en el salón en el cual fue encerrada por agentes policiales y custodios del refugio junto a otras 51, en represalia por intentar escaparse de los malos tratos que recibían.

Resultado del enclaustramiento, y de la desatención a los llamados de auxilio de las niñas y adolescentes, así como a las señales de humo, al menos 19 murieron calcinadas en el lugar y a ellas se sumaron otras 21 que agonizaron hasta morir en hospitales de este país.

Exámenes practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala con posterioridad mostraron entre las causas de esas muertes signos de asfixia, quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono.

Siete sobrevivientes de la tragedia en el nombrado bajo el eufemismo de Hogar Seguro, ubicado en el municipio metropolitano de San José Pinula, continúan bajo cuidados intensivos en nosocomios de Galveston, Cincinnati, Ohio, y Chicago.

De acuerdo con las fuentes, una de ellas podría retornar este viernes a Guatemala gracias a la evolución experimentada.

Tanto la fallecida este jueves en la madrugada, como la que regresará no fueron identificadas.
 
Mientras, supuestamente continúan las investigaciones relativas a lo acaecido en el albergue Virgen de la Asunción el 8 de marzo, en medio de las cuales apareció la llave que nunca llegó a abrir la puerta por la cual hubieran salido a tiempo las víctimas del incendio.

En entrevistas concedidas a los pesquisidores, varias niñas presentes ahí contaron que lejos de permitirles salir, agentes policiales mujeres les dijeron que si eran buenas para escapar, pues también lo fueran para resistir y las abandonaron a su suerte.

Esas mismas chicas confirmaron lo conocido por el Gobierno y la sociedad de Guatemala: que en el centro de acogida a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia los internos al cuidado del Estado eran abusados desde todos los puntos de vista y hasta eran explotados sexualmente.

“Pareciera que hubo una intencionalidad de permitir la muerte de esas niñas, y de manera perversa, por las muchas denuncias que ha habido”, declaró el diputado Amílcar Pop, quien solicitó al Ministerio Público un informe “porque allí es una práctica permanente el abuso sexual” a ellas.
 
17/RED/GG
 







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DERECHOS HUMANOS
   DESENREDO
Las jerarquías imponen quiénes son las personas inservibles
Cimacfoto: César Martínez López
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Guat.- 21/03/2017 La tragedia ocurrida el pasado 8 de marzo, en un albergue para menores de 18 años de edad en situación de vulnerabilidad, es un ejemplo claro de cómo es posible condenar a muerte a 40 niñas y adolescentes sin juicio previo.
 
Si naciste pobre, si eres mujer o huérfana; si fuiste objeto de violencia machista en la casa, en la escuela y en la calle; si un familiar o conocido te violó; si saben que fuiste víctima de algún delito de trata o discriminación por ser indígena; si tienes una discapacidad o eres adicta a alguna droga, lo más probable es que te consideren una persona que no vale.
 
Si son para ti desconocidas las relaciones en armonía y respeto; si te convencieron que no servías para nada ni que tus opiniones merecían ser consideradas; la única puerta de oportunidad que te ofrece un Estado -como el guatemalteco- es criminalizarte, es identificarte como delincuente que tiene que ser custodiada por hombres armados y abusivos.
 
Esta es la cruda realidad que están viviendo aquellas niñas, niños y adolescentes en Guatemala a quienes un juez dictaminó que deben vivir en un albergue estatal, los que llaman “institucionalizados”, palabra que desdibuja su condición de vulnerabilidad por lo que merecen acompañamiento y cuidados especiales para garantizar sus derechos humanos.
 
Las altas jerarquías que dirigen las instituciones Estado en este país centroamericano todavía siguen sin tener conciencia plena de la dimensión de lo sucedido en el infierno que se nombró “Hogar Seguro”, en el municipio de San José Pinula, departamento de Guatemala, y sólo ha originado la captura de tres funcionarios y la designación de otros que anunciaron la reubicación de los monitores del mismo.
 
Han pasado 12 días sin que se dé a conocer quiénes fueron esos vigilantes y policías que estaban en las instalaciones donde encerraron con llave a 52 niñas y adolescentes que protestaban por los tratos degradantes que sufrían, por qué no los investigan, lo cierto es que la responsabilidad de esta tragedia va más allá de los ahora capturados.
 
Tampoco se conoce cuántos eran los menores institucionalizados en ese lugar, cuántos se fugaron y por qué súbitamente se dictaminó la salida del albergue mediando sólo la elaboración de una orden judicial.
 
Siguen muchas otras interrogantes… En tanto las investigaciones continúan, es evidente que el Estado guatemalteco tiene sus parámetros para catalogar a las personas: de primera, segunda y tercera clase hasta las olvidadas, las desechables, las inservibles; tomando en cuenta su condición económica, sexo, edad, procedencia étnica y otras situaciones: unas son valoradas y otras menospreciadas.
 
Les invito a pensar en los contrastes que vive la prole de empresarios y oligarcas renuentes a pagar impuestos, en comparación con la de desempleados o trabajadores mal pagados, sin estudios académicos ni vida digna.
 
Un sistema que se regula sobre la base de las jerarquías ha colocado a unas personas como las sin voz ni opinión, las que requieren castigos y tratos violentos, las que no merecen vivir porque no valen nada; en contraste hay otras -una minoría- que tiene un abanico de oportunidades.
 
Estas relaciones de desigualdad conducen por un lado a la opresión y exclusión de ciertos conglomerados y, por otro, al privilegio y abundancias. Mucha razón tienen quienes exigen justicia y califican esta tragedia como un Femicidio Institucional.
 
*Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista laCuerda.
 
17/RHA/GG
 







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