INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Cancelado grupo “antiterrorista” la acusa de “comunista”
Guatemala: amenazas contra periodista Marielos Monzón
Imagen retomada del portal de la agencia de noticias Cerigua | imagen: Prensa Libre
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Guatemala, Guate.- 28/06/2017
La periodista Marielos Monzón, columnista de Prensa Libre, interpuso una denuncia ante la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP) por intimidación y amenazas, debido a que en las últimas semanas ha circulado un comunicado en el que se le acusa de incurrir en una serie de delitos.
 
El documento aparentemente es divulgado en redes sociales por una abogada de la Fundación contra el Terrorismo Mediático y en él se mencionan nombres de otros periodistas y defensores de Derechos Humanos, a quienes señala de “comunistas”.
 
El domingo 11 de junio elPeriódico, en su sección “elPeladero”, publicó que la abogada, identificada únicamente con el apellido Peláez, dice a sus clientes, supuestos narcotraficantes, que las personas incluidas en ese listado son las responsables de los procesos de capturas en su contra.
 
Monzón aseguró que estas acciones ponen en riesgo a las personas que menciona la lista y vulnera el principio de la libertad de expresión; en el comunicado se menciona también el nombre de Miguel Ángel Albizures, periodista y columnista de elPeriódico, así como el de Iduvina Hernández, defensora de Derechos Humanos y columnista del medio digital Plaza Pública.
 
Esta no es la primera ocasión en que Monzón es sindicada de supuestamente incurrir en actos delictivos; en 2011 fue denunciada junto a 50 personas de cometer numerosos delitos durante el Conflicto Armado Interno, cuando era apenas una niña; la demanda posteriormente fue desestimada por la Fiscalía.
 
En el caso de Albizures, tampoco es la primera oportunidad que se le señala de incurrir en ilícitos; en enero del 2016 denunció que familiares de militares detenidos por el caso Creompaz, miembros de Avelmigua y de la Fundación contra el Terrorismo distribuyeron volantes en las afueras de Torre de Tribunales con señalamientos en su contra, por supuestos crímenes cometidos durante el Conflicto Armado Interno.
 
Mientras que Hernández en 2013, junto a otros defensores de Derechos Humanos y organizaciones sociales, denunció ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ser víctima una campaña de difamación y desprestigio mediante comunicados y otras publicaciones, en las que se le señala de ser parte de un grupo de guerrilleros que pretendían tomar el poder por otras vías no armadas.
 
Ileana Alamilla, directora de Cerigua y vicepresidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), manifestó su solidaridad a Monzón antes estas acciones de difamación e indicó que colocó la alerta por este caso ante Reporteros sin Fronteras (RsF), organización de la que es corresponsal en Guatemala.
 
Cabe recordar que en 2015 la PDH impugnó la aprobación de la llamada Fundación contra el Terrorismo Mediático, creada en marzo de ese año y dirigida por Ricardo Méndez Ruiz (hijo del militar Ricardo Méndez Ruiz Rohrmoser, funcionario de Efraín Ríos Mont) por ser anticonstitucional al contravenir el derecho a la libre expresión. 
 
Se le señaló también por aplicar el término “terrorista” para acusar a personas y por negar públicamente el genocidio contra la población maya. En abril de 2015 la autoridad canceló la inscripción del grupo como organismo civil registrado ante la autoridad, pero continúa sus actividades en redes sociales.   
17/RED/GG
 







OPINIÓN
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   DESENREDO
Mujeres mayas y libertad de expresión
Foto: Voces Étnicas
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Guate.- 21/06/2017 Comunicadoras comunitarias mayas exigen con firmeza el respeto a difundir sus mensajes, al mismo tiempo rechazan se les criminalice o menosprecie. Entre ellas, resaltan las voces de Eva Tecún, Nita Coc Chub y Elsa Chiquito.
 
Exigir el respeto a la libertad de expresión por parte de mujeres mayas es de gran importancia, porque son ellas mismas quienes lo demandan, sin intermediarios ni desde la generalidad abstracta, ellas lo hacen como comunicadoras sociales que valoran el impacto de su trabajo en sus comunidades.
 
En Guatemala, muchas personas entienden que la libre emisión del pensamiento es una prerrogativa constitucional que sólo corresponde a medios y periodistas. Pero, la Red de Comunicadoras Comunitarias entiende perfectamente que ese derecho también es de ellas y de todas las mujeres.
 
Con esa convicción esta Red organizó un festival en el centro capitalino para que personas que viven en áreas urbanas conozcan sus experiencias y capacidades en la difusión de mensajes.
 
Las integrantes de la Red tienen experiencia en la producción comunicacional en radios comunitarias y en redes sociales, algunas superan los diez años de trabajo ininterrumpido.
 
Aunque las han tratado de callar, explican las representantes de las comunicadoras, ellas se preparan, se organizan y ganan espacios desde su identidad como mujeres indígenas, desde sus raíces mayas, desde su formación como comunicadoras que difunden realidades poco conocidas en las ciudades.
 
Ellas son quienes multiplican mensajes encaminados a cambiar “mentalidades del no puedo”, son ejemplo de que los cambios son posibles, aquellos que algunos medios niegan o menosprecian cuando los descalifican o les restan importancia.
 
Algo está sucediendo en ese país, es poco frecuente que en un espacio público urbano, mujeres indígenas de diferentes comunidades lingüísticas reivindiquen su derecho a la libertad de expresión porque saben el valor de la palabra, la trascendencia de multiplicar mensajes y la importancia de aprender a manejar nuevas tecnologías.
 
A pesar de que se les ha discriminado por cómo se visten, cómo se expresan, cómo actúan o cómo exigen sus reivindicaciones, las integrantes de la Red de Comunicadoras Comunitarias siguen uniendo esfuerzos encaminados a convertirse en sujetos de transformación, porque tienen capacidad de propuesta, pensamiento propio y disposición a mejorar su trabajo comunicacional inscrito en las enseñanzas de la cosmovisión maya.
 
Es relevante que, como mujeres indígenas, expresen en voz alta su defensa a la libre emisión de pensamiento, tomando en cuenta que han sido excluidas como protagonistas sociales y como actoras con capacidad intelectual en los medios tradicionales, los que generalmente las representan como víctimas, empobrecidas, enfermas o como folclor.
 
Sirva este espacio para felicitar a las comunicadoras comunitarias de siete departamentos guatemaltecos: Totonicapán, Quiché, Huehuetenango, Petén, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Sacatepéquez, quienes aspiran a seguir ampliando sus alianzas en áreas de trabajo que las empodere y les permita ejercer lo más ampliamente sus derechos.
 
Cabe resaltar que ellas son un referente en sus comunidades, juegan un papel muy importante por el impacto que tienen las informaciones y opiniones que transmiten a través de la radio y otros medios, así como por la fuerza que irradian.
 
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 
17/RHA/GG







INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Acusados de homicidio, maltrato e incumplimiento de deberes
Capturan a funcionarios de Hogar Seguro y piden antejuicio para jueza
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Guadalupe Gómez Q.
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/06/2017 El Ministerio Público de Guatemala y la Fiscalía contra el Delito de Feminicidio capturó hoy a funcionarios y trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de Policía Nacional Civil (PNC), relacionados con el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde murieron quemadas 41 niñas el pasado 8 de marzo.
 

En un comunicado, la Fiscalía detalló que tras dos allanamientos, las personas capturadas fueron: Brenda Julissa Chamam Pacay, Jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Acusada por homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes. 
 
También Gloria Patricia Castro Gutiérrez, defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, detenida por maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes.
 
Harold Augusto Flores Valenzuela, jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, por los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes. 
 
Luis Armando Pérez Borja, Sub Comisario de Policía Nacional Civil, acusado de abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad. Y Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, sub-Inspectora de Policía Nacional Civil, capturada por homicidio y maltrato contra personas menores de edad.    
 
EL INCENDIO
 
El incendio en Hogar Seguro tuvo su origen cuando el 7 de marzo cerca de  60 adolescentes, escaparon del Hogar Seguro, ubicado en San José Pinula, para huir  de los  malos tratos y del abuso sexual que muchas de ellas denunciaron. Los funcionarios del lugar, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social, llamaron a las fuerzas de seguridad, recapturaron a algunos, lo que originó una protesta de las y los adolescentes.
 
Un grupo de niñas fueron encerradas esa noche en un salón, hacinadas. En la mañana, en protesta, prendieron fuego a una colchoneta y el incendio se expandió a las casi cien colchonetas.
 
Durante 25 minutos, de las 20:45 a 21:10 horas, las niñas estuvieron encerradas, sin que les abrieran la puerta, bajo temperaturas que alcanzaron, en 9 minutos, los 300 grados centígrados. Murieron 19 niñas y 22 más fueron llevadas al hospital. En los siguientes días, el número de fallecidas llegó a 41.
 
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) determinó que no se siguieron las normas de seguridad y no se presentó quien tenía la llave del lugar. Esa noche, habrían estado presentes en el albergue las defensoras de la Niñez y de las Personas Víctimas de Trata, Gloria Castro y Lucía Peláez, respectivamente, quienes habrían avalado que se reingresara a las y los adolescentes que habían escapado el día 7. 
 
ANTEJUICIO CONTRA JUEZA MURILLO
 
De igual manera, la Fiscalía informó por sus redes sociales que “a las 10.30 horas, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentó una solicitud de antejuicio en contra de la Jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Albany Murillo Martínez”.
 
La solicitud se hizo, explicó la Fiscalía, “por la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y retardo de justicia”.
 
La jueza Murillo Martínez, detalla el comunicado, “no practicó una exhibición personal que debía haber hecho horas antes de que ocurriera el incendio en el Hogar Seguro”.
 
EN PRISIÓN 
 
Los detenidos se suman a los ex funcionarios en prisión preventiva y con un proceso en curso: de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Antonio Rodas Mejía y Anahy Keller Zabala, así como Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
 
Ellos están acusados por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio por homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad y lesiones graves.
 
MADRES Y PADRES DE FAMILIA
 
Poco antes de que la Fiscalía informara sobre las detenciones, familiares de las 41 adolescentes fallecidas en el incendio del Hogar Seguro pidieron, en conferencia de prensa en la Fundación Sobrevivientes, que continúe la investigación del caso.
 
Pedían, reportó la agencia Cerigua, la captura de agentes de la Policía Nacional Civil que impidieron la salida de las niñas cuando el lugar comenzó a incendiarse.  
 
Hicieron también un llamado a los medios de comunicación a dar información veraz sobre lo que pasó con las niñas y con contribuir a criminalizarlas.
 
Y pidieron también investigar a jueces y personal de la Procuraduría General de la Nación, quienes en conocimiento de que dicho “hogar” era un peligro las enviaban en forma de castigo, además de incumplir con las audiencias para que las niñas fueran entregadas a familiares, aduciendo siempre “falta de gasolina”, informó Cerigua.
 
De igual manera, piden al Ministerio Público a través de la Fiscal General, Thelma Aldana, que provea suficientes fiscales para que hagan investigaciones profundas sobre este, que es un caso grave y de gran magnitud.  Exhortaron también a las familias de las niñas que no se han sumado a las demandas que se unan. 
 
17/GG







INTERNACIONAL
LABORAL
   Buscan que países lo soliciten en Examen Periódico Universal
Trabajadoras del Hogar de Guatemala piden ratificar Convenio 189 de OIT
Imagen Maricruz Montesinos
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Guat.- 08/06/2017
El sector organizado de empleadas de casa particular confía que durante el próximo Examen Periódico Universal (EPU) que se realice a Guatemala, los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas puedan recomendar al Estado implementar acciones efectivas para garantizar el irrestricto respeto y cumplimiento de sus derechos laborales.
 
La Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM) realizará durante los siguientes meses visitas a embajadas y misiones diplomáticas, con el objetivo de que puedan recomendar a Guatemala, durante el Examen Periódico Universal (EPU), la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre las trabajadoras y los trabajadores del hogar.
 
La representante de ATRAHDOM, Susana Vásquez, dijo a Cerigua que la ratificación del instrumento internacional beneficiará a más de 182 empleadas de este sector que actualmente no gozan del salario mínimo ni de acceso al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
 
El Convenio permitirá además establecer jornadas laborales y vacaciones, el pago de prestaciones, permitirá a las empleadas gozar del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) del seguro social y regulará el trabajo en protección de las niñas y adolescentes.
 
Vásquez aseguró que actualmente se cometen numerosas violaciones en contra de las empleadas del  hogar, quienes no reciben el salario mínimo establecido en ley, pues en ocasiones el pago mensual oscila apenas entre 400 (991.72 pesos mexicanos) y mil 500 quetzales (3 mil 718.94 pesos mexicanos); extensas jornadas laborales que sobrepasan las 16 horas diarias; los despidos injustificados por cuestiones de embarazo o edad, así como la contratación de niñas desde los 8 años.
 
Asimismo, criticó que los empleadores discriminan a las mujeres por la maternidad, su estado civil y principalmente por la edad; cuando son madres solteras, se ven forzadas a dejar a sus hijos en las comunidades, mientras laboran en la capital; en tanto las trabajadoras de la tercera edad son despedidas sin recibir el pago de las prestaciones ni del seguro social, aseguró Vásquez.
 
Datos de la organización detallan que a la fecha el 60 por ciento de las trabajadoras del hogar se concentra en la ciudad capital, de las cuales un 62 por ciento proviene de los departamentos y son mujeres indígenas.
 
La activista señaló que la ratificación del Convenio 189 es un tema que se ha impulsado durante los último años, sin embargo, el Congreso de la República ha incumplido con su aprobación. El tema fue aprobado en segunda lectura el 27 de octubre del año pasado, pero continúa estancado.
 
17/RED/GG
 







OPINIÓN
VIOLENCIA
   DESENREDO
Posible, acabar con embarazo forzado en niñas y adolescentes
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Guat.- 23/05/2017 Las muertes por causas aberrantes siempre serán condenables, y cuando éstas corresponden a niñas o adolescentes, hay que tenerlas presente por la repercusión que tienen al descubrir hasta qué nivel se menosprecia la vida de la niñez y la juventud, en especial de quienes viven en situación de pobreza, carecen de oportunidades, enfrentan contextos violentos y se han atrevido a manifestar sus demandas e inconformidades.
 
En un país como Guatemala, donde se criminaliza la protesta social, se discrimina a quienes piensan o actúan diferente, se sobredimensiona el individualismo y se profundizan las desigualdades, cabe señalar que esas prácticas NO son normales ni tienen que considerarse reglas de convivencia, en tanto, violentan los derechos de las personas.
 
Hay que decirlo claro y fuerte, la libertad de expresión, la preeminencia del bien común y el acceso a una vida digna son derechos, mientras que las medidas de control, descalificación y sojuzgamiento son agresiones.
 
Aunque pasen los días, incluso meses, hay que tener presente lo sucedido el 8 de marzo pasado, en el mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción y en una avenida de la Zona Siete capitalina, donde perdieron la vida 43 adolescentes.
 
Ambos hechos son conocidos por la opinión pública, pero también han ocurrido otras muertes violentas de niñas y adolescentes en Guatemala y otros países. Lo importante, en todo caso, es reiterar la exigencia de juicio y castigo a las personas culpables de esos femicidios/feminicidios, así como la demanda de trato digno a todas las niñas y adolescentes que ejercen su derecho a opinar y a decidir.
 
En este marco, hay que tener en cuenta que las violencias marcan la vida de las personas. Y las agresiones más frecuente que sufren niñas y adolescentes son las de tipo sexual, que van desde tocamientos, tratos degradantes hasta violaciones, que con frecuencia tienen como secuela un embarazo forzado.
 
En este renglón hay mucho por hacer en Latinoamérica para reducir hasta erradicar que adolescentes se conviertan en madres de manera obligada y/o en condiciones precarias e inhumanas, luego que un individuo abusó de su cuerpo, amparado en las enseñanzas patriarcales que lo colocan como alguien superior.
 
El Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) de Guatemala reportó que entre enero y marzo de este año, ocurrieron 578 nacimientos de niñas entre 11 y 14 años de edad, es decir ocurrió un delito de violación que no requiere ser probado, según la legislación de este país centroamericano.
 
Así también informó que registraron 8 mil 185 nacimientos de adolescentes entre 15 y 17 años, aunque la legislación establece que en este rango de edad que la violación debe ser probada.
 
Cabe resaltar lo dicho por la doctora Mirna Montenegro, coordinadora de OSAR, quien aseguró que las denuncias contra los agresores son mínimas en comparación al número de nacimientos de madres niñas y adolescentes.
 
Hay que persistir en la demanda de educación sexual laica y científica, así como acceso a oportunidades de estudio y trabajo para las jóvenes. Reivindicar el derecho a vivir sin violencias, implica desnaturalizar los hechos aberrantes como las violaciones sexuales que cometen padrastros, abuelos, tíos, conocidos, curas, pastores, maestros y demás. Hay que persistir en exigir justicia y una vida digna para ellas.
 
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 
17/RHA/GG







INTERNACIONAL
SALUD
   En apoyo a mujeres que asisten poco a consulta
En Guatemala, campaña para detección de CaCu
Imagen retomada del portal elpilar.gt
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Guate.- 21/04/2017 Una campaña gratuita de detección temprana de cáncer de cuello de útero ponen en marcha el Sanatorio El Pilar y FINCA Guatemala, como un reconocimiento y apoyo a la lucha que impulsan día con día las guatemaltecas, por un mejor futuro y calidad de vida para ellas y sus hijos.
 
La iniciativa consiste en realizar acciones para concientizar e informar sobre la importancia de efectuarse controles ginecológicos, para evitar el desarrollo de enfermedades, entre ellas el cáncer, que es una de las causas más importantes de muerte en las mujeres, señala la información de las instituciones convocantes.
 
La principal razón es por la falta de asistencia a las consultas, por lo que el Sanatorio El Pilar y FINCA Guatemala, de manera conjunta, se unen para incentivar a la población a realizar por lo menos una visita al año para efectuarse los diagnósticos oportunos.
 
El comunicado detalla que el cáncer cérvico uterino (CaCu) es una patología que se produce cuando las células del cuello uterino comienzan a transformarse en una forma anormal y es causado por el VPH (Virus de Papiloma Humano), que se transmite por contacto sexual. Estas alteraciones en las células son conocidas como lesiones y las hay de distintos grados, algunas son precursoras de cáncer.
 
El Sanatorio el Pilar y FINCA Guatemala brindarán gratuitamente las pruebas de Papanicolaou el 29 de abril y 6 de mayo, a 300 mujeres emprendedoras de escasos recursos económicos, “que han tenido el coraje y la valentía de acercarse a FINCA en busca de un mejor futuro, y que con sus historias de vida se han robado nuestros corazones y nos han impulsado a contribuir con dos de las problemáticas que afectan a la sociedad guatemalteca: las deficiencias de la sanidad pública y la complejidad de ser mujer en Guatemala”.
 
Las pruebas serán realizadas por ginecólogas y ginecólogos del Sanatorio El Pilar, quienes se han ofrecido voluntariamente, identificándose con la causa desde el primer momento.
 
E igualmente identificados con la causa, laboratorios Qualipharm, Servicios Quirúrgicos, Asofama y Paqnalab, han colaborado con medicamentos, para entregar a las mujeres que tengan resultados positivos a infecciones vaginales y completar su tratamiento hasta una mejora y recuperación total.
 
Más que un día de prevención, se busca promover un estilo de vida saludable para la guatemalteca, una mujer sana, fuerte y con el futuro en sus manos, señala el comunicado.
 
17/RED







INTERNACIONAL
   Nuevos ingresos, pese a recomendación
Urge CIDH a Guatemala apoyar a niñez que vive aún en Hogar Seguro
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/04/2017 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado guatemalteco aplicar medidas adecuadas para apoyar y asistir a familiares de las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron quemadas 41 niñas como consecuencia de un incendio; y a la niñez y adolescencia que todavía se encuentran ahí, así como prohibir el ingreso de más menores de edad.
 
En un comunicado, la CIDH informó que la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez realizó una visita al lugar de los hechos el pasado 30 y 31 de marzo, donde pudieron constatar que aún permanecen en ese lugar 33 menores de edad quienes se encuentran en un sector llamado San Gabriel, en condiciones sanitarias deficientes, habitaciones inadecuadas y con la presencia de unidades de la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Especiales de la Policía en la puerta de ingreso.
 
También señaló que el Hogar está rodeado de alambre de púas en sus altas paredes y dispositivos “similares a un centro de privación de libertad” en lugar de uno de protección.
 
De las pláticas que la relatora Esmeralda Arosemena de Troitiño sostuvo con las y los menores de edad que permanecen ahí, se pudo apreciar que “están muy afectados por la tragedia vivida y debería encontrarse para ellos un ambiente que les pueda ofrecer condiciones de protección y cuidado adecuadas para que puedan dejar cuanto antes ese Hogar”.
 
NUEVAS ADMISIONES
 
Asimismo, dijo la CIDH, la delegación fue informada que tres niños habían sido admitidos en ese mismo Hogar en los últimos días, el último de ellos con una orden del juez que apercibía a los funcionarios con arresto si no era recibido en el recinto, lo que la Comisión considera sumamente preocupante toda vez que había solicitado al Estado prohibir el ingreso de más niñas o niños al “Hogar Seguro Virgen de Asunción”.
 
La Comisión destacó que no recibió información consistente sobre el número de menores de edad que se encontraban en el Hogar el 8 de marzo (día del incendio) pues las cifras de las autoridades oscilan entre 588 y 604, y que se activaron 29 alertas por desaparición de niños, niñas y adolescentes los días 7 y 8 de marzo.
 
ENTREGA SIN RESGUARDOS LEGALES
 
Otra irregularidad, señaló el comunicado, es que algunas niñas, niños y adolescentes fueron entregados a quienes fueron a buscarlos “sin adoptar los resguardos legales correspondientes para su protección”; y que no hubo información sobre medidas para garantizar procesos de reinserción segura con acompañamiento especializado a sus familias.
 
“En los casos en que no se pudo localizar un recurso familiar, el Estado procedió a trasladar a los niños, niñas y adolescentes a otros hogares y a otro tipo de instalaciones para un albergue de emergencia”.
 
La  CIDH otorgó la medida cautelar No. 958/16, el 12 de marzo con el fin de proteger la vida e integridad personal de las niñas, niños y adolescentes que se encontraban alojados en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción al momento del incendio que tuvo lugar el día 8 de marzo; la medida alcanzó a los que resultaron lesionados y que fueron trasladados a otros lugares.
 
Urgió al Estado a otorgar todo el apoyo psicológico necesario para la niñez y adolescencia y otras medidas de protección por su condición de víctimas y testigos de los hechos como el resguardo de su privacidad e identidad.
 
ALIDA ESPAÑA, MALAS CONDICIONES
 
Como parte de su visita, la delegación también estuvo en la escuela Alida España, un albergue temporal para niñas y niños con discapacidad mental, donde observó, señaló en su comunicado, “las condiciones de hacinamiento en que están viviendo los niños y las niñas al interior de la escuela; las salas de clases han sido habilitadas como dormitorios con colchonetas en el suelo, y los baños son insuficientes para la cantidad de niños”.
 
Por lo anterior, urgió también al Estado a trasladar a las y los niños a un lugar adecuado a su condición; a prestar apoyo a las familias en el ámbito de la comunidad, a través de servicios de salud, sociales y educativos adaptados, que permita a la familia hacerse cargo y cuidarles; y contemplar la posibilidad de formas de acogimiento alternativo en aquellos casos en que esté en el interés superior del niño, en centros que cumplan los estándares internacionales.
 
La Comisionada y vicepresidenta Segunda de la Comisión y Relatora sobre los Derechos de la Niñez y personal de la Secretaría Ejecutiva, Esmeralda Arosemena de Troitiño, recordó que no es la primera vez que la Comisión visita este país debido a diversas situaciones de desprotección en que se encuentra la niñez ante la falta de un sistema eficiente y coordinado que integre las diversas dependencias del Estado a nivel nacional y local, que realmente garantice los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.
 
La delegación estuvo integrada por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, y personal de la Comisión, y en carácter de observadora, la vicepresidenta del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) Sylvia Mesa.
 
17/LGL/GG
 







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   A un mes del incendio que mató a 41 niñas
Juez ordena enjuiciar a ex funcionarios de Hogar Seguro
Imagen retomada de radiorebelde.cu
Por: Guadalupe Gómez Quintana
Cimacnoticias | Guatemala, Guat.- 07/04/2017 El juez Carlos Guerra Jordán ordenó abrir un proceso penal contra el exsecretario de Bienestar Social, Carlos Antonio Rodas Mejía, contra la exsubsecretaria, Anahy Keller Zavala, y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres, por la muerte de 41 niñas de ese albergue, quienes perecieron quemadas, tras ser encerradas en  un cuarto de 6 por 7 metros,  porque intentaron huir y protestaron los maltratos y abusos sexuales de que eran víctimas en ese lugar.
 
Como lo había solicitado el Ministerio Público (MP), a partir de la denuncia de algunos familiares de las víctimas, las tres personas que serán juzgadas están acusadas de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, maltrato de menores de edad y abuso de autoridad.
 
El MP, por voz del fiscal Edwin Marroquín, señaló que fueron incumplidas reglas básicas de seguridad en normativas planteadas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y que  los acusados no cumplían con los requisitos para ocupar los puestos en la Secretaría de Bienestar social (SBS), ni cumplieron con la obligación de proteger a las niñas.
 
300 GRADOS CENTÍGRADOS Y ENCERRADAS
 
De acuerdo con las pruebas y testimonios aportados por el fiscal del MP, Edwin Marroquín, durante las audiencias que se realizaron desde el lunes hasta este viernes en que el juez decidió sujetar a proceso a los acusados, ese 8 de marzo las niñas estaban encerradas en el área de Pedagogía del albergue, luego de que algunas intentaron escapar y hubo una protesta por los abusos que sufrían.
 
El incendio, según el MP, fue provocado por dos adolescentes, quienes prendieron fuego a unas colchonetas del lugar, lo que originó una rápida propagación del fuego. 
 
De desde las 8:45 hasta las 9:10 de la mañana hubo llamas, es decir durante 25 minutos, y nueve minutos de ese tiempo el incendio alcanzó una temperatura superior a los 300 grados centígrados, por lo que las posibilidades de que las niñas encerradas sobrevivieran eran mínimas.
 
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala informó que entre las causas de esas muertes son signos de asfixia, quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono.
 
El MP explicó también durante las audiencias que el director del albergue faltó al deber de cuidado porque era la única autoridad que podía tomar decisiones ante alguna circunstancia anómala, como sucedió el 7 y 8 de marzo. El director avisó a sus superiores de la Secretaría y tras una reunión, decidieron separar a las niñas y encerrarlas, bajo el resguardo de la Policía.  
 
RECOMENDACIONES DEL CONGRESO
 
Ayer por la tarde, en el Congreso guatemalteco, la comisión especial creada para seguir el caso Hogar Seguro entregó al pleno un informe, donde las y los diputados realizaron recomendaciones, entre ellas que la Secretaría de Bienestar Social cree un protocolo para evitar otro caso similar.
 
Ante la ausencia de varios legisladoras y legisladores, el diputado del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Mario Taracena, criticó las ausencias y recordó que hay 500 niñas en riesgo en ese y otros albergues, mientras en el Congreso “tranquilos a Semana Santa, señores diputados, saquen su calzoneta (traje de baño)”, dijo. 
  
El informe recomienda usar leyes vigentes para enfrentar los problemas en los albergues del país. 
  
EL FUTURO, ¿IGUAL?
 
La directora interina del Consejo Nacional de Adopciones, Sully Santos, dijo al diario local Prensa Libre que en Hogar Seguro había mucha resistencia a las revisiones del lugar, por lo que tenían que realizarlas periódicamente desde 2015 por medio de la orden de un juez.
 
Dijo que, debido a esas resistencias, no pudieron hacer el año pasado un censo, al que está obligado el Consejo, para saber cuántos niños y niñas había en Hogar Seguro, pero sí pudieron hacerlo en albergues privados y este arrojó 3 mil 215 niñas y niños.
 
Sin embargo, lograron obtener los datos que maneja la Secretaría de Bienestar, que indican que hay 5 mil 300 niños institucionalizados, entre albergues públicos y privados.
 
Tras la tragedia en Hogar Seguro, señaló la funcionaria a la prensa local, se deben agilizar los procesos de adopción de las niñas y niños de los albergues, pero solo 303 están declarados adoptables y el resto, cinco mil, deberían estar con sus familias y no en los albergues.    
 
En Hogar Seguro sólo había 29 con posibilidades de ser adoptados, de los cuales el 90 por ciento tiene discapacidad severa, detalló.
 
Y sobre la condición legal de los albergues explicó que, de los 127 que están en funciones, sólo 32 están autorizados, 31 están en proceso de revalidación y 63 no están autorizados, porque no tienen personal, ni programas e instalaciones adecuadas o, simplemente, no han pedido ser autorizados.
 
Mientras tanto, en Hogar Seguro aún hay menores de edad, aproximadamente 50, según informó el canal Guatevisión a mediados de marzo. Por otra parte, en clínicas de Estados Unidos permanecen siete niñas hospitalizadas, sobrevivientes del incendio. 
 
17/GG
 







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Valentía, coraje e integridad moral contra la corrupción
OSC de Joyabaj reconocen la labor de la Fiscal Thelma Aldana
Imagen retomada del portal mp.gob.gt
Por: Por la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Guate.- 06/04/2017 representantes de la sociedad civil del municipio de Joyabaj, Quiché (100 kilómetros al occidente de la Ciudad de Guatemala), manifestaron su reconocimiento a la labor de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, en el combate a la corrupción.
 
Comités de mujeres, comités de Auxiliares Comunitarios, representantes de las iglesias; autoridades Mayas; asociaciones de Desarrollo; asociaciones para la Conservación del Medio Ambiente; Coordinadora de Mujeres Joyabatecas, entre otras, participaron en un acto público que se llevó a cabo en la Plaza Central del municipio.
 
La sociedad civil Joyabateca reconoce la valentía, el coraje, pero sobre todo la integridad moral y los principios que han caracterizado al personal, en especial a la Fiscal General, cuya importante labor ha sido clave en los sucesos de los últimos años en la lucha contra la corrupción en el país.
 
Aldana agradeció las muestras de apoyo e incluso reconocimientos recibidos, entre los cuales se encontraba una réplica del palo volador, un diploma de reconocimiento y un obsequio del traje de la región.
 
La Fiscal General manifestó que el papel que juega la sociedad civil en el país es fundamental para mantener la observancia del desempeño de las autoridades locales, municipales y a nivel nacional para exigir un buen trabajo por parte de los funcionarios públicos.
 
“No debemos ser tolerantes a la corrupción, a la criminalidad, si somos un país pasivo, los corruptos se aprovechan y se llevan el dinero que es para la población; no podemos permitir que haya  niñas y niños desnutridos, que no haya medicinas, ni acceso a la educación. Guatemala tiene muchos recursos, pero nunca dejaremos de ser un país pobre si permitimos que los corruptos se lleven el dinero del pueblo”, puntualizó.
 
Desde el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala se hacen grandes esfuerzos para investigar casos penales con objetividad y transparencia; “No vamos a descansar hasta el último día en nuestras funciones, tanto el Comisionado, como los fiscales en esa lucha contra la corrupción y la criminalidad”, refirió la Jefa del Ministerio Público.
 
La Fiscal General manifestó que reconoce el trabajo de las autoridades indígenas, ya que a través de la conciliación y respeto logran resolver los distintos conflictos que puedan generarse en la población y con ello fomentan la paz social.
 
El Ministerio Público siempre trabajará con las autoridades indígenas; ese reconocimiento de los derechos indígenas esperábamos que estuviera en la Constitución de la República, pero si no se puede la labor entre ambos seguirá de la mano, finalizó Aldana.
 
La sociedad civil también hizo extensivo el apoyo hacia el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez. Expresaron que tanto la Fiscal General como el Comisionado efectúan su trabajo con valor y esfuerzo en el combate contra la corrupción.
 
17/RED/GG 







INTERNACIONAL
   Policía encerró a niñas y no las salvó del incendio
Homicidio, abuso y maltrato, cargos contra funcionarios de Hogar Seguro
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Guatemala, Guat.- 05/04/2017 Homicidio culposo, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y maltrato contra menores de edad son los delitos por los que se acusó a funcionarios encargados del albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde el pasado 8 de marzo murieron quemadas 41 niñas, quienes fueron encerradas en un espacio de 6 por 7 metros, luego de que protestaron contra los maltratos y abusos sexuales de que eran víctimas en ese lugar.
 
Durante las audiencias realizadas el pasado 3 de abril en la Torre de Tribunales por los hechos en la casa-hogar, en donde también quedaron lesionadas decenas de niñas, el Ministerio Público guatemalteco presentó indicios sobre la posible comisión de delitos por parte de las personas a quienes acusa. 
 
Entre los detalles que se dieron a conocer durante la audiencia, el Ministerio Público reveló que el incendio duró 9 minutos, que inició con una colchoneta que se propagó inmediatamente a las otras 24; y evidenció que se incumplieron una serie de protocolos, de acuerdo con información difundida por Guatevisión.
 
El fiscal Edwin Marroquín, dijo que la exsubsecretaria de Protección y Acogimiento de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Anahy Keller, institución de la que depende el albergue, “incumplió su deber de garante de protección a menores de edad, generado por su falta de pericia en el desempeño en el cargo”, lo que provocó dijo, el incendio.
 
LA POLICÍA LAS ENCERRÓ
 
De acuerdo a los peritajes, reportó Guatevisión, a los hombres los encerraron en el auditorio y a las mujeres en el área de Pedagogía del Hogar. Los bomberos no lograron entrar a tiempo. Mientras las adolescentes quedaron encerradas en la habitación bajo llave. No les permitieron salir.
 
El resguardo de las menores de edad quedó en manos de agentes de la Policía Nacional Civil, quienes las encerraron y nos las auxiliaron al momento del incendio.
 
La audiencia de primera declaración fue suspendida por el juez cuarto, Carlos Guillermo Roldan, quien programó la continuidad para el día de ayer, toda vez que el exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, no presentó a su defensa y porque argumentaron que varios abogados no fueron notificados del cambio de fecha de la misma la cual se tenía programada hasta el 10 de abril.
 
En tanto, durante un programa de debate en la misma televisora, Guatevisión, el analista Phillip Chicola dijo que se reconstruyeron los hechos desde 24 horas antes, por lo que se evidenció que un día antes del incendio, un grupo de 60 menores de edad se escaparon del hogar y que hubo llamadas del exdirector de la casa hogar, Santos Torres, al ex Secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, y a la subsecretaria Anahy Keller, quienes llegaron al lugar antes de las 6 de la tarde.
 
El analista agregó que, según los testimonios recabados, en ese momento se llamó a la policía para encontrar a las niñas que se fueron, encerraron a las y los menores de edad, a los niños en un salón y las niñas en otro, y que tanto el Secretario de Bienestar Social como el Director del centro, suscribieron un acta donde le entregan el control a la Policía Nacional Civil.
 
Durante la audiencia, el Fiscal Edwin Marroquin dijo que las y los menores de edad protestaban por las violaciones a sus Derechos Humanos y nada se hizo. Y que ninguno de los dos funcionarios (ni el entonces secretario Carlos Rodas, ni Anahy Keller) tenían el perfil idóneo para el lugar que ocupaban, y mucho menos para atender una crisis como la que se presentó cuando las y los menores de edad se escaparon.
 
De acuerdo con información difundida por Guatevisión, quien da seguimiento al caso, la Procuraduría General de la Nación actuará como querellante provisional por las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Rodolfo Díaz de Fundación Sobrevivientes defiende a 9 víctimas, Pedro Rafael Maldonado abogado independiente defiende a 5. Ambos figuran como querellantes en el caso de la Secretaría de Bienestar Social.
 
El juez Carlos Guerra, deberá determinar si inicia el proceso en los próximos días. Cabe recordar que el presidente guatemalteco Jimmy Morales destituyó tras la tragedia a los tres funcionarios sindicados. Y que el mandatario tiene una demanda judicial, presentada por legisladores, como responsable del caso.
 
17/LGL/GG







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