Miguel Ángel Yunes Linares

ESTADOS
VIOLENCIA
   Aspirantes en contra de los derechos reproductivos de las veracruzanas
Miguel Ángel Yunes Linares debe elegir directora del IVM
Especial
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 03/01/2018

Yolanda Olivares Pérez, Diana Álvarez Salas y Rosa Hilda Rojas Pérez, son la terna seleccionada por las integrantes del Consejo Consulto y del Consejo Social para dirigir el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM); ahora será turno del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares decidir quién ocupará el puesto.

Después de un proceso plagado de críticas y la salida de dos consejeras del IVM, Mónica Robles Barajas y Ana Irene Muro Lagunes, quienes denunciaron “anomalías en el proceso”, el pasado 22 de diciembre los dos Consejos concluyeron la selección de tres aspirantes para liderar el Instituto Veracruzano de 2018 a 2020.

Los nombres de las candidatas ya fueron entregados al gobernador, aunque no tienen feche establecida para elegir a la nueva directora del IVM se espera su pronta respuesta. Quien asuma el cargo, además de generar política pública para asegurar una vida libre de violencia para las veracruzanas, debe hacer frente a la dos Alerta de Violencia de Género que ha sumado el estado, una por agravio comparado y otra por el feminicidio.

ASPIRANTES CON PERFIL DE DERECHA

Entre la terna esta la militante del Partido Acción Nacional (PAN), Yolanda Olivares Pérez, quien funge como asesora de la diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad y Género del Congreso local, Teresita Zuccolotto Feito, una de las legisladoras que frenó la reforma para la despenalización del aborto el pasado septiembre de 2017.

Olivares Pérez imparte pláticas de violencia contra las mujeres y se desempeñó como consejera del Instituto Electoral Veracruzano, indica el perfil que presentó.

Otra de las mujeres que busca dirigir el IVM es la vicepresidenta del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en Veracruz (OCEG), Diana Fabiola Álvarez Salas. Ella fue Secretaria del Ayuntamiento de Veracruz y ha defendido la reforma al Artículo 4 de la Constitución local que protege la vida desde la “concepción”.

Dicha reforma entró en vigor en agosto de 2016 y fue impulsada por el ex gobernador y hoy preso, Javier Duarte, junto con jerarcas de la Iglesia Católica.

Además, el OCEG donde Álvarez es vicepresidenta, es dirigido por la actual presidenta del Consejo Consultivo del IVM, Minerva Cobos Lucero, una de las encargadas en la selección.

La tercera candidata es Rosa Hilda Rojas Pérez, actualmente académica de la Facultad de derecho de la Universidad Veracruzana (UV) y quien el año pasado fue aspirante para ser titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, pero no fue seleccionada por su falta de experiencia en tema. Actualmente es integrante del grupo multidisciplinario para definir acciones contra la violencia de género en Veracruz.

Esta terna fue resultado de un proceso de evaluación de 11 aspirantes registradas a la convocatoria publicada el 28 de noviembre en la Gaceta Oficial local. Dos de ellas no cumplieron con los requisitos y otras dos desistieron.

Sin embargo, en esta terna destaca el perfil de mujeres que han ido en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas. Otras de las aspirantes que figuraban era: Denisse Guadalupe Castán, Martha Emilia Rodríguez, Trinidad López Herrera, Itzel Jurado Ortiz, Rosalba Hernández Hernández, Guadalupe Martínez Hernández e Irma del Carmen Guerra Osorno.

Incluso la actual directora del IVM, Sara Gabriela Palacios Hernández, buscó su reelección pero no fue seleccionada para continuar en el cargo.

Días antes de que se conformará la terna, las consejeras Robles Barajas e Irene Muro, informaron en un comunicado que saldrían del proceso de selección pues no estaban dispuestas a avalar las candidatas, “por ser un proceso descuidado, poco transparente y equitativo, sin imparcialidad y uniformidad en los criterios de selección”, dijeron.

LO QUE DEJÓ SARA PALACIOS

La crisis en el IVM ha sido criticada por las organizaciones civiles desde la administración de Sara Gabriela Palacios. Desde su llegada se le acusó del despido masivo de trabajadoras en el Instituto para poner en su lugar a personal sin experiencia en el tema de derechos de las mujeres.

El año pasado también grupos feministas pidieron la renuncia de Palacios Hernández cuando manifestó que era necesario consultar a la iglesia católica sobre la propuesta para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, que se estaba discutiendo en septiembre en el Congreso como parte de las acciones de la solitud de la Alerta de Género por agravio comparado.

Por esos comentarios la Comisión Nacional de Para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, dependencia de la Secretaría de Gobernación (Segob), pidió que se retirará a Sara Palacios del Grupo de Trabajo encargado de atender la segunda Alerta.

Según el informe de labores del IVM, en 2017 bajo la administración de Sara Palacios, se han emprendido acciones para prevenir y atender la violencia familiar, a víctimas de violencia sexual en trasporte público; impartido talleres de empoderamiento económico para las mujeres y perspectiva de género a instituciones del estado.

Pero no se hace referencia a las acciones sobre las víctimas de violencia sexual y el acceso a la interrupción del embarazo y los asesinatos de mujeres, omisiones que le han costado dos Alertas de Violencia de Género a Veracruz.

La primera que responde a la urgente atención de los casos de feminicidio en 11 municipios de Veracruz y la segunda, por  agravio comparado, que se decretó en diciembre de 2017 y que busca garantizar a las mujeres víctimas de violación su derecho a interrumpir un embarazo, así como la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, reforma que sea presentada y aprobada este año.

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ESTADOS
VIOLENCIA
   Segunda petición de Alerta
Plazo a Yunes para cumplir DSyR o decretan AVG
Organizaciones civiles realizaron una conferencia de prensa sobre la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en Veracruz | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/03/2017

El pasado 10 de marzo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) entregó al gobierno de Veracruz el informe donde se solicita la Alerta de Violencia de Género, esta vez por Agravio Comparado, por incumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas.
 
El incumplimiento radica en las dificultades que enfrentan las veracruzanas para acceder a la interrupción legal del embarazo, por inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) para víctimas de violencia sexual, por la criminalización de las mujeres por aborto, y por la reforma al Artículo 4 de la Constitución local, que “protege la vida desde el momento de la concepción”.
 
A partir de ese momento el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares tiene como fecha límite el día 24 del mes para aceptar o rechazar las recomendaciones del informe. En caso de aceptarlo tendrá un plazo de seis meses para cumplir con los compromisos asumidos y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, informaron en conferencia de prensa el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el colectivo Equifonía.
 
Pero, si en ese periodo el estado de Veracruz incumple con las demandas establecidas en el informe, la CONAVIM tendrá la facultad de prorrogar el plazo o declarar de inmediato la AVG por agravio comparado, con lo que sería la segunda AVG en la entidad, la primera se emitió y está vigente desde noviembre de 2016 por violencia feminicida en 11 municipios.
 
En el caso de que el Gobierno de Veracruz no acepte, el Gobierno federal declarará automáticamente la AVG, e implementará una mesa de seguimiento para vigilar al gobierno de Veracruz que cumpla cabalmente con las recomendaciones, reportaron las organizaciones.
 
AGRAVIOS
 
El Grupo de Trabajo encargado de la investigación mandata, en el Informe entregado al Gobierno de Veracruz, dar seguimiento a tres agravios que atentan contra los derechos de las mujeres:
 
El Primero obliga a dar cumplimiento a la NOM 046, que obliga a las autoridades otorgar servicios de salud y la interrupción legal del embarazo (ILE) a las víctimas de violación sexual, pues tan sólo en el año 2015 se registraron 487 nacimientos en los que las madres eran niñas entre 10 y 14 años de edad, probables víctimas de violencia sexual; la cifra más alta en todo el país, reporta el documento.
 

Araceli González Saavedra de la organización Equifonía Colectivo por la Ciudadanía participó en la conferencia de prensa | CIMACFoto: César Martínez López

La coordinadora del colectivo Equifonía, Araceli González Saavedra, dijo que se registró que las autoridades de salud no proporcionan el acceso a la ILE a las víctimas de violación sexual, a menos de que medie el mandato de alguna autoridad ministerial o judicial, lo que contraviene con lo dispuesto en la NOM 046, la cual estipula que no es necesario contar con una demanda o tutor para interrumpir el embarazo.
 
Asimismo González Saavedra agregó que existe un “vacío de información”, ya que las autoridades veracruzanas no contaban con cifras sobre cuántas interrupciones de embarazo han realizado las instituciones de salud y sólo el 20 por ciento del personal de médico entrevistado ha sido capacitado para implementar la NOM.
 
El Segundo agravio es referente a la criminalización de las mujeres por el delito de aborto, el cual se encuentra regulado en los artículos 149 al 154 del Código Penal estatal, donde se estipula como pena contra las mujeres que interrumpen sus embarazos brindarles medidas de salud y educación.
 
De acuerdo con datos de Equifonía, de 2009 a 2016 estaban sentenciadas por el delito de homicidio 18 mujeres que interrumpieron su embarazo, González Saavedra indicó que esta situación es preocupante, ya que la mayoría eran jóvenes indígenas que fueron denunciadas por las mismas autoridades y de nueva cuenta las autoridades no tiene un registro de las mismas.
 
Ante esta situación, por último se pide al gobierno de Veracruz derogar la reforma al Artículo 4to de la Constitución local que “protege la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”. Las organizaciones indicaron que se debe modificar el marco jurídico y garantizar el aborto seguro e informado durante las primeras 12 semanas de gestación, así como agregar la causalidad de riesgo para la salud con el fin de reducir la tasa de muerte materna y el riesgo de que las mujeres busquen métodos clandestinos.
 
INFORME APEGADO A ESTÁNDARES INTERNACIONALES
 
La coordinadora del OCNF, María Luz Estrada, dijo que este informe es un hecho histórico en el que el Gobierno de Veracruz por fin reconoce los problemas de discriminación y violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas de la entidad.
 
Y, asegura, que las recomendaciones en las que el informe se basó están acorde a los estándares internacionales y recomendaciones emitidas por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien comprometió al Estado mexicano a aplicar la NOM 046, tras el caso Paulina, una niña obligada a continuar un embarazo tras una violación, en Baja California.
 
LUCHA POR DERECHOS REPRODUCTIVOS
 
Las organizaciones civiles por el derecho a decidir sobre la maternidad han realizado un trabajo intenso y prolongado en Veracruz, como el emprendido luego de que en septiembre de 2016 el Congreso de Veracruz aprobó el Artículo 4 de la Constitución del estado para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, misma reforma que en lugar de ser rechazada fue ratificada por los 212 ayuntamientos de la entidad de forma definitiva.
 
Con ello, las organizaciones buscaron contrarrestar la situación de violencia que viven las mujeres en la entidad, las mismas peticionarias de la AVG por feminicidio buscaron los medios jurídicos para garantizar los servicios de salud a las mujeres.
 
Así el 15 de abril de 2016, la Conavim aceptó la AVG únicamente por dos agravios: la falta de aplicación de la NOM 046 y la criminalización de las mujeres por aborto, pues el último presentado en la solitud que correspondía a “la protección de la vida desde el momento de la concepción”, aún no se votaba en el Congreso estatal para ser incluido en el Artículo cuarto de la Constitución local. Por ello la Conavim tuvo que rechazarlo. 
 
Esta vez, esperan que sea un hecho histórico, dijo Luz Estrada, quien destacó que esta AVG por agravio comparado es la primera que tuvo avances en el país, a pesar de que está establecida como un mecanismo en Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esperan, por tanto, que sea un precedente para el resto de las entidades de la República.
 
17/HZM/GG
 








ESTADOS
LABORAL
   Consejo Consultivo teme imposición de la titular
Piden a Yunes respetar proceso para nombrar a directora del IVM
Tomada de Google Maps.
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/12/2016

Las integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), en voz de Alejandra Jiménez Ramírez, informaron a Cimacnoticias de un comunicado en que pidieron al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares convoque a la junta de Gobierno para iniciar el procedimiento de selección de la nueva directora del IVM.
 
Las organizaciones civiles involucradas ven riesgo de que el actual gobernador quiera imponer a Teresita Zucolotto Feito, excandidata del PAN a una diputación local por el Distrito de Huatusco y excandidata a diputada federal plurinominal, por lo que insistirán en que la convocatoria se realice como lo establecen las normas del IVM.
 
Sin embargo, la Ley Número 613 del Instituto no señala tiempos establecidos para lanzar la convocatoria de selección, pero de acuerdo a Jiménez Ramírez tiene que ser de manera pronta y conforme a lo establecido, ante la urgencia en darle seguimiento a temas como la Alerta de Violencia de Género (AVG) declarada apenas el pasado 23 de noviembre.
 
Dicha ley refiere que en el proceso para la selección del puesto directivo del IVM, la junta de Gobierno tiene que abrir y lanzar una convocatoria; después de recibir a las aspirantes y sus planes de trabajo, quienes tienen que ser entrevistadas por las integrantes del Consejo Consultivo y el Consejo Social del IVM para conformar las ternas, pero la decisión la toma el gobernador.
 
Los artículos 15 y 16 de la Ley Número 613 estipulan que las mujeres veracruzanas con mínimo 25 años de edad pueden aspirar al puesto de la Dirección del IVM, que deben contar con experiencia en materia de “equidad de género” y no haber ostentado ni “desempeñado” algún cargo de “elección popular o dirigencia partidista”. El puesto es por un periodo de 3 años y pueden ser ratificadas en 3 más por la Junta de Gobierno, conformada por el gobernador y los consejos.
 
En el comunicado, el Consejo Consultivo del IVM señala que “estamos conscientes de la postura del gobernador de llevar a cabo en la administración estatal cada tarea, acción y proceso con apego a la ley y exigimos que en el caso del Instituto, encargado de la perspectiva de género en las políticas públicas, se haga de esta manera”.
 
Otro de los temas que las integrantes del Consejo consideran se debe retomar una vez que se seleccione a la directora, es la reforma al artículo 4 de la Constitución de Veracruz, propuesta por el entonces gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa y aprobada por el Congreso estatal, con la que se protege la vida desde la “concepción”, reforma que consideran un retroceso a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.
 
La también integrante de la Red Unidos por los Derechos Humanos AC recordó que durante la administración de Duarte de Ochoa no se garantizaron los derechos de las mujeres, y calificó de “tibia” la postura que mostró la anterior titular del IVM, Edda Ernestina Arrez Rebolledo, sobre todo en temas como la reforma que atenta contra el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.
 
Arrez Rebolledo tomó protesta como directora del IVM en el 2010, al ser seleccionada de las ternar conformadas por el exgobernador hoy prófugo. Después fue ratificada en el 2013 para que cumpliera un segundo periodo de 3 años frente al Instituto, que terminó el 26 de noviembre pasado.
 








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