asesinato de activista en Puertas de Palacio de gobierno

NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Autoridades desdeñan acceso a la justicia para sus familiares
Sin castigo ni justicia: 6 años de impunidad para Marisela Escobedo
Marisela Escobedo sosteniendo la foto de su hija Rubí Marisol Frayre | Foto: cortesía Cedehm
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/12/2016

Hoy se cumple el sexto aniversario del feminicidio de la activista Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido en Chihuahua, a las puertas del Palacio de Gobierno. Desde entonces, la impunidad prevalece. Ni la recomendación 44/2013 emitida en 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno de la entidad, ni los señalamientos internacionales, han logrado que la familia de la activista obtenga justicia.
 
INICIA LA IMPUNIDAD
 
Escobedo era enfermera jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y atendía una fábrica de muebles en Ciudad Juárez, de la cual era propietaria. Tras su divorcio trabajó para mantener a sus hijos Alejandro, Juan Manuel, Yesica, Paul y Rubí.
 
Convencida de que tendrían una mejor vida en Estados Unidos, decidió llevarlos a El Paso, Texas. Durante años cruzó continuamente a Ciudad Juárez para trabajar en el IMSS.
 
Cuando sus hijos crecieron, regresó a vivir a Juárez acompañada de Rubí Marisol, quien conoció a Sergio Rafael Barraza Bocanegra en la fábrica de muebles de Marisela. La adolescente se enamoró de él y procrearon una niña de nombre Heidi.
 
Rubí Frayre desapareció de su casa en Ciudad Juárez en agosto de 2008. Allí vivía con su pareja, Sergio Barraza Bocanegra, quien en enero de 2009 desapareció con Heidi (la hija que procreó con Rubí Marisol) debido a la presión continua de Marisela y sus propias indagaciones sobre la desaparición de su hija.
 
Marisela Escobedo presentó el reporte formal de la desaparición ante la Unidad de Personas Ausentes, Extraviadas y Desaparecidas en Ciudad Juárez, pero ante la inacción de las autoridades, ella misma investigó y logró ubicar, en el estado de Zacatecas, a la familia de Sergio Barraza y con ellos a su nieta, pero no a su hija.
 
Durante la detención por el delito de sustracción de menor, ocurrida en junio de 2009 en Zacatecas, Sergio Barraza confesó el asesinato de Rubí Marisol, incluso le dijo a los policías dónde quemó y tiró el cuerpo de la joven. Los había tirado en un terreno donde se criaban cerdos.
 
Pese a ello, su confesión no tuvo validez porque cuando la hizo no estuvo presente un defensor; y el Ministerio Público (MP) sólo pudo presentarla como entrevista.
 
El feminicida fue absuelto en abril de 2010 y liberado, por lo que el MP interpuso un recurso de casación. Tras la liberación de Barraza, Marisela Escobedo emprendió un camino incansable para obtener justicia.
 
Inicialmente, Marisela Escobedo llevó sola el caso de su hija, caminaba diariamente desde la Fiscalía hasta la Ciudad judicial, pero tras la injusta sentencia, solicitó al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) presidido por la abogada Luz Estela Castro, que la representara legalmente y asumiera el juicio de casación correspondiente.
 
Ambas logaron que el Tribunal de Casación anulara la sentencia absolutoria, emitiera un fallo condenatorio contra Barraza Bocanegra, y ordenara que un nuevo Tribunal de Juicio Oral realizara una nueva audiencia.
 
Así, los magistrados determinaron que Barraza cometió el delito de homicidio agravado, le impusieron una sentencia de 50 años de prisión, y lo condenaron a pagar una indemnización de 38 mil 390 pesos a su hija. Pero el fallo nunca se ejecutó.
 
En julio de 2010, Marisela Escobedo volvió a localizar en Zacatecas a Sergio Barraza, y acompañó un operativo de la policía para detenerlo, pero éste se escapó.

Mujeres de Chihuahua colocan ofrenda floral en memoria de Marisela Escobedo | Instagram: @cedehm

 
DE VÍCTIMA A ACTIVISTA
 
Escobedo Ortiz encabezó marchas, colgó mantas en eventos oficiales, hizo plantones, se reunió con organizaciones civiles. Su solicitud siempre fue que las autoridades localizaran y encerraran al asesino de su hija, a quien ella, con sus propios recursos, había encontrado e informado a las autoridades dónde se encontraba.
 
Acudió a las autoridades estatales, pidió entrevistarse con el gobernador César Duarte, marchó desde Chihuahua a la Ciudad de México. También solicitó audiencia con el entonces titular del Ejecutivo, Felipe Calderón y el ex procurador general de la República Arturo Chávez, pero las puertas de sus oficinas nunca se le abrieron.
 
Pero Marisela Escobedo no calló. El 10 de mayo del 2010 marchó desnuda en Ciudad Juárez y sólo se cubrió con un cartel que tenía la fotografía de su hija asesinada.
 
 “Me privaron de mis garantías como víctima, se pusieron en el papel de abogados defensores para el homicida, mientras a mí me dejaron sin ninguna garantía y con el dolor en la piel”, criticó en esa ocasión.
 
“Por ello vengo desnuda únicamente con las fotografías de mi hija; esto representa que en Ciudad Juárez las mujeres estamos olvidadas”, añadió.
 
También en 2010 la activista se plantó frente a la emblemática cruz de clavos, en la ciudad de Chihuahua, símbolo de la impunidad e injusticia de los asesinatos de mujeres en el estado. Después se instaló frente al Palacio de Gobierno.
 
LA TRÁGICA NOCHE
 
La noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo -como lo había advertido ella misma dos días antes al denunciar las amenazas que pesaban en su contra- fue asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, luego de varios días instalada en un plantón para exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí, perpetrado en 2008.
 
Como se puede observar en los videos de vigilancia que captaron el momento, un hombre intentó dispararle y Marisela corrió hacia el Palacio de Gobierno, pero los guardias no abrieron las puertas, por lo que finalmente perdió la vida.
 
COLOCAN PLACA EN SU HONOR Y LA QUITAN
 
El 8 de marzo del 2011, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, activistas y defensoras de Derechos Humanos de Chihuahua, colocaron una placa en honor a la defensora que decía: "El 16 de diciembre del año 2010 cayó el cuerpo de Marisela Escobedo, asesinada por exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí".
 
Pese a que la habían puesto en la banqueta del Palacio de Gobierno,  ésta fue retirada la misma noche de ese día porque según las autoridades “dañaba el edificio histórico”.
 
CHIVOS EXPIATORIOS
 
E 7 de octubre de 2012, ante la presión mediática por esclarecer el caso, las autoridades de Chihuahua presentaron a José Enrique Jiménez Zavala “el Wicked” como el asesino material de la activista.
 
Sin embargo, para su familia, el verdadero autor del crimen fue Antonio Barraza Bocanegra, hermano de Sergio (pareja de Rubí Marisol).
 
En noviembre de 2012, Sergio Barraza perdió la vida en medio de un enfrentamiento entre el crimen organizado (del que se presume formaba parte) y elementos del Ejército. Para diciembre de 2014, el “Wicked” fue asesinado en la cárcel, cerrándose así el caso y la posibilidad de conocer la verdad sobre el mismo.
 
A 3 AÑOS DE LA RECOMENDACIÓN TODO SIGUE IGUAL
 
A 3 años de ocurrido el asesinato de la activista, la CNDH emitió la Recomendación 44/2013, ante la resistencia de la Fiscalía de Chihuahua para dar información sobre el avance y estado de los expedientes; por no haber investigado las amenazas que pesaban contra la defensora de Derechos Humanos (DH) previas a su asesinato; y ante la indebida procuración de justicia. La Recomendación fue dirigida al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
 
De acuerdo con la CNDH el gobierno de Chihuahua es responsable de violar los DH de Marisela y de sus familiares, pues en un primer momento desdeñó la información proporcionada por la activista con respecto al asesino de su hija; no investigó las amenazas de muerte que le fueron proferidas; no brindó a sus hijos y nietos la seguridad necesaria tras el asesinato y los “orilló” al exilio en Estados Unidos.
 
Por ello, recomendó que a la brevedad se brindara la asistencia médica, psicológica, social y material necesaria a quienes le sobreviven y ofrecer una disculpa institucional a las y los familiares de la luchadora civil.
 
También pedía realizar una investigación y sanción para los servidores públicos involucrados en los hechos que derivaron en la muerte de la activista y continuar con las investigaciones del crimen de Rubí,  desde las pruebas aportadas por la familia de la joven.
 
A 6 años de los hechos, nadie ha sido sancionado, aunque en enero de 2014 la Fiscalía General del Estado aseguró que se habían abierto cuatro carpetas de investigación en contra de agentes de MP, policías y ex funcionarios que cometieron irregularidades.
 
* Con información de Anaiz Zamora Márquez y Gladis Torres Ruiz
 
16/LGL








Subscribe to RSS - asesinato de activista en Puertas de Palacio de gobierno