aborto

INTERNACIONAL
Aborto
   Entrará en vigor en diciembre
   
Promulgan en Chile ley que despenaliza el aborto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/09/2017

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó la ley que regula el aborto por tres causales, durante una ceremonia efectuada en la sede del gobierno, el Palacio de la Moneda, el pasado 14 de septiembre, con lo que da inicio el plazo para que el Ministerio de Salud elabore el protocolo que determine cómo se aplicará en las instancias de salud y la legislación pueda entrar en vigor.

La ley entrará en vigor hasta diciembre, una vez que el protocolo esté terminado, y permitirá a las mujeres acceder al aborto por 3 causales: cuando esté en riesgo su vida, si las condiciones del feto son incompatibles con la vida y si el embarazo fue producto de una violación.

Con esto concluye el proceso que inició en enero de 2015 cuando la titular del Ejecutivo presentó ante el Congreso chileno el proyecto de ley, el cual fue cuestionado por fracciones parlamentarias como la de Chile Vamos, que en agosto de este año presentó un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) chileno, instancia que declaró constitucional la iniciativa.

Al despenalizar el aborto, mencionó Bachelet durante la ceremonia de promulgación, el Estado salda “una deuda enorme con las mujeres de Chile” ya que sancionarlo por cualquier causal (como se hacía desde 1931) representó “un incumplimiento en materia de respeto a los Derechos Humanos, porque ponía en riesgo el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de las mujeres”, afirmó.

Tras el anuncio de Michelle Bachelet, Chile deja de ser parte de los países latinoamericanos que como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Honduras, penalizan el aborto por cualquier causa. Cabe recordar que tan solo en 2015 la organización Amnistía Internacional- Chile estimaba que al año se practicaban, en promedio, 160 mil abortos, la mayor parte de forma insegura.

Por su parte las organizaciones civiles como las integrantes de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, se pronunciaron a través de un comunicado y destacaron que si bien al legalizar el aborto por tres causales “se avanza en la protección de la dignidad y derechos de las mujeres y las niñas”, en chile las mujeres aún no pueden “ejercer con plenitud” sus derechos sexuales y reproductivos toda vez que siguen sin poder interrumpir embarazos solo por voluntad.

17/MMAE/LGL








ESTADOS
Aborto
    Responde a acciones de AVG por agravio comparado
   
Piden aprobar reforma para despenalizar aborto en Veracruz
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/07/2017

La directora de la organización civil Equifonía, Araceli González Saavedra, hizo un llamado a las y los integrantes del Congreso de Veracruz para que aprueben las reformas a los Artículos 149 al 154 del Código Penal local, que buscan dejar de criminalizar a las mujeres que acceden a un aborto.
 
La reforma al Código Penal de Veracruz fue presentada el 27 de julio en el congreso estatal por la diputada de Morena, Tanya Carola Viveros Cházaro, y responde a las acciones que debe cumplir en seis meses el Gobierno estatal por la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado”, es decir, porque hay leyes que obstaculizan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
La propuesta pide reformar los artículos 149, 150 y 154, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y derogar el plazo de 90 días que tienen las mujeres para acceder a una interrupción legal del embarazo en caso de violación; además de permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres.
 
González Saavedra dijo entrevista telefónica con Cimacnoticias que la iniciativa será discutida y votada en un periodo extraordinario del Congreso, por lo que se podrá tener una respuesta en las próximas semanas, en caso de no aprobarse, como organización peticionaria de la Alerta pedirán a la Secretaría de Gobernación (Segob) que decrete el mecanismo por incumplimiento a las recomendaciones.
 
Al llamado también se unieron en un comunicado de prensa las académicas del Grupo de Trabajo, quienes exhortaron “a todas las autoridades para que en el ejercicio de sus competencias acepten la reforma al Código Penal sobre la interrupción del embarazo”.
 
Cabe recordar que el 23 de agosto de 2016 entró en vigor en Veracruz la reforma al Artículo 4 de la Constitución local que “protege la vida desde el momento de la concepción”, una propuesta impulsada por el ex gobernador, Javier Duarte y jerarcas de la Iglesia Católica.
 
RAZONES
 
En esta nueva iniciativa de ley se argumenta que la restricción de la interrupción del embarazo en Veracruz causó la muerte de 22 mujeres por un aborto inseguro en 2014; y desde 2007, año en que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México hasta la fecha, 389 veracruzanas se han trasladado a la capital para acceder a un aborto seguro.
 
Las cifras sobre embarazos en adolescentes en la entidad también son alarmantes, la propuesta indica que de 2009 a 2013, se tiene el registro de 53 mil 630 nacimientos en los que la madre era menor de 18 años, un promedio de cerca 11 mil casos por año.
 
Del total de nacimientos registrados en esos cinco años en Veracruz, 11 mil 906 correspondieron a niñas menores de 15 años de edad, lo que genera la probabilidad de que estos embarazos estén relacionados a eventos de violencia sexual, señala el documento.
 
En caso de ser aprobada la reforma, las diputadas impulsoras aseveran que “Veracruz sería la segunda entidad federativa (con la capital del país) en contar con la una legislación acorde con el artículo primero constitucional en materia de Derechos Humanos, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema en la capital y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer hechas en 2012 al Estado mexicano”.
 
Además de obedecer a una de las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo en su informe, de las cuales tiene que rendir cuentas el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, como fecha límite el próximo mes de septiembre.
 
COMPROMISO DEL GOBIERNO DE YUNES
 
El informe del Grupo de Trabajo encargado de atender la alerta por agravio comparado en Veracruz fue emitido en noviembre de 2016, y hasta marzo de 2017 fue aceptado por el gobierno local, con lo que inició el periodo de seis meses para cumplir con las propuestas.
 
Esta petición fue hecha en abril de 2016 por la agrupación Equifonía por tres agravios que obstaculizan el acceso a las mujeres de sus derechos sexuales y reproductivos: la inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 sobre el acceso al aborto en caso de violación sexual; la tipificación del aborto que castiga el delito con tratamiento educativo y de salud; y la protección de la vida desde el momento de la concepción. 
 
Esta es la primera solicitud de la AVG por “agravio comparado” en el país, y la segunda que suma Veracruz, pues el 23 de noviembre de 2016 la Segob decretó el mecanismo en 11 municipios de la entidad por violencia feminicida.
 
GRUPO DE TRABAJO VIGILA ACCIONES
 
De acuerdo con el comunicado de las académicas del Grupo de Trabajo, Rosa Hilda Rojas, María Lilia Viveros, Mayela García Ramírez y Rebeca Antonia Ramos, el próximo 15 de agosto tendrán una reunión de seguimiento con el gobierno de Yunes Linares para conocer la ejecución de las recomendaciones del informe.
 
Las agrupaciones civiles e instancias internacionales también están al pendiente sobre el proceso, en abril se creó el Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en conjunto con el titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien acordó con las 10 organizaciones feministas vigilar el cumplimiento de las recomendaciones sobre la AVG.
 
17/HZM








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
    Acceso a justicia para mujeres obstaculizado por prejuicios y estereotipos
   
Nuevo Sistema de Justicia penal, mismas prácticas sexistas y discriminatorias
Imagen retomada de cafeprensa.blogspot.com
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/07/2017

El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio representa una oportunidad para el acceso a la justicia y respeto de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, sin embargo, a más de dos años de operar, no hay infraestructura  y el personal encargado de la impartición de justicia, actúa de manera deficiente, afirmaron personas expertas en material legal.
 
Tras la reforma constitucional en junio de 2008 la entrada del nuevo sistema penal  implicó cambios normativos como la restricción de la prisión preventiva obligatoria únicamente para los delitos de violación, trata de personas, delincuencia organizada, homicidio doloso, delitos cometidos con armas y explosivos, atentados a la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y a la salud.
 
La reforma obligó a jueces y ministerios públicos a evaluar si las víctimas del resto de los delitos, en especial cuando se trata de violencia contra las mujeres, están en situaciones de riesgo ante sus agresores; por lo que deben de determinar si es necesario aplicar la medida de prisión preventiva durante el proceso judicial hasta que se dicte sentencia.
 
Entre los delitos antes denominados graves cometidos contra las mujeres donde deberá identificarse si es necesaria la prisión preventiva, se encuentran: acoso, abuso sexual, violencia familiar, y aborto, cabe recordar que el que se haga esta revisión no significa que el delito tenga una pena menor.
 
Las reformas se hicieron con los objetivos de garantizar la protección a los derechos de las víctimas y los acusados, evitar la burocracia en los procesos,  lograr la reparación del daño, así como evitar seguir con la saturación de los centros penitenciarios, “antes se podía pasar años ahí sin tener sentencia”, explicó en entrevista con Cimacnoticias el abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C, David Peña Rodríguez. 
 
Para el abogado esta situación representa una oportunidad para el acceso a la justicia de las mujeres, pues “la violencia de género es considerada en este nuevo sistema un atentado contra los Derechos Humanos” (DH) por lo que desde esa perspectiva debe interpretarse y evaluarse cada delito cometido contra las mujeres y las medidas que las protegerán.
 
“Abre el margen de la interpretación y de protección, permite un espectro de protección y cobertura de los derechos para las mujeres que se tendría que aprovechar y explotar en los próximos años”, indicó.
 
VIOLENCIA FAMILIAR Y ABORTO
 
La violencia familiar es uno los delitos que necesita del estudio eficiente del personal ministerial, indicó la directora de Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros. La abogada explicó que el personal ministerial está obligado a analizar el contexto desde una perspectiva de género: tomar en cuenta antecedentes de violencia, ubicación del domicilio y encontrar situaciones de riesgo.
 
De ser necesario la víctima puede solicitar como medida cautelar la prisión preventiva del acusado o los ministerios públicos lo pueden determinar con base en los elementos de prueba que acumulen, todo “con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres y sus familias”, explicó Sara Mendiola.
 
El abogado Peña Rodríguez, agregó que estas nuevas adecuaciones del sistema, en el caso de las mujeres acusadas de interrumpir un embarazo pueden enfrentar un proceso en libertad ya que deberá revisarse si es necesaria la prisión preventiva, aunque la pena por el delito sigue siendo la misma.
 
A decir del abogado el personal ministerial no está capacitado para realizar las evaluaciones de riesgo”, aunque las versiones oficiales hablan de una la profesionalización y especialización del personal en materia de seguridad pública.
 
FALTA DE INFRAESTRUCTURA
 
Otro elemento, es que a pesar de que ya se debería de contar a nivel nacional con la infraestructura para el funcionamiento del sistema, no se tienen los recursos mínimos para emitir y supervisar las medidas de seguridad para las víctimas.
 
“No existen aún pulseras de monitoreo para los acusados, o capacidad de vigilar las órdenes de restricción cuando se les otorga libertad condicional, y muchos de estos avisos restrictivos se dan en los casos de violencia familiar”, dijo Peña Rodríguez, quien ha litigado casos en el Sistema Interamericano de DH como “Campo Algodonero”.
 
Y da ejemplos, apenas el pasado 19 de julio, el gobierno federal creó la primera Unidad de Medidas Cautelares, área encargada de evaluar si las personas acusadas deben ser o no recluidas como medida preventiva de acuerdo a su “nivel de peligrosidad”.
 
LASTRE, PRÁCTICAS SEXISTAS
 
Ambos abogados coinciden que el funcionamiento del sistema depende de la eficacia de sus funcionarios, quienes, dijeron, actúan con las mismas prácticas sexistas y discriminatorias en las investigaciones y los juicios orales -una característica del nuevo sistema-.
 
El acceso a la  justicia para las mujeres,  asegura el abogado Peña, "lo obstaculizan los estereotipos de género y prejuicios.”, En ello concuerda, la directora de Propuesta Cívica, “el sistema no funciona por la deficiente actuación de los funcionarios”, mencionó.
 
Si se mantienen estas costumbres, concluyen los expertos, difícilmente se podrán emitir las medidas de seguridad necesarias para proteger su derecho a una vida libre de violencia.
 
17/HZM/MMAE








INTERNACIONAL
Aborto
   En 14 años, 147 mujeres han sido procesadas
   
Estado salvadoreño continúa encarcelando a mujeres por aborto
Dos mujeres prenden velas ante el monumento a la Constitución, en la capital de El Salvador, durante una manifestación de protesta la noche del 10 julio, contra la condena a 30 años de cárcel de la joven Evelyn Hernández, acusada de haberse practicado un aborto. Crédito: Edgardo Ayala/IPS
Por: Edgardo Ayala*
Cimacnoticias | San Salvador, El Sal .- 17/07/2017

La condena a 30 años de cárcel impuesta a Evelyn Hernández por un caso de aborto, producto de una violación, deja de nuevo al descubierto la persecución que sufren muchas mujeres en El Salvador, por parte de un Estado que en lugar de brindarles asistencia médica, las criminaliza, dijeron activistas a IPS.
 
“Lo que pasó con Evelyn es como muchísimos otros casos, y que solo demuestra la deuda que este sistema tiene en salud, educación y acceso a justicia, para y con las mujeres”, dijo a IPS la activista Irma Estrada, durante una concentración la noche del 10 de julio, convocada por colectivos feministas para apoyar a Hernández, al pie del monumento a la Constitución en San Salvador.
 
“Siento vergüenza, en pleno siglo XXI esto no debería estar pasando, esto tiene un trasfondo más nefasto, se trata de un estado sexista, machista, misógino, que lo demuestra con este tipo de acciones en contra de las mujeres”, agregó la activista, luego de corear consignas que hacían alusión a cómo la legislación en temas de aborto se ha visto influenciada por radicalismos religiosos de variados credos.
 
“Tu doctrina, sácala de mi vagina”, gritaban las mujeres congregadas.
 
El caso de Hernández ha puesto de nuevo a este país centroamericano, de 6.3 millones de habitantes, en la mira de organizaciones feministas y de Derechos Humanos que mantienen desde hace varios años una lucha por modificar la legislación que penaliza la interrupción del embarazo en todas sus formas.
 
El Salvador está entre los ocho Estados del mundo que prohíben el aborto, incluso en los casos de violación, cuando está en riesgo la vida de la madre o hay malformación fetal, desde que en 1998 la Asamblea Legislativa modificó el Código Penal para castigar con cárcel a las mujeres por la interrupción del embarazo.
 
Los otros son El Vaticano, Haití, Honduras, Malta, Nicaragua, República Dominicana y Suriname, pero ninguno  es tan draconiano como El Salvador en la aplicación de la ley contra el derecho a decidir de las mujeres, incluso cuando existen claros indicios de que el aborto fue espontáneo.
 
La reforma de hace 19 años eliminó esas tres causales que existían en la legislación para que la interrupción voluntaria del embarazo no fuera penalizada.
 
“Hay un retroceso, en 1998 se podía tener un aborto si la vida de la gestante estaba en riesgo, vamos para atrás”, añadió la activista.
 
Además, los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron en 1999 la propia Constitución salvadoreña para establecer que una persona es reconocida como tal desde el mismo momento de la concepción, un objetivo anhelado por grupos religiosos y organizaciones antiaborto.
 
“En El Salvador sí hay línea muy conservadora (en el tema de aborto), incluso dentro de los partidos, aún hay diputados cuya propuesta es aumentar las penas e imponer pena de muerte”, sostuvo la integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, Sara García.
 
Esa situación no ha variado pese a que desde 2009 gobierna el país un partido de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque algunas de sus diputadas sí han planteado flexibilizar la penalización absoluta del aborto.
 
El 5 de este mes, Hernández, una joven de 19 años, fue condenada a 30 años de prisión por homicidio, figura  usada por los fiscales para inculpar a mujeres acusadas de aborto, y que luego cambian el delito a homicidio agravado, bajo la acusación de haber asesinado premeditadamente al feto.
 
Las penas por interrumpir el embarazo no sobrepasan los ocho años de cárcel, pero al culparlas del delito de homicidio agravado se ha sentenciado a mujeres hasta a 40 años.
 
“Estamos hablando de un sistema que criminaliza a las mujeres y no a cualquier mujer, sino a mujeres pobres, jóvenes, con poco acceso a educación o a servicios de salud”, aseguró a IPS la coordinadora de proyectos del Movimiento de Mujeres Jóvenes Feministas Ameyalli, Marcela López.
 
Como ha sucedido ya a muchas otras mujeres, Hernández sufrió un aborto espontaneo en su vivienda, en el municipio rural de El Carmen, en el central departamento de Cuscatlán, y fue llevada al hospital de Cojutepeque, su capital.
 
Pero allí el personal médico la denunció por sospechas de haberse inducido un aborto, un patrón que se ha repetido en casos similares en el pasado, pues los médicos y enfermeras tienen temor de que sean acusados de encubrimiento por la Fiscalía General de la República.
 
La joven había sido violada por un pandillero pero ese hecho no quedó registrado en el proceso legal porque ella teme represalias de esos grupos criminales, llamados “maras”.
 
Una actualización hecha en 2014 del informe titulado Del Hospital a la Cárcel, elaborado por Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, revela que entre el 2000 y 2014 un total de 147 mujeres fueron procesadas por el sistema judicial salvadoreño por ese tipo de casos. De ese total fueron condenadas 41 por ciento.
 
El reporte agrega que la investigación no pudo identificar otros posibles impactos, como por ejemplo las muertes de mujeres por embarazos de alto riesgo, tales como ectópicos, cardiopatías graves, cáncer, lupus, que pudieron ser evitadas con una interrupción oportuna del embarazo.
 
Las mujeres procesadas por el sistema, agrega el documento, tienen un nivel de escolaridad muy bajo: 45 por ciento son analfabetas o tienen como máximo educación primaria, y solo 29 por ciento posee estudios a nivel de bachillerato, técnico o universitario.
 
De allí que las organizaciones de Derechos Humanos y grupos feministas resalten el hecho de que la persecución del Estado en el caso de abortos se da fundamentalmente contra mujeres pobres y con poca educación.
 
El equipo de abogados que trabaja en el caso de Hernández, con el apoyo de la Agrupación Ciudadana, anunció el jueves 13 que apelarán el fallo de la jueza de Cojutepeque,  Nury Velásquez, que condenó a la joven, luego de que reciban, el 19 de julio, la resolución escrita.
 
La apelación hará hincapié en la figura legal de duda razonable, dada la cantidad de evidencia aportada por la defensa que desvirtuaría la posición de los acusadores, ya que los reportes forenses no establecen la causa de la “neumonía aspirativa” que produjo la muerte del feto.
 
Además, en el proceso quedó establecido, con reportes técnicos, que la joven condenada sufría de un embarazo asintomático y estaba menstruando, lo que confirmaría la posición de los abogados defensores de que ella no sabía que estaba embarazada.
 
En tanto, otra  mujer que sufrió el extremo rigor del sistema jurídico, María Teresa Rivera, contó a IPS que salir de El Salvador significó para el ella el fin del temor a ser perseguida por leyes injustas.
 
“Aquí me siento feliz, libre, sin persecución ni discriminación, estoy lejos de El Salvador”, dijo en un contacto telefónico desde Suecia, nación que en marzo pasado le otorgó asilo político.
 
“Me lo dieron bajo la figura de persecución jurídica”, agregó, desde la ciudad de Horndal, donde reside con su hijo de 12 años desde hace ocho meses.
 
El 24 de noviembre del 2011, cuando tenía 28 años, Rivera sufrió un aborto espontáneo, y, de nuevo, fue denunciada por el personal médico y condenada a 40 años de cárcel.
 
Tras cuatro años y medio de encierro, su caso fue revisado y finalmente fue encontrada inocente y puesta en libertad, en mayo del 2016. Pero dos semanas después los fiscales interpusieron una apelación.
 
“Yo me decía: en cualquier momento me van a llevar de nuevo a la cárcel”, narró. Y con el apoyo de organizaciones y amigos, logró huir del país.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
17/EA








INTERNACIONAL
   Temas pendientes: aborto, violencia sexual, embarazo infantil
   
Venezuela: lucha feminista logró agenda clara y leyes avanzadas
Imagen retomada del portal de AmecoPress.
Por: Gloria López
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 28/06/2017

Luz Patricia Mejía Guerrero es feminista, jurista y ha ocupado diversos cargos institucionales en Venezuela y en la región latinoamericana. Ayer estuvo en La Casa Encendida, invitada por la Asociación de Mujeres de Guatemala, para visibilizar los avances y retrocesos en materia de Derechos Humanos de las mujeres y las niñas en el contexto venezolano. Ponderar las contradicciones existentes y abordar miradas de futuro es un enorme desafío, tal y como ha dejado claro en una entrevista con AmecoPress.
 
Venezuela tiene una de las legislaciones más avanzadas de Latinoamérica en materia de protección y erradicación de las  violencias basadas en el género y el sistema de administración de justicia con mayor especialización de la región. ¿Cuándo surgieron esos avances? ¿Cómo funciona ahora el sistema, en el contexto de conflictividad que vive el país?
 
Luz Patricia Mejía Guerrero (LPMG): El movimiento feminista en Venezuela ha sido siempre muy combativo, con muchas perspectivas ideológicas, pero con agendas comunes muy claras. Y eso ha hecho que, si bien la polarización de la política venezolana haga mucho más difícil el encuentro, los grandes tópicos de las luchas feministas están en la agenda común, en ambas miradas.
 
Ha sido un proceso. En el 2008 se aprobó la Ley del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y el establecimiento de un sistema de administración de justicia que debe responder a esta ley y que incorpora la perspectiva de género como un eje transversal del acceso a la justicia en general y en particular una legislación específica para los casos de violencia machista.
 
Así, Venezuela logra una ley que reconoce diversos tipos de violencia y además, junto a Guatemala, el desarrollo de esta jurisdicción especial. Después se entendió la necesidad de contar con un Ministerio Público especializado, con fiscales y fiscalas convencidas de aplicar estas normas, porque hubo muchas resistencias.
 
Gloria López: Sabemos que 60 mil mujeres han solicitado medidas de protección especial y que se han concedido en un 50 por ciento de los casos. Pero hay un gran vacío estadístico que impide saber con certeza la situación que viven las mujeres y la violencia a la que se enfrentan.  Aun contando con esas infraestructuras judiciales para la protección de los derechos de las mujeres y de las niñas, ¿son estos derechos invisibilizados en el marco del conflicto político venezolano?
 
LPMG: En todos los conflictos sociales, políticos y económicos las capas más afectadas son las más vulnerables, donde, por supuesto, entran las mujeres. Y dentro de la diversidad de las mujeres, hay situaciones de mayor complejidad. Por ejemplo, las mujeres que están migrando, con más posibilidades de ser captadas por las redes de trata.
 
También el cuestionamiento de las instituciones que tienen jurisprudencia sobre estos temas, hace que el desafío de denunciar, por ejemplo, tome proporciones enormes. Hablamos de una sociedad profundamente patriarcal, en la que no es fácil reconocer y denunciar la violencia por parte de una mujer. Si además, lo que se está diciendo es que la justicia no funciona, que los tribunales no sirven para nada, la dificultad es mayor.
 
(GL): La situación de violencia, de pobreza. ¿Ha hecho crecer la trata y la explotación de las mujeres?
 
LPMG: Sí, a mayor violencia, mayor violencia contra las mujeres, a mayor pobreza, mayor feminización de la pobreza
 
EL ABORTO
 
GL: Usted ha impulsado de cerca campañas por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha sostenido que “la penalización del aborto es un problema del que no se habla y que criminaliza la pobreza de las mujeres”. ¿Se ha avanzado en la región? ¿Cómo explica que haya mujeres encarceladas en algunos países por el hecho de haber abortado, incluso de un modo natural?
 
LPMG: La situación del aborto en Venezuela y en el resto de la región sigue siendo un desafío en cuanto a los derechos de las mujeres y sobre todo, en cuanto al derecho a la vida de las mujeres y hay una marcada diferencia según el estrato socioeconómico.
 
Uruguay ha logrado reducir prácticamente a cero la mortalidad materna, mientras otros países con desarrollo medio mantienen tasas de mortalidad maternas muy altas.
 
Si a las condiciones de pobreza le sumas las normas legales que obstaculizan el aborto, y las normas sociales que, aun habiendo normas legales que lo permitan, también obstaculizan el aborto, estamos en una sociedad discriminatoria respecto a algo que solo afecta a las mujeres.
 
En la región Americana, en todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y de salud reproductiva, hay unos abismos donde muchas veces ideologías de izquierda y derecha comulgan a la hora de limitar y obstaculizar los derechos de las mujeres.
 
AGENDA COMÚN
 
GL: También desde el punto de vista internacional, la solidaridad se reduce porque queda subordinada a la conflictividad social y política de un Estado en crisis. Hay tanta violencia generalizada, que quedan invisibilizadas violencias específicas hacia las mujeres. La visión de “bandos” que se ha impuesto como análisis fácil de una realidad compleja, ¿perjudica de manera especial a las mujeres? ¿Qué propuestas ha venido a defender y a difundir?
 
LPMG: Creo que en primer lugar es necesario visibilizar cuestiones que no se saben. Invisibilizar los logros del movimiento feminista venezolano es negar una militancia feminista que ha sido muy fuerte de los últimos 40 años.
 
Visibilizar lo que existe ahorita en términos positivos es urgente. Reconocer la legislación, jurisdicción y decisiones jurídicas que se han tomado en Venezuela y que son muy avanzadas, son importantes.
 
Pero también reconocer que, a pesar de ello, existe una brecha amplia que sufren las mujeres y niñas y que el desprestigio enorme de las instituciones hace que las mujeres no acudan a ellas. Es decir, el reconocimiento de estos esfuerzos, pero también el reconocimiento de que no han tenido el impacto deseado en las mujeres que lo necesitan.
 
Necesitamos también seguir visibilizando una agenda común. A pesar de la polarización, ninguna mujer, en ninguno de los dos bandos, que yo creo que son más, va a olvidar que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Venezuela siguen siendo un desafío, que el tema de la participación política de las mujeres sigue siendo un desafío, y la necesidad de fortalecer el sistema de justicia para la protección de los derechos de las mujeres.
 
GL: Además de estos tres elementos. ¿Qué aspectos incluiría en esa agenda común?
 
LPMG: Pienso que la situación con el aborto es fundamental. Y otro tema es la violencia sexual y el embarazo infantil. Venezuela es uno de los países con más índice de embarazo infantil de la región. Está prohibido legalmente, pero según las estadísticas, la cifra es muy alta, mientras solo se han juzgado dos casos. Lo que indica que el índice de impunidad es muy alto, del 99 por ciento.
 
GL: ¿El movimiento feminista dialoga con las diferentes posturas políticas para enfatizar en las prioridades de las mujeres y la agenda común?
 
LPMG: Yo diría que hay una nueva generación de feministas. Y hay elementos compartidos por los bandos, como la ley de participación política de las mujeres. También se debate abiertamente acerca del aborto. Pero hay posiciones y temas que no se hablan tanto, como la feminización de la pobreza, la precariedad laboral de las mujeres, el acceso a la educación de las mujeres, cómo afecta el contexto conflictivo de manera específica a las mujeres; por ejemplo, cómo se ha cerrado el acceso a los medios anticonceptivos en medio de la crisis de abastecimiento.
 
Es indudable también que la división y radicalización ha llegado también al movimiento feminista. Pero tengo la esperanza de que podamos dialogar.
 
17/GL/GG








ESTADOS
Aborto
   Piden respetar laicidad del Estado
   
AVG en Veracruz se cumplirá hasta despenalizar el aborto
Imagen retomada del portal AVCNoticias | Yerania Rolón
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/08/2017

Para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas el congreso local debe aprobar la reforma a la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, y respetar la separación que debe existir entre la Iglesia Católica y el Estado ante los esfuerzos de grupos conservadores que buscan frenar la propuesta, denunciaron organizaciones civiles. 
 
A pesar de las acciones realizadas hasta ahora por el gobierno de Veracruz para atender la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado” (leyes que transgreden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres) las organizaciones peticionaras Equifonía y el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, pidieron en un comunicado que se cumpla con la última recomendación del Grupo de Trabajo: la despenalización del aborto.
 
El pasado 27 de julio la diputada local de Morena, Tanya Carola Viveros y 13 diputados adscritos, presentaron la propuesta de reforma de los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y suprimir los 90 días que tienen las mujeres para interrumpir un embarazo producto de una violación.
 
Se prevé que la iniciativa sea discutida en un periodo extraordinario de sesiones en septiembre, cuando se terminan los seis meses del gobierno de Miguel Ángel Yunes para presentar su reporte de cumplimiento al Grupo de Trabajo que atiende la AVG.
 
Por ello, las agrupaciones pidieron que se respete el principio de laicidad del Estado, ante “la intromisión por parte de grupos conservadores” para frenar la propuesta, mismos que impulsaron en colaboración con el ex gobernador Javier Duarte, la modificación al Artículo 4 de la constitución local, que desde agosto de 2016 “protege la vida desde el momento de la concepción”.
 
Cabe mencionar que otras ocasiones, a pesar de que el reglamento de la AVG no establece dar mayor tiempo a los estados para cumplir con las recomendaciones, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha dado prórrogas de seis meses argumentando que se observan avances significativos por parte de las autoridades.
 
Por ello las agrupaciones insistieron que “es impostergable el cumplimiento de todas las recomendaciones, incluida la reforma al Código Penal, de otro modo exigiremos que se decrete la segunda alerta”, demandaron en el comunicado.
 
En caso de que el grupo de expertos determine que las acciones no fueron suficientes, la Segob podría decretar la segunda alerta en la entidad, pues está vigente desde noviembre de 2016 en 11 municipios de Veracruz la AVG por violencia feminicida.
 
AVANCES EN CUATRO MESES
 
Hace cuatro meses el estado de Veracruz aceptó las propuestas contenidas en el informe del Grupo de trabajo, con ello Equifonía y el Comité Promotor han hecho un seguimiento puntal de las acciones gubernamentales entre las que destacan la realización de campañas por parte de la Fiscalía General del estado sobre la difusión de la interrupción legal del embarazo en las causales que establece la ley, y la realización de una base de datos para conocer cuántas mujeres están en prisión por interrumpir su embarazo.
 
Hasta ahora sólo se ha conseguido liberar a una mujer indígena que por interrumpir un embarazo estuvo 11 años en prisión. Sin embargo desde 2015 al 30 de abril de 2016, la Fiscalía conformó siete carpetas de investigación por el delito de aborto y recibió 15 denuncias por la misma razón, informaron las agrupaciones peticionarias.
 
En cuanto a la Secretaría de Salud estatal, las organizaciones señalaron que se avanzó en el diseño de una primera capacitación al personal médico para la implementación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), que garantiza el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación y campañas de difusión de la norma dirigidas a la sociedad civil.
 
Sin embargo consideraron que no se cuenta con un presupuesto suficiente para la implantación y sostenimiento a largo de plazo de la medidas derivadas de la Alerta, por lo que exigieron al gobierno que destine mayor recurso público y lo aplique de forma transparente.
 
Por último las organizaciones civiles recordaron que la solicitud por AVG por agravio comparado se trata de un asunto de “justicia social” y de proteger la salud y vida de las mujeres.
 
Esta petición de la alerta por agravio comparado es la primera que se hace en el país y se presentó en abril de 2016 por tres agravios: la inadecuada prestación de servicios de salud y negativa por aplicar la NOM-046; la tipificación del aborto que en el Código Penal se castiga con un “tratamiento educativo y de salud”; y “la protección de la vida desde el momento de la concepción”.
 
17/HZM








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Trastornos hipertensivos, una de las principales causas de mortalidad
De alto riesgo, embarazos en niñas menores de 14 años
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/09/2017

Si estos embarazos son producto de violencia sexual el Estado debe garantizarles el acceso al aborto, pero sobre todo, salvar su vida, afirmaron expertas consultadas por esta agencia.

La ginecóloga y asesora en sistemas de salud en Ipas México, organización especializada en derechos sexuales y reproductivos, Claudia Martínez López, explicó en entrevista que la Norma Oficial Mexicana 046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046) establece el derecho al aborto y atención médica de urgencia en caso de una violación.

Agregó que el riesgo a la salud y vida de la gestante es una de las causales por las cuales se puede interrumpir un embarazo en 14 entidades del país y en el caso de las niñas, este riesgo se incrementa por su condición física y biológica, por lo que la causal debe cumplirse.

Explicó que hay mucho mayor riesgo de mortalidad y morbilidad maternas (secuelas a la salud por el embarazo) en las niñas de estas edades cuando llevan a término un embarazo, que si decidieran interrumpirlo en condiciones seguras.

“Si se interrumpe un embarazo en una menor de 14 años de edad en las primeras 8 semanas de gestación, el riesgo de complicaciones es del 0.3 por ciento. Arriba de las 12 semanas únicamente aumenta 0.5 por ciento, aún con los procedimientos tecnológicos adecuados”, por lo que es fundamental que sí se realicen las interrupciones legales del embarazo dentro de las primeras 12 semanas, precisó.

“Los trastornos hipertensivos por un embarazo en la niñas es una de las tres primeras causas de morbilidad y mortalidad materna infantil, en el país, a ello se agregan otras como las hemorragias en el parto”, precisó.

Datos del Instituto de Estadística y Geografía, revelan que en diez años (2005 a 2015) se registraron 72 defunciones de niñas entre 10 y 14 años de edad por razones maternas.

La especialista de IPAS precisó que una niña embarazada tiene riesgo de presentar partos prematuros -que atenta contra su vida y la del producto- problemas de presión alta (preeclampsia), y hemorragias durante el embarazo, parto o puerperio.

Aunado a esto, las secuelas de un embarazo en la infancia se prolongan después del parto -continúa- el aporte nutricional que necesita el producto para crecer hace que una niña termine en situaciones de desnutrición, descalcificación o anemia.

En ocasiones, agregó, la situación se agrava en infecciones bacterianas como la sepsis del puerperio (bacterias en las sangre entre la expulsión de la placenta y seis semanas después del parto), que de no tratarse deriva en casos fatales del fallecimiento de la menor de edad. Esto también significa que si el producto nació quede en la orfandad, agregó.

“Si consideramos que el cuerpo de las niñas no se ha desarrollado por completo para parir, la mayoría de estos embarazos de alto riesgo requiere la práctica de una cesárea, lo que hace que en próximos partos sean más vulnerables a presentar fisuras en los órganos cercanos al área del útero; además, por la herida en el abdomen se forma un tejido de cicatriz interna (adherencias) que puede tener consecuencias como las obstrucción intestinal, dolor crónico y la infertilidad”, explicó Claudia Martínez López.

URGENTE ATENCIÓN MÉDICA

Pese a que el embarazo producto de una violación debe atenderse como emergencia médica para asegurar el bienestar de las menores de edad, el personal de salud no conoce o se niega aplicar la NOM 046, la Ley General de Víctimas y a respetar el interés superior de la niñez, aseguró el asesor en políticas públicas de Ipas México, Alexis Hernández González.

Respecto a los programas del Estado, si bien la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) pretende “erradicar el embarazo en mujeres de 10 y 14 años” para 2030, ésta no contempla en ningún rubro difundir la información sobre el derecho al aborto para las niñas víctimas de violación, observó.

Sólo en 2016 el Subsistema de Información sobre nacimientos de la Secretaría de Salud consultado por esta agencia, registró 11 mil 219 nacimientos donde las madres tenían entre 9 y 14 años de edad.  En cuatro casos las niñas tenían 9 años, 25 de ellas tenían 10 años, 55 de 11 años, mientras en 11 mil 135 casos fueron madres entre 12 a 14 años.

VIOLACIÓN Y UN EMBARAZO: LA SALUD MENTAL

A pesar de no tener certeza, se presume que detrás de los embarazos de menores a 14 años hubo violencia sexual perpetrada por personas de confianza como familiares y vecinos, lo que afecta gravemente la salud mental de las niñas, explicó la psicóloga de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Diana Mireya Saldívar Moreno.

Las menores de edad, dijo la experta en infancia, están en una etapa de construcción de lazos afectivos y madurez emocional que se ve alterado después de una violación, por lo que son propensas a desarrollar depresión, ansiedad y “problemas psicosociales” que las hace aislarse, desconfiar de las personas, y bajar su rendimiento en la escuela o desistir de ella.

Muchas tienen sensaciones de culpabilidad pues presentan una maternidad que no desearon, por lo que el acompañamiento y una atención psicoterapéutica pueden contrarrestar y eliminar estas consecuencias, señaló la psicóloga de la asociación experta por 27 años en violencia sexual.

El impacto de un embarazo por violación en una niña trasciende y trastoca también a la familia, detalló la abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Ofelia Bastida Luna. En su experiencia como asesora legal de este tipo de casos, son las madres quienes tienen que buscar alternativas para que sus hijas puedan interrumpir el embarazo.

“Piensan en si van a incurrir en un delito, a veces tiene que viajar para llegar a organizaciones fuera de sus localidades. En las madres finalmente recae la angustia, son como una esponja, absorben todo el impacto del proceso. Y al conocer la agresión que vivieron sus hijas se responsabilizan de no protegerlas”.

Para la abogada de GIRE, el Estado permanece ausente aún cuando es su obligación asegurar la vida de mujeres y niñas, pero no hay política pública integral que las reintegre a la escuela, acceder a un aborto, tampoco atención psicológica, mucho menos garantizarles justicia, por lo que urge que el gobierno haga estrategias para atender a las niñas víctimas de violación, concluyó.

17/HZM/MMAE/LGL

 








INTERNACIONAL
Aborto
   Instó a países latinoamericanos a cambiar sus leyes
   
CIDH llama a no retrasar aplicación de ley que legaliza aborto en Chile
CIMACFoto: Cristina Acuña Roeder
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/09/2017

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al gobierno de Chile a acelerar la entrada en vigor de la ley que garantiza el derecho de las mujeres a acceder a la interrupción del embarazo, declarada constitucional por el Tribunal Supremo el pasado 23 de agosto, la cual permite el aborto por tres causales: producto de violación sexual, si la mujer está en riesgo de muerte o cuando el feto es incompatible con la vida.

 

En un comunicado la CIDH señaló que ahora el Estado chileno debe “promulgar pronto” la ley para garantizar el derecho de todas las mujeres a la salud y a una maternidad sin riesgos, además de asegurar que se implemente de forma adecuada en los servicios de salud.

 

También calificó la despenalización del aborto como “un paso fundamental para el respeto y garantía de los Derechos Humanos de las mujeres, niñas y adolescentes en Chile” principalmente porque, señaló, las que son migrantes, indígenas, afrodescendientes y

quienes viven en condición de pobreza son más propensas a morir o sufrir afectaciones graves en su salud por abortos inseguros.

 

La Comisión, creada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) como órgano autónomo, reconoció al Estado chileno porque señaló, la aplicación de la ley tendrá una función fundamental para garantizar los derechos sexuales, reproductivos y en general los  Derechos Humanos de las mujeres.

 

Concluyó que la despenalización del aborto “reafirma la capacidad de las mujeres a decidir la mejor manera de sobrellevar las consecuencias del embarazo, según sus convicciones y sus circunstancia” e instó a los países de América Latina -como Honduras y El Salvador- que aún lo sancionan, a dejar de hacerlo porque “vulnera los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y adolescentes”.

 

Desde 2015 la presidenta Michelle Bachelet ingresó un proyecto de ley para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo ya que desde 1989 se prohibió por cualquier causal, y se sancionaba con penas de hasta 5 años. Las cámaras de senadores y diputados aprobaron el proyecto de Ley, sin embargo la coalición política Chile Vamos interpuso un recurso de “inconstitucionalidad” ante el Tribunal Constitucional, el cual fue desechado y declarada constitucional, por lo que sólo está pendiente la promulgación de la ley.

 

En Chile, en 2015, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, se registraron más de 33 mil abortos por año. En ese año Amnistía Internacional- Chile señaló que estudios estimaban que al año se practicaban en promedio entre 70 y 160 mil abortos, la mayor parte de forma insegura.

 

A ello se suma que además, las mujeres que llegan a los centros de salud por complicaciones producto de un aborto inseguro son denunciadas ante instancias de justicia. En 2014, señaló Amnistía Internacional-Chile, se iniciaron investigaciones judiciales contra 113 mujeres  por “aborto consentido”.

 

17/MMAE








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Necesario despenalizar aborto: Regina Fonseca
Hondureñas, por un Código Penal que respete sus derechos
Imagen retomada del portal de AmecoPress.
Por: Gloria López
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 15/05/2017

El abrumador asesinato de la defensora de derechos humanos indígena Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016 ha puesto el punto de mira sobre el agravamiento de la situación de Derechos Humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 2009. Un país en el que ahora se discute un nuevo Código Penal.
 
La defensora de derechos humanos Regina Fonseca, de la Plataforma “Somos Muchas”, ha visitado recientemente Irlanda, Bruselas y el Estado español, acompañada por las organizaciones Front Line Defenders, Brigadas Internacionales de Paz-Estado Español, Calala Fondo de Mujeres, JASS–Asociadas por lo Justo, y la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.
 
Fonseca tenía el objetivo, entre otras cosas, de denunciar las violaciones a Derechos Humanos del proyecto de nuevo Código Penal. El proceso de elaboración de este Código, llevado a cabo en el seno de una comisión del Congreso Nacional de Honduras, ha contado con recursos y asistencia técnica de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID).
 
En declaraciones públicas emitidas el 3 de abril de 2017 el presidente de la Comisión de Dictamen, Mario Alonso Pérez, afirmó que dicha Comisión había concluido que no modificaría el artículo del Código Penal que establece la penalización absoluta del aborto y expresó que para el Estado hondureño el aborto será considerado un “delito grave fuertemente penalizado”.
 
El 4 de abril, medios de comunicación local informaron que la policía había detenido a una mujer en Comayagua, zona central de Honduras, por haberse provocado un aborto. La foto de la mujer acusada por el “delito de aborto” fue exhibida en los medios de comunicación con las manos atadas y una policía a su lado.
 
El Congreso Nacional de Honduras aprueba de este modo mantener la penalización total del aborto en el nuevo Código Penal, con penas de 3 a 10 años de cárcel. Mientras, Regina y cientos de mujeres organizadas en las más de 23 asociaciones de la sociedad civil hondureña articuladas en la iniciativa “Somos Muchas” no cejan en el empeño de defender los derechos de las mujeres.
 
EL NUEVO CÓDIGO
 
Gloria López (GL): Estás involucrada, Regina Fonseca, en la respuesta de la sociedad civil frente a la reforma del Código Penal de Honduras. ¿Qué pretende esta reforma y en especial, qué consecuencias puede tener en la vida de las mujeres?
 
Regina Fonseca (RF): Bueno, no se trata de una reforma, sino de crear un nuevo Código Penal. El actual data de 1985. Lo que se ha vendido a la opinión pública es que este nuevo código es un instrumento moderno que nos va a dar más seguridad en el país. Las organizaciones feministas fueron las primeras que entramos en alerta cuando supimos que se estaba creando este código, queríamos conocer. Sobre todo porque cada cambio, cada avance en el reconocimiento de determinados derechos, ha venido dada por la lucha de las organizaciones de mujeres y feministas hondureñas. Como ejemplos concretos está el reconocimiento de la violencia intrafamiliar, el que los delitos sexuales dejaran de ser considerados delitos contra el honor, sino delitos contra la integridad. Y que ambos fuesen considerados de persecución pública. Han sido luchas que hemos ido conquistando.
 
Nos costó mucho que nos abrieran espacio en la creación de este Código. Fue un proceso muy opaco. Hasta finales de 2016 no pudimos entrar y en ese sentido, fue muy importante la labor de la cooperación española, de los consultores que elaboraron el segundo borrador del Código Penal.
 
Participamos, había cosas que eran importantes defender. Es una oportunidad para que al menos en circunstancias excepcionales no se penalice a las mujeres y niñas que aborten: aquellas que sufren violencia sexual o incesto, o las que ponen en riesgo su salud e incluso su vida, o cuando existen malformaciones graves en el feto incompatibles con la vida.
 
Estamos pidiendo unos mínimos, que además están reconocidos en los estándares internacionales de Derechos Humanos. Nos hemos organizado para demandar que el tipo penal de Feminicidio permanezca incluido y mejore, para que los delitos sexuales tengan los suficientes candados que eviten la impunidad y garanticen la protección de las mujeres, para no perder lo ganado en materia de discriminación, por ejemplo, con la comunidad LGTBI. Y por supuesto, para defender nuestros derechos sexuales y reproductivos.
 
ABORTO CON PASTILLAS PARA CURAR FRIJOLES  
 
GL: ¿El aborto está absolutamente penalizado en Honduras?
 
RF: Absolutamente. Honduras es uno de los 9 países en el mundo que lo tienen penalizado, 7 de ellos están en América Latina.
 
GL: ¿A qué se enfrenta una mujer que quiere abortar en Honduras?
 
RF: La única manera de abortar es de manera clandestina. Si tienes dinero, puedes recurrir a un aborto seguro. Pero la mayoría de la población no tiene ese privilegio, por ejemplo, las mujeres más jóvenes, o las campesinas. Y hay mujeres en la cárcel por abortar. La pena varía, de 3 a 6 años y para quien lo realiza, de 6 a 8 años.
La mayoría de los abortos son inseguros, las mujeres ponen en riesgo su vida. Hay suicidios de niñas, sobrevivientes de violencia sexual que quedaron embarazadas. No sé si han oído hablar de pastillas para curar frijoles, que es un veneno que se utiliza para quitar los bichos a los granos básicos y que se venden en los comercios de productos agrícolas; hay quienes se han introducido esas pastillas en la vagina.
 
GL: ¿Tampoco tienen derecho a los anticonceptivos?
 
RF: La concepción moderna existe, excepto la de emergencia, que fue prohibida tras el golpe de Estado.
 
GL: ¿Cuál es el papel de la Iglesia en esta represión?
 
RF: Las cúpulas de la Iglesia católica evangélica han conducido todos los procesos de criminalización de todas aquellas mujeres y hombres que quieren defender sus derechos de salud reproductiva. Han detenido procesos de educación sexual, han obstaculizado la anticoncepción de emergencia. Los ataques que recibimos las defensoras de los derechos humanos vienen de esa jerarquía. Están demasiado cerca de los poderes políticos y jurídicos en nuestro país.
 
IMPUNIDAD
 
GL: Entre las razones de la violencia estructural que sufren las mujeres en Honduras, figura la impunidad. Tú has realizado varios estudios. ¿Las mujeres denuncian? ¿Qué pasa cuando denuncian? ¿Qué estamentos son cómplices para que exista esta impunidad?
 
RF: Hay problemas estructurales que se agudizan con los problemas de criminalización social y la militarización que se da posterior al golpe. También la zona sociopolítica donde estamos es importante: Honduras ha sido históricamente el patio trasero de Estados Unidos. La militarización se ha naturalizado. Las bandas criminales que se han organizado por esa región requieren de todo el engranaje institucional del Estado para que funcione y de eso hay evidencias.
 
Los niveles de violencia letal convirtieron a Honduras en el país más violento del mundo hace dos años. La tasa anual de asesinatos de mujeres es de 12 por 100 mil, más alta que la media. En un contexto en el que los órganos del Estado están al servicio, no de la gente, sino de las grandes empresas transnacionales, tiene sentido la impunidad. Y la violencia es ejemplarizante. En el caso de los feminicidios es del 90 por ciento, en el caso de los delitos sexuales es del 94 por ciento. Esto no incentiva la denuncia. Puedes encontrarte que la persona que te agredió está detrás del escritorio de la policía. ¿A dónde vas a denunciar?
 
GL: ¿Qué tipo de agresiones, presiones, violencia, sufren las defensoras de los derechos humanos en Honduras?
 
RF: Tiene que ver con el ámbito de la defensa de los derechos. Las defensoras de la tierra se enfrentan a la muerte y a la violencia sexual. Hay poblaciones que sufren más estas formas de violencia. Berta Cáceres fue asesinada incluso con medidas cautelares. Nos enfrentamos al poder establecido, es el Gobierno quien concede los contratos y proyectos de explotación.
 
GL: Háblanos de tu labor como responsable del Programa de Incidencia Política Internacional de la organización Centro de Derechos de la Mujer (CDM)
 
RF: La lucha contra la violencia de género es políticamente correcta. La lucha contra la expropiación de nuestros cuerpos no lo es. Somos “maleducadas” cuando hacemos exigencias sobre el uso de nuestros cuerpos y nuestra libertad. Y en eso se acompañan las instituciones Estado-Iglesia, especialmente el Opus Dei, que tiene mucha influencia política y económica. Ellos nos difaman y tienen la cobertura de los grandes medios para hacerlo.
 
Nuestra lucha es a contracorriente y sufrimos criminalización, ataques, difamación. Ha sido una estrategia pensada y ejecutada. A esto hay que sumar que una forma para callarnos tiene que ver con llevar nuestros casos a instancias penales y civiles; si te ponen multas de 50 mil dólares y a pedir perdón público por algo que hemos expresado, es una forma de ahogar la protesta y matar a las organizaciones. Y con la excusa del delito de hacer apología de terrorismo, la cosa se complica.
 
Hay que decir que los consultores españoles, al menos públicamente allá, con la discusión del nuevo Código Penal, no han dicho nada alrededor de estos retrocesos. Han guardado un silencio que para nosotras es cómplice. No es fácil hacer incidencia política.
 
FORMAS PERVERSAS DE CASTIGAR LA DISIDENCIA
 
GL: Es cierto que a partir del golpe de Estado de 2009, hay un aumento de la violencia, del uso de la fuerza como estrategia patriarcal. Pero las defensoras de los derechos humanos se enfrentan a mucho más. Las mujeres indígenas, pobladoras y campesinas que luchan por la defensa de sus territorios, su cultura y sus bienes comunes y que se oponen a los megaproyectos extractivos fomentados por los gobiernos corporativos amparados en tratados voraces internacionales y en leyes serviles que atentan contra la soberanía de los pueblos es un aspecto fundamental en Honduras. Estamos hablando de capitales internacionales, muy poderosos. ¿Cómo superar las resistencias en países europeos, cuando esos capitales son dueños de los medios de comunicación, por ejemplo?
 
RF: Es muy difícil. Son los mismos, dueños de bancos, de los medios de comunicación, los que administran las hidroeléctricas. Son intereses de corporaciones internacionales, el capital, un sistema que juega en contra de las personas.
 
GL: La sensación aquí es que hay un antes y un después tras el asesinato de Berta Cáceres en marzo 2016. ¿Hay un cambio en cuanto al conocimiento de la situación más allá de las fronteras nacionales? ¿Se sienten más respaldadas internacionalmente? ¿Se traduce en cambios y mejoras en el terreno?
 
RF: Nadie de las estructuras del poder político y económico se imaginaba la reacción. Esa respuesta internacional ha hecho que ellos se vean obligados a hacer algunas cosas. Cosas que implican riesgos y trampas. Se hacen determinadas consultas pero con una participación viciada. El gobierno promueve un asistencialismo que compra conciencias se algunos sectores en estas comunidades y, cuando no se compran, estos grupos reciben otras formas de sanción. Por ejemplo, tras el asesinato de Berta se hizo un informe acerca de los hilos que unen el poder político y económico en la región. Y supimos que algunas personas que habían colaborado, fueron sancionados, impidiendo por ejemplo, a una padre que sus hijos fueran matriculados en la escuela pública. Se les castiga de esa manera tan perversa.
 
GL: ¿El machismo está presente también en los movimientos “progresistas”, entre los compañeros con los que defiendes los derechos humanos?
 
RF: Sí, claro que tenemos que bregar con el machismo. Es muy importante producir un acercamiento entre organizaciones tradicionales de derechos humanos y las organizaciones feministas. De hecho se va produciendo. Es importante comprender que tu lucha es mi lucha y a la inversa.
 
17/GR/GG








INTERNACIONAL
Aborto
   Grupo experto apoya iniciativa en favor de mujeres
ONU emplaza a Congreso salvadoreño a despenalizar aborto
Imagen retomada del portal Tribuna Feminista.
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 11/05/2017

Un grupo de personas expertas de Naciones Unidas ha emplazado al Congreso de El Salvador a aprovechar la revisión de un artículo del Código Penal sobre la posible despenalización del aborto para mejorar la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
 
“Apoyamos firmemente la propuesta de reforma que actualmente considera el Congreso salvadoreño para permitir la interrupción del embarazo cuando implica un riesgo para la vida de las mujeres, cuando es el resultado de una violación y cuando el feto es inviable”, expresaron las expertas y expertos.
 
“Instamos a las y los legisladores a aprovechar esta oportunidad única para convertirla en un punto de inflexión en la historia de los derechos de la mujer en el país”, recalcaron.
 
Desde ONU indicaron que la prohibición total que rige en la actualidad es contraria a las normas del derecho internacional y viola las obligaciones internacionales del país.
 
El Salvador es uno de los pocos países del mundo que criminaliza a las mujeres por intervenciones realizadas en las situaciones citadas antes, señalaron los relatores.
 
También advirtieron que debido a la amenaza del castigo penal, las afectadas temen buscar atención médica cuando sufren complicaciones.
 
Destacaron que muchas mujeres han sido procesadas hasta 40 años de prisión bajo cargos de aborto, a veces caratulado (tipificado) como homicidio agravado. Las más afectadas son las que viven en pobreza y que no pueden acceder a la defensa legal.
 
“Reiteramos nuestro llamado a revisar las sentencias contra todas las mujeres que actualmente cumplen penas de prisión por cargos relacionados con el aborto con miras a su liberación”, agregó el grupo de Naciones Unidas.
 
Recordaron que la criminalización del aborto no reduce las tasas, tal como lo muestran los datos de la Organización Mundial de la Salud, sino que por el contrario, suele aumentar el número de mujeres que optan por practicárselo de forma clandestina, lo que las expone a tratamientos inseguros.
 
Los relatores que emitieron este comunicado son, Alda Facio, presidente del grupo de trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Dainius Puras, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental; Dubravka Šimonovic, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.
 
EL ABORTO EN EL SALVADOR
 
Desde 1988 el aborto está totalmente penalizado en El Salvador, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la mujer o la niña embarazada corran peligro. Esta medida no solo ha cobrado las vidas de mujeres y niñas, pero también ha supuesto el encarcelamiento de decenas de mujeres.
 
La ley actual obliga a mujeres y niñas a recurrir a abortos clandestinos para salvar sus vidas, y además crea una atmósfera de sospecha hacia las mujeres que sufren un aborto espontáneo u otras emergencias obstétricas. Como consecuencia, mujeres que han tenido complicaciones durante el embarazo han sido procesadas y condenadas tras ser acusadas de “aborto inducido,” con sentencias de hasta 40 años de prisión.
 
Los datos demuestran que la total penalización del aborto no reduce el número de abortos, sino que incrementa el riesgo de que la mujer muera a causa de abortos ilegales e inseguros.
 
La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que las leyes de aborto restrictivas ponen a las mujeres y niñas que viven en la pobreza, y a las que viven en zonas rurales y más aisladas, en un riesgo especial de sufrir abortos inseguros.
 
La penalización del aborto en todas las circunstancias disuade a las mujeres de buscar atención médica y crea un “efecto amedrentador” en el personal médico, que tiene miedo de proporcionar tratamiento que podría salvar la vida a mujeres cuya vida o salud corre peligro a causa del embarazo, o que sufren complicaciones derivadas de un aborto inseguro.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/GG








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