NACIONAL
SALUD
   Que comparezca Narro, piden legisladoras
Ss debe informar cuántos embarazos por violación e ILE atiende
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/03/2017 El secretario de Salud, José Narro Robles, debe informar cuántos embarazos producto de una violación sexual se atienden en las instituciones públicas y cuántas víctimas acceden a la interrupción legal del embarazo (ILE), dijo la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Irma Rebeca López López.
 
La legisladora señaló en entrevista con Cimacnoticias que apoya la propuesta de las diputadas de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC) de llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Salud (Ss), porque aseguró que es importante contar con información para que las legisladoras formulen propuestas para proteger los derechos de mujeres, jóvenes y niñas.
 
Esta propuesta surgió luego de que el 21 de enero pasado, la Comisión de Igualdad decidió retirar el dictamen para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e incorporar la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención (NOM 46).
 
López López dijo que aún no hay un documento para solicitar la presencia de Narro Robles en la Comisión de Igualdad y en la Comisión de Salud, pero espera que en próximos días se concrete una reunión para que dé a conocer cómo se implementa la NOM 046, la cual obliga a los prestadores de salud a ofertar la anticoncepción del emergencia y el aborto en casos de violación sexual.
 
FALTA DE DATOS
 
En el dictamen para modificar la Ley General, la Comisión de Igualdad señaló la falta de datos y que solo la extinta Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados haya calculado que aproximadamente 112 mil mujeres son víctimas de violación sexual cada año, dato que equivale a una cada 4.6 minutos, mientras que, según especialistas, la mayoría de los agresores quedan impunes.
 
Asimismo, el documento destacó que, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional presentado en 2012 en Naciones Unidas, de las 14 mil 829 denuncias por violación sexual presentadas en 2009 en el país, sólo hubo 3 mil 462 enjuiciamientos y 2 mil 795 sentencias condenatorias por ese delito.  
 
Por otra parte, López López dijo que la Comisión de Igualdad no tomó en cuenta la opinión de todas las diputadas que integran este órgano y que ella no fue invitada a la reunión donde se decidió retirar el dictamen para reforma la Ley General de Acceso, por lo que consideró que había intereses políticos en este tema.
 
17/AGM/RED
 
 







NACIONAL
SALUD
   Para no verse afectados en Edomex
Por cálculo electoral, PAN y PRI abandonan debate sobre NOM 046
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/03/2017 Los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) desistieron el debate sobre la inclusión de la norma que establece los criterios para la interrupción legal del embarazo en casos de violación (NOM 046), en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque preocupó el impacto de esta decisión en el proceso electoral del Estado de México, afirmó la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortensia Aragón Castillo.
 
Este 21 de marzo, la Comisión de Igualdad de Género informó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que retiraba el dictamen para incluir en la Ley General de Acceso una referencia a la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención (NOM 46), que permite el aborto en casos de violación sexual.
 
La diputada por el PRD dijo en entrevista que esta decisión pudo ser de tinte electoral. “Creo que hay una preocupación estrictamente de carácter electoral, por la percepción social, equivocada, del PRI por el proceso electoral en el Estado de México”.
 
De acuerdo con Aragón –quien ha destacado por su interés legislativo en los derechos de las mujeres-, las diputadas del PAN y el PRI fueron las que firmaron el dictamen e hicieron mayoría para retirarlo del pleno, porque no querían salir dividas. Pero además hubo una injerencia de las diputadas del Partido Encuentro Social (PES) quienes, aunque tenían derecho de expresar sus opiniones, mintieron sobre el tema y “calentaron los ánimos”, diciendo que se votaría el aborto.
 
DEBATE MANIPULADOR, FALSO
 
“¿Cuál fue el debate? Fue un debate falso, manipulador, oportunista, que hizo la derecha, encabezada por las diputadas del PES en los medios de comunicación, en el que presionaron a las diputadas y diputados de todas las fracciones con correos de todas las iglesias y grupos de derecha. Se contaminó indebidamente el tema que no estaba a discusión: el derecho a abortar de quienes son víctimas de violación”, dijo.  
 
Por si fuera poco, agregó, el debate se enrareció porque hay diputados a quienes no les gusta leer y a quienes les asusta el clero, ya que sólo se miran en las encuestas. “Con ese cálculo electoral resolvieron que lo mejor era retirar la iniciativa. Nosotros lo dijimos, es una decisión de la mayoría del PRI y del PAN en esta Cámara”. 
 
NOM 046, VIGENTE
 
La legisladora señaló que la NOM 046 es vigente y no se modificó pero destacó que a propuesta de las diputadas del PRI, Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, la Comisión de Igualdad pretendía presionar a la Secretaría de Salud para que aplicara la Norma porque el número de embarazos por violación es alto y al parecer las acciones son omisas.
 
“Es una iniciativa del PRI que no tenía mucho sentido. A mí me lo preguntas y francamente te digo, ¿para qué metes algo que ya esta ley y una norma que no está en discusión?”.
 
Ahora, señaló,  se debe llamar al secretario de Salud, José Narro Robles, a comparecer y presentar información sobre el tema, que diga en qué entidades se dan casos de embarazo por violación y qué está haciendo la dependencia de acuerdo con la NOM 046, para que las diputadas conozcan si el delito de violación sexual es sancionado y si las víctimas pueden acceder al aborto.
 
Aseguró que las diputadas del PRD y de Movimiento Ciudadano van juntas en esta petición para que Narro Robles comparezca ante la Comisión de Igualdad de Género y la Comisión de Salud.
 
17/AGM/GG
 







NACIONAL
SALUD
   SS debe informar sobre aplicación de norma
Retiran dictamen para reformar LGAMVLV que incluía NOM 046
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/03/2017
La Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados retiró el dictamen para reformar los artículos 46, 40 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia donde se pretendía incorporar la NOM 046 que garantiza la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de violación sexual.
 
En la sesión de este martes, la Mesa Directiva de la Cámara baja informó que se retiró el dictamen a fin de someter el tema a un estudio y análisis más profundo toda vez que en la sesión del 9 de marzo se subió a pleno, pero de última hora no se discutió y después, el 14 del mismo mes, por segunda ocasión fue retirado porque no hubo consenso sobre la redacción.  
 
La diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa Avalos, reclamó ante el pleno que el dictamen se discutió sin el consenso de la Mesa Directiva de la Comisión de Igualdad y que ella no fue consultada. Además, previamente señaló en entrevista que este tema causaba ruido porque se estaba difundiendo la legalidad del aborto en casos de violación sexual. 
 
Al respecto la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cecilia Soto González, propuso a la Comisión de Igualdad de Género y a la Comisión de Salud, que se invite al Secretario de Salud a comparecer y compartir diagnósticos sobre la implementación de la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención (NOM 46).
 
“Es claro que se trata de un tema delicado, es claro que se trata de un tema profundo y es un tema que no se arregla con medidas punitivas, por ejemplo, en el caso de que no se cumpla, como ha venido sucediendo, la NOM 046”.
 
Además aprovechó para recordar que desde 1931 el Código Penal Federal permite el aborto en casos de violación sexual. 
 
La también perredista Cristina Ismene Gaytán calificó como una pena que haya tácticas dilatorias para no hacer valer los derechos de las mujeres y destacó que este tema fue avalado por mayoría en la Comisión de Igualdad cuando las diputadas votaron a favor de incorporar la NOM 046 a la Ley General de Acceso aunque ahora se retire del pleno para regresarlo a la Comisión. 
 
“Esto es triste porque se nos convocó a diversas reuniones para construir este acuerdo; llegamos a una serie de acuerdos y sin más se dejan de lado, no se respetan, y además se presentan, como ya se ha dicho, sin autorización siquiera de la Comisión de Igualdad, el retiro de este dictamen”.
 
La diputada del sol azteca reclamó que a las mujeres se les regale flores y felicitaciones, en alusión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y que a la par no se respete su derecho a decidir sobre las reformas legislativas, porque aseguró que eliminar de la discusión un dictamen fue un “acuerdo cupular”. 
 
Ante los reclamos de las diputadas, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín, mostró su desconcierto y señaló que su fracción parlamentaria apoyaba la propuesta de la legisladora Cecilia Soto de pedir información sobre la implementación de la norma que garantiza el aborto legal.
 
“Nos parece que debe haber explicaciones, estudios, comparecencias, reuniones, reuniones de trabajo; por supuesto destacamos la importancia al tema; nos solidarizamos con su petición”, dijo
 
Además aseguró quera imperdonable que no se haya tomado en cuenta a la diputada Candelaria Ochoa, quien fue una de las más activas participantes en este tema, “que reciba una disculpa, que quede constancia de ella en el libro de actas, y por supuesto esperemos que pueda participar, y mucho, en lo que sigue de este tema”, dijo el priista. 
 
Previo a estos posicionamientos en el pleno, la diputada Ochoa aseguró en entrevista que el dictamen se modificó para quitar la referencia a la NOM 046, lo que en su opinión era un documento que no tenía sentido llevar al pleno porque a la derecha lo que le preocupaba era difundir la legalidad de la interrupción del embarazo producto de una violación. 
 
17/AGM/GG
 

 








NACIONAL
SALUD
   De ahí revuelo por NOM 046
Preocupa a la derecha que se difunda garantía de ILE en caso de violación
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/03/2017 La alianza de los Partidos Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES) hizo que la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados modificara el dictamen de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quitar la referencia a la NOM 046, que garantiza la interrupción legal del embarazo para las víctimas de violación sexual.
 
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Candelaria Ochoa Avalos explicó que aunque la Cámara de Diputados no puede modificar la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención, conocida como NOM 46, la propuesta de reformar la Ley General de Acceso causó ruido porque a la derecha mexicana le preocupa que este tema salga a la luz.
 
La feminista y diputada dijo en entrevista que la semana pasada las diputadas de la Comisión de Igualdad se reunieron para revisar el dictamen que desde el 9 de marzo subió a pleno, pero que no ha sido discutido por dudas de los coordinadores parlamentarios. Así, en la reunión de Comisión se acordó modificar la redacción y quitar la referencia a la norma expedida por el Ejecutivo y vigente desde 2005.
 
“Ya no vale la pena que suba a pleno, el PRI no tiene interés en que se apruebe, las que han estado manipulando la información han sido Edith Martínez, del PES, y el PAN. No vale la pena que se suba el dictamen por lo que implica”, señaló la legisladora, quien detalló que el dictamen ya no menciona la NOM 046.
 
CONTENIDO DE LA REFORMA
 
La idea de reforzar la NOM-046 fue de las diputadas priistas Laura Nereida Plascencia Pacheco –también presidenta de la Comisión de Igualdad– y Erika Araceli Rodríguez Hernández, quienes el 8 de diciembre de 2016 presentaron en San Lázaro las iniciativas de reformar la Ley General de Acceso.
 
Al ser una norma expedida por el Ejecutivo, el Congreso no tiene facultad para modificarla, sin embargo, el objetivo de las diputadas era establecer que la Secretaría de Salud tuviera especial atención en la aplicación de la norma que establece la obligación de los servicios de salud, públicos y privados, de ofrecer anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual.
 
La intención también era que las entidades federativas y los municipios garanticen la aplicación de la NOM y creen programas de capacitación para el personal del sector salud, esto a fin proteger a las víctimas que pudieran presentar un embarazo.
 
Así se buscaba reformar el Artículo 46 de la Ley General para decir que corresponde al Sistema Nacional de Salud la capacitación del personal de salud sobre la NOM 046; el Artículo 49 para señalar que las entidades y la Ciudad de México también deben capacitar en esta materia; y el Artículo 50 que señalaría que corresponde a los municipios promover y difundir la aplicación de la misma.
 
DESINFORMACIÓN
 
La diputada Ochoa Avalos dijo que es grave que esto suceda cuando se trata de los derechos humanos de las mujeres y reclamó que hace 15 días, cuando el dictamen se bajó del pleno, el PRI prometiera que se aprobarían cinco dictámenes de la Comisión de Igualdad cuando sabía que había uno que no tenía consenso.
 
La legisladora también alertó de la desinformación alrededor de esta modificación y denunció que ha recibido cerca de 40 correos electrónicos con el mismo formato y de la misma cuenta así como llamadas de teléfonos con mensajes falsos sobre la NOM donde le dicen que no puede “votar a favor de la norma”.
 
Lo que no se dice, expone la diputada, es que no se pretende modificar la norma expedida en 2005 por el Ejecutivo para atender a las víctimas de violencia sexual, lineamientos que fueron resultado de un acuerdo entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar más casos como el de Paulina, niña de 13 años violada en 1999 a quien el gobierno panista de Baja California le negó el derecho al aborto.
 
DESINFORMADOS
 
Para contrarrestar lo que considera una campaña de la derecha, el jueves 16 de marzo la diputada llevó a los coordinadores parlamentarios un ejemplar de la NOM 046 para que conozcan su contenido; a la par, Ochoa Ávalos impulsa un acuerdo para que la Cámara de Diputados exija un informe sobre la implementación de la norma que es obligatoria en todo el país.
 
“Lo que les propuse desde el martes (14 de marzo) fue un punto de acuerdo de evaluación de la norma, pero no ha salido el punto porque no tuvimos una estrategia acordada”, dijo la legisladora.
 
EL TEMA ESTARÁ EN LA SCJN
 
Por otra parte, destacó que esta reforma a la Ley General de Acceso causó ruido porque a la derecha le preocupa que el tema salga a la luz y se difunda que las víctimas de violación sexual tienen derecho a la interrupción legal del embarazo, más ahora que en próximos días se discutirá el tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 
En mayo del año pasado el Gobernador y el Congreso de Baja California presentaron, por separado, una controversia constitucional en contra del Ejecutivo federal, alegando la invalidez de diversas disposiciones de la NOM 046 mientras que el Congreso de Aguascalientes interpuso otra controversia similar.
 
Los tres recursos que están por resolverse en la Suprema Corte se presentaron después de que el 24 de marzo de 2016 se publicaron las reformas a la norma, por las cuales se estableció que las víctimas no están obligadas a presentar una orden judicial o una denuncia penal para acceder a la interrupción del embarazo.
 
17/AGM/GG







NACIONAL
Aborto
   Reforma solo afinaría NOM 046
ILE por violación está vigente y no se discute su existencia: GIRE
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/03/2017 El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) afirmó que el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, que pretende reformar tres artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no modifica en ninguna entidad del país el acceso al aborto en casos de violación.
 
A propósito de la eventual reforma a la Ley General, GIRE aclaró en un comunicado que, independientemente del resultado de la discusión del dictamen en la Cámara baja, el aborto por violación es y permanecerá legal en todo el país.
 
Desde el 9 de marzo, se discutiría este dictamen, pero se aplazó por falta de consenso sobre la redacción que reforzaría la implementación de la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 (NOM 046), la cual responsabiliza a los servicios de salud para garantizar la interrupción del embarazo a las víctimas de violación sexual.
 
La reforma modificaría tres artículos de la ley: el 46, para decir que corresponde al Sistema Nacional de Salud la capacitación del personal de salud sobe la NOM 046; el 49 para señalar que las entidades y la Ciudad de México deben capacitar en esta materia; y el 50 que señalaría que corresponde a los municipios promover y difundir la aplicación de la misma.
 
Al respecto, GIRE destacó que el ambiente generado en la Cámara de Diputados a raíz del dictamen de la Comisión de Igualdad de Género ha confundido a la opinión pública respecto al acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) en caso de violación sexual.
 
CORRECTA AFINACIÓN
 
Es por ello que la organización aclaró que el objetivo del dictamen es impulsar una serie de medidas para que la Secretaría de Salud garantice que la NOM, que se refiere a la atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, se aplique correctamente, y que las entidades brinden la adecuada atención a las víctimas de violencia sexual, incluyendo el acceso a aborto legal.
 
La Comisión de Igualdad de Género, destaca la agrupación, busca que las entidades federativas tengan programas de capacitación y evaluación al personal, así como que los municipios puedan promover y difundir la aplicación de la NOM 046, por lo que la votación de este dictamen no cambia en nada la legalidad del aborto en casos de violación sexual.
 
El aborto por violación es legal en todas las entidades federativas y es obligación garantizar que las niñas y mujeres que han sufrido violencia sexual tengan acceso sin que éste se condicione a la presentar una denuncia en el Ministerio Público o autorización de cualquier autoridad.
 
“Insistimos: el aborto por violación es legal en todo el país. Así está establecido en la NOM 046, en los códigos penales de todas las entidades federativas, en la Ley General de Víctimas y en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica”, informó GIRE.
 
17/AGM/GG
 







ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Vivir sin violencias, en equidad
Paro de Mujeres 8M, fuerza vital que recorrió el país
Imagen de Citlalli López Velázquez
Por: la Red Nacional de Periodistas
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/03/2017 La fuerza del Paro de Mujeres, que se realizó ayer en decenas de países del mundo, en protesta por la violencia contra las mujeres y en demanda de una vida libre de violencia, se manifestó en México, en prácticamente todas las ciudades del país. De ello dan cuenta las corresponsales y colaboradoras de Cimacnoticias en Oaxaca, Veracruz, Edomex, Chiapas, Puebla, pertenecientes a la Red Nacional de Periodistas con Visión de Género.   
 
OAXACA TIEMBLA
 
Amas de casa, activista, familiares de mujeres asesinadas, profesionistas, docentes, jubiladas y mujeres  indígenas de Oaxaca se sumaron al Paro Internacional 8M en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres que se realiza el 8 de marzo y marcharon del Monumento a la Madre al Zócalo.
 
Bajo la jornada “Oaxaca Tiembla, las Mujeres Paramos”, exigieron un alto a la violencia feminicida, al acoso sexual, a las agresiones y a las violaciones a sus derechos. Fueron acompañadas por un contingente Transexual, adultos mayores y ONG.
 
Denunciaron que durante los primeros 98 días del gobierno actual encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, se han acumulado 26 feminicidios y seis casos de violencia política.
     
VERACRUZ, RECLAMO POR AVG 
 
Las desaparecidas y las víctimas de feminicidio fueron el centro de la misma exigencia: Justicia y Alerta de Género ya.
 
¡Vivas se las llevaron! ¡Vivas las queremos! ¡No queremos flores, queremos derechos! ¡Basta de simulación queremos acción!, fueron las consignas que lanzaron mujeres, estudiantes, enfermeras, maestras, madres de familia, abuelas, jubiladas, oficinistas, estilistas, vendedoras, empleadas, cocineras, investigadoras, activistas, feministas, quienes caminaron desde el Tranvía del Recuerdo al Zócalo, acompañadas por jóvenes, adultos y la comunidad LGBTTI  
 
Exigieron justicia por los 55 feminicidios y reclamaron al Gobernador Yunes y al Fiscal Wincker que reconozcan solo 10 asesinatos; también demandaron justicia por las 70 mujeres trans víctimas de crímenes de odio, y señalaron la escasa justicia en el caso de los Porkys, violadores de una menor de edad. 
 
EN EDOMEX,  PROTESTA CONTRA EL FEMINICIDIO
 
El Día Internacional de la Mujer en el Estado de México, no obstante  ser la primera entidad en donde se decretó la Alerta Contra la Violencia de Género (AVG), en once municipios, organizaciones civiles y autoridades municipales aseguran que la violencia y  los feminicidios no cesan. 
 
Diversas actividades se realizaron, en demanda de que se erradique este flagelo, pues cerró el año 2016 con 263 asesinatos de mujeres, de acuerdo con cifras de la  organización “Mujeres en Cadena”.  Ecatepec, uno de los once que mantienen la AVG, encabeza la cifra de asesinatos de mujeres, seguido de Nezahualcóyotl, Atizapán, Naucalpan, Acolman, Chimalhuacán, Toluca, Cocotitlán, Mexicaltzingo, Tezoyuca, Chalco, Nicolás Romero, Tenancingo, Lerma, Ixtlahuaca y Texcoco.
 
En Naucalpan,  vecinas plasmaron en lienzos blancos sus manos con pintura rosa, sobre las escaleras de la presidencia municipal y exigieron mejores condiciones de seguridad para frenar la violencia en este municipio, que  el año pasado  cobró la vida de 28 mujeres, de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
 
CHIAPAS, ABORTO LEGAL
 
Para exigir políticas públicas en contra de la violencia hacia las mujeres, este 8 de marzo marcharon en Tuxtla Gutiérrez más de un centenar de mujeres.
 
La marcha partió del parque de la Juventud –al poniente de la ciudad- y llegó al Congreso del Estado,  donde se hizo un pronunciamiento para exigir el aborto legal en Chiapas, políticas públicas para evitar la violencia en contra de las mujeres, la liberación de presas políticas y mejores condiciones laborales.
 
Ana Silvia Gómez del Centro de Lengua y Cultura zoque pidió la libertad de su compañera presa Silvia Juárez Juárez del municipio de Tecpatán, que fue encarcelada por diferentes delitos como medida de represión por su lucha en contra de la extracción de hidrocarburos en aquel municipio.
 
PUEBLA, EL RECUENTO DE LA VIOLENCIA
 
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer incluyó conversatorios sobre la violencia de género, la proyección de un documental y un monólogo, una marcha que llegó al zócalo de la ciudad y una actividad para denunciar a los docentes acosadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
 
En la facultad de Antropología, el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis) presentó los resultados de un análisis sobre feminicidios y violencia sexual en Puebla, que hizo de forma conjunta con el portal LADO B.
 
Entre los hallazgos se encuentran que son mujeres de 21 a 30 años las principales víctimas de feminicidio, en promedio ocurre un feminicidio a la semana en el estado y uno de cada tres victimario resultó ser la pareja sentimental de la víctima.
 
De los 149 casos de feminicidio que abarcó la investigación de 2013 a 2015, 53 por ciento cumplen con la causal de exposición pública, el 45.6 por ciento con lesiones o mutilaciones infamantes, 28.9 por ciento con lesiones previas, 27.5 por ciento con perfidia o abuso de confianza y 22.8 por ciento con violencia sexual.
 
*Con información de Citlalli López Velázquez, Sandra Segura, Evelia Barrón, Sandra de los Santos, Samantha Paez Guzmán, Alondra García Lucatero, Ana Alicia Osorio, Juan Ramón Nava
 
17/RPVG/GG
 







INTERNACIONAL
Aborto
   Reclaman estudiantes en Argentina
   Primera de dos partes
En el aula, el tema de aborto debe incluir la vida cotidiana de mujeres
CIMACFoto: Archivo
Por: Florencia Alcaraz*
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 01/03/2017 En un aula de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en una clase de Bioética, una joven estudiante quiere acortar el abismo que existe entre la academia y la vida cotidiana de las mujeres. El profesor dice: “El aborto es ilegal y solo se autoriza en determinados casos de violación”.

La estudiante Corina Bertone, con el emblemático fallo FAL de la Corte Suprema en la mano (que autoriza el aborto en casos de violación), responde: “La interrupción del embarazo es legal en todos los casos de violación y cuando corre riesgo la salud de la mujer embarazada”. Y replica el docente de Bioética: “Es un fallo que no se aplica siempre, lo que importa es la ley”.  

Y el abismo vuelve a ensancharse. Aborto, misoprostol, Aspiración Manual Endouterina (AMEU): palabras que parecen proscritas en la fábrica de médicos y médicas más importante del país.

Cada año, 60 mil mujeres son internadas en Argentina por complicaciones que son consecuencias de abortos inseguros. Las cifras: En 2015, según una nota de Luciana Peker publicada en Las 12 (suplemento del diario Página12), hubo 500 interrupciones legales dentro del sistema de salud público. Otras 2 mil 894 más fueron acompañadas en sus abortos seguros, libres y de calidad por las Socorristas en Red. Alrededor del 30 por ciento de los embarazos terminan en aborto espontáneo.

MANTO DE SILENCIO

El aborto, inducido o espontáneo, es una posibilidad real para mujeres gestantes en edad reproductiva y para el sistema de salud. La interrupción legal es un derecho desde 1921. Sin embargo, en la UBA la práctica está cercada por un manto de silencio. Un silencio que robustece el modelo médico hegemónico y sufre de anacronismo: mientras la formación académica está encapsulada, la realidad social demanda cada vez con más fuerza que el aborto sea legal, seguro y gratuito.

Además del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que este año llegó por sexta vez al Congreso; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Nuevo Encuentro y Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto presentaron en septiembre un pedido para que la administración Nacional de Medicamentos, Alimentación y Tecnología Médica (ANMAT) reconozca al misoprostol como medicamento obstétrico.

En noviembre, Católicas por el Derecho a Decidir presentó un “pronto despacho” ante el Ministerio de Salud de la Nación para que el Estado produzca y distribuya misoprostol y mifepristona, los dos medicamentos identificados por la Organización Mundial de la Salud como la forma de acceder a un aborto seguro.

El reclamo no es solo nacional: en su último informe el comité que monitorea el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) exigió al gobierno acelerar la adopción del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo.

ENSEÑANZA VS. REALIDAD

“La carrera de Medicina de la UBA se encuentra desfasada respecto a la regulación vigente en Argentina, especialmente la emitida por el Ministerio de Salud de la Nación, el marco general de derechos humanos y los estándares de salud que promueve la Organización Mundial de la Salud y Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) en lo que refiere al aborto”, señala la socióloga y becaria del CONICET, Ana Mines Cuenya, en un artículo académico.

Mines Cuenya investigó la percepción de las y los estudiantes de esta carrera sobre el tratamiento del tema en su formación. Entrevistó a 24 futuros médicos y médicas entre 2013 y 2014 de las distintas etapas de la carrera, que está planificada en dos ciclos de tres años cada uno.

Las conclusiones dan cuenta del desfasaje y de estudiantes autodidactas: Más de la mitad nunca escuchó hablar del misoprostol durante el curso. Un grupo más pequeño afirmó sí haber escuchado, pero, en su mayoría, en el marco de un listado de ejemplos de medicamentos que pueden producir abortos como efecto secundario. Solo tres estudiantes dijeron manejar más información sobre misoprostol. En esos tres casos lo habían estudiado por su propia cuenta.

Primero, fueron las propias mujeres quienes aprendieron a usar el misoprostol, comercializado para el tratamiento de úlcera, para interrumpir embarazos no deseados. Pero a esta altura ya es un medicamento recomendado internacionalmente y por el propio Ministerio de Salud de la Nación en distintas guías de atención destinadas a los profesionales de equipos de salud.

En 2012 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo reconoce en el catálogo Aborto Sin Riesgos. Guía Técnica de Políticas para los Sistemas de Salud. Lo define como un medicamento abortivo, seguro y eficaz. Se trata del único método abortivo reconocido que permite la autoinducción de abortos de manera segura antes de la semana doce de gestación incluida.

El misoprostol contribuye a evitar muertes y complicaciones por aborto inseguro en distintas partes del mundo. “No se habla de aborto y cuando aparece se niega la práctica, los profesores dicen que en el país no se hacen abortos porque es ilegal”, cuenta a MU Corina Bertone, estudiante de quinto año de la carrera.

Eso, dice Corina, “es mentirles a los estudiantes y es enfrentarlos a una realidad que no van a saber manejar. En Farmacología, por ejemplo, se nombra el misoprostol y se dice que es una contraindicación de aborto. Que no se puede dar a una mujer embarazada. Hay mucha hipocresía porque desde el Ministerio de Salud se hacen cuadernillos en donde se explica la práctica. El propio Estado te manda un manual donde dice que tienes que usar misoprostol.

Entonces, ¿por qué en el pregrado no lo vemos?”

Corina, la alumna que se plantó en la clase de Bioética con el fallo FAL en la mano, está sentada en un bar cerca de la Facultad donde pasa gran parte del día. Cuando terminó la secundaria, vino desde La Pampa persiguiendo el sueño cinematográfico de estudiar medicina para “salvar vidas”. Con el paso de los años, encontró en la militancia, en el Bajo Flores, más herramientas para trabajar en salud que en las aulas de la UBA. Junto con otras y otros doce estudiantes están armando la Red de Estudiantes de la Salud por el Derecho a Decidir, que se lanzará el año que viene.

*Artículo tomado de la Revista Mu, de la cooperativa argentina La Vaca.

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aborto   Argentina   CEDAW   






INTERNACIONAL
Aborto
   Revela informe de OSC
Criminalización del aborto: exclusión, persecución y cárcel para salvadoreñas
CIMACFoto: Gladis Torres
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 21/02/2017 El Salvador tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas en el mundo. El 20 de abril de 1998, entró en vigor un nuevo Código Penal en El Salvador, que eliminó las causas en las que el aborto se encontraba despenalizado hasta ese momento: en caso de riesgo para la vida de la mujer; en casos de violación o estupro; y en caso de graves malformaciones en el feto.
 
Además, en enero de 1999, se reformó el Artículo 1 de la Constitución Política de El Salvador, en el que se estableció el reconocimiento de la persona humana desde el momento de la concepción. Este cambio hacia una legislación más restrictiva va en contra de la tendencia global de liberalización que se ha dado desde 1994, año en que se celebró la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y a partir de la cual más de veinticinco países en el mundo han liberalizado sus leyes sobre aborto.
 
El Salvador, junto con unos pocos países como Polonia y Nicaragua, restringió las condiciones en las cuales el aborto está permitido. A pesar de la legislación restrictiva de El Salvador, se calcula que para el periodo entre 1995 y 2000, hubo un total de 246 mil 275 abortos con una incidencia del 11.1 por ciento en la mortalidad materna. De acuerdo con datos de la Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Salud, entre enero de 2005 y diciembre de 2008, se registraron en el país 19 mil 290 abortos, de los cuales el 27.6 por ciento ocurrieron en adolescentes.
 
En febrero de 2011, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, reiteró que la prohibición absoluta del aborto pone en riesgo a las mujeres y jóvenes, pues ante la necesidad de interrumpir el embarazo, muchas acuden a abortos clandestinos Estos datos sobre aborto son estimaciones, pues dada la ilegalidad de la práctica, no es posible tener datos confiables.
 
VULNERACIÓN ABSOLUTA
 
La situación en El Salvador es una manifestación clara de cómo la criminalización absoluta del aborto viola las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esta criminalización absoluta vulnera los derechos a la vida, a la salud y a la autonomía de las mujeres. Igualmente, la aplicación de esta normativa genera violaciones a los derechos al debido proceso, a la privacidad, a estar libre de violencia, y de trato cruel e inhumano.
 
El informe “Excluidas, perseguidas, encarceladas. El impacto de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador”, publicado por el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico,  documenta y denuncia las consecuencias de la penalización total del aborto en el país, desde una perspectiva de derechos humanos desde dos ángulos.
 
Primero, el análisis da voz a cinco mujeres que fueron procesadas injustamente por los delitos de aborto u homicidio agravado por el parentesco, tras sufrir emergencias obstétricas sin haber recibido atención médica. Sus experiencias son evidencia de cómo el Estado salvadoreño traspasa el límite del irrespeto a los derechos humanos y a la dignidad de sus mujeres mediante el ejercicio de su poder sancionador y las consecuencias que ello genera en el sistema de salud, judicial y penitenciario, con consecuencias tan graves como condenas infundadas de hasta 35 años de cárcel. Igualmente, muestra cómo la criminalización tiene un impacto desproporcionado en las mujeres en situación de más vulnerabilidad, por encontrarse en situación de pobreza, sin acceso a educación, y por ser mujeres jóvenes.
 
Segundo, el informe aborda la penalización total del aborto desde un estudio cualitativo que revisa los perfiles de las mujeres que han sido procesadas por aborto y delitos conexos entre los años 2000 y 2011. El análisis usa las distintas variables como la edad, la escolaridad, la ocupación y el nivel de ingresos, entre otras, para ilustrar cómo las consecuencias de una legislación tan restrictiva crea patrones de violación a los derechos humanos, que afectan sobre todo a las mujeres en situación de más vulnerabilidad en El Salvador.
 
El estudio también analiza las condiciones de los procesos judiciales, como el origen de la denuncia, el tipo penal por el que fueron acusadas y luego juzgadas y las resoluciones judiciales dictadas en los procesos. El estudio revela cómo los profesionales de la salud que atienden a las mujeres por complicaciones derivadas de abortos inseguros o por emergencias obstétricas que nada tienen que ver con abortos provocados, entienden que tienen la obligación legal de denunciar a las pacientes ante la policía para evitar ser involucrados en un eventual proceso judicial.
 
Estas denuncias resultan problemáticas, no sólo por la violación al secreto profesional que suponen, sino también porque las mujeres dejan de buscar los servicios de salud que necesitan si no se garantiza la confidencialidad. Esto es particularmente preocupante en los casos de las mujeres que tienen emergencias obstétricas o requieren cuidado post aborto.
 
LOS PROCESOS JUDICIALES
 
En el periodo comprendido entre enero de 2000 y el primer trimestre de 2011, la Agrupación Ciudadana para la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador realizó una investigación en todos los juzgados de instrucción y tribunales de sentencia de El Salvador y analizó los expedientes de mujeres procesadas por aborto o delitos conexos. Se identificaron 129 mujeres que fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado. De estas, 49 fueron condenadas: 23 por aborto y 26 por homicidio en distintos grados. La investigación cuantitativa muestra que las mujeres más afectadas por la criminalización absoluta del aborto son las mujeres jóvenes y de bajo nivel socioeconómico:
 
– El 68.22 por ciento de las mujeres se encuentran entre los 18 y 25 años.
 
– De las mujeres procesadas, 6.98 por ciento eran analfabetas, 40.31 por ciento tenían algún tipo de educación primaria, 11.63 por ciento tenían estudios de bachiller y 4.65 por ciento tenían educación superior (estudios técnicos o universitarios).
 
– El 73.64 por ciento de las mujeres son solteras y sin pareja.
 
– El 51.16 por ciento de las mujeres no recibían remuneración económica por su trabajo y 31.78 por ciento contaban con empleos de remuneraciones muy bajas.
 
– El 57.36 por ciento de las denuncias surge de los profesionales de la salud que atienden a las mujeres y el 22.48 por ciento de las denuncias proviene de los familiares y vecinos.
 
– El 49 por ciento de los casos las denuncias no tienen fundamento y son archivadas.
 
– En el 46.51 por ciento de los casos el delito se tipifica como homicidio, lo que tiene serias consecuencias frente al respeto del principio de proporcionalidad de la pena, pues se puede condenar a las mujeres con penas de hasta 50 años de prisión.
 
– En el 43.41 por ciento de los casos se aplica la detención provisional, en donde las mujeres deben ir a la cárcel durante el proceso.
 
– En el 51.94 por ciento de los casos las mujeres son defendidas por defensores públicos.
 
Los datos muestran que las 129 mujeres procesadas se encontraban, en su mayoría, en situación de pobreza. Ellas han sido excluidas de la educación, del acceso a servicios esenciales de salud y de condiciones que brinden herramientas para cambiar su posición social. Los determinantes sociales hacen que se encuentren en situaciones de alta vulnerabilidad y que no tengan herramientas para enfrentar el poder sancionador del Estado.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/GG
 







INTERNACIONAL
   República Dominicana
Periodistas piden al Congreso despenalizar el aborto por tres causales
Imagen retomada de Cladem
Por: Mercedes Alonso Romero
Cimacnoticias/SEMlac | Santo Domingo, Rep Dom .- 13/02/2017 Decenas de periodistas de diferentes medios de comunicación dominicanos solicitaron el pasado martes 7 a senadores y diputados aprobar en la actual legislatura extraordinaria el Código Penal con las enmiendas propuestas por el Poder Ejecutivo (PE), a fin de que se despenalice la interrupción del embarazo cuando sea el resultado de una violación o incesto, cuando peligre la vida de la mujer y cuando el feto sea incompatible con la vida.
 
En carta enviada a los Presidentes de ambas cámaras legislativas, el grupo de reporteros y reporteras, comentaristas, entrevistadores de televisión, radio, prensa escrita y digital; así como ejecutivos de medios de prensa y productores de programas expresaron su convicción de que el Estado dominicano tiene el deber de defender la dignidad, la salud y los derechos de las mujeres, y que “saldrían fortalecidos si por fin se aprueba el Código penal con las enmiendas que ha formulado el PE”, resaltan.
 
La misiva expone en uno de sus párrafos: “Aspiramos a mantenernos en sintonía con los mejores intereses y necesidades de nuestro país, por lo que nos inquieta sobremanera que el conocimiento del Código Penal sea aplazado, una vez más, para la próxima legislatura, por lo que solicitamos sus buenos oficios para que este se conozca cuanto antes, y con las observaciones que -por segunda vez- envía el presidente Danilo Medina al Congreso Nacional”.
 
Quienes firman el documento subrayan: “Nos sumamos a la posición asumida por el presidente Medina al establecer que lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos y humanidad que deben regir al Estado sería equiparar nuestra legislación con la de la mayoría de los países del mundo, que permiten la interrupción del embarazo, cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimientos de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y solo en los tres supuestos debidamente fundamentados”.
 
Finalmente, el texto destaca que “despenalizar la interrupción del embarazo no significa obligar a nadie a hacerlo. Significa que el Estado permite esa interrupción para quien tome esa decisión ante situaciones adversas establecidas legalmente”.
 
CREAN COMISIÓN, PERO TEMA SE DILATA
 
La sociedad dominicana conoció el pasado 11 de enero la decisión del Senado de la República de conformar una comisión destinada a estudiar las observaciones del presidente Medina, en las cuales el mandatario propuso volver a discutir si se aprueba o no un Código Penal que despenaliza el aborto si se cumplen las causales antes mencionadas: violación, incesto o el originado en malformaciones del embrión.
 
La primera reunión de dicha comisión especial tuvo lugar el pasado 17 de enero, a fin de discutir la metodología de trabajo.
 
En la cita hubo intervenciones encontradas, como la del legislador Julio César Valentín, quien llamó a sus colegas a apoyar la propuesta del Presidente de la República, y la de la diputada Betzaida González, que exhortó a rechazar el pedido del PE. De inmediato, los obispos católicos publicaron en su Carta Pastoral que “la ideología de género” promovía “el libertinaje sexual en adolescentes y jóvenes, el homosexualismo, el lesbianismo y el aborto”.
 
Mientras, las estadísticas ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud estremecen al dar a conocer que en la República Dominicana por cada 100 mil nacimientos vivos, mueren 106 mujeres, sobre todo pobres, como consecuencia del alto número de abortos clandestinos, estimados en 90 mil cada año, practicados por manos inexpertas en condiciones de inseguridad.
 
17/MAR/GG







NACIONAL
POLÍTICA
   Constitución CDMX
Las Constituyentes enfocan baterías hacia leyes secundarias
Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/02/2017 No basta que los Derechos Humanos de las mujeres estén en la Constitución Política de la Ciudad de México, falta que se plasmen en las leyes secundarias que elaborará la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), expresó la colectiva Las Constituyentes.
 
En conferencia de prensa, las mujeres que integran esta agrupación ciudadana informaron que buscarán incidir en el proceso de armonización legislativa para que los derechos planteados en el texto constitucional –promulgado el 5 de febrero– sean una realidad.    
 
La activista Gloria Tello Sánchez dijo que estarán pendientes de cómo los derechos se traducen en procedimientos, en políticas públicas y cómo se llevan a la práctica a fin de que los grupos de derecha no decidan sobre el cuerpo de las mujeres.
 
Durante el proceso de redacción de la Carta Magna de la capital del país, esta agrupación ciudadana presentó ocho propuestas, entre ellas una para elevar a rango constitucional el derecho al aborto, propuesta que no quedó redactada de esa forma.
 
En el Artículo 11 de la Constitución capitalina se dice que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre estos”.
 
En opinión de la activista Esperanza Olguín Hernández, se utilizó un eufemismo para no reconocer el aborto, por lo que trabajarán intensamente para que el artículo se traduzca en una legislación secundaria que garantice a las mujeres su derecho a decidir sobre sus cuerpos.  
 
Aunque no se dio marcha atrás en los derechos de las mujeres, Olguín Hernández hizo un llamado a las y los asambleístas para que escuchen a la ciudadanía y no haya retrocesos en las leyes reglamentarias.
 
La agrupación consiguió que la Asamblea Constituyente retomara la propuesta de reconocer los derechos de las personas transexuales, transgénero y travesti, como parte de la población de la diversidad sexual, en el Artículo 16 sobre grupos de atención prioritaria.
 
También lograron la creación del Sistema Público de Cuidados, que quedó en el Artículo 14; el derecho al tiempo libre que se plasmó en el Artículo 18 y el reconocimiento del trabajo del hogar en el Artículo 15.
 
Entre quienes hicieron este pronunciamiento estuvieron Ana Flores Ceseña, Hazel Virgina Davenport Fentanés, Libia Edith Alonso Sánchez, Minerva Ramírez, Mónica Pedroza, Nancy Correa, Rosalinda Pimientel Bermúdez, Verónica Palafox Girón, Yazmín Pérez Haro, Yndira Sandoval Sánchez y Rosa María Cabrera Lotfe.
 
TRANSITORIOS
 
Los Artículos Transitorios de la Constitución Política establecen plazos para que, una vez publicada la ley fundamental, se expidan las leyes reglamentarias; por ejemplo, a más tardar el 31 de diciembre de 2017, la ALDF deberá expedir las leyes relativas a la organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México.
 
En la misma fecha se deberán expedir las normas necesarias para la implementación de las disposiciones constitucionales relativas a la organización política y administrativa de la Ciudad; mientras los ordenamientos que rigen a los organismos autónomos deberán estar listos a más tardar el 30 de abril de 2019.
 
En otros casos, las fechas límite son en tres años como la legislación que regule las relaciones laborales entre los entes públicos de la Ciudad de México y sus trabajadores, que tiene que expedirse a más tardar el 31 de julio de 2020,  pero la totalidad del orden jurídico deberá estar armonizado en esta misma fecha.
 
Por lo pronto, se prevé que mañana la ALDF reciba en sesión solemne la Constitución Política capitalina y el acervo documental de la Asamblea Constituyente para iniciar el análisis y discusión de las leyes secundarias. Una de las prioridades será  la ley electoral que deberá estar lista a más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral de 2018.
 
17/AGM/GG
 







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