derechos humanos

INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Tribunales de justicia en España, una puerta de acero
   
Juzgan violencias machistas en Tribunal de Mujeres
El Tribunal de Mujeres se celebró en el Congreso. / Foto: Silvia Fernández de Cañete
Por: Silvia Fernández de Cañete*
Cimacnoticias | Bilbao, Esp .- 22/11/2017

A dos años desde la gran marcha estatal que se celebró en Madrid en 2015, la Plataforma 7N organizó un “Tribunal de Mujeres” para conmemorar aquella manifestación. Se juzgaron las violencias machistas. El resultado: el Estado condenado por no proteger a las mujeres.

“Queremos que se condene al Estado como responsable directo, por acción u omisión, de no haber protegido los Derechos Humanos de las mujeres. Queremos que se condene al Estado por no haber sabido proteger el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres”. Ese ha sido el veredicto del jurado, expresado por su portavoz, Marta Cárdaba. Un jurado compuesto por ocho mujeres de diferentes organizaciones del movimiento feminista.

La Plataforma 7N que organizó hace dos años la gran marcha estatal contra las violencias machistas, sigue su labor de denuncia, ahora a través de un “Tribunal de las Mujeres”, que acogió el Congreso a principios de noviembre.

Evento público, simbólico, educativo, de denuncia, son algunos de los términos que usa el colectivo. En estos tribunales, dicen, “se visibilizan tanto las violencias o sufrimientos experimentados como la impunidad y la falta de justicia, denunciando así al Estado por el incumplimiento de sus obligaciones como garante de los derechos de toda la ciudadanía. Además, constituye una forma de participación y construcción política de las mujeres, tradicionalmente excluidas tanto de la toma de decisiones políticas como del ámbito de la justicia”.

Más de 200 mujeres acudieron al Tribunal que juzgaba las violencias machistas, presidido por Cristina Almeida. Las expertas presentaban los casos a juzgar, otras prestaban testimonio y las mujeres justas dictaron veredicto. En definitiva, una sala llena de mujeres fuertes y feministas dispuestas a defender sus derechos y denunciar los fallos del sistema que debería protegerlas. Y también a crear “un espacio de empoderamiento para las mujeres. Una acción política que suponga un acto de reparación simbólica. Exponer que la mala praxis de jueces y juezas, muchas veces, cuesta la vida de mujeres, niñas y niños”, explicó la portavoz del 7N, Alba Pérez.

Un Tribunal sin poder judicial ni legislativo pero como aseguró su su presidenta, “con mucho poderío”. Y con la fuerza que “el movimiento feminista tiene cuando se organiza para vapulear a la sociedad”, destacó la diputada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Pilar Cancela.

JUZGANDO LA CUSTODIA COMPARTIDA IMPUESTA

El movimiento feminista no está en contra de la guarda y custodia compartida siempre que exista mutuo acuerdo por parte de los progenitores. El problema surge cuando se impone desde el sistema judicial, sin atender al bienestar de los hijos e hijas ni a la existencia de acuerdo entre las partes.

La situación empeora cuando se pone sobre la mesa el anteproyecto de ley de custodia compartida impuesta, apoyado por PP y Ciudadanos. Un proyecto que no protege a la infancia sino que contribuye a elevar el nivel de conflicto y a poner en peligro su bienestar emocional. Además, como explicó la abogada especialista Consuelo Abril, quien presentó la acusación, “la guarda y custodia compartida es un arma de violencia psicológica contra las mujeres. Se utiliza como amenaza hacia las mujeres en el proceso de separación, utilizando a los hijos e hijas como un elemento más de negociación”.

La dureza de la violencia patriarcal desde el Estado y las instituciones se recrudece en los casos en que se permiten e imponen regímenes de visitas no vigiladas a padres condenados por violencia de género. Así se ejemplificó con el duro testimonio, en video, de Ángela González. La Justicia no la protegió ni a ella ni a su hija. A pesar de las denuncias interpuestas por Ángela, en 2003 su maltratador asesinó a la hija de ambos, Andrea.

En 2014 el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) responsabilizó al Estado por el asesinato de la niña. La Justicia española ha desoído las recomendaciones de la CEDAW en relación a las visitas y custodia en los casos de padres condenados por violencia de género, desprotegiendo una vez más a las y los menores de edad.

El estrado, el jurado y las presentes, también escucharon el relato de uno de los casos más “paradigmáticos por la clara animadversión de la justicia y los múltiples errores del caso”, como señaló la destacada feminista española e impulsora de organismos por la promoción de la igualdad real tanto en la administración local como regional, Begoña San José. El caso de Juana Rivas. “Con la seguridad de que aquí se me va a escuchar seguro”, comenzó el relato. Un relato realizado por Paqui Fullerat porque, aunque la protagonista se encontraba en la sala, así evitaba posibles problemas con la Justicia. “Una Justicia que necesita ser y sentirse cuestionada en actos como este”, recordó San José. Y es que en el caso de Rivas, son múltiples los errores que la Justicia ha cometido, empezando por el retraso en la traducción y envío a Italia de la denuncia por violencia de género que Juana Rivas interpuso contra su expareja en julio de 2016.

Para ejemplificar la violencia institucional, en éste y en otros muchos casos, Paqui Granados ofreció su testimonio. Su caso ha derivado en la criminalización de los organismos de ayuda y empoderamiento de las mujeres. Granados era directora del área de Igualdad de Maracena (Granada) cuando Rivas acudió buscando ayuda. Ahora se encuentra investigada, junto a más miembros del servicio y familiares de Juana Rivas, por haber “inducido o cooperado en la comisión de un delito”.

Además, Paqui Granados denunció que “si tanto el área de la mujer de Maracena como el Instituto de la Mujer de Andalucía, donde fue atendida Juana, acreditaron su condición de víctima de violencia de género ¿por qué lo cuestionó un tribunal? ¿Por qué no se derivó el caso de Juana a un tribunal específico?”. Así mismo, recalcó que no se tomaron las medidas necesarias de protección para Rivas y sus hijos, con el riesgo que ello supone y que ha desembocado en la situación actual.

La emoción inundó la sala con el relato de Luz Marina Rodríguez, hermana de Guacimara, víctima de violencia de género en 2013. Guacimara fue asesinada por su ex pareja en presencia de sus hijos y su madre. Luz denuncia la violencia institucional y económica que sufre toda la familia, incluidos los hijos e hijas, de una mujer asesinada por un machista. Tras el asesinato de una mujer, la familia debe hacer frente a unos daños tanto psicológicos como económicos. ¿Quién cubre los gastos del proceso judicial: abogada, gastos notariales y procuradores? ¿Qué pasa con la vivienda de la víctima si no está totalmente pagada? ¿Quién atiende las necesidades psicológicas de las y los hijos? Al final, ese peso recae en la familia de las mujeres asesinadas.

Ante los testimonios expuestos, Consuelo Abril solicitó al jurado “que se considerase culpable al Estado, en algunos casos por omisión y en otros por acción, de la violencia ejercida contra las mujeres”. Por desoír a las niñas y niños, no ofrecer la protección necesaria ni a las mujeres ni a sus hijos e hijas, no actuar con diligencia en los procesos judiciales y abandonar a las víctimas de violencia de género y sus familias.

LA VIOLACIÓN DE SAN FERMÍN

“Mi cabeza da vueltas. Camino, pero no tengo fuerzas, ni ganas. Las lágrimas brotan por mis mejillas sin poder controlarlas. Tengo frío, calor, tiemblo, no me controlo. Me tumbo en un banco, me acurruco. Cierro los ojos… que no haya pasado, que no haya pasado, que no haya pasado”. Es parte de la estremecedora recreación de la violación sufrida por una joven durante la fiesta de San Fermín. Las encargadas de encogerles el corazón a las asistentes fueron Carlota Álvarez y Estela Grande.

“Es necesario visibilizar la violencia sexual. Parece que sólo se habla de violencia contra las mujeres cuando hay un asesinato, pero la violencia sexual es una violencia mucho más habitual. Nos puede ocurrir en la calle, en nuestro trabajo, en una discoteca, en casa, en el colegio… todas podemos ser víctimas”, subrayó la integrante del 7N, Grande. Víctimas que sufren la estigmatización y la doble victimización a las que las enfrenta el sistema policial y judicial: al cursar denuncia las víctimas son cuestionadas, deben demostrar la veracidad de lo ocurrido e incluso, en ocasiones, son culpabilizadas.

Razón por la que es necesario que las mujeres se unan para juzgar las violencias contra mujeres. Porque el sistema, juez y parte del patriarcado, no responde ante las mismas. No nos protege. No nos ofrece justicia. “Los tribunales son una puerta de acero para las mujeres, las niñas y niños. El patriarcado, simbólicamente, es como el monstruo de ‘Stranger Things’. Todo el día luchando contra él pero se vuelve a reproducir. El sistema judicial es un infierno para las mujeres”, explicó a Pikara Magazine la experta responsable de presentar las acusaciones contra la violencia sexual, Bárbara Tardón.

“Es necesario que la violencia sexual sea considera una cuestión de Estado y, para ello, es fundamental una reforma de la Ley Orgánica 1/2004 para reflejar todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, incluida la violencia sexual”, exigió en su alegato final.

La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género sólo recoge la violencia ejercida en el ámbito de la pareja o ex pareja. Asimismo, se solicitó la implementación de los convenios internacionales ratificados por España, como el de la CEDAW y el Convenio de Estambul, dirigidos a garantizar los Derechos Humanos de las mujeres.

SIN FINANCIACIÓN, NO HAY ACCIÓN

No podía faltar la alusión al Pacto de Estado, firmado el pasado mes de septiembre. La experta encargada de presentar el bloque, Elena Saura, denunció que “no se toman las medidas necesarias para prevenir y erradicar las violencias de género”. También señaló la necesidad de adjudicar presupuesto al Pacto para que “no nazca muerto” y exigió el aumento de 200 millones de euros para “dar credibilidad y viabilidad a todas las medidas”.

“Tenemos leyes muy buenas y este Tribunal debería servir para que se apliquen y se les dote de recursos”, señaló por su parte una mujer asistente.

El “Tribunal de Mujeres” creó un espacio seguro donde denunciar las violaciones de derechos de las mujeres y la impunidad imperante. Ha sido un altavoz que le ha dicho al Estado y al sistema que los movimientos feministas y los feminismos estamos atentos y sabemos que son cómplices y culpables, por eso lo denunciamos y condenamos. Una muestra de la fuerza de la lucha de las mujeres por su derecho a vivir una vida libre de violencias machistas.

Por desgracia, este acto simbólico se quedará sin repercusiones reales en la legislación o en los presupuestos, pero sí tendrá importantes efectos en la participación y construcción política de las mujeres. Un acto de reparación simbólica para miles de ellas pero también con un claro mensaje educativo dirigido a toda la sociedad.

*Este artículo fue retomado del portal Pikara Magazine

17/SFC/LGL








ZONA DE REFLEXIÓN
DERECHOS HUMANOS
   ZONA DE REFLEXIÓN
Mujeres de Atenco, la voz de todas
Imagen retomada del twitter del Centro Prodh
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/11/2017

“Las mujeres nunca nos equivocamos cuando peleamos por nuestros derechos”, fue la respuesta de la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio Benito a Norma, una de las víctimas de tortura sexual en la represión ocurrida durante los operativos de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México.

Norma es la voz de muchas mujeres que se han preguntado si no es un error haber denunciado la violencia vivida, cuestionamiento que emana cuando son nuevamente revictimizadas por los administradores de la justicia mexicana; y es la voz de aquellas que guardan silencio por el terror de ser exhibidas con cuestionamientos soeces.

Por eso las palabras de Norma, representan la voz de todas las mujeres de Atenco y Texcoco que fueron violentadas los días 3 y 4 de mayo del 2006 y de las 31 mujeres que fueron torturadas sexualmente; y a la vez, es parte de las once que presentaron su testimonio ante la Corte.

Las mujeres de Atenco han caminado 11 años en búsqueda de verdad y justicia. En ese andar han recibido de todo por parte del Estado mexicano, menos justicia. Ellas han sido calumniadas, estigmatizadas, revictimizadas, pero no se han rendido porque saben que su dicho es verdad, y que unidas son más fuertes.

Once años para hacer oír su palabra, la que Peña Nieto quiso silenciar, en su momento, como gobernador del Estado de México, y hoy, al ocupar la silla presidencial.

Sin importar el tiempo transcurrido ni a donde vaya, Atenco lo seguirá por el resto de su vida, como el 2 de octubre a Díaz Ordaz, porque la dignidad de las heroínas de Atenco es más fuerte que la simulación. Ellas nos representan a todas.

Su presencia nos recuerda lo que sí hemos logrado desde el feminismo: romper el silencio que cobija la violencia misógina y feminicida, porque logramos hacer pública la tortura sexual que sigue siendo cotidiana en nuestro país.

Ellas nos recuerdan que sí hay que creerles a las víctimas pese a las voces, casi siempre masculinas, que pretenden desacreditarlas.

La voz de las mujeres de Atenco es la de todas; la de cientos de madres que buscan la verdad y la justicia para sus hijas asesinadas por sus parejas, víctimas estigmatizadas por las autoridades que disfrazan de suicidio los asesinatos porque están coludidas con el feminicida. Es la voz de cientos de mujeres y niñas que están en las redes de trata a quienes les han quitado las palabras, las han silenciado a tal grado que algunas creen que eso es un buen trabajo.

Las de Atenco somos nosotras, las que salimos a la calle para exigirle al Estado que garantice nuestros derechos y frene la violencia contra nosotras. Ellas somos nosotras y nosotras somos ellas.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC

Twitter: @lagunes28

17/LLH/LGL

 








ESTADOS
POLÍTICA
   Hacer valer sus derechos político-electorales
   
Juzgar sin prejuicios ni estereotipos a mujeres indígenas, pide Presidenta del TEPJF
Foto retomada del TEPJF
Por: Jaime Guerrero
Cimacnoticias/página3.mx | Oaxaca, Oax .- 21/11/2017

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, pidió a los magistrados electorales del país, hacer una introspección y revisar sus condicionamientos a la hora de dictar sentencias, para abonar en la lucha de las mujeres indígenas a que se respeten sus Derechos Humanos y político-electorales.

“Las mujeres indígenas no necesitan ser salvadas, necesitan que nuestras sentencias las miren con sus ojos, las nombren. Por eso, quienes impartimos justicia debemos hacer una introspección y revisar nuestros condicionamientos basados en estereotipos discriminadores e inercias de sobreprotección y colonización. Sólo así estaremos en posibilidad de dictar sentencias que abonen a la lucha que las mujeres indígenas hacen y siguen haciendo desde sus saberes, desde su autonomía”, aseveró la magistrada Otálora Malassis.

Al participar en la clausura del Seminario “Los aprendizajes y retos para una democracia paritaria”, organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), la magistrada presidenta del TEPJF sostuvo que, ante la obligación de garantizar el acceso a la justicia y la participación de las mujeres indígenas, los juzgadores habrían de formularse cuando menos cuatro preguntas.

Desde dónde juzgan, desde qué realidades y desde qué concepciones preconstruidas, sobre quiénes son, qué aspiraciones y de qué forma deben comportarse las mujeres indígenas; cómo detectan y se hacen cargo de las asimetrías que implica el dictar una sentencia; de qué forma las y los jueces deben de construirse a fin de lograr una verdadera justicia electoral; y cuáles son los referentes adecuados para juzgar casos que involucran a mujeres indígenas sin estereotiparlas, ni esencializarlas.

“De las respuestas que demos a estas preguntas al momento de pronunciar una sentencia depende que la justicia no sea una justicia impuesta. Impuesta desde lo que somos, por como fuimos formadas; impuesta desde la inercia colonialista que tanto daño ha hecho al pueblo y territorio de las mujeres indígenas”, aseveró Otálora Malassis.

La magistrada presidenta de la Sala Superior insistió en que quienes imparten justicia tienen que aproximarse a las demandas de las mujeres indígenas, dado que tienen la inmensa responsabilidad de materializar y de hacer viable todos sus derechos.

“En nuestras manos está el hacer posible las promesas constitucionales de igualdad, representación y participación, de materializar las aspiraciones de un país que pretende vivir en democracia, y que se reflejen en los mandatos de los tratados internacionales”, subrayó.

Otálora Malassis afirmó que los juzgadores tienen que darse cuenta si su formación limita el entendimiento de los problemas que enfrentan las mujeres indígenas en el ejercicio de sus derechos políticos y que, para ello, deben ser conscientes dónde se encuentran y en dónde deben colocarse cada vez que tengan que analizar y resolver un juicio en el que están involucradas.

“Esto no significa el hecho que, de no ser personas indígenas, nos impida juzgar adecuadamente, en el mismo sentido; tampoco podemos afirmar que el hecho de que sea una mujer la que tenga que juzgar, garantice una relación apegada a un enfoque de género. Afirmar que las mujeres tenemos una sensibilidad especial, implica esencializarnos y descartar que los hombres cuentan con la capacidad de juzgar con tal perspectiva, lo cual sería un error”, puntualizó la magistrada Otálora Malassis.

17/JG/LGL








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Presenta sus recomendaciones por octavo y noveno informe
   
Pide Comité de CEDAW a Guatemala, mejorar acceso a justicia para mujeres
Imagen retomada de la fundación Codespa.org
Por: Carmen Lucía Castaño, corresponsal
Cimacnoticias/Cerigua | Ginebra, Sui.- 21/11/2017

Fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres, implementar un plan nacional de prevención de la violencia de género y garantizar la adecuada investigación y sanción de los delitos en contra de mujeres y niñas, particularmente el feminicidio/femicidio, son algunas de las recomendaciones al Estado guatemalteco de las expertas del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW).

En su octavo y noveno informe sobre la situación de las mujeres en el país, el Comité manifestó su preocupación por las múltiples barreras que impiden a las mujeres acceder a la justicia, incluida la limitada cobertura del sistema de justicia en lugares remotos y las barreras lingüísticas, que actúan como disuasivos para que las mujeres no presenten denuncias.

A esto se suma el continuo estigma social, los estereotipos y la discriminación de género, particularmente de las mujeres indígenas, en las instituciones del sistema de justicia, así como insuficiente capacidad de los funcionarios para investigar y procesar los casos de alto nivel sobre violencia contra las mujeres que continúan impunes.

La falta de justicia en estos casos se debe regularmente a la corrupción, la falta de independencia del poder judicial o la influencia que poderes no estatales ejercen sobre los jueces, incluso mediante amenazas o asesinatos, señaló el Comité.

Ante esta situación, recomendó a Guatemala garantizar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la asignación de mayores recursos, el acceso a la asistencia jurídica, la interpretación y la implementación de protocolos de atención que tomen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, indígenas y afrodescendientes.

Recomendó además que se brinde capacitación obligatoria a jueces, abogados, personal encargado de hacer cumplir la ley y otros profesionales relacionados con el derecho de las mujeres al acceso a la justicia.

En el tema de las instituciones encargadas del tema de mujeres, el Comité CEDAW instó al Estado a que fortalezca el mandato de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), eleve la secretaría a un nivel ministerial, le asigne los recursos adecuados y que mejore su eficiencia operativa.

También que se aumente la capacidad y los recursos de la Defensoría de la Mujer Indígena y la Comisión Nacional Para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujeres (Conaprevi), y asegurar una mayor coordinación entre estas instituciones.

El Comité además recomendó implementar con carácter prioritario y dentro de un marco de tiempo específico un plan nacional para la prevención de la violencia de género contra la mujer, en el que se incluya a las indígenas, afrodescendientes, mujeres en situación de pobreza y discapacidad, así como las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.

En este mismo tema, pidió que se establezca un sistema centralizado de recopilación de datos sobre la violencia de género contra las mujeres desglosado por edad y relación entre la víctima y el perpetrador.

La delegación que representó al Estado estuvo encabezada por Leticia Aguilar, titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), y contó con la participación de funcionarios de la COPREDEH, el Ministerio del Trabajo, de Salud, representantes del Congreso y magistradas de las altas Cortes, presentes en la sede la ONU para el EPU de Guatemala, que tuvo lugar el 8 de noviembre.

El Comité dio al Estado un plazo de dos años para informar acerca de los avances en la investigación de Hogar Seguro, la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre Trabajadores Domésticos, y la participación de mujeres rurales, indígenas y garífunas en el desarrollo e implementación de políticas destinadas a conseguir su independencia económica.

De igual manera, el Estado deberá poner en conocimiento del Comité las medidas que tome para convertir la Seprem en un ministerio dotado de recursos suficientes para garantizar su funcionamiento.

Este Comité está conformado por 23 personas expertas internacionales que tienen como mandato velar por el cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento ratificado por Guatemala en agosto de 1982.

17/CLC/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Ante CoIDH sostiene haber reparado daño a mujeres torturadas sexualmente
Niega Estado mexicano “tortura generalizada” en Atenco
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | San José, CR.- 22/11/2017

Como hace 11 años, las mujeres sobrevivientes de tortura sexual de Atenco denunciaron los hechos de tortura sexual cometida en su contra por agentes de los 3 niveles de gobierno.

Ahora, frente a las y los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y como hace 11 años, el Estado mexicano, a través de sus funcionarios, insistió en que los operativos obedecieron a un “enfrentamiento entre dos bandos: policías y manifestantes”, negó que hubo tortura generalizada y enfatizó que el daño a las mujeres se había reparado.

Durante las audiencias públicas realizadas este 16 y 17 de noviembre, en la sede de la CoIDH, en San José, Costa Rica, por el caso de tortura sexual contra 11 mujeres peticionarias de Atenco, la comitiva mexicana, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, trató de justificar el contexto de las violaciones sexuales.

Desde el jueves 16, cuando cinco de las 11 mujeres presentaron su testimonio oral para dar cuenta de que fueron detenidas de forma arbitraria, golpeadas, manoseadas y pellizcadas en senos, pezones, piernas, pubis, glúteos, ano y vagina, los funcionarios mexicanos trataron de “contextualizar” los hechos y aclarar que ya habían tomado medidas de reparación por este caso.

Incluso cuando el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo trató de dar un discurso sobre el respeto a los Derechos Humanos (DH), fue interrumpido por la abogada de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Florencia Reggiardo, quien lo objetó toda vez que en esa etapa del proceso solo se debían hacer preguntas a las sobrevivientes que declaraban.

Asimismo el director del Área de Casos de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Carlos Uriel Salas Segovia y la directora de Derecho Internacional de la Consultoría Jurídica de la misma dependencia, Karla Victoria Jones Anaya, cuestionaron a las víctimas si conocían los informes donde ofrecieron medidas para reparar el daño.

Para afianzar esta posición, el viernes 17 el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo destacó que había 52 policías “consignados” y que en una audiencia realizada el 14 de marzo de 2013 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano reconoció violaciones a DH y negó que el caso Atenco ocurriera en un contexto de “tortura generalizada”.

También dijo que, de acuerdo con una investigación realizada en 2009 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hubo y no hay elementos para juzgar a mandos superiores jerárquicos, no hubo una orden para violar DH y que el uso de la fuerza fue una acción legítima y legal, aunque reconoció que hubo “excesos”.

NUEVAS REPARACIONES

En voz del embajador, el Estado mexicano pidió que no se ordenen “nuevas medidas de reparación” adicionales a las propuestas por el gobierno mexicano, y acusó a la CIDH, organismo que envió el caso a la Corte, de incurrir en errores graves y violaciones procesales en este caso.

Como respuesta a los alegatos de la comitiva mexicana, las litigantes de Cejil y del Centro de DH Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) acompañantes legales de las denunciantes, aclararon que ningún autor de los crímenes ha sido sancionado. La abogada del Prodh, Araceli Olivos Portugal, dijo que la información vertida era un ejemplo de la “retórica de la impunidad” para justificar la brutalidad policial de hace once años.

Para desmentir los dichos del Estado, la abogada Stephanie Erin Brewer precisó que la investigación de la SCJN, que no era penal, encontró que la violencia en los operativos policiales de Atenco fue tolerada por omisión por la cadena de mando, es decir, por los jefes de la policía que conocieron y toleraron los hechos.

Al contrastar las versiones, los jueces del alto tribunal, Humberto Antonio Sierra Porto, Roberto F. Caldas, Eduardo Vio Grossi, Eugenio Raúl Zaffaroni, Patricio Pazmiño Freire y la jueza Elizabeth Odio Benito, notaron una radical y distinta forma de ver los hechos.

Por esa razón una pregunta en la que insistieron fue saber si había o no responsables condenados. El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, tuvo que matizar los dichos y señalar que las 52 personas imputadas eran probables responsables y que en realidad no había ninguna condena.

El fiscal destapó la verdad negada cuando afirmó que en un principio hubo una sentencia por el delito de actos libidinosos que finalmente fue revocada. Además, dijo, de los 52 imputados, sólo 18 siguen en proceso. “No hay impunidad porque los procesos legales siguen”, consideró.

Los jueces pidieron que en la siguiente etapa, deberán enviar alegatos por escrito, las víctimas deberán informar por qué consideran que hubo una estrategia (avalada por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto) para ejercer tortura sexual ya que “una cosa es solicitar la intervención de la fuerza pública y otra masivas violaciones” y pidió al Estado informar cuántos policías participaron y cuántos civiles había, entre otros datos.

Las 11 mujeres de Atenco piden reparación para ellas pero también para evitar la repetición de los hechos. Es por ello que demandaron que se reconozca el uso excesivo de la fuerza policial, la violencia contra las mujeres, la tortura como mecanismo de control y la impunidad que permite su repetición crónica.

En su camino hacia la justicia, Mariana Selvas Gómez; Georgina Edith Rosales Gutiérrez; María Patricia Romero Hernández; Norma Aidé Jiménez Osorio; Claudia Hernández Martínez; Bárbara Italia Méndez Moreno; Ana María Velasco Rodríguez; Yolanda Muñoz Diosdada; Cristina Sánchez Hernández; Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo; han encontrado más víctimas de tortura sexual, una técnica que consideran, se usa para desmovilizar a la sociedad, reprimir o fabricar culpables.

Por ello, durante tres años mantuvieron la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, que actualmente está integrada por 24 mujeres de diferentes regiones del país.

17/AGM/LGL








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   Quinto poder
Los espacios sociales como plataformas de discurso Segunda parte
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam.- 22/11/2017

Como sujetos sociales, en la medida en la que nuestro pensamiento acepte los conceptos de igualdad y no discriminación, podríamos modificar nuestra realidad, es la transformación del pensamiento para así cambiar la sociedad en la que vivimos; para transitar de coberturas noticiosas que criminalizan y violentan, a la conciencia de la gravedad de las violencias.

Un ejemplo que permite comprender la dimensión de la transformación de las realidades a partir del lenguaje y las leyes, es la esclavitud. Cuando unos pocos y pocas señalaban que no estaba bien hubo mucha resistencia, muchas personas sufrían lo indecible a causa de enunciaciones y posturas públicas de personas reconocidas y con poder, que afirmaban que tener esclavos “no tenía nada de malo”, que estaba bien poseer a una persona y que la “superioridad humana” estaba basada en el color de la piel, que eso lo hacía humano.

En aras de esos discursos, apología de la discriminación, se cometieron actos atroces que lastimaron a millones de personas en todo el mundo. Se cometieron hechos que avergüenzan a la humanidad hoy día, conscientes de que no tiene nada de civilizado secuestrar a familias enteras en el África para luego ser vendidas como esclavos y trasladados en barcos hacia América; y si era necesario, ser “desechados” por la borda como lastre.

Los paradigmas de la realidad se transformaron a partir del pensamiento que se transmite a través de la palabra hablada y escrita, especialmente a través de nuevas leyes que nos dejaron claro que no estaba bien ni era muy humanista tener o pretender tener esclavos. Aun así, hoy día persisten formas de esclavitud como la trata.

NUESTRA POSICIÓN EN EL DISCURSO QUE HABLAMOS

Así como en las leyes, en cada uno de nuestros ámbitos de intervención estamos construyendo con nuestras palabras, con nuestros actos, un discurso que se hace desde la posición que ocupamos en la sociedad, de tal forma que los actos y palabras que utilizamos, hablan de la educación que hemos recibido, de los contextos en los que vivimos y de las experiencias de vida.
Dependiendo del lugar que ocupamos en la sociedad podrá ser el nivel de intervención de nuestro discurso. Así lo que un docente, un juez, un médico o un periodista tiene que decir en relación con algún tema, influirá en la opinión pública que percibe esa opinión como influencia.

Lo que un, o una docente dice frente a un grupo, supone una postura política desde la que se enuncia el discurso científico que afecta el sentido de todo lo que se enseña, que permea lo que se dice y se enseña.

De la misma forma, todo lo que decimos en las redes sociales fija una postura política; incluso si hablamos de "cuestiones personales", lo hacemos desde la posición social. El lenguaje adquirido en nuestro lugar social y la opinión, es por supuesto, una postura política de lo privado. Las palabras que usamos, nuestras construcciones lingüísticas, todo, habla del lugar social que ocupamos, de nuestra percepción sobre la realidad social y nuestro proceso de aprehensión de ella.

Visto así, las responsabilidades de la comunicación en los espacios públicos cobran una gran importancia y responsabilidad sobre el alcance de la comprensión de los discursos de igualdad y de Derechos Humanos de las poblaciones.

Sin embargo, sabemos que la mayoría de las veces no constituye un compromiso ni para los jueces, ni docentes y mucho menos para periodistas o comunicadores y, por el contrario, suele afrontar reticencias basadas en purismos del idioma que estamos lejos de poder sostener teóricamente.

Durante su intervención en el Tribunal de Mujeres, la periodista Ana Bernal, señalaba: “nadie nace machista, el machismo se construye en una sociedad patriarcal”. Sí, pero requiere de discursos que lo hagan nacer, lo moldeen, lo alimenten y lo hagan crecer.

¿Quiénes contribuyen a este proceso?

Si hacemos un repaso de los lugares donde se da el proceso de formación, las personas que intervienen y las instituciones que pueden influir en él, podemos ir “de-construyendo” el camino a la graduación de un machista o una persona discriminadora, violenta e intolerante.

El primer paso para deconstruir esos discursos es reflexionar acerca de cómo estamos abonando en sentido contrario, si violentando Derechos Humanos, sosteniendo discursos con sesgos de género, excluyentes y que hace apología de la violencia, que es por sí misma una forma de violencia a los derechos de todas las personas; y atrevernos a construir nuevas formas de hablar y de pensar.

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche

17/AC/LGL








OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   DESENREDO
   
Un ejemplo más, mujeres de Atenco
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Gua.- 17/11/2017

Fue superlativo el cinismo de los representantes del Estado mexicano mostrado en la Audiencia Pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizada en San José, Costa Rica, este 16 y 17 de noviembre, por el caso Atenco.

En contraste, fuerza y valentía demostraron las cinco sobrevivientes que presentaron sus testimonios por haber sido torturadas sexualmente por policías, quienes les rasgaron su ropa, las golpearon, las pellizcaron, las penetraron, se burlaron de ellas, las insultaron, las humillaron...

Las 11 mujeres que siguen la demanda ante ese organismo internacional piden se conozca la verdad, se castigue a los culpables materiales e intelectuales, que el Estado mexicano no sólo reconozca que sus agentes incurrieron en uso excesivo de la fuerza, sino que cometieron tortura sexual (no tortura por omisión ni encubrimiento por tortura): que se disculpe.

Como resultado de un operativo policíaco en el que participaron más de 2 mil 500 agentes locales y federales, 200 hombres y 50 mujeres fueron detenidos en el poblado de Atenco, donde sus habitantes protestaban por la instalación de un aeropuerto.

Este caso demuestra la importancia de los pactos de impunidad para que se siga repitiendo una forma de establecer “orden” por parte de las fuerzas públicas y se justifique su agresividad bajo el entendido que las personas reprimidas son “enemigos”. Igual ocurrió en Guatemala durante la guerra.

Aunque los voceros de la cancillería mexicana utilicen una verborrea con múltiples subterfugios, quedó claro que ningún inculpado por la represión ejercida ha sido condenado después de 11 años. Y si un policía fue sentenciado sólo por “actos libidinosos”. Después, con un recurso de amparo, fue dejado en libertad.

El caso Atenco es conocido gracias a que 11 mujeres han alzado su voz en múltiples foros para exigir justicia, reivindican su derecho a una reparación digna para sentar un precedente en México y no se repita ese tipo de abusos. Así lo hicieron en Guatemala, las abuelas de Sepur Zarco (departamento de Alta Verapaz), quienes durante la guerra sufrieron esclavitud sexual en un destacamento militar.

Las sobrevivientes de Atenco en ese entonces eran trabajadoras, estudiantes, periodistas, activistas, y les imputaron cargos falsos, se les obligó a seguir procesos judiciales y a estar privadas de libertad, en un contexto en el que siendo gobernador Peña Nieto asumió la responsabilidad de restituir el “orden” en ese poblado mediante el uso de la fuerza pública. 

La tortura sexual no es un acto excepcional, es una realidad persistente. En la audiencia se explicó que de cada 100 mujeres detenidas en México, 72 sufren violencia sexual y 33 de ellas son violadas.

Ello ocurre porque existen pactos de impunidad entre machos, ya que los patrones de actuación con esquemas de supremacía masculina que siguen los elementos policíacos y sus jefes, les obliga a silenciar los abusos que cometen contra mujeres; y sabiéndose impunes nombran putas, perras, mentirosas, revoltosas a sus víctimas, a quienes culpabilizan por hacer sido detenidas ya que ellas “tendrían” que estar en su casa...

Por ello, tienen mucha razón las defensoras de derechos humanos quienes abogar por acabar con la figura de los “intocables”, de los que se sienten todopoderosos.

* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.

17/RHA/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   “Enrique Peña Nieto ordenó despliegue de fuerzas de seguridad”
Investigar a mandos que ordenaron operativo de Atenco exigen mujeres
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | San José, CR .- 17/11/2017

Las palabras de la sobreviviente de tortura sexual, Angélica Patricia Torres Linares, fueron inesperadas y causaron sorpresa, cuando afirmó que Enrique Peña Nieto ordenó el despliegue de las fuerzas de seguridad, cuyos elementos violaron a más de 11 mujeres en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006.

Con su testimonio, Patricia, fue la protagonista de un momento incómodo para la delegación mexicana que este jueves se presentó en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en San José, Costa Rica, para escuchar los testimonios de once mujeres que responsabilizan al Estado mexicano de ordenar la violencia sexual que vivieron hace 11 años y seis meses. 

La declaración fue inusual porque si bien en México es sabido que Peña Nieto asumió públicamente ser el responsable de los operativos, no se esperaba escuchar el nombre del Presidente de la República en un proceso ante el organismo internacional donde no se juzgan las conductas de funcionarios públicos sino las violaciones a Derechos Humanos cometidas por un Estado y los mecanismos para reparar el daño.

En el relato de Patricia, quien fue detenida y violentada el 4 de mayo de 2006, fue recurrente la exigencia que “se sepa la verdad” sobre lo sucedido durante la incursión policiaca de 700 policías federales, mil 815 de la Agencia de Seguridad Estatal y al menos nueve policías municipales, lo que dejó como saldo 207 detenidos, entre ellos 31 mujeres que denunciaron abusos sexuales.

Para aclarar el sentido de esta petición, el juez Patricio Pazmiño Freire peguntó a Patricia a qué se refría con “la verdad”, entonces ella fue contundente: “en el 2006, después del operativo salió el que entonces era el gobernador de Estado de México… a decir que yo era una mentirosa porque todo lo que yo estoy declarado había sido aprendido en manualitos”.

Cuando la joven hablaba, el juez Pazmiño Freire la interrumpió para preguntar: “¿Quién era el gobernador?”. “El licenciado Enrique Peña Nieto”, respondió ella. El nombre hizo alzar las cejas al juez y a algunos asistentes del público, en su mayoría universitarios de Derecho que seguían el desarrollo de la sesión.

Patricia se refería a la declaración que en 2006 hizo el entonces gobernador. “Es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos radicales, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres”, dijo Peña Nieto en aquel año.

El caso de las Mujeres de Atenco ha perseguido al priista. El 11 de mayo de 2012 el entonces candidato presidencial fue increpado por este hecho por estudiantes de la Universidad Iberoamericana a quienes dijo: “Fue una acción determinada personalmente, que asumo personalmente, para reestablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública”.

Desde entonces y hasta ahora, el gobierno mexicano se ha empeñado en asegurar que el despliegue de los elementos policiacos fue una decisión para recuperar la paz en los municipios mexiquenses; una acción que, aseguran, fue validada a través de una investigación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en la que se reconocen violaciones a Derechos Humanos.

Para Patricia, igual que para Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes declararon ayer, un operativo de esta magnitud fue una estrategia planeada que se sigue implementando en México, por lo que pidieron un pronunciamiento de la CoIDH respecto al uso de la fuerza pública.

Fue un operativo tan cruel y despiadado, que en su opinión, no se le ocurrió a unos cuantos policías y menos si sabían que no iban a ser investigados ni castigados. “Sé que no se mandan solos”, dijo Patricia.

La Audiencia en la Corte Interamericana concluirá este día cuando la delegación del Estado mexicano, conformada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo; el embajador de México en Costa Rica, Melquiades Morales Flores; el director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Erasmo Alonso Lara Cabrera; el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez; el fiscal central jurídico del Estado de México, Germán Castillo Banuet y el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Luis Francisco Fierro Sosa, presenten sus alegatos sobre lo que ha realizado el Estado para que las víctimas accedan a la justicia.

17/AGM/LGL

 








LENGUANTES
FEMINISMO
   LENGUANTES
   
¿Quién se encarga de la seguridad en las movilizaciones feministas?
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Dirce Navarrete Pérez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/11/2017

El #24A me dejó, entre otras cosas, varias preocupaciones en cuanto al tema de seguridad que intentaré traducir en aprendizajes. ¿Alguien se acuerda de los incidentes que se presentaron durante esta movilización? Compartiré algunos de la caravana metropolitana, que fue la que me tocó monitorear:

a)         En la caravana del EdoMex a la CDMX un carro negro con las placas cubiertas con un extraño cartel de “anarco-feminista”, se acercaba cada tanto de manera intimidante con las ciclistas, sin respetar la estructura de seguridad y a las monitoras nos daba información falsa, diciendo que un contingente se había quedado atrás, que lo esperáramos.

b)         Llegando al Monumento a la Revolución, y para iniciar el último tramo de la movilización, personas supuestamente del gobierno de la Ciudad de México nos querían cambiar la ruta de la marcha, a pesar de que con tiempo habíamos compartido la ruta y tomado las medidas necesarias para avisar a seguridad pública y solicitar medidas precautorias ante la CDHDF. Nos dijeron que en caso de no aceptar la ruta que ellos pedían, entonces no se harían responsables de los incidentes que se pudieran suscitar.

c)         Cuando el contingente ya estaba en Reforma, un extrañísimo camión negro de dos pisos insistió en incorporarse a la marcha, así es, en medio de todas las que íbamos caminando. Cuando lo intentamos detener,  se negaron a parar y  amenazantes siguieron en marcha hasta que varias nos pusimos enfrente para frenarlo, alegando que nos ponía en riesgo a todas. Desde arriba, personajes supuestamente “feministas” nos gritaron que éramos, entre otras cosas, unas intolerantes al no dejarles marchar y que por eso nos merecíamos que nos asesinaran. ¡Tal cual!

d)        Al igual que en todas las movilizaciones feministas, hubo muchos hombres que insistieron en entrar a los contingentes separatistas, provocando diversos enfrentamientos a lo largo de todo el recorrido.

No sé si recuerden estos incidentes y hubo muchos más. Pero creo que bastan los mencionados para ilustrar algunos factores de riesgo que se presentan marcha tras marcha de mujeres y feministas. Creo que los machirrines de todo tipo tienen claro que una movilización feminista es el lugar casi perfecto para descargar su odio contra nosotras, pero parece que las feministas de pronto no vemos tanto riesgo, nos sentimos seguras porque vamos varias y al final, en mayor o menor medida, podemos responder en manada. Sin embargo ¿podríamos disminuir o tener un poco más controlados los factores de riesgo que se nos presentan en estos actos de protesta? o mejor dicho ¿podríamos aumentar nuestra seguridad?

Ubico de entrada dos niveles de seguridad que nos urge ir atendiendo. El primero va enfocado a trabajar herramientas prácticas que antes, durante y después de una movilización feminista, nos permitan sentirnos más seguras y en confianza. Dependiendo siempre del contexto, del número estimado de personas que acudirán y de los objetivos que persigue la marcha, nos ha tocado plantearnos si queremos o no darle seguimiento a medidas institucionales, como aviso a los gobiernos o solicitar medidas precautorias ante las comisiones de Derechos Humanos, o si preferimos herramientas más autogestivas, como comités de seguridad con monitoreos internos y externos, haciendo redes con otras organizaciones como Artículo 19 o Marabunta. Es decir, construir y ajustar cada vez mejor nuestros protocolos de seguridad.

El segundo nivel, un poquito más complicado me parece, está en la tarea de ir construyendo una cultura de cuidado colectivo, feminista. La respuesta a ¿quién se encarga de la seguridad en una movilización feminista? tendría que ser sin pensar: TODAS. Evitando así que un grupo de nosotras se tenga que encargar de hacer una chamba bastante pesada construyendo medidas que al final, a pocas les importan y nadie sigue. Ojalá pronto podamos sentirnos igualmente preocupadas y con la responsabilidad de atender al cuidado colectivo, pues ponernos en riesgo es poner en riesgo a todas las demás.

Un reto que veo en ambos niveles es poder comunicarnos de manera más clara y asequible con todas aquellas que no necesariamente forman parte de nuestra burbuja feminista pero que se sienten interpeladas y acuden a las marchas. Por ejemplo, ¿podríamos extender a ellas nuestra propuesta sobre la conformación de los contingentes separatistas y mixtos? Sé que esto no evitará que algunos se quieran colar a los espacios que no son para ellos pero ¿podría esto disminuir el número de los “despistados y despistadas”?

Se vienen las movilizaciones del 25 de noviembre, sabemos que los incidentes de seguridad no se pueden evitar, pero creo que sí nos toca aterrizar algunas de nuestras consignas feministas acá. ¡Ante la violencia machista, autodefensa feminista!

Algunos materiales de seguridad:

Kit de seguridad #24A: https://drive.google.com/drive/folders/0B03VQzGS81UZUXZkWTNVYW9lQlk

Kit #Chimahuacán:

https://drive.google.com/drive/folders/0B9OwiQn0qEoXYUhCeDBBaC1VbVE

*Dirce Navarrete Pérez es politóloga feminista @agateofobia_

17/DNP/LGL








INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Evalúan a país centroamericano en EPU
   
Piden a Guatemala protección para periodistas y defensoras de DH
Imagen retomada del portal de Cerigua
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Gua.- 09/11/2017

La adopción de medidas de seguridad para periodistas y la implementación de un programa de protección especializado para este gremio fueron parte de las recomendaciones que Guatemala recibió este miércoles durante su tercera evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), celebrada en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Guatemala recibió en total diez recomendaciones sobre este tema; Francia exhortó al país a fortalecer la protección de las y los periodistas poniendo en funcionamiento el programa de protección, para el cual dijo se han realizado muchos esfuerzos.

El representante de Grecia ante el Consejo de Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido y recomendó que se adopte un mecanismo de protección a periodistas, mientras que la Santa Sede instó a continuar los esfuerzos de promoción de la libertad de expresión e información, protegiendo a los comunicadores.

Reino Unido manifestó su preocupación por la ausencia de una prensa realmente independiente y pidió a Guatemala salvaguardar la libertad de expresión, en tanto, Indonesia exhortó a continuar desarrollando el sistema de protección a periodistas y proteger la libertad de expresión.

Durante su intervención, el representante de Lituania enfatizó que unos medios libres e independientes son parte vital de cualquier democracia que funcione adecuadamente.

Para abordar el problema persistente de los ataques contra periodistas y violaciones del derecho de libertad de expresión y para que las medios y profesionales puedan trabajar sin miedo a represalias recomendamos a Guatemala que adopte un marco para la protección de los profesionales de los medios, basado en el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y el problema de impunidad, acotó.

Luxemburgo resaltó que existen retos en materia de protección de defensores de Derechos Humanos, especialmente los periodistas y los defensores de los derechos de los pueblos indígenas; ante esto recomendó la aprobación y aplicación del programa de protección a periodistas en consulta con ellos.

Por su parte, el Reino de los Países Bajo señaló que la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGTB), mujeres, periodistas, jueces y defensores de Derechos Humanos son víctimas de amenazas, intimidaciones, estigmatización y ataques, incluido asesinatos.

Venezuela exhortó a las autoridades guatemaltecas a poner fin al uso del sistema judicial penal para intimidar, amenazar, marginar y estigmatizar a periodistas, organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos.

La representante de Venezuela dijo que durante los últimos cuatro años 51 defensores fueron asesinados y durante el primer semestre del 2016 por lo menos cinco periodistas fallecieron de forma violenta, por lo que recomendó a Guatemala investigar exhaustivamente estos crímenes y las denuncias de violencia, intimidación, detenciones arbitrarias y difamación en contra de estos actores.

Finalmente, Chile instó a Guatemala a levantar las restricciones a la libertad de expresión y adoptar medidas legales y reglamentarias para la protección y seguridad de los periodistas contra la persecución, la intimidación y el acoso.

En las respuestas a las preguntas, el Representante del Ministerio de Gobernación, René Lam indicó: que el” acuerdo gubernativo que da vida al programa de protección de los periodistas se encuentra dentro de las consideraciones de los requisitos legales y administrativos que se deben cumplir para su emisión”, una declaración enredada que trata de justificar el incumplimiento después de 2 años que el Presidente avaló la propuesta que le presentara la alianza de entidades de prensa.

17/RED/LGL

 








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