defensoras de Derechos Humanos

NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Suman 15 activistas asesinadas hasta julio de 2017
Violencia hacia defensoras caracterizó sexenio de Peña Nieto
Imagen retomada del portal redtdt.org.mx
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/09/2017

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, del primero de diciembre de 2012 a julio de 2017, organizaciones civiles de 30 entidades del país registraron 280 agresiones a mujeres defensoras de Derechos Humanos (DH), 15 ejecuciones extrajudiciales y al menos cuatro víctimas de desaparición forzada.

Las violaciones a los Derechos Humanos de las defensoras representaron 27 por ciento de mil 37 casos; sin embargo las mujeres ejercen su labor en un contexto desigual y doblemente adverso, así concluye el informe “La esperanza no se agota”, publicado este mes por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

Las defensoras lidian con estereotipos de género que condenan a las mujeres que alzan la voz, además enfrentan el contexto violento en el que viven las mexicanas. Como muestra, en este sexenio los casos de feminicidio rebasan en 60 por ciento los registrados durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), citadas en el informe.

La Red, integrada por más de 80 organizaciones, encontró que las violaciones a los DH más frecuentes hacia las defensoras fueron las detenciones arbitrarias (32 casos), hostigamientos (27 casos) y agresiones físicas (26 casos), seguidas de amenazas (23 casos) que también incluyen actos de vigilancia e intimidaciones (22 casos).

De estas violaciones, destacó la Red TD, la detención arbitraria y el hostigamiento fueron cometidas con más frecuencia por personas agresoras relacionadas con el Estado; mientras que las amenazas y vigilancia caracterizaron la actuación de victimarios particulares.

Las organizaciones también destacaron que las agresiones cometidas por autoridades en contra de las defensoras inician con formas de violencias aparentemente “inofensivas” como difamaciones, que al ser cometidas por autoridades dan pie a “castigos correctivos, que van desde agresiones físicas hasta violaciones sexuales”, algo que no sucede con los activistas varones.

CAMPOS DE LUCHA

Respecto a los derechos que las personas defendían al ser violentadas, identificados como “campos de lucha” por la Red TDT, las organizaciones destacaron que es complicado desagregarlos toda vez que los colectivos a los que pertenecen suelen abarcar más de una línea de acción.

Sin embargo, informaron que las agresiones a personas defensoras, organizaciones y colectivos que trabajan por los derechos de las mujeres y de la diversidad de género y sexual (población lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual) representaron cuatro por ciento, es decir 14 de los casos registrados en conjunto en los campos de lucha.

Las entidades con más casos fueron la Ciudad de México (3) y Chiapas (2); mientras que en Oaxaca, Puebla, el Estado de México, Chihuahua, así como en Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala se registró un caso en cada entidad.

Además, de acuerdo al informe, las agresiones individuales más frecuentes –con 346 casos, equivalentes al 33 por ciento del total de mil 37 casos– se cometen en contra de quienes trabajan en su comunidad y defienden los derechos de las mujeres, los derechos políticos y el derecho a la tierra y territorio.

EJECUCIONES Y DESAPARICIÓN FORZADA

El sexenio de Enrique Peña Nieto destaca por el asesinato de 15 defensoras. Las entidades con más casos de asesinato fueron Guerrero (5) y la Ciudad de México, Tamaulipas y Chihuahua, en estas últimas se cometieron dos.

Tan solo los primeros siete meses de este año se han caracterizado por los asesinatos de cuatro defensoras: el de la defensora y periodista periodista Miroslava Breach Velducea en Chihuahua, el de Miriam Rodríguez Martínez en Tamaulipas, el de Jennifer López en Guerrero y el de Meztli Sarabia Reyna en Puebla.

Para 2016 la Red TDT registró los homicidios de las defensoras Alessa Flores, Adela Rivas Obé y Cornelia San Juan Guevara en la Ciudad de México, Guerrero y el Estado de México respectivamente.

En 2013 fueron asesinadas por su labor como defensoras Ana Lilia Gatica Rómulo y Rocío Mesino Mesino en Guerrero; Irma Ascencio Arenas en Hidalgo y Socorro Ayala Ramos en Chihuahua.

En 2014 fueron asesinadas Sandra Luz Hernández en Sinaloa y María del Rosario Fuentes Rubio en Tamaulipas; y en 2015 se registró el homicidio de Nadia Vera Pérez en la Ciudad de México y Nelva Edilia Sánchez López en Guerrero.

A través de los registros recabados por la Red TDT se sabe de cuatro defensoras víctimas de desaparición forzada entre 2016 y 2017. Dos de los crímenes ocurrieron en Michoacán en 2017 y las mujeres fueron encontradas, mientras que en 2016 destacó la desaparición forzada y después la ejecución de Adela Rivas Obé en Guerrero y la desaparición de otra defensora en Veracruz de la que actualmente se desconoce su paradero.

En su informe la Red TDT destaca que si bien el registro evidencia el panorama violento en el que ejercen las defensoras del país este es tan sólo un acercamiento al problema ya que en todo el país los grupos criminales y el miedo a las represalias merman las denuncias. “Cuando el derecho a defender derechos está en riesgo, en realidad, todos los Derechos Humanos se ven amenazados”, destacaron.

Denunciaron que los actos contra las personas defensoras y colectivos son una práctica generalizada en el país y que hay una “inacción o falta de voluntad del Estado” para protegerlas y garantizar sus Derechos Humanos, por ello recordaron que “al atacar y al tratar de silenciar a quienes defienden un derecho, también se ataca el derecho en cuestión”.

17/MMAE








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Juana Antonia Jiménez, simpatizante de la Revolución Sandinista
“Detrás del feminismo están las grandes revoluciones que queremos”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/09/2017

“En contextos autoritarios vale la pena seguir batallando, ya no sólo por mis propios derechos, tengo una hija y una nieta. Creo que después de tanto que se ha batallado en Nicaragua, por la democracia y por la igualdad para las mujeres, vale la pena seguir dando batalla. El feminismo como apuesta política es válida. Y detrás del feminismo están las grandes revoluciones que nosotros queremos para nuestra sociedad”.

Son palabras de Juana Antonia Jiménez Martínez, una de las simpatizantes de la Revolución Sandinista de Nicaragua durante la década de los años 70 cuando se enamoró, como ella dice, de la lucha por los derechos y la justicia, dos causas que sigue defendiendo pero ahora como abogada e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres de su país.

La mujer que de joven buscaba reivindicar un modelo de justica social ahora es la adulta que representa víctimas de violencia de género. “El feminismo me encontró posterior a la revolución, reivindicando una agenda para las mujeres. Siempre he dicho que mi apuesta y mi convicción revolucionaria es de cambios sociales estructurales” afirmó en entrevista con Cimacnoticias durante su más reciente visita a México.

DERECHOS PERDIDOS

Abogada feminista y perseguida política, Juana Antonia Jiménez habló de los logros de las nicaragüenses, a quienes pareciera que cada vez les arrebatan más derechos. “Hemos perdido el proceso mismo de contribución democrática y de pacificación. Eso era la mayor ganancia. Recordar que nosotras pasamos un proceso y una revolución que en términos internacionales tuvo muchas esperanzas de cambio social o de justicia social”.

Cuando la sociedad de aquel país centroamericano optó por la paz y la democracia, por el sufragio y los procesos electorales parecía que a la par del fortalecimiento de las instituciones se garantizarían derechos pero no fue así. “Conquistamos derechos pero los perdimos”, resumió la defensora.

Por ejemplo, en Nicaragua estaba permitida la interrupción del embarazo cuando corriera peligro la vida o la salud de la mujer pero esta excepción a la ley fue eliminada en 2006, algo que afianzó las relaciones entre el gobierno y la jerarquía católica y que Jiménez considera hizo que jurídicamente las mujeres ya no sean iguales.

“Logramos avanzar mucho en la lucha contra la violencia, en términos de reformas a leyes. Logramos una ley integral contra la violencia que si bien es cierto lleva poco, de 2012, significó todo un proceso de participación muy activo desde las mujeres. En términos jurídicos era una de las leyes más avanzadas de la región que tenía toda una fuerte estrategia de cambio cultural. Logramos que el femicidio/feminicidio se reconociera no sólo en el campo privado, también que se reconociera el femicidio/feminicidio público”.

Sin embargo, el presidente Daniel Ortega emitió un reglamento de la ley que mutila la norma y recientemente, en agosto pasado, presentó un paquete de reformas urgentes en materia penal donde señala que el feminicidio sólo se va a reconocer cuando el crimen se cometa en contextos de relaciones de pareja, arbitrariedad que en opinión de la activista ya se cometía pero ahora se legaliza.

“Estamos en un contexto donde se ha adecuado el marco jurídico a los intereses de un régimen político que cada día está más alejado de los estándares democráticos, se perfila como el afianzamiento de una nueva dictadura. Aunque no tengan el componente militar que tenía las dictaduras de los 60, 70 pero en términos de seguridad jurídica y de derechos constitucionales hemos retrocedido”, sentenció.

¿DICTADURA PARA TODAS Y TODOS?

Cualquier régimen dictatorial perjudica a todas las personas, explica la abogada.

“Toda la política está impregnada no sólo de misoginia hacia las mujeres al ni siquiera haber una política pública que pueda sancionar adecuadamente la violencia y los femicidios. Hay un discurso permanente dirigido oficialmente desde el gobierno de asumir una posición alejada totalmente de un Estado laico. La manipulación religiosa se hace desde el discurso oficial”.

A principios de septiembre el movimiento de mujeres de Nicaragua se movilizó y se declaró en alerta roja ante 49 casos de feminicidio atroz, caracterizados por cuerpos descuartizados, quemados, decapitados. Fenómeno de odio que, según ha declarado la vicepresidenta, Rosario Murillo, se van a prevenir con una campaña para promover valores con los líderes religiosos.

“Hay un régimen político que promueve el autoritarismo que no reconoce derechos para la población pero que tiene un odio permanente y una descalificación a los derechos de las mujeres en general. Eso también tiene una implicancia en términos de riesgo, de ataques. Es preocupante que casi 50 por ciento de las 202 agresiones que hemos registrados hacia defensoras, los perpetradores son particularmente entes estatales donde destaca la policía nacional”.

La Iniciativa Nicaragüense de Defensoras documentó entre 2015 y 2017, 202 agresiones contra defensoras, de las cuales 45 por ciento fueron cometidas por autoridades estatales. Según datos de esta articulación, la Policía Nacional es el órgano represor y de vigilancia ilegal más frecuente en 1 de cada 4 agresiones hacia defensoras. Asimismo, personas o grupos cercanos al partido de gobierno han sido perpetradores de la agresión en 1 de cada 3 casos.

“Nosotras creemos que somos una voz que tiene autoridad ante la población, somos un movimiento que hemos defendido históricamente derechos para las mujeres y que creemos que como país merecemos un sistema democrático que garantice derechos para todos”, expone Jiménez sobre su convicción de continuar su trabajo pese a los riesgos.

PERSEGUIDA POR PEDIR LIBERTAD

La abogada tiene alrededor de 25 años trabajando por la igualdad de género en su país. “¿Esto qué ha significado? pues toda una serie de atropellos a mi integridad. Desde 2007, con la llegada de Daniel Ortega al poder, implicó actos de persecución y de criminalización al Movimiento Autónomo y a parte del liderazgo feminista. En esas listas he estado incluida permanentemente”.

Ella ha sido víctima de campañas de desprestigio y calumnias. En 2007 junto con 8 feministas fue acusada de “apología del delito de aborto” porque las agrupaciones donde trabajaban se pronunciaron en contra de la penalización total del aborto en Nicaragua. “Eso me significó a mi y a mis compañeras más de dos, casi tres, años de investigación y de defensa por nuestra parte”.

Una segunda criminalización fue en 2008 cuando se acusó al Movimiento Autónomo de Mujeres de lavado de dinero, una estrategia de descalificación al movimiento y al feminismo. “Todas hemos sido víctimas de ataques directos durante las movilizaciones, atacadas, con intentos de agresiones físicas, también he vivido actos de persecución política que han trascendido a intentos de querer involucrar o afectar a mis familiares, particularmente a mi hija”.

En el ámbito de su ejercicio profesional, Jiménez Martínez enfrentó una acusación infunda de dos personas que la acusaron de malas prácticas como abogada, el objetivo, dijo, era suspenderla de sus funciones como abogada y notaria pública y pese a ello el frente del que forma parte sigue trabajando para hacer ver las desigualdades y las arbitrariedades de un gobierno que, dice, se parece cada vez más a una dictadura.

“No queremos renunciar a la posibilidad de contar con un país donde podamos convivir sanamente hombres y mujeres y donde podamos seguir avanzado en esa agenda de igualdad por nuestros derechos”.

17/AGM








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Exigen protección a autoridades hondureñas
   
Atentan contra integrantes de Copinh, la hija de Berta Cáceres, entre ellas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/07/2017

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), exigió a las autoridades hondureñas, investigar y castigar las agresiones cometidas el pasado viernes, en contra de 3 de sus integrantes, entre quienes se encontraba Bertha Zúñiga, la hija de la defensora Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.
 
En un comunicado, la organización hondureña que defiende los recursos naturales, señaló que es responsabilidad del Estado hondureño la protección de la integridad física de quienes conforman el Copinh y por tanto, debe tomar las medidas necesarias para que la organización realice su labor de defensa de las comunidades lencas y de sus territorios.
 
De acuerdo con el boletín, la tarde del viernes, Bertha Zúñiga, quien iba acompañada por dos integrantes más de la Copinh: Sotero Chavarría y Asunción Martínez, fueron interceptados en su camino de vuelta de la comunidad de Cancire, en el municipio de Santiago Puringla ubicado en el departamento de La Paz, por 4 hombres que portaban machetes en la mano, quienes intentaron atacar el carro sin lograrlo.
 
Un segundo ataque se registró con un automóvil que pretendió sacar del camino el auto en el que se transportaban las personas defensoras de Derechos Humanos.
 
El Copinh señaló que ambos ataques tienen que ver con la defensa que han hecho en la comunidad de Lomas de San Antonio y las Delicias, ya que las fuentes de agua de dicha comunidad se han visto afectadas por la represa Hidroeléctrica Zazagua, que ha dejado secas las fuentes de agua para la comunidad.
 
Por lo anterior, hizo un llamado a la comunidad internacional para que esté atenta y exija a las autoridades de Honduras, la protección de las personas que integran el Copinh, organización con más de 20 años de lucha en defensa del pueblo Lenca, de los recursos naturales y en contra de los proyectos hidroeléctricos.
 
17/LGL








ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   "El plan llegó demasiado tarde” afirman activistas
Presentan en Chihuahua Plan de Contingencia para defensoras y periodistas
Imagen retomada del portal chihuahua.gob.mx
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/06/2017

Hoy el gobierno de Chihuahua y el Federal presentaron el Plan de Contingencia para la Protección de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en Chihuahua.
 
El Plan, que tiene cinco ejes de acción, es resultado de las exigencias de personas defensoras, periodistas y organizaciones civiles para garantizar condiciones seguras al ejercer su labor y que derivó en una “Alerta Temprana” aprobada por el Mecanismo desde agosto de 2016.
 
El Plan, afirmó la titular de la Alianza Sierra Madre A.C Aida Estela Lozano, durante la presentación, es “inédito” porque considera no sólo las medidas de seguridad que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debe adoptar para proteger a defensores y periodistas, sino también cómo debe actuar éste ante las problemáticas de riesgo a las que se enfrentan en sus trabajos.
 
Los ejes que aborda son: el reconocimiento al ejercicio de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas al garantizarles seguridad y, en caso de ser agredidos, su acceso a la justicia; la atención a grupos en situación de vulnerabilidad (como las y los migrantes); otro punto es el medio ambiente; también el contexto adverso que enfrenta la población en la Sierra Tarahumara; así como la garantía del ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
 
El cumplimiento de los ejes se realizará a través de 53 acciones a cargo de 26 instancias a nivel estatal y 24 federales que trabajarán junto con organizaciones civiles.
 
Durante la presentación a la que asistió el gobernador de Chihuahua, Javier Corral y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se nombró y presentaron las fotos de 21 mujeres y hombres defensoras y periodistas que fueron asesinados desde 2008 hasta la fecha. “Para ellas y ellos el Plan llegó demasiado tarde, esperemos que se cumpla para que no cueste más vidas y sea suficiente para que quienes se encuentran en el exilio puedan regresar en condiciones de seguridad”, dijo la defensora Aida Estela Lozano.
 
Ejemplo de ello fue la periodista Patricia Mayorga, quien dio un mensaje a través de un video porque actualmente se encuentra exiliada por las amenazas de las que ha sido víctima.
 
Desde 2016, expuso Estela Lozano, incrementaron las campañas de desprestigio y agresiones dirigidas a personas defensoras y periodistas lo que llevó a 25 organizaciones y periodistas a solicitar al Mecanismo de Protección que emitiera una Alerta por la situación. “Para marzo de 2016 había al menos 80 personas con medidas de seguridad dictadas por organismos internacionales de Derechos Humanos”, mencionó la defensora.
 
En abril de 2016 junto con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas analizaron el contexto del estado, lo que derivó en propuestas para el Pan de Contingencia que hoy se aprobó.
 
17/MMAE/LGL








QUINTO PODER
DERECHOS HUMANOS
   QUINTO PODER
La historia de mañana
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 25/05/2017

“Quien no conoce su historia, está condenada a repetir sus errores”, Paul Preston
 
México vive hoy uno de los momentos más complejos en su historia, en la que cíclicamente se repiten eventos que parecía que ya habíamos vivido: hallazgos de fosas clandestinas, casos de feminicidio y homicidios a la alza, delitos que se cometen por esa violencia horizontal derivada de las condiciones que prevalecen en el país, además de la vertical, por omisiones o acciones de instituciones y sus representantes. Pese a ese antecedente, hoy escribimos la historia que mañana nos avergonzará.
 
Quizá cobrar conciencia de esa dimensión nos ayude a documentar, a registrar desde otros ojos lo que hoy día estamos viviendo en México, para al menos, contribuir a los hechos que se investigarán en el futuro como el período en el que la violencia se convirtió en sinónimo de nuestro país.
 
Se trata de mirar objetivamente no sólo el número de personas que son víctimas de homicidios y feminicidio, sino a quienes están buscando justicia y no la encuentran, la falta de debida diligencia por parte de algunos y algunas instancias en la investigación y en los procesos que afectan así la posibilidad de acceder a la justicia.
 
Hablamos de los miles de desaparecidos que hoy día forman la lista que según informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos han contribuido a engrosar el número hasta fluctuar entre 25 y 30 mil personas de las que no se sabe su paradero, y de los que hay poca información para determinar con precisión su condición de “desaparecida”, ausente o ubicación no determinada, que al final se convierte en la retórica que rodea a las personas desaparecidas.
 
Paralelamente hablamos de hallazgos cada vez más constantes de fosas clandestinas en las que habría que adoptar medidas de protección a los restos para garantizar su identificación a través de estudios de ADN.
 
Hablamos de las personas migrantes de otros países que en medio del grave momento de violencia que se vive en México, ingresan al territorio nacional y nunca más se vuelve a saber de ellas y que son buscadas por sus familiares en sus lugares de origen, pero en el territorio mexicano en medio de la emergencia y la crisis de violencia derivada de la presencia del crimen organizado y las violaciones a los Derechos Humanos, se convierten en un montón de huesos del que nadie quiere saber nada.
 
Es la realidad de las y los periodistas asesinados, criminalizados, investigados, amenazados, desplazados y obligados a cambiar de lugar de residencia por el hostigamiento de grupos de poder locales.
 
Es lo que están viviendo quienes defienden los Derechos Humanos que son asesinadas por defender la tierra y los recursos naturales, pero la evasión suele ser el responsabilizar al crimen organizado y nadie sabe a ciencia cierta si se puede descartar la presencia de los corporativos internacionales que luchan por apropiarse de los recursos naturales en México en medio del caos y la impunidad.
 
El homicidio de un joven y el linchamiento público de un extranjero no hace de México un lugar de “salvajes”, las turbas se mueven en todo el mundo y se desplazan de un lugar a otro y responden al sentido más primitivo de la humanidad, pero lo que sí caracteriza a nuestro país es el hartazgo y la impunidad ante la falta de actuación por parte de las autoridades que tendrían que considerar los escenarios actuales en el territorio nacional.
 
Cada uno de estos eventos que hoy ocurren, que compartimos en redes, que hablamos y que socializamos, forman la historia de mañana, y lo que nos deberíamos preguntar es cómo estamos contribuyendo a que estos eventos que sin duda serán vistos como el período de violencia social con más víctimas en México, se documenten de manera responsable, honesta y humana, y de protección a las víctimas fundamentalmente.
 
Mucho tendríamos que aprender de la historia que México ha vivido, de los eventos que nos avergüenzan y nos llenan de indignación en el pasado y que hoy día podríamos estar repitiendo, ser parte, actores y actoras de lo que mañana será la historia de un país que se nos iba de las manos mientras perdíamos el tiempo en la selfie y en las discusiones estériles sin acción e intervención a favor de la población.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Acusa inacción de autoridades
Hostigan a “Frida Guerrera” por denunciar feminicidio en Ecatepec
Imagen de Producción y Milagros.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/04/2017

El pasado 21 de marzo la activista por los derechos de las mujeres, Verónica Villalvazo, conocida como "Frida Guerrera", fue hostigada y amenazada a través de sus redes sociales por difundir el asesinato de una niña 17 años y su hermano de 12, en Ecatepec, Estado de México (Edomex). 
 
En 2016 la defensora Frida Guerrera comenzó a documentar y rastrear en los medios de comunicación los casos de feminicidio a nivel nacional, los cuales hace visibles a través de videos y la publicación semanal de “La Columna Rota” en sus redes sociales, su blog personal, y en el periódico “Noticias Voz e Imagen” de Oaxaca; en algunos casos, la activista acompaña solidariamente a las familias en sus proceso de búsqueda de justicia.
 
La defensora reportó el asesinato y violación de la adolescente Karen –caso que las autoridades aún no reconocen como feminicidio- y de su hermano menor, Erik, ocurridos el 4 de agosto de 2016 en el interior de su casa ubicada en la colonia Viveros Tulpetlac, en el municipio de Ecatepec, Edomex.
 
El 17 de marzo de 2017, la Fiscalía General del Estado de México notificó a la madre de los menores de edad, Sancrisanta Mosso, la detención del responsable, Luis Enrique “N”, primo de ellos, quien fue identificado a partir de las pruebas de ADN recabadas por las autoridades. Dos días después, Frida Guerrera y la madre de los menores de edad dieron la noticia a través de un video que publicaron en la red social Facebook. Entonces comenzaron las agresiones.
 
La comunicadora narró a Cimacnoticias que una usuaria identificada como la hermana del agresor, arremetió a través de comentarios contra ellas y dijo las iba demandar “porque no sabían nada sobre el tema”. La bloguera le respondió “que el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece  la libertad de expresión y el derecho a la información, sin ningún tipo de limitación”. Minutos después la agresora borró los comentarios.
 
El 21 de marzo, Frida Guerrera fue de nuevo atacada. Como cada semana, denunció otros casos de feminicidio por medio de una transmisión en vivo por Facebook y Periscope. En el momento de la transmisión, 39 cuentas que se dijeron pertenecientes a Legión Holk (con el hashtag #HLegionHolk) hicieron comentarios denigrantes para las mujeres y violentos sobre el tema, descalificaron lo dicho por la defensora, le hicieron amenazas sexuales e incitaron a asesinar a más mujeres.
 
Frida Guerrera comentó que estas agresiones le causaron una fuerte impresión psicológica, por lo que de inmediato se comunicó con el personal del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. Ahí le brindaron asesoría para presentar una demanda y contención emocional.
 
La defensora interpuso la denuncia en la Ciudad de México ante la Fiscalía Central de Investigación Para Asuntos Especiales y Electorales quien abrió la carpeta de investigación (CI-FAE/B/IU-3 C/D/00145/03-2017), donde se constatan las agresiones de las cuales fue víctima y los riesgos que enfrenta por su papel como defensora de los derechos de las mujeres. 
 
La Policía Cibernética comenzó una investigación para ubicar los perfiles de las personas que agredieron a la defensora, realiza las evaluaciones de riesgo, y le otorgó un protocolo de autoprotección a la víctima, del cual aún no tiene respuesta.
 
Ante la falta de respuesta, la defensora decidió acudir a organizaciones como Artículo 19 y Comunicación e Información de la Mujer, A.C.  (CIMAC), donde la han asesorado con medidas de protección y seguridad. Mientras, su solicitud ante el  Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para lograr mayor atención, sigue en trámite.
 
Ante la falta de acción y protección de las instituciones gubernamentales para las defensoras de Derechos Humanos, Frida Guerrera dijo que “es evidente que cualquier te puede hacer algo, creo que las autoridades se deben de poner a trabajar para protegernos y tener la libertad de realizar nuestro trabajo con seguridad”.
 
Cabe recordar que el grupo de usuarios conocidos como la Legión Holk, que realiza actividades de hostigamiento en las redes sociales, se adjudicó los hechos ocurridos en el Colegio Americano del Noroeste en Monterrey, donde un menor de edad disparó contra sus compañeros y su maestra para luego suicidarse.
 
CONSTANTEMENTE ACOSADA
 
No es la primera vez que Frida Guerrera sufre este tipo de agresiones por su labor de defensoría de los DH. En 2006 estuvo en Oaxaca siguiendo el conflicto magisterial y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, donde fue vigilada y hostigada por gente vestida de civil fuera de su domicilio.
 
En 2007, dio cobertura a la denuncia que interpuso Leticia Valdés Martell, por el caso de violación cometida contra su hijo, de cuatro años de edad, en el centro preescolar privado Instituto San Felipe en Oaxaca, caso que  llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En enero de 2009 un grupo de personas la agredió físicamente y la amenazó, advirtiéndole que dejara el tema. El mismo año, en otras tres ocasiones fue privada de la libertad, se le amenazó con asesinar a su familia, y en la última, la quemaron con cigarrillos en los senos.
 
En 2010 la defensora ganó el Premio Nacional Carlos Montemayor, por dar a conocer la problemática de la comunidad triqui de San Juan Copala, Oaxaca, sitiada por paramilitares de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y por el Movimiento de Unificación y la Lucha Triqui (Mult).
 
Este trabajo también le costó amenazas de muerte y acciones intimidatorias realizadas por integrantes de los grupos paramilitares, por ello abandonó Oaxaca para resguardar su integridad personal.
 
La organización CIMAC y Artículo 19 han señalado el incremento de la violencia hacia las mujeres periodistas y defensoras de los DH en el ámbito digital. En 2015, Artículo 19 registró nueve casos de violencia de género contra periodistas mujeres en las redes digitales, la mayoría de agresores utilizó lenguaje violento y amenazas sexuales, pero no hubo para ellos consecuencias legales.
 
Además el informe el “El Poder del Cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015” de CIMAC, indica que el Internet es una herramienta fundamental para el periodismo actual donde se ha generado un espacio de campañas de desprestigio hacia las periodistas y defensoras, donde el principal objetivo es denostarlas por su género.
 
17/RED








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Karima Bennoune
Fundamentalismos y extremismos restringen expresión artística de mujeres
Imagen retomada del portal ismailimail.wordpress.com
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/03/2017
El aumento de los fundamentalismos y extremismos en el mundo atentan contra los derechos culturales de las mujeres, porque restringen su libertad de expresión artística y promueven la reproducción de estereotipos de género, advirtió la Relatora Especial en la esfera de los Derechos Culturales del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Karima Bennoune.
 
Por eso, en el segundo informe que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo, el 16 de febrero de 2017, la Relatora instó a los gobiernos internacionales a implementar políticas públicas que protejan los derechos culturales de las personas y combatan el fundamentalismo y el extremismo desde un enfoque de género.
 
De acuerdo a la Relatora Especial, en entrevista con la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el desarrollo (AWID por sus siglas en inglés) los fundamentalismos y extremismos, definidos como ideologías que se representan de diferentes maneras, son cada vez más utilizados por Estados y civiles para reproducir argumentos basados en interpretaciones de las tradiciones y estereotipos de género que se oponen a la igualdad de derechos.
 
La reproducción de los fundamentalismos y extremismos limita el libre ejercicio artístico de las mujeres y, en muchos casos, justifica la violencia y la discriminación contra ellas y las minorías étnicas, señaló. 
 
Como ejemplo, Karima Bennoune se refirió a los argumentos que buscan imponer formas particulares para la vida sexual de las mujeres y restringen su acceso a la salud reproductiva.
 
Por ello la Relatora Especial dijo que los gobiernos deben considerar las diferencias de género en las medidas que implementen para proteger los derechos culturales. “Cada avance en la lucha por los derechos de la mujer es también un avance en la lucha contra el fundamentalismo”, aseguró
 
Además, en el informe, Karima Bennoune recalcó que las respuestas gubernamentales ante los fundamentalismos y extremismos deben considerar los principios de derechos humanos, así como consultar a personas expertas en el estudio y defensa de los mismos para su elaboración.
 
De acuerdo con encuestas realizadas durante los dos últimos años a más de mil 600 defensoras de los derechos humanos de todo el mundo, por la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID), ellas identifican el crecimiento de fundamentalismos y extremismos como amenazas para su seguridad ya que se traducen en más violencia hacia ellas, la restricción de ciertos derechos en la esfera pública y la reducción de su autonomía. 
 
17/MMAE/GG
 







ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Por defender derecho a decidir
Comunicadoras y feministas de Morelos, agredidas en redes
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/03/2017

La comunicadora y feminista Adriana Mújica denunció que desde el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ella y otras activistas del estado de Morelos reciben amenazas y agresiones en redes sociales por manifestar públicamente su postura a favor de los derechos de las mujeres.
 
El pasado 8 de marzo, dijo la ex directora del Instituto de la Mujer del estado, durante una protesta en el centro de Cuernavaca para exigir derecho a decidir sobre su cuerpo y maternidad, un grupo de feministas fueron increpadas por un sujeto que las agredió.
 
El hombre, que tiene un local donde vende hamburguesas veganas, se acercó al grupo de activistas para burlarse, agrediéndolas por sus posicionamientos y gritándoles “asesinas”. Pero aunque el hecho pudo quedar en anécdota, las agresiones continuaron en redes sociales.
 
Mújica detalló que ante las actitudes violentas del sujeto –quien desde hace dos años las agrede cada vez que hacen una manifestación en el centro de Cuernavaca– las feministas lo grabaron en un video que se subió a Facebook, tras lo cual comenzaron a recibir comentarios denigrantes y amenazas.
 
Las mujeres, algunas integrantes del colectivo Calle sin acoso y otras artistas feministas, han recibido supuestos saludos, donde les dicen “hola, asesina”, de personas que las acusan de difamar a uno de sus amigos y de cometer un delito por evidenciar la agresión en video.
 
La violencia en internet, dijo Mújica, ha provocado temor entre las activistas, quienes analizan si presentan una denuncia judicial porque, como ha señalado la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), en el mundo digital también se ejerce violencia de género.

De acuerdo con esta organización internacional, internet refleja la violencia que viven las mujeres en la vida real, por lo cual alerta sobre la agresión que reciben en particular las periodistas, comunicadoras, activistas y feministas que usan las plataformas digitales para difundir sus ideas.

17/AGM/GG








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Tras el comunicado, allanan oficina de Álvarez Icaza
ONU y Mecanismo de Protección condenan amenaza o agresión contra activistas
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst. CIMACFoto: César Martínez López.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/02/2017

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, y la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas condenaron cualquier amenaza o agresión a activistas en nuestro país.
 
Después de la primera visita oficial que hizo el Relator Especial a México, del 16 al 24 de enero, ambas instancias emitieron un boletín para reconocer ampliamente la importante y legítima labor que realizan las personas defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas.  
 
Rechazaron cualquier acto de amenaza o agresión que busque limitar sus derechos fundamentales, incluyendo los derechos a la vida, la integridad, de libertad de expresión, asociación o reunión, o que pretenda menoscabar su labor, directa o indirectamente.
 
Sin embargo, a menos de un mes de la visita, ayer en la Ciudad de México, el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, sufrió el  allanamiento de sus oficinas en la colonia San Pedro de los Pinos, lo que calificó como un “acto intimidatorio e inaceptable”.
 
El también ex Ombudsman de la Ciudad de México, denunció la agresión ante la Procuraduría capitalina (PGJ) y publicó un video en redes sociales en donde explica que quienes allanaron no se robaron nada, hecho que se dio horas antes de que la PGJ informó que la Secretaría de la Función Pública investiga a Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, por presuntamente alterar pruebas en el caso Ayotzinapa, que fue atraído por la CIDH, cuando Álvarez Icaza era secretario.  
ACTIVISMO, PROTEGIDO POR LA CONSTITUCIÓN 
 
La Relatoría y el Mecanismo, que depende de la Secretaría de Gobernación, recordaron en su comunicado que la Constitución Política federal reconoce el derecho a defender DH y la responsabilidad del Estado de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
 
Ante ello hicieron un llamado para que las autoridades, a todos los niveles y órdenes de gobierno, rechacen categóricamente cualquier acto de criminalización, estigmatización o intimidación de las personas defensoras y que atiendan a grupos en situación de riesgo específico.
 
Entre estas personas están las que defienden los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los migrantes y personas de la comunidad LGBTI, así como las personas defensoras de derechos económicos, sociales y culturales, la tierra y el medio ambiente y los familiares que buscan verdad y justicia para las víctimas.
 
Sobre el trabajo del Mecanismo de Protección, señalaron que debe contar con recursos financieros y se debe fortalecer la cooperación entre autoridades federales y estatales para implementar medidas de protección como alertas tempranas y planes de contingencia.
 
También llamaron a las autoridades de procuración y de administración de justicia a garantizar que los crímenes contra personas defensoras y periodistas sean debidamente investigados y sancionados.
 
17/AGM/GGQ








NACIONAL
   No han pedido declaración ni peritajes
PGJ del Edomex y Fevimtra investigarán atentado contra Malú García
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/02/2017

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), investigarán en paralelo el atentado contra la activista María Luisa (Malú) García Andrade, ocurrido la noche del pasado 26 de enero.
 
Sin embargo, aunque hay dos indagatorias, ninguna autoridad la ha buscado para declarar o para hacer un peritaje y determinar las causas y los responsables de la agresión, denunció en entrevista con Cimacnoticias la propia Malú García, defensora e integrante de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una de las organizaciones pioneras en la denuncia de casos de feminicidio en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.
 
La noche del pasado jueves 26 de enero, la camioneta de Malú García recibió un impacto de bala mientras se trasladaba por el Estado de México, agresión que ese mismo día hizo pública ante el temor de ser asesinada, como sucedió con la activista juarense Marisela Escobedo, quien fue muerta en diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, al manifestarse por el feminicidio de su hija Rubí Frayre.
 
DOBLE INVESTIGACIÓN
 
Sobre las investigaciones, este 30 de enero Malú García se reunió con la titular de Fevimtra, Adriana Lizárraga González, a quien solicitó que abriera una investigación como un delito federal, ya que desde 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas de seguridad porque estaba en riesgo debido a su trabajo como defensora de familiares de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición.
 
Ante la petición de la activista, la fiscal Lizárraga González le informó que, debido a que durante las primeras horas del hecho no se presentó una denuncia ante ninguna autoridad, la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la PGJEM inició de oficio una investigación por “una agresión por detonación con arma de fuego”. 
 

En conferencia de prensa,Malú García. Imagen retomada del twitter de la diputada Cristina Gaytán

Malú García llamó la atención sobre este hecho, porque el día del atentado se comunicó por teléfono con la subprocuradora de la PGJEM, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, a quien le dijo que se trasladaría a Fevimtra para presentar la denuncia, pero la funcionaria la persuadió para no fuera, porque las oficinas estarían cerradas y no sería atendida.
 
La fiscal Lizárraga González aclaró que Fevimtra atiende las 24 horas y que no recibió ninguna comunicación de la Procuraduría estatal sobre el caso. También le dijo que debido a que ya había una investigación local, no se podía abrir otra a nivel federal. Sin embargo, ante la insistencia la titular de la dependencia de la PGR accedió a realizar una indagatoria paralela.
 
“¿Usted cree que yo voy a confiar en las autoridades del Estado de México sabiendo que trataron de persuadirme de poner la denuncia en una instancia federal? ¿Por qué estaban obstruyendo que pusiera la denuncia? Desconozco cuál era su intención”, expresó la activista.
 
QUEJA ANTE LA CNDH
 
Hasta este 31 de enero, Malú García –quien radicaba en Ciudad Juárez y por amenazas de muerte se fue a vivir al Estado de México y ahora esta resguardada en la capital del país– desconoce el número de averiguación previa de ambas indagatorias ya que, dijo, no ha recibido ninguna notificación oficial ni información sobre los peritajes de balística a realizar.
 
Malú García, quien junto con su Norma Andrade se convirtió en defensora después de que en 2001 su hermana Lilia Alejandra, de 17 años, fue asesinada, informó que ayer 30 de enero presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la dilación de las autoridades en la implementación de un esquema de seguridad para protegerla.
 
Tras la reunión que ayer sostuvo con la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), en esta semana tendrá una evaluación de riesgo para determinar cuáles serán las medidas de protección, pero por lo pronto cuenta con tres escoltas y con la misma camioneta que recibió el impacto de bala.
 
Ante estos hechos, este mediodía las diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Maricela Contreras Julián y Hortensia Aragón Castillo, así como la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cristina Gaytán Hernández, dieron una conferencia de prensa –a la que se negó la entrada de activistas– para comprometerse a dar seguimiento a la denuncia.
 
17/AGM/GGQ
 








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