ESTADOS
VIOLENCIA
   El dictamen expone la “irresponsabilidad e ilegalidad” de Segob
Piden a Segob e Inmujeres decretar AVG en Cajeme
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 10/08/2017 La agrupación civil Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) peticionaria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, Sonora, presentó el 8 de agosto una carta dirigida a la Secretaria de Gobernación (Segob) para exigirle que decrete el mecanismo en el municipio, luego de que lo negara en días anteriores por considerar “que no había elementos objetivos suficientes para su procedencia”.
 
La carta dirigida también a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y firmada por las comisionadas para el seguimiento de la AVG en Cajeme, Leticia Burgos Ochoa y María Elena Barreras Mendivil, expone la “irresponsabilidad e ilegalidad” con la que Segob elaboró el dictamen final sobre la procedencia de la AVG para Cajeme, indican.
 
La agrupación señala que dentro del documento -específicamente en la numeral cuarto- se hace referencia a “las mujeres queretanas”, cuando se trataba de una resolución que buscaron las organizaciones civiles de Cajeme hace dos años, en mayo de 2015, para salvaguardar la vida de las sonorenses.
 
“Al respecto expresamos con extrañeza al concluir la lectura de ambos documentos que varias de las afirmaciones al parecer no corresponden al proceso de seguimiento que llevamos a cabo los organismos solicitantes de la AVG, mostrando irresponsabilidad e ilegalidad y poniendo en duda la veracidad de la resolución”, indican en el documento.  
 
Por lo que las comisionadas al seguimiento de la Alerta piden una audiencia con Segob e Inmujeres para poder conocer las razones de la negativa y deliberar la procedencia de la alerta considerando “la violencia extrema que asecha a las mujeres en Cajeme”. Cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora contabilizan 107 casos de feminicidio en la entidad en los dos años del proceso de la AVG (2015 a 2016).
 
De inmediato, ese mismo día el director general adjunto de Asuntos Jurídicos, Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas de Segob, Francisco Esquinca Cuevas, respondió a través de un oficio sobre la corrección al error del documento expedido el 4 agosto por la instancia a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y sin dar mayor respuesta sobre la petición de la organización para que se vuelva a considerar decretar el mecanismo en Cajeme.  
 
Las promoventes de la AVG, recuerdan en el documento que el proceso estuvo lleno de obstáculos, motivo por el cual el pasado 7 de julio la ACEG presentó un juicio de amparo por la demora de Segob para dar una respuesta sobre la procedencia de la Alerta, y la prórroga de seis meses que otorgó al gobierno local en septiembre de 2016 para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo, porque la normativa de la AVG no especifica este tipo de decisiones.
 
Sin embargo, señalan las firmantes de la carta, dentro del resolutivo de Segob se describe que ya había considerado en septiembre del año pasado que no existían elementos para declarar el mecanismo en Cajeme, pero decidió esperar otros seis meses para ver avances por parte del Gobierno local, a pesar de que había concluido que las autoridades sólo acataron cinco de las 12  propuestas contenidos en el informe del grupo de expertas.
 
Cajeme es el municipio de Sonora con el mayor porcentaje de violencia feminicida en la entidad, 19 por ciento de los casos registrados de 2015 a 2016 por el Observatorio (20 asesinatos en total, 10 cada año) se cometieron en dicha región.
 
El mismo día que la Secretaría de Gobernación dio la resolución final sobre la AVG para la localidad de Sonora, también publicó la negativa para los estados de Tlaxcala y Tabasco.
 
La decisión de Segob también llevó a la doctora del Colegio de Sonora, Mercedes Zúñiga Elizalde, integrante del Grupo de Trabajo a renunciar a su puesto “por las múltiples irregularidades observadas en la última fase del procedimiento de discusión y toma de acuerdos”. 

17/HZM







EN DIÁLOGO
VIOLENCIA
   EN DIÁLOGO
Gato encerrado en la Segob sobre la Alerta de Género en Sonora
Imagen de Silvia Núñez Esquer
Por: Leticia Burgos Ochoa*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 09/08/2017 La resolución denegando a la petición de Alerta de Violencia de Género para Cajeme, Sonora, por parte de la Secretaria de Gobernación (Segob) es un despropósito a todas luces impune, transcurrido dos años y tres meses de su solicitud.
 
En Cajeme se encuentran operando los tres órdenes de gobierno con la Estrategia de Seguridad Pública Nacional desde la pasada administración y en ésta faltaba la Gendarmería; ante los hechos funestos de estos meses que van del año, el propio presidente municipal Faustino Félix Chávez y el cabildo del Ayuntamiento en pleno recién actúa en la localidad.
 
Difícil refutar realidades que configuran alertas de facto, la misma autoridad procura estar a la altura del reclamo social y acude a pedir ayuda a los demás órdenes de gobierno para atender Cajeme, y el mismo Congreso Local lo respalda en su momento.
 
Los pronunciamientos de los diversos sectores, civiles, feministas, redes nacionales de defensa de los Derechos Humanos de las mujeres, del Congreso local, del Congreso de la Unión y de los partidos, constatan la urgente necesidad de la declaratoria.
   
Cajeme es parte de los 50 municipios más violentos del país, los delitos de orden común y de crimen organizado han colocado en alto riesgo a la población entera, y en extrema vulnerabilidad a las mujeres, las niñas, niños, adolescentes y sus familias.
 
La perturbación de la paz social es innegable por parte de la propia autoridad, que en el dictamen prueba que de 2015 a 2016 aumentaron los homicidios según los Censos Nacionales de Procuración de Justicia Estatal, en el que registra un incremento de homicidios de mujeres, pasando de 133 casos en 2015 a 280 en 2016. Cajeme ocupa el primer lugar de prevalencia de feminicidio de 2015 al 2017.
 
En el periodo de la prórroga otorgada a Sonora del 9 de septiembre de 2016 a la fecha, se han registrado 41 hechos de violencia feminicida y de ellos 20 feminicidios consumados (el último reportado en el momento que estoy por concluir el artículo), 5 intentos, 6 mujeres desaparecidas, 5 desapariciones-presentadas y 5 suicidios de mujeres, esto sin considerar el semáforo rojo que reporta un ascenso de la violencia sexual y violaciones a niñas y niños en la localidad.
 
Resulta incomprensible que en el mismo resolutivo se reconozca la gravedad de la violencia y la califique de “generalizada”, a la vez que pide atender la problemática de violencia contra las mujeres en Cajeme y dicta “las medidas específicas”, lo que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se define como Alerta de Género, “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”. (Artículo 22). 
 
Concluye el resolutivo, definiendo un plan de acción de emergencia y su temporalidad de cumplimiento. Otorga seis meses más para que rinda cuentas Sonora a la Segob. ¡Bueno!, ¿qué es esto pues? Una declaratoria de facto, sin presupuesto.  
 
Los dos votos razonados a favor de la Alerta de Violencia de Género para Cajeme de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la doctora Mercedes Zuñiga Elizalde, académica de El Colegio de Sonora, son inequívocos.
 
Algo hay detrás con éste resolutivo que no cuadra, gato encerrado. A los tribunales y la sociedad cajemense les toca juzgar. La Alerta de Violencia de Género para Cajeme está acreditada por las mismas actuaciones de las autoridades y el propio resolutivo de la Secretaría de Gobernación.
 
* Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense
 
17/LBO
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Grupo de Trabajo no consideró votos a favor del mecanismo
Resuelve Segob no declarar Alerta de Género en Sonora
Imagen de Sandra Segura
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son..- 07/08/2017 En un proceso plagado de irregularidades, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió el pasado 4 de agosto la resolución para liberar a Sonora de la posibilidad de declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
En el documento publicado en la página de internet del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la dependencia resolvió que no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar la Alerta en el estado de Sonora.
 
No obstante, recomendó al gobierno del Estado fortalecer las capacidades institucionales para atender esa problemática, particularmente aquella que se suscita en razón de la violencia generalizada en el municipio de Cajeme.
 
Asimismo señala algunas medidas que deberá tomar la administración para impulsar políticas públicas que permitan garantizar los Derechos Humanos de las mujeres, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia.
 
Una de las medidas es la implementación del Protocolo Alba con la finalidad de atender los casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en Cajeme.
 
Otra medida es crear un mecanismo interinstitucional con un enfoque operativo y un marco regulatorio suficiente para establecer, mediante análisis de riesgos sustentados en criterios objetivos y en una metodología replicable que considere el contexto particular de las víctimas, así como la situación de violencia generalizada en el territorio en el que éstas desarrollan su vida.
 
Una medida más es la necesidad de implementar esquemas y medidas de protección individuales y colectivas para atender los casos de  violencia contra las mujeres, con un enfoque diferenciado en razón de género y de las especificidades culturales de las personas beneficiarias de las mismas.

Según la resolución de Segob es indispensable una metodología para dar seguimiento a reportes de violencias contra las mujeres, así como los casos de emisión de órdenes de protección para el resguardo de la integridad y vida de las víctimas de violencia.
 
En el documento no aparece el voto razonado a favor de la declaratoria de Aleta de Género de dos de las integrantes del Grupo de Trabajo: de la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar León y de la profesora investigadora de El Colegio de Sonora, Mercedes Zúñiga Elizalde.  
 
En sus razonamientos, Aguilar León explicó que para la CNDH la interpretación de los avances de la entidad deben llevarse a cabo teniendo en cuenta “la adecuada atención al cumplimiento de los indicadores de cumplimiento, no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos, así como el contexto de violencia contra las mujeres en la entidad, bajo una perspectiva de derechos humanos que incluya un análisis multidisciplinario y de integralidad”.
 
Consideró que algunas de las recomendaciones mostraron avances, y que en otras los mismos no son suficientes para la no emisión de la declaratoria de AVG en la entidad.
 
Esto en función de la complejidad y el dinamismo del entorno social en el que se ejerce la violencia feminicida en Sonora. Es por ello que la CNDH consideró que si bien han existido avances, no resultan ser suficientes para el cumplimiento satisfactorio en torno a las medidas propuestas por el Grupo de Trabajo, por lo que se pronunció a favor de que se emita la Alerta.
 
Por su parte, Mercedes Zúñiga criticó a la informalidad y falta de responsabilidad con la cual sesionó el Grupo de Trabajo, pues dijo que prevaleció la superficialidad y la presión por parte de representantes del estado, quienes asistieron a la reunión de dictaminación a pesar de que sólo debería estar una representante del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM).
 
Al emitir su voto la investigadora se dirigió a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) aludiendo a que en Cajeme y otros municipios de Sonora “existen elementos que permiten asegurar la necesidad de declarar la AVGM (Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres)”.
 
Su voto fue en virtud de disentir tanto de los procedimientos que se llevaron a cabo para el debate y la toma de acuerdos sobre las conclusiones del documento; y con diversos puntos fundamentales del dictamen de implementación respecto del nivel de cumplimiento de las propuestas por parte del Gobierno del estado.
 
También explicó el grado de cumplimiento de las doce recomendaciones, y cuáles ya estaban cumplidas cuando se entregó el dictamen, por lo que esta administración sólo las reportó, así como la insuficiencia de otras.
 
Además de haber pospuesto la reunión por varias ocasiones, el Grupo no fue consultado sobre la fecha de celebración, ni de la presencia de cinco representantes del gobierno del Estado por lo que no hubo libertad ni tiempo para discutir a profundidad los indicadores.
 
Todo esto aunado a que el grupo sufrió múltiples cambios de representantes  institucionales: Uno del Instituto Nacvional de las Mujeres;  dos de la CNDH; dos del ISM y cuatro de Conavim. La última representante de esta institución fue designada el 29 de mayo de 2017. Estos cambios afectaron la coordinación y la calidad del seguimiento de los trabajos del Grupo.
 
La Resolución de la Segob para el municipio de Cajeme, Sonora se puede consultar aquí.
 
17/SNE







ESTADOS
VIOLENCIA
   Niega Alerta para Puebla
Segob declara AVG en tres municipios de Quintana Roo
Imagen de Sandra Segura
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/07/2017 La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó que no declarará la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Puebla, pues el gobierno local realizó acciones suficientes para atender las propuestas del Grupo de Trabajo, al tiempo que decretó el mecanismo en tres municipios de Quintana Roo y no en cinco como fue solicitada: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad.
 
OCHO MEDIDAS PARA EL GOBIERNO DE PUEBLA
 
A través de la Conavim, la Secretaría de Gobernación (Segob) indicó en su resolución el pasado 7 de julio que el Grupo de Trabajo conformado para atender y determinar la procedencia de la AVG en Puebla, determinó que el gobierno estatal, encabezado por Antonio Gali Fayad, generó las propuestas necesarias “para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad”.
 
Esto a pesar de que en el dictamen señala con datos de los Censos de Procuración de Justicia (2015 y 2016), que hubo un incremento en “los homicidios de mujeres en Puebla: de 183 casos en 2014, se pasó a 258 en 2015”, lo que significa un aumento del 39 por ciento.
 
Asimismo, Segob señaló que Puebla se posiciona en el octavo lugar de estados del país con mayor número de denuncias por violencia familiar en agravio a mujeres. Por lo que si bien determinó que no había “elementos objetivos para declarar procedente la alerta”, en los próximos seis meses Conavim evaluará que el gobierno de Antonio Gali cumpla con las siguientes ocho medidas:
 
1) Elaborar un diagnóstico estatal sobre los tipos y modalidades de violencia de género; 2)Ejecutar de manera inmediata una estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público; 3) Generar mecanismos efectivos para órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; 4)Actualizar el Centro Estatal de Datos e Información referente a casos de violencia.
 
5) Formular un programa de atención a hombres generadores de violencia desde la perspectiva de género; 6 y 7)Conformar una Unidad de Contexto para investigar el feminicidio, homicidios dolosos, violencia sexual y desapariciones de mujeres, y que revise los expedientes de los últimos ocho años para detectar las posibles deficiencias de las investigaciones; 8) fortalecer los centros de justicia de las mujeres y agencias ministeriales.
 
RETRAZOS Y ENGAÑOS
 
En marzo de 2016 el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización civil Todos para Todos, solicitaron la AVG para Puebla. Conavim aceptó la solicitud un mes después y convocó a la conformación del grupo de trabajo. Este emitió el 28 de junio un informe con 11 recomendaciones para el gobierno encabezado entonces por Rafael Moreno Valle.
 
Las irregularidades se presentaron cuando la Secretaria General de Gobierno del estado de Puebla (SGG) dijo entregó la solución a las recomendaciones del informe en diciembre de 2016, cuando en realidad sucedió hasta enero de 2017. El análisis y la resolución del grupo de trabajo sobre la información que entregó el gobierno estatal ocurrió seis meses después, hasta el pasado 7 de julio.
 
AVG PARA QUINTANA ROO, SUMAN 11 ESTADOS
 
Mientras, ese mismo día Segob decretó la alerta de violencia en tres municipios de Quintana Roo, en respuesta a la solicitud que hizo en diciembre de 2015 el Consejo Estatal de las Mujeres de Quintana Roo AC y la agrupación, Justicia Derechos Humanos y Género.
 
El mecanismo de emergencia se decretó para tres municipios y no para cinco como fue solicitado: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, con ello quedaron descartados los municipios de Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.
 
El grupo de trabajo que atendió la AVG determinó que el estado no atendió las 11 proposiciones que le fueron hechas en el informe, por lo que deberá asumir medidas como: recuperar espacios públicos, un programa coordinado de atención a mujeres víctima de violencia y protocolos para atender, investigar y juzgar con perspectiva de género los casos de feminicidio y delitos sexuales.
 
Este contexto coloca a México con 11 estados bajo la AVG, cinco de ellas se aceptaron en lo que va del 2017: 11 municipios del Estado de México, ocho en Morelos, 14 en Michoacán, siete municipios en Chiapas, cinco en Nuevo León, 11 en Veracruz, cinco en Sinaloa, cinco en Colima, seis en San Luis Potosí, ocho en Guerrero, y tres en Quintana Roo.
 
17/HZM







ESTADOS
VIOLENCIA
   Critica postura de Astudillo ante la alerta
Alianza Feminista vigilará cumplimiento de AVG en Guerrero
Imagen de Guadalupe Cabañas
Por: Guadalupe Cabañas, corresponsal
Cimacnoticias | Chilpancingo, Gro .- 27/06/2017 La Alianza Feminista de Guerrero criticó que el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció antes que la Secretaría de Gobernación (Segob) el decreto de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad y que sus cifras sean inferiores a las presentadas por las organizaciones solicitantes de la medida. 
 
Por un lado, señaló la Alianza, organismo solicitante de la AVG, el Gobernador reconoce, con su anuncio anticipado, que en Guerrero tenemos un problema grave de violencia feminicida y de género y, por el otro, deja ver que su gobierno, a través de sus diferentes instancias y municipios no cumplieron con las recomendaciones que les hizo el Grupo de Trabajo y que, de hacerse efectivas, hubieran evitado la AVG.
 
Advirtió la Alianza que las organizaciones de la sociedad civil que la integran darán seguimiento a las acciones que ordena la AVG.
 
La AVG fue solicitada el 23 de junio de 2016 por organizaciones civiles integrantes de la Alianza Feminista, para ocho municipios dela entidad en donde existe un alto índice de muertes dolosas de mujeres.    
 
Astudillo Flores anunció la AVG el pasado  22 de junio, y al día siguiente, 23 de junio, el Gobierno Federal hizo pública la declaratoria (fechada un día antes) para ocho municipios, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), instancia facultada para ese fin.
 
Con esto, Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort viven desde ese día bajo la AVG.
 
En conferencia de prensa, las organizaciones civiles integrantes de la Alianza Feminista afirmaron que “si hay voluntad política (del Gobernador), debe entonces haber justicia para las mujeres a las que, de manera violenta, les arrebataron su vida”. Y recordaron que dicha voluntad fue expresada por el mandatario para trabajar de manera coordinada con los organismos civiles, peticionarios de la AVG.
 
CIFRAS DIFERENTES, MISMA GRAVEDAD
 
En su conferencia de prensa, la Alianza Feminista destacó el contraste que existe entre las cifras del Gobierno de Guerrero y las de los organismos civiles que pidieron la AVG, con base en el informe del Observatorio “Hannah Arendt”, de la Universidad Autónoma de Guerrero.
 
El Observatorio registró que, de 2005 a 2015, los homicidios dolosos contra mujeres en la entidad fueron mil 449 y Acapulco el municipio con mayor índice de asesinatos de mujeres, con 571 casos en 10 años.
 
En 2016, año de la solicitud de la AVG, registró en Coyuca de Catalán 28 casos de feminicidio, en Iguala 69, en José Azueta 47, en Ayutla 17, en Tlapa 29, en Ometepec 32, en Chilpancingo 77, y Acapulco 580 homicidios dolosos de mujeres, con lo que se colocó este municipio como el de más asesinatos de mujeres ocurridos en todo el estado. En total, en el estado registró 879 casos.
 
Para 2017 la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM), organización peticionaria del mecanismo de la AVG en Guerrero, a través de su presidenta, Marina Reyna Aguilar, informó que tienen documentados más de 50 casos de feminicidio en lo que va del año, 30 de ellos ocurridos en mayo.
 
En contraste, el gobernador Héctor Astudillo informó un contexto de violencia diferente, afirmó que de 2009 a 2016 se registraron 744 casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas, en las siete regiones y desde diciembre de 2010 (fecha en que se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal de Guerrero) se han registrado 142 casos de feminicidios. 
 
RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS
 
En el texto de declaratoria de AVG de la Conavim se señala que no se cumplieron todas las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo, como indica el procedimiento, como paso previo antes de decidir una alerta.
 
Señala el texto de Conavim: “Que del análisis de la información presentada por el gobierno del estado de Guerrero y del dictamen emitido por el grupo de trabajo, se observa que, durante el plazo de seis meses, si bien la entidad federativa realizó diversas acciones para cumplir con las propuestas del Grupo de Trabajo, no se actualizaron los elementos suficientes para alcanzar los objetivos planteados en las mismas”.
 
MEDIDAS BAJO LA AVG
 
A partir del 23 de junio, recordó la Alianza en su conferencia de prensa, se abre otra etapa de este mecanismo, y empezó a correr un plazo de 10 días hábiles, para que el gobierno de Héctor Astudillo entregue a Conavim un cronograma y un programa de trabajo que contemple el desarrollo de alrededor de 40 acciones correspondientes a una serie de medidas de seguridad, de prevención y de justicia.
 
Entre las medidas solicitadas destacan: la divulgación de la AVG; una estrategia de prevención, vigilancia y de seguridad pública, acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; una unidad especializada para el avance en la investigación de casos de feminicidio; medidas para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño.
 
La Alianza Feminista afirmó que “la Conavim dará seguimiento puntual y coadyuvará con el gobierno estatal en la implementación de estas medidas, nosotras como organizaciones de la Sociedad Civil nos sumaremos a las mesas de trabajo, dando seguimiento del cumplimiento de las acciones solicitadas”.
 
17/GC/GG







EN DIÁLOGO
VIOLENCIA
   EN DIÁLOGO
Ilegal dilación de Segob ante las Alertas de Género
Imagen de Silvia Nuñez Esquer
Por: Leticia Burgos Ochoa*
Cimacnoticias | Sonora.- 15/06/2017 Es evidente que Sonora no se encuentra entre las prioridades para la Secretaría de Gobernación. Tal vez no vea a Sonora, como al Estado de México ni como a Veracruz, en relación con la violencia extrema y feminicida. Sin duda pesa la pluma que se desliza describiendo a Sonora como en el país de las maravillas.
 
Resulta ilegal como grave la dilación de la Secretaría de Gobernación frente a dos años que han transcurrido desde que se formuló y admitió la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Cajeme, Sonora. En la Ley (LGAMVLV) y en su Reglamento no hay sustento para la demora. 
 
Las motivaciones de las organizaciones solicitantes fueron claras en mayo de 2015: “no existe paz social en Cajeme, las estrategias de seguridad no han impactado en la protección de la vida y la libertad de las mujeres, la violencia extrema y feminicida agrava el tejido social, colocando a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en mayores riesgos para preservar sus vidas”. 
 
A la vuelta de dos años, siguen presentes las motivaciones sin ser atendidas a cabalidad. La impunidad, el desdén de servidores públicos y las garantías para el acceso efectivo de las mujeres a la justicia sigue siendo deuda pendiente. El doble de hechos feminicidas, sólo en lo que va de la prórroga –en seis meses- con respecto al año anterior, lo demuestran.  Los 23 hechos que pudieron ser evitables ponen en entredicho las acciones que el Gobierno emprende en respuesta para evitar que se declare la Alerta en Cajeme.
 
El Congreso Local ha respondido al reclamo ciudadano al respaldar la petición de Alerta de Violencia de Género para todo Sonora, no solo para Cajeme, acordado por unanimidad el pasado 2 de abril. Además le pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que realice el trámite para su solicitud. 
 
En tanto, el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dirige un comunicado el 28 de mayo pasado a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declarando: “La exigencia del cese de la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas de Sonora, desde hace 24 meses, hace necesaria la declaración urgente de la Alerta de Violencia de Género en el estado”.
 
Señala además que “Han sido marcadamente insuficientes las acciones implementadas por el gobierno del Estado de Sonora para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia y garantizar la seguridad y el acceso a la justica para las mujeres y, por lo tanto, de dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)”.
 
Así mismo, el Consejo Social del Inmujeres en torno a las prórrogas cuestiona indicando que: “…viola la normativa vigente, ya que, de conformidad con el Artículo 38 de la LGAMVLV, son 6 meses para que el Ejecutivo Estatal dé cumplimiento de las observaciones -12 recomendaciones- del grupo de trabajo”.
 
Abunda el Consejo Social: “que de nueva cuenta el gobierno del Estado de Sonora, omitiendo la obligatoriedad de preservar la vida de las mujeres, anuncia acciones desvinculadas de los 134 hechos de extrema violencia y feminicida registrados en lo que va del proceso de solicitud a la fecha”.
 
Continúa en su comunicado, “Para las Consejeras Sociales, así como para la Sociedad Civil, esta situación nos resulta inaceptable, no podemos permitir que los diferentes órdenes Gobierno incumplan, obstaculicen y violenten el mecanismo de la AVGM”.
 
Finaliza marcando que de inmediato de declare la Alerta de Violencia de Género en Sonora y se adopte las acciones necesarias para preservar la vida y la seguridad de mujeres y niñas en la entidad, implementando medidas de seguridad específica en las zonas de riesgo, medidas de prevención, justicia y reparación, así como el cumplimiento integral de las propuestas del grupo de trabajo”.
 
El tratamiento político que la Secretaría de Gobernación instrumenta ante las Alertas de Género, coloca al mecanismo de la AVGM como un instrumento de intereses ajenos a la responsabilidad y a la obligación que le dicta la ley. Lo evidencia en entidades como Sonora, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Guerrero, por señalar algunos.  El grupo de trabajo y, sobre todo, el cuerpo académico y la sociedad analítica tiene la palabra.     
 
* Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense
 
17/LB/GG







NACIONAL
VIOLENCIA
   OSC vigilarán declaratorias y pedirán AVG nacional
Conavim, Inmujeres y CNDH no respetan mecanismo de AVG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/05/2017 Son 22 estados del país quienes han presentado la solicitud para la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), pero es común que no se respeten los tiempos del mecanismo, que las acciones recomendadas por los grupos de trabajo no garanticen la seguridad de las mujeres y que haya un desconocimiento general sobre el proceso en que se encuentra cada alerta.
                                                                                                        
Así lo expusieron promotoras y solicitantes de la AVG de los estados de Sonora, Quintana Roo, Sinaloa, Querétaro, Tlaxcala, Nayarit, Guerrero y Campeche, en una reunión con representantes del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
 
La reunión -solicitada por las organizaciones- se realizó en el Senado de la República, el 29 y 30 de abril, y ahí se discutieron los avances, obstáculos y resultados que observan luego de presentar la solicitud, la experiencia que tienen durante el proceso de la declaratoria, y los resultados que visualizan después de que se aplica o niega el mecanismo.
 
Hasta ahora, la AVG se decretó en 7 estados del país: 11 municipios del Estado de México, 8 municipios de Morelos, 14 de Michoacán, 7 de Chiapas, 5 municipios de Nuevo León, 11 municipios de Veracruz y en Sinaloa en 5 municipios.
 
Entre los puntos discutidos, las representantes de organizaciones como la Asociación Guerréense contra la Violencia AC, el Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo AC, la Red Feminista Sonorense, entre otras, reprocharon a las instituciones encargadas del seguimiento de las Alertas no contar con un reporte sobre el estado en el que se encuentran las solicitudes y de no ser informadas sobre los avances de éstas, al ser las organizaciones civiles las principales solicitantes, y parte clave de la vigilar que se cumplan con las recomendaciones emitidas por los grupos de trabajo.
 
De acuerdo con información del portal web de Inmujeres, hasta el 5 de abril, casi la mitad de los estados del país (13 en total) cuenta con procedimientos de AVG en trámite: Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz (por agravio comparado) y Zacatecas. 
 
Estos obstáculos, precisaron, también se presentan porque no se siguen los plazos para decretar o rechazar la AVG. En el Estado de México tardó 5 años la declaratoria, en Veracruz y Sinaloa un año, en tanto Sonora sigue en proceso, a pesar de contar con características similares la última entidad -presencia de crimen organizado, desaparición de mujeres y violencia feminicida-, aseveraron las presentes.
 
Tras estos ejemplos, la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, presente en la reunión, refirió la importancia de la reforma aprobada por la Cámara de Diputados al Artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para puntualizar el procedimiento y los plazos para decretar la Alerta de Violencia de Género.
 
Estos son: 5 días para conformar el grupo de trabajo, 30 días para que este dicte una resolución; 30 días para rechazar o aceptar la solicitud de AVG, y un plazo de 6 meses para que el gobierno de la entidad implemente acciones de prevención y atención reflejadas en el informe.
 
“ALERTA” CON PRÓRROGAS
 
“El mecanismo no es expedito ni está dando garantías, debe ser mucho más ágil la actuación de las autoridades, no puede llevarse años, porque esa ya no es un alerta”, comentó en entrevista con Cimacnoticias Leticia Burgos.
 
Este último proceso es donde se presentan mayores conflictos, concordaron las organizaciones, ya que en diversas ocasiones –como en Quintana Roo y Sonora- se da a los gobiernos prórrogas para cumplir con las recomendaciones, a pesar de no estar previstas en la Ley General de Acceso.
 
En la reunión, la promovente de la AVG en Querétaro, Angélica Reyes Servín, señaló que sería obligación de los gobiernos locales generar planes de acción de emergencia una vez que se hizo la investigación del grupo de trabajo, para garantizar a las mujeres vivir una vida libre de violencia con o sin declaratoria.
 
Lo anterior, porque en los estados donde se negó la Alerta, se interpuso en principio la “cantidad de casos de feminicidio” que se contabilizaron y, en los casos donde sí se decretó la AVG, “las recomendaciones no aterrizan en los planes de acción de emergencia que deberían de estarse implementando para evitar el asesinato de las mujeres”, añadió Leticia Burgos.
 
En dos ocasiones Segob determinó no declarar la AVG; en Guanajuato (30 de junio de 2015) y Baja California (19 de mayo de 2016) al considerar que los gobiernos locales cumplieron con las recomendaciones determinadas en los informes de los Grupos de Trabajo, indica información del portal de Inmujeres.
 
En el caso más reciente, Querétaro (9 de febrero de 2017), se concluyó no declarar la AVG porque no existían elementos que acreditarán la violencia feminicida en la entidad, recordó Reyes Servín.
 
SE LLEVAN “LAS INQUIETUDES”
 
Los representantes de Inmujeres, Conavim y CNDH acordaron remitir estas observaciones a sus autoridades correspondientes: “nos parece como si no tuvieran en la materia la responsabilidad completa, porque todos dejaron en claro que se llevarían todas las inquietudes”, dijo la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos.
 
Por su parte, la CNDH adelantó que está preparando un informe especial sobre las alertas de violencia a nivel nacional, y la actuación de las autoridades encargadas del debido funcionamiento y seguimiento del mecanismo de la AVG.
 
De esta reunión también se desprendió la creación de una red conformada por las organizaciones que impulse y dé seguimiento a las declaratorias de AVG en todo el territorio, asimismo, buscarán tramitar la AVG a nivel nacional.
 
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ESTADOS
VIOLENCIA
   Segob no responde a AVG solicitada hace 2 años
En Colima, 15 mujeres asesinadas de enero a marzo: CAM
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Heidi de León Gutiérrez
Cimacnoticias/DiarioAvanzada | Colima, Col .- 10/04/2017 La integrante del Centro de Apoyo a la Mujer, Clementina Nava Pérez, advirtió que en Colima la sociedad no ha dado una respuesta contundente ante la situación de violencia en contra de las mujeres y pidió que los hechos violentos no se vean como algo cotidiano o normal.
 
La activista social y especialista en temas de violencia de género expresó que, en estos tres primeros meses del año, 15 mujeres han sido asesinadas en la entidad y el año pasado se reportaron alrededor de 50 casos de feminicidio, por lo que “si seguimos con esta estadística, ¿con cuántos casos estaremos cerrando el 2017”?, cuestionó Nava.
 
Señaló que la violencia que afecta a la sociedad en general y particularmente a las mujeres, pareciera que la sociedad la está normalizando, y refirió que en la medida que se dan más casos de asesinatos, la respuesta como sociedad es nula. “En la medida en que se dan más casos (de asesinatos), la respuesta es casi nula, de no ser por los organismos que estamos trabajando a favor de las mujeres”.
 
Nava Pérez señaló que la violencia contra las mujeres va en ascenso en los últimos años, “eso nos parece alarmante y bastante grave. No tenemos que permitir que un asesinato más se cometa”.
 
La activista expresó que ante este panorama es prioritario que la Secretaría de Gobernación emita la Alerta de Violencia de Género, que desde hace dos años solicitaron las organizaciones civiles, entre ellas el CAM, tras documentar la violencia sistemática en contra de las mujeres.
 
De los 15 asesinatos de mujeres que se han cometido en estos tres meses, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima únicamente ha esclarecido un caso que ocurrió en Manzanillo, donde una mujer fue asesinada por su pareja sentimental.
 
17/HDLG/GG
 







ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Periodistas de Chihuahua
Con exigencia de justicia y protección, rinden homenaje a Miroslava Breach
Imagen Laura Carrasco Gutiérrez
Por: Laura Carrasco Gutiérrez, corresponsal
Cimacnoticias | Chihuahua, Chi .- 25/03/2017 Ante el asesinato de Miroslava Breach Velducea, periodista con amplia trayectoria y compromiso con la labor informativa (en la que destacó con líneas de investigación como el crimen organizado en la localidad, política, medio ambiente, derechos humanos y corrupción del pasado gobierno estatal), periodistas y organizaciones de la sociedad civil realizaron un homenaje en la ciudad de Chihuahua.
 
Reunidos en la Cruz de Clavos frente al Palacio de Gobierno, exigieron justicia para la periodista y su familia, así como condiciones de seguridad apropiadas para que no se vulnere el derecho a la verdad y el periodismo pueda ejercerse libremente.
 
Compañeros y compañeras periodistas, en visible afectación por su pérdida, comentaron la valentía de Miroslava, quien incluso “defendió el Palacio de Gobierno en una pasada manifestación que se puso violenta y expuso su vida, al igual que en sus coberturas, donde exponía la verdad”.
 
Imagen Laura Carrasco Gutiérrez

 
Una agrupación de mujeres periodistas que trabajó codo a codo con Miroslava colocó su nombre en la emblemática cruz de clavos, con  la leyenda "no se mata la verdad matando periodistas". Es irónico e injusto, dijeron las comunicadoras, pues “ella fue de las principales personas que hicieron cobertura de los casos de feminicidio en la entidad. “
 
Gabino Gómez, representante de las organizaciones convocantes, expuso que “el asesinato cometido en perjuicio de una periodista crítica y valiente es un acto terrorista que busca disuadir a las y los periodistas de Chihuahua de seguir documentando y denunciando la operación y control del crimen organizado sobre varias regiones de la entidad, así como los múltiples hechos de corrupción perpetrados desde los poderes públicos”.
 
Gómez también puso en evidencia la inacción del Gobierno del estado y del Gobierno Federal, que “no han sido capaces de garantizar a la fecha las condiciones mínimas para el ejercicio pleno, libre y sin amenazas de la libertad de expresión en el estado”, así como del Mecanismo para la Protección de Defensoras, Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, promovido por la Secretaría de Gobernación.
 
“Exigimos la presencia de Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,  para que presente y ejecute el plan para esclarecer este asesinato. Exigimos que se lleve a la cárcel a quien se llevó la vida de nuestra amiga, a quien llevamos información con la seguridad de que sería publicada. Si la justicia no se aplica “seguirán cayendo defensoras y defensores de los derechos humanos y periodistas ejemplares, comprometidos con la verdad, con la libertad y con la democracia, como fue siempre Miroslava”, afirmó.
 
Dora Villalobos, vocera de periodistas independientes de Chihuahua, leyó un comunicado donde manifiestan su repudio ante el asesinato de Miroslava y dijo que el modo en que se cometió su crimen, sumado al antecedente de otros asesinatos cometidos en la entidad, “nos permite establecer que los comunicadores comprometidos del estado ejercemos nuestra actividad en un contexto de total impunidad oficial hacia cualquier agresión y sin garantías que salvaguarden nuestro trabajo, lo cual debilita la ya de por sí exigua libertad de expresión y, en un marco más amplio, a la incipiente democracia que tanto nos ha costado construir”.
 
Imagen Laura Carrasco Gutiérrez

 
Entre las y los periodistas independientes que firman el comunicado están: Patricia Mayorga, Jaime Armendáriz, Oksana Volchanskaya, Venesa Rivas, Eduardo Porras, Pedro Enríquez, Yolanda Miranda, Dora Villalobos, Flor María Vargas, Juan Gómez Franco, Rosalba Salcido, Flora Chacón, Lourdes Díaz, Graciela Imelda Ramírez, Sergio Armando López, Raúl Gómez Franco y Eva Trujillo.
 
Villalobos dejó clara la demanda de justicia y que la investigación del asesinato de Miroslava sea “seria, expedita y dé resultados concretos para que no quede impune, como ha ocurrido con los casos de otros compañeros victimados para quienes seguimos esperando justicia. Como periodistas nos solidarizamos con la familia de Miroslava, de modo especial con sus dos hijos, para quienes solicitamos la protección oficial así como la reparación del daño cometido en la persona de su madre”, agregó.
 
Y finalizó: “junto con la demanda de justicia también exigimos al Estado, como garante constitucional de la libertad de expresión, la instrumentación inmediata de políticas públicas de prevención para los periodistas de Chihuahua, así como de protección para quienes se hallen en situación de riesgo inminente”.
 
Las y los periodistas colocaron al final en la Cruz de Clavos  los instrumentos con los que trabajaba Miroslava y reiteraron su exigencia de justicia en este crimen y condiciones adecuadas para ejercer el periodismo en Chihuahua. 
 
17/LCG/RED
 







NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Bajo “alerta temprana” de Fiscalía Especializada
Asesinan en Chihuahua a la periodista Miroslava Breach Velducea
CIMACFoto: Gabriela Mendoza Vázquez
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/03/2017 La periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y reportera del periódico Norte de Ciudad Juárez, fue asesinada esta mañana frente a su casa, en la calle José Ma. Mata y Río Aros, en la colonia Granjas, de la capital de Chihuahua, cuando iba a dejar a su hijo a la escuela.
 
Al salir del domicilio, ya a bordo de su camioneta,  fue interceptada por hombres armados que le dispararon en ocho ocasiones a corta distancia, por lo que perdió la vida instantáneamente.
 
El asesinato de Miroslava, quien cubría la fuente política y seguridad, se comete en  un estado donde el año pasado, el 11 de agosto de 2016, la Secretaría de Gobernación instaló una “Alerta Temprana” para prevenir agresiones contra periodistas  y activistas, de acuerdo con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido al alto riesgo en el ejercicio de esa profesión en la entidad.
 
En su trabajo periodístico, Miroslava Breach había reportado recientemente (14 de marzo pasado), la existencia de cementerios clandestinos en el municipio de Madera, lo que era investigado por la Fiscalía estatal, relacionados con el crimen organizado. Y en enero pasado, el asesinato del dirigente indígena rarámuri de Choreachi, Juan Ontiveros.

También reportó el año pasado las amenazas que recibieron candidatos a ediles por parte del narco en ocho municipios. Así como la violencia generada por el narcotráfico en zonas indígenas en años recientes. 

El crimen contra la comunicadora es, además, el segundo cometido contra periodistas que se comete en el gobierno del panista Javier Corral Jurado y el tercero en lo que va de este mes de marzo en el país (Cecilio Pineda, en Guerrero, y Ricardo Monlui, en Veracruz).
 
TRABAJO PERIODÍSTICO
 
“No cabe duda de que el asesinato de Miroslava Breach tiene que ver con su trabajo periodístico”, aseguró la representante en México de Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores Martínez, y por tanto es obligación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) atraer y establecer desde un inicio las investigaciones a partir de su trabajo periodístico.
 
En eso coincidieron el fiscal general del estado de Chihuahua, César Augusto Peniche, quien informó que la principal línea de investigación que se sigue en torno al asesinato es su actividad profesional, así como el coordinador de Comunicación Social de Gobierno del estado, Antonio Pinedo Cornejo, quien relacionó el crimen su labor en medios de comunicación.
 
La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la FEADLE, que encabeza Ricardo Nájera, inició una carpeta de investigación sobre el homicidio. 
 
ALERTA TEMPRANA
 
Balbina Flores afirmó que la autoridad tiene que ser contundente, en sus investigaciones, establecer mecanismos de protección.
 
Cuestionó qué pasó con la Alerta Temprana, ¿es que la autoridad no puede estar atenta a esto?, “es el segundo asesinato en la administración de Corral, el tercero en este mes, es demasiado y no puede seguir ocurriendo”, dijo.
 
Las autoridades, dijo Flores Martínez, deben dar un mensaje claro para saber qué van a hacer con la violencia, porque “hay un repunte clarísimo de la violencia”. 
 
TERCER ASESINATO
 
Apenas en diciembre pasado, el periodista Adrián Rodríguez Samaniego, de Antena Radio,  y quien cubría temas de seguridad pública para El Heraldo de Chihuahua, fue asesinado, también enfrente de su casa en esa ciudad, dentro de su automóvil, por desconocidos que lo abordaron y dispararon.  
 
El homicidio de Miroslava se agrega a la lista de mujeres periodistas agredidas en el país que, tan solo de 2014 a 2015, sumaron 147, es decir, cada cuatro días una mujer periodista fue agredida por su labor en ese mismo periodo, de acuerdo con el informe de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) “El poder del cacicazgo. Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”. CIMAC es la única organización que documenta y registra la violencia contra las mujeres periodistas, desde 2010 a la fecha.
 
Casi al mismo tiempo en que mataron a Miroslava Breach, en Ciudad Juárez inició el foro Protección a Periodistas, organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con el fin de concientizar y apoyar a los comunicadores de todo el país “ante los constantes abusos cometidos en su contra” y para “fortalecer una legislación integral que proteja su actividad”. 
 
Esta tarde, el Gobierno del estado convocó a una conferencia de prensa sobre el asesinato de la periodista.  
 
17/RED







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