ESTADOS
VIOLENCIA
   Alberto Medina podría usar sus influencias políticas: Ligia Canto
Fiscales de Yucatán se niegan a investigar a familia de feminicida
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/05/2017
Autoridades de Yucatán no quieren investigar a la familia del empresario Alberto Medina Sonda como inculpada en el feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto. Él está acusado de ser autor intelectual del crimen y sobre su familia hay antecedentes que demuestran su complicidad en las agresiones que cometió el empresario contra la defensora de Derechos Humanos, contra sus dos hijas e hijo, y contra Ligia Canto Lugo, madre de Emma. 
 
Eso denunció la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio- Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, en entrevista con Cimacnoticias. Explicó que Ligia Canto ya solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se investigue a la familia de Medina Sonda, ex esposo de Emma Gabriela, sin embargo, dijo: “Tres fiscales encargados de delitos de alto impacto del estado se reunieron con ella para decirle que no hay elementos suficientes para investigar a la familia”.
 
Desde 2012, cuando Emma Gabriela comenzó el proceso de divorcio con Alberto Medina y la búsqueda de la custodia de sus hijas e hijos, ella, los menores de edad y su madre fueron constantemente agredidas por la familia de Medina Sonda, según ha denunciado Ligia Canto Lugo.
 
Canto Lugo expuso previamente a Cimacnoticias que desde que la juez Sandra Beatriz Bermejo Burgos nombró, el 18 de octubre de 2012, como tutores de los menores a Juana María Sonda Herrera y Julio Alberto Medina Gurubel, madre y padre de Medina Sonda, “no verificaron en dónde los tendrían, ignoraron que su familia no eran las personas idóneas para tener a los menores”.
 
Ejemplo de ello, dijo, fue que los tutores “pusieron a mis nietos sobre sus hombros y corazones la responsabilidad de los actos de Medina Sonda”; ellos les repetían “Por culpa de su mamá, su papá está en la cárcel, si ustedes dicen que quieren estar con su mamá, él se va a quedar ahí”.
 
De acuerdo a Adelaida Salas, pese a que Ligia Canto ha entregado pruebas suficientes de antecedes de agresiones hacia Emma Gabriela y sus hijos por parte de Medina Sonda y su familia, “le aseguran que no pueden investigarla”, pese a que “Ligia Canto les ha dado a las autoridades todo para vincularlos, notas periodísticas, amparos y todos los registros de la violencia que él y su familia ejerció sobre Emma Gabriela”.
 
Actualmente Medina Sonda está preso en Tabasco acusado por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita en esa entidad durante la administración del priista Andrés Granier, sin embargo, apeló la sentencia de 12 años 6 meses que debería cumplir. Además, se le otorgaron 2 años de prisión preventiva para que continué la investigación en su contra por el delito de feminicidio de Emma Gabriela, efectuado el pasado 27 de marzo en Mérida Yucatán.
 
“Los fiscales del estado ya se sentaron y no quieren investigar nada sobre la familia de Medina”, denunció Salas Salazar. “(Las autoridades) ignoran los recursos con los que él cuenta, tantos como para fabricar delitos”, dijo la Defensora para referirse a los arrestos que Emma Gabriela y Ligia Canto sufrieron respectivamente de 2012 a
2014 por falsas acusaciones de robo de una camioneta y falsificación de tarjetas bancarias.
 
 
En ambos casos demostraron su inocencia y en 2014 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 54/2014, que los arrestos fueron muestra de violencia institucional, por la participación de funcionarios de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y de la PGR.
 
JUSTICIA EN DUDA
 
De acuerdo a Salas Salazar la exigencia de Ligia Canto porque se investigue también a la familia de Medina Sonda no es aislada “se sabe de los recursos de ese señor y le preocupa que, de nuevo, utilice sus relaciones con funcionarios para encontrar la forma de liberarse”.
 
Tan solo durante el primer juicio de vinculación de Medina Sonda para el delito de feminicidio, efectuado el pasado 21 de abril, Canto Lugo denunció la existencia de conflictos de interés y solicitó, a través de un comunicado recibido por la FGE ese día y el cual está en manos de esta agencia, que se removiera al defensor particular del empresario, Edier Josué Pech Farfán.
 
Lo anterior porque, cuando se le nombró como defensor, se ignoró que efectuaba el cargo de Fiscal Investigador Titular de las Agencias Investigadoras Mixta Tres, la Décima Primera y la Trigésimo Quinta, entre otras en Yucatán, cuando en el artículo 60 de la Ley de la FGE se establece que ningún servidor de la Fiscalía puede "puede ejercer la abogacía, sino en causa propia".
 
Un día después la FGE anunció el despido y el cese en la defensa de Medina Sonda de Pech Farfán quien, de acuerdo a lo reportado por medios yucatecos, durante el juicio del 21 de abril declaró que fue contactado por un familiar del acusado para asesorarlo en su defensa.
 
17/MMAE/GG







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VIOLENCIA
   Instalado con 9 años de retraso
Programa Especial de la LGAMVLV en Yucatán será “letra muerta”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/05/2017 Con nueve años de retraso desde que se estableció, en Yucatán hoy entra en vigor el Programa Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, entre cuyos objetivos está promover la armonización entre el Código Penal estatal con el Federal en materia de feminicidio; sin embargo, las organizaciones dudan de su cumplimiento.
 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad planteó desde su expedición, en marzo de 2008, la creación del Programa Especial, sin embargo, el Gobierno de Yucatán lo instaló oficialmente hasta el día de ayer mediante el Decreto 476/2017.
 
La directora del Observatorio Nacional del Feminicidio-Yucatán, Adelaida Salas Salazar, criticó el anuncio que hizo el Gobierno priista de Rolando Zapata Bello al calificar el Programa “como algo novedoso” cuando, aseguró “era una obligación gubernamental desde 2008”.
 
Salas Salazar denunció que, además del Observatorio, diversas organizaciones civiles en Yucatán dudan de la eficiencia del programa porque, recalcó, la Ley de Acceso estatal “es letra muerta”.
 
“La creación del Programa no garantiza nada para el acceso a la justicia de las mujeres porque el Poder Legislativo y Poder Judicial no trabajan con perspectiva de género”, afirmó la defensora de Derechos Humanos.
 
Los temas que aborda el Programa Especial son: la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres a través de cuatro objetivos, 14 estrategias y 74 líneas de acción. Además, establece el compromiso coordinado de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la armonización de contenidos legislativos necesarios para se cumpla y obliga a las dependencias y entidades de la administración pública a financiarlo anualmente.
 
DELITO DE FEMINICIDIO
 
Una de las estrategias para asegurar la reparación del daño de delitos por violencia plantea la integración de un registro estatal de casos de feminicidio "con datos sociodemográficos de víctimas".
 
Organizaciones como Yucatán Feminicida ya habían denunciado desde 2016 que el gobierno yucateco no mantiene actualizado el Banco Estatal de Datos e Información, en donde se registran casos de violencia contra las mujeres, incluido los delitos de feminicidio.  
El Programa también establece que corresponde al Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad y a la Secretaría General de Gobierno del estado (SGG) reformar el seguimiento y sanción del delito de feminicidio.
 
También menciona como responsable al Comité de Sanción del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero sobre la actuación del Consejo Estatal, denunció Adelaida Salas, “no hay claridad de sus labores y cuando se creó, porque supuestamente ya labora”
 
Dentro de la estrategia del Programa Especial para Promover la cultura de la denuncia hacia actos de violencia y discriminación contra las mujeres, se plantea que el Comité de Sanción y TSJ tienen la tarea de promover la armonización del delito de feminicidio acorde con el Código Penal federal.
 
Para que ello se cumpla, precisó Adelaida Salas, también debe trabajarse en reformas a la Ley de Acceso que cumplan con las exigencias de las mujeres de la entidad para que se les garantice la protección de sus derechos.
 
Además, la defensora de Derechos Humanos sentenció “si se sigue ignorando que las y los funcionarios no tienen el perfil para trabajar por los derechos de las mujeres, aunque se creen nuevas instancias la seguridad de las mujeres no va a estar garantizada”.
 
17/MMAE/GG
 







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VIOLENCIA
   Comité encargado de recomendar dice “no es necesario”
Para investigar feminicidio en Yucatán faltan causales: OSC
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/05/2017 Aunque Yucatán cuenta desde julio de 2016 con un Comité encargado de evaluar y dar seguimiento a la aplicación correcta del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio, su actuación es limitada porque el Código Penal del estado ignora cuatro de las causales que sí considera el Código Federal.
 
Por ello, “conviene ampliar las causales" para que más casos se investiguen como feminicidio, aseguró la representante de la sociedad civil en el Comité, Ivette Laviada Arce.
 
La también directora en Mérida del Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer, dijo en entrevista con Cimacnoticias que, como actualmente el Código Penal de Yucatán ignora cuatro causales que sí considera el Código Federal en materia de feminicidio, sí es necesaria la homologación porque, con ello, se “lograría que las obligaciones internacionales en materia de sanciones de violencia contra las mujeres se cumplieran”
 
Y añadió: “A medida que en los códigos penales se presenten más hipótesis que configuren el delito de feminicidio, será más preciso y objetivo que (los casos) se puedan tipificar".
 
Laviada Arce dijo que aun cuando en 2014 se logró la tipificación del feminicidio como un delito grave en las reformas al Código Penal de Yucatán “queda pendiente ampliar las hipótesis como lo establece el Código Penal Federal”.
 
Por ello, explicó que la actuación del Comité no puede compensar la carencia de estas causales en las investigaciones. Esto porque al Comité le corresponde promover que el Protocolo de Actuación Ministerial, vigente desde marzo de 2016 mediante el Acuerdo FGE 06/2016, se aplique apegándose únicamente a lo establecido en el Código Penal estatal.
 
La homologación del Código Penal yucateco en feminicidio ha sido una de las principales denuncias de organizaciones civiles desde noviembre de 2016, a través de pronunciamientos, reuniones con integrantes del Congreso y una carta pública al gobernador, Rolando Zapata Bello.
 
Ejemplo de las limitaciones para la investigación y sanción de un caso de feminicidio debido a la condición del Código estatal es Emma Gabriela Molina Canto, asesinada frente a su casa en Mérida el pasado 27 de marzo y por el cual se culpa como autor intelectual a su ex esposo y ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda.
 
Cuando la FGE atrajo el caso, este se investigó como homicidio porque de acuerdo con el juez a cargo, Luis Edwin Mugarte Guerrero, no había pruebas suficientes para que se considerara como feminicidio. Actualmente continúa el proceso penal en contra de Medina Sonda como autor de feminicidio.
 
“El juez tenía razón, en un principio no pudimos lograr que se acusara a los inculpados por feminicidio porque el Código Penal no contempla elementos fundamentales para eso”, señaló la directora del Observatorio Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar en entrevista con Cimacnoticias.  
 
EL COMITÉ DICE QUE “NO ES NECESARIO”
 
El Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio se instaló en julio de 2016, su actuación la regula el Acuerdo FGE 07/2016 y está conformado por la directora General del Instituto para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado (IPIEHM), Alaine López Briceño; el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), José Enrique Goff Ailloud.
 
Como representantes de la sociedad civil lo conforman: de la Organización Vida y Familia, Anel Macías Arreola; de Hogares Maná Víctor Chan Martín, además de Laviada Arce.
 
El Comité tiene entre sus funciones emitir recomendaciones a las unidades administrativas de la Fiscalía General del Estado para que se aplique correctamente el protocolo, sin embargo, de acuerdo a Laviada Arce, el grupo no ha emitido ninguna recomendación porque, dice "por el momento no ha sido necesario", ya que aseguró " los casos que se han evaluado han cumplido con las disposiciones establecidas en el Protocolo de Actuación Ministerial".
 
Otra de las tareas del protocolo es la de solicitar la evaluación de casos específicos “que así lo ameriten por su relevancia o trascendencia social”, como establece el Artículo 3  del acuerdo que regula la actuación del Comité, por lo que las y los integrantes del mismo han atraído cinco casos entre septiembre de 2015 y octubre de 2016, para dos de ellos ya hay dos sentenciados por el delito de feminicidio y cumplen condenas de 35 años y 38 años de prisión respectivamente; los otros tres casos continúan en investigación, informó Laviada Arce.
 
Aseguró también que el Comité sí tienen la capacidad para presionar a instancias ministeriales y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que el asesinato de una mujer se investigue hasta comprobar que se cumplan o no las causales consideradas en el Código Penal yucateco para el delito de feminicidio, aun cuando las primeras líneas de las investigaciones fueron las de un homicidio.
 
Lo anterior con el objetivo de que la entidad garantiza justicia "con perspectiva de género" y se base "en el respeto a los derechos humanos" de las mujeres que hayan sido violentadas.
 
DENUNCIAS DE ORGANIZACIONES
 
Desde la formación del Comité, organizaciones civiles del estado han denunciado deficiencias en la labor del Comité, porque, denunciaron, este no acompaña los suficientes casos y carece de un análisis más exhaustivo de la violencia feminicida de la entidad.
 
Al respecto Ivette Laviada mencionó que, pese a los señalamientos, ante cada muerte violenta de una mujer "los ministerios públicos, peritos y policías aplican lo establecido en el protocolo y su actuación se rige con perspectiva de género" y añadió que la ciudadanía yucateca debe saber que aun cuando el Comité no sesiona, las autoridades siguen el protocolo.
 
De 2015 hasta noviembre 2016, la organización Yucatán Feminicida registró, a través de un rastreo en la prensa y con cifras solicitadas a FGE, 10 casos que cumplen con características del delito de feminicidio, como consta en su informe “Estado del Feminicidio, Yucatán 2008-2016”.
 
Además, la mayoría de los ejecutores de feminicidio no reciben sentencia. De acuerdo al mismo informe, de 2008 a 2016 sólo ha habido cuatro consignas por este delito.
 
17/MMAE/GG
 







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DERECHOS HUMANOS
   El 14 y 15 de noviembre en Yucatán
Convocan al seminario “Mujer rural y memorias comunes”
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Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/05/2017

Para reivindicar a las mujeres como sustentadoras del patrimonio cultural, de la memoria colectiva del medio rural y de los bienes comunes, el quinto Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural (SOPA) abrió la convocatoria para el Seminario "Mujer rural y memorias comunes", que se realizará el 14 y 15 de noviembre en Mérida y Canicab, Yucatán.

 

En el Seminario se reflexionará acerca del papel de las mujeres en proyectos comunitarios y se presentarán proyectos que fomenten la unión entre la herencia cultural y los nuevos procesos creativos.

 

Por primera vez México será sede del Congreso SOPA, creado en 2013 y que se ha efectuado en España y Argentina. En él se presentan proyectos didácticos, científicos y participativos para fomentar el desarrollo económico de los pueblos y la apreciación de los bienes culturales.

 

Las organizaciones a cargo del Congreso SOPA afirmaron en un comunicado que el Seminario destacará cómo a lo largo de la historia las mujeres han sido responsables de transmitir, además de diversos conocimientos, “una forma de entender la vida y de afrontar los problemas”.  

 

Por ello el Congreso SOPA convocó a ciudadanas, asociaciones, colectivos y entidades a presentar sus proyectos o reflexiones hasta el 1 de julio en los formatos de ponencia, vídeo-ponencia-documental, o cartel; las propuestas pueden mostrarse sin tener que asistir físicamente al Seminario.

De acuerdo a la convocatoria, las propuestas deberán reconocer los saberes comunes de las mujeres desde el imaginario colectivo y destacar su papel como transmisoras y sustentadoras del patrimonio cultural; también tendrán que generar herramientas que sirvan para el intercambio de conocimiento y fomento del trabajo colaborativo con entidades, asociaciones y colectivos en el desarrollo de sus territorios.

Además, los proyectos deberán promover la reflexión sobre cómo los sistemas educativos, políticos y culturales coercen el lugar de las mujeres como sustentadoras del patrimonio cultural.

En esta edición la organización del Congreso está a cargo de UNDERGROUND Arqueología Patrimonio & Gente, la Universidad Autónoma de Yucatán, el colectivo Niquelarte, el Centro Regional Universitario de la Península de Yucatán de la Universidad Autónoma Chapingo, la Casal Català de Yucatán; así como de la red de la Comunidad SOPA, ArKeopatías, LaFábrika detodalavida, cAnicca y Mi MonaAmedia.

 

Más información del Congreso SOPA en su sitio web oficial.

 

17/MMAE/GG








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VIOLENCIA
   Urge que Congreso local legisle ya, reclaman OSC
Código Penal de Yucatán debe homologarse con Federal para juzgar feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/05/2017 En Yucatán, de 2008 a 2016 se registraron 57 casos de feminicidio, pero la falta de homologación de causales entre el Código Penal estatal con el Federal no permite que se investigue con  celeridad ni que se sancione con las penas correspondientes al delito de feminicidio, denunciaron organizaciones civiles.
 
Una de las causales que el Código Penal de la entidad ignora es “la existencia de una relación sentimental afectiva o de confianza entre el activo y la víctima”, esto pese a que en la mayoría​ de los casos de feminicidio, de 2008 a 2016, existía una relación entre las dos partes: cinco de cada 10 casos los cometieron hombres que vivían​ con la víctima y siete de cada 10 eran personas conocidas por ellas.
 
Tampoco contempla si la mujer fue incomunicada, o si hubo amenazas relacionadas con el hecho, o acoso en contra de la víctima, o “si su cuerpo fue exhibido en un lugar público”.
 
Estos factores son los que  han causado el retraso, por ejemplo, en la investigación del feminicidio de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, asesinada frente a su casa el pasado 27 de marzo, delito por el que actualmente se investiga como autor intelectual a su ex esposo Alberto Medina Sonda.
 
Eso afirmó la directora del Observatorio Nacional del Feminicidio - Yucatán, Adelaida Salas Salazar, en entrevista con Cimacnoticias. “Ligia Canto -madre de Emma Gabriela- sigue entregando pruebas a la Fiscalía del Estado para que el caso se investigue como feminicidio, pero también es trabajo del Congreso Estatal, deben legislar para considerar las causales que faltan en el Código Penal”.
 
Para Salas Salazar, el problema radica en que “las mujeres no están en la agenda del Congreso yucateco”.
 
El delito de feminicidio del Código penal yucateco “no responde del todo a la problemática que enfrenta el estado”, señaló en entrevista el coordinador de Investigación de  la organización Yucatán Feminicida, Efraín Tzuc Salinas, y añadió que no homologar las causales significa “la violación a los Derechos Humanos de las mujeres, porque se evita la implementación de los acuerdos internacionales y nacionales que los protegen”.
 
Desde 2014 se reformó el Código Penal yucateco y el feminicidio se incorporó a los delitos graves, sin embargo, la modificación también representó un retroceso en términos de armonización legislativa al eliminar las causales mencionadas, denunciaron Salas Salazar y Tzuc Salinas.
 
Por ello, desde el 25 de noviembre de 2016 las organizaciones Ciencia Social Alternativa Kóokay, el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio-Yucatán, y Yucatán Feminicida, han exigido a través de pronunciamientos, reuniones con integrantes del Congreso y una carta pública al gobernador, Rolando Zapata Bello, que se homologue el delito de feminicidio del Código Penal de Yucatán, con el Federal.
 
Al hacerse, mencionó Salas Salazar, tendría que reformarse el Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio, vigente desde marzo de 2016 mediante el Acuerdo FGE 06/2016, y los agentes ministeriales contarían con más elementos para investigar los homicidios de mujeres como feminicidio.
 
Grupos de la sociedad civil de Yucatán también han definido como una simulación la actuación de las autoridades en materia de feminicidio. Ejemplo de ello es su inconformidad por la integración del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio, creado a la par del Protocolo, del que, aseguran, son parte organizaciones sin experiencia en la prevención, atención e investigación de la violencia feminicida.
 
De acuerdo con el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008-2016” en ese periodo se registraron 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos característicos de los casos de feminicidio, sin embargo, solo hubo una sentencia condenatoria por este delito.
 
17/MMAE/GG







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VIOLENCIA
   Logro de OSC de Yucatán que se procese por esa causa
Alberto Medina será juzgado por feminicidio agravado contra Emma Gabriela
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/04/2017 El ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, fue vinculado a proceso penal como coautor directo del delito de feminicidio agravado cometido contra la defensora de Derechos Humanos, Emma Gabriela Molina Canto, informó el Poder Judicial de Yucatán.

En la audiencia realizada el 24 de abril en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) el juez a cargo del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, dictó que hay pruebas suficientes para investigar a Medina Sonda como autor del presunto feminicidio de Emma Gabriela, cometido el pasado 27 de marzo en Yucatán, Mérida.

Con ello, la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) continuará con la investigación sobre el caso, informó el Poder Judicial de Yucatán a través de un comunicado y confirmó la representante en esa entidad del Observatorio Nacional del Feminicidio y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, en entrevista con Cimacnoticias.

El empresario, actualmente recluido en Tabasco por usar recursos de procedencia ilícita, presenció la audiencia a través de videoconferencia desde el centro de Justicia del Sistema Penal de ese estado.

En la audiencia, el juez Mugarte Guerrero dictó prisión preventiva de un año para el acusado y estableció un plazo de cuatro meses para que la FGE recabe más pruebas.

Salas Salazar definió la decisión de juzgar el caso de esta forma como un “logro de las organizaciones sociales en Yucatán” por las demandas que han hecho para que el delito de feminicidio se sancione e investigue como un delito grave, según establece el Artículo 13 del Código Penal de Yucatán.

Sin embargo, dijo, aún es necesario presionar a las y los diputados para que legislen en favor de la homologación de los elementos para juzgar como feminicidio presentes en el Código de Yucatán y el Federal para que no sea un elemento que intervenga en la acusación de Medina Sonda.

Las organizaciones Ni Una Más-Yucatán, Ciencia Social Alternativa "Kóokay", el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán, el Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estudio y Yucatán Feminicida demandaron desde noviembre de 2016 que el Congreso del Estado de Yucatán realice las modificaciones necesarias para que el delito de feminicidio se investigue correctamente.

Lo anterior, porque en el Código Penal de Yucatán se ignoran cuatro causales presentes en el Código Federal, entre ellas considerar la existencia de una relación sentimental afectiva o de confianza entre el activo y la víctima, si hay datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho o acoso en contra de la víctima; también si esta fue incomunicada y si su cuerpo fue exhibido en un lugar público.

17/MMAE/GG







ESTADOS
   Que PGR atraiga el caso, pide familia de víctima
Imputan a asesino de Emma Molina por homicidio, no por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/04/2017 La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) acusó formalmente al ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, por el delito de autoría intelectual del asesinato de la defensora de Derechos Humanos, Emma Gabriela Molina Canto.
 
La audiencia se efectuó el día de ayer vía videoconferencia. El ex esposo de Emma Gabriela la presenció desde el centro de Justicia del Sistema Penal de Tabasco porque actualmente cumple una condena de 12 años 6 meses de prisión en esa entidad por operar con recursos de procedencia ilícita.
 
El próximo lunes se efectuará la audiencia para vincular a Medina Sonda por el delito de homicidio y no por feminicidio como lo ha solicitado la madre de Emma Gabriela, Ligia Canto Lugo, desde que se cometió el crimen el pasado 27 de marzo.
 
La investigación no ha seguido esa línea por la falta de homologación del Código Penal Yucateco con el Código Federal, según han denunciado anteriormente las organizaciones civiles yucatecas como Ni Una Más-Yucatán y Yucatán Feminicida, además de Canto Lugo.
 
EXIGENCIAS CONTRA IMPUNIDAD
 
En entrevista con Cimacnoticias, la representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, informó que la familia de Emma Gabriela busca que la Procuraduría General de la República atraiga el caso ya que, dijo, desconfían de las autoridades de Yucatán y Tabasco por su inacción desde 2014.
 
Desde ese año, Emma y su madre denunciaron el hostigamiento judicial del que fueron víctimas durante el proceso que emprendieron por la custodia de sus hijas de hijo de Emma.
 
Pese a la Recomendación 54/2014, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde se reconocieron las violaciones a los Derechos Humanos de Emma Gabriela Molina Canto, de su madre, hijas e hijo, los gobiernos de la Ciudad de México, Yucatán y Tabasco incumplieron las recomendaciones.
 
Salas Salazar recalcó la insistencia de Ligia Canto Lugo y sus representantes por emitir una orden de aprehensión preventiva hasta que el proceso del inculpado termine, ante el riesgo de que “lo liberen antes de tiempo, por las relaciones que tiene, y se fugue”.
 
17/MMAE/GG
 







ESTADOS
   Familia de Alberto Medina estaría involucrada
Ex esposo, autor intelectual del asesinato de Emma Gabriela: Ligia Canto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/04/2017 La defensora de Derechos Humanos, Ligia Canto Lugo, exigió a las autoridades de Yucatán justicia por el asesinato de su hija Emma Gabriela Molina Canto, y para lograrla se debe investigar como autor intelectual al ex esposo de la víctima, Martín Alberto Medina Sonda,  y a su familia.
 
Así lo afirmó Canto Lugo en entrevista con Cimacnoticias. “Voy a poder decir que la respuesta de las autoridades ha sido eficiente cuando sepa que se está juzgando a todos los implicados y pienso que estuvieron involucrados Medina Sonda y sus familiares. ¿Quién más pudo haber dispersado esa suma de dinero a los involucrados?”, señaló.
 
Medina Sonda fue socio y operador financiero de José Manuel Saiz Pineda, tesorero de Tabasco en el gobierno del priista Andrés Granier, quien está en la cárcel por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
 
Emma Gabriela fue asesinada frente a su casa y en presencia de sus dos hijas e hijo el pasado 27 de marzo en Mérida, Yucatán. Desde 2012, ella y su madre denunciaron irregularidades judiciales, hostigamiento y amenazas por el proceso legal que enfrentó Gabriela para obtener la custodia de las y el menor.
 
DESDE LA CÁRCEL
 
Ligia Canto denunció tener conocimiento de que cuando Medina Sonda estuvo encarcelado, tenía en su poder aparatos electrónicos, lo que “probablemente le permitió estar en contacto con el exterior” y por ese debe investigarse su complicidad en el asesinato.
 
De ser así, explicó “no solo estaría involucrado él como autor, sino también las autoridades del Reclusorio que permitieron el acceso de esos aparato  y la persona encargada de dispersar el dinero. Son muchos eslabones”, dijo.
 
Hasta el momento, enfrentan proceso penal por homicidio agravado en contra de Emma Gabriela tres implicados: Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, ejecutores del crimen, y Rogelio Reyes Barrueta identificado como coautor. Además, durante la audiencia de Reyes Barrueta realizada el pasado 10 de abril se señaló a otro involucrado cuyo nombre no se ha dado a conocer.
 
SIN GARANTÍA DE SEGURIDAD
 
La también coordinadora del colectivo Ni una más-Yucatán, Ligia Canto, evidenció que tras el asesinato de su hija recibió varias llamadas en donde fue amenazada de muerte.
 
Ante ello la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ratificó la recomendación 54/2014, que había emitido en 2014 a los gobiernos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y la Procuraduría General de la República (PGR), en donde se reconoce que ambas sufrieron violencia institucional. 
 
Recordó que tras la recomendación, hubo indiferencia para atender el caso por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) local y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), y está última “ni siquiera se ha pronunciado”:
 
Canto Lugo reiteró que el asesinato de Emma Gabriela es resultado “de omisiones tras omisiones de las autoridades”.
 
17/MMAE/GG
 







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VIOLENCIA
   Será juzgado por homicidio, no por feminicidio
A proceso, tercer detenido por el asesinato de Emma Gabriela Molina
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/04/2017 El tercer detenido por el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, César Rogelio Reyes Barrueta, fue vinculado a proceso penal por homicidio agravado.
 
Ema Gabriela fue asesinada frente a su casa el pasado 27 de marzo luego de enfrentarse a amenazas y hostigamiento judicial, como un encarcelamiento en 2014 mientras buscaba la custodia de sus dos hijas e hijo.
 
Durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Mérida el pasado 10 de abril, el juez Luis Edwin Mugarte Guerrero identificó a Reyes Barrueta como coautor del homicidio de la defensora de Derechos Humanos bajo las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, informaron medios yucatecos.
 
Como medida cautelar se dictó prisión preventiva por un año para el inculpado, detenido en Ecatepec, Estado de México el pasado 5 de abril. Durante la audiencia, Reyes Barrueta mencionó a otro involucrado cuyo nombre no se ha dado a conocer.
 
A su detención se suma la vinculación a proceso penal de los ejecutores del crimen, Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla por homicidio, y no por el delito de feminicidio, como la Fiscalía General del estado había informado que se haría.
 
El principal sospechoso como autor intelectual es su exesposo, el empresario Martín Alberto Medina Sonda y tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier. Actualmente Medina y Granier están presos, el primero en Tabasco procesado por lavado de dinero.
 
CONTINÚAN AGRESIONES
 
Un día después del asesinato de Emma Gabriela  su madre,  Ligia Canto Lugo fue amenazada de muerte vía telefónica. Ella también  se enfrentó a irregularidades, violencia institucional y la violación de sus derechos al acompañar a Emma Gabriela en el proceso por la custodia de sus nietas y nieto.
 
Ante ello la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México se pronunció a través de un comunicado para exigir el esclarecimiento del crimen y demandar a la Fiscalía de Yucatán la implementación de medidas de protección “efectivas, permanentes y con enfoque de género” para la defensora de Derechos Humanos y para las hijas e hijo de Emma Gabriela. 
 
 
17/MMAE/GG







QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
La “protección” bajo escrutinio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 06/04/2017 Una persistente demanda al Estado Mexicano es la protección de la vida de las mujeres que denuncian violencia. Se exigieron medidas y órdenes de protección para salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres que vivían amenazas de violencia y se implementaron mecanismos para demandar prevención del feminicidio.  Esas medidas se adoptaron con resistencias y estas, en la mayoría de los casos, se traducen hoy en mujeres que fueron asesinadas aún después de pedir protección al Estado.
 
Como pocas veces, he perdido la capacidad de hablar y escribir sobre la violencia, se trata de los tiempos, los momentos y los golpes que recibimos cada día con la noticia de que han matado a una mujer, una más en la cuenta que sólo nosotras llevamos.
 
Pero la realidad que vivimos nos obliga a mirar objetivamente o al menos tratar de ver las partes del todo, nos lleva a poner sobre la mesa un matiz grave de una problemática añeja: el Estado es incapaz de garantizar el más elemental derecho a la vida para las mujeres en México. No bastan las medidas o las órdenes de protección, en tanto no haya voluntad de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.
 
Algunos casos de feminicidio, triste y desgraciadamente, terminan por convertirse en casos paradigmáticos que sirven para evidenciar la grave omisión del Estado en garantizar la protección de la vida de las mujeres. Y no solo es una autoridad, ni una sola falta, sino una cadena de sucesos que ocurren a los ojos de muchas personas y que, como un tren que avanza hacia el precipicio, todos ven y saben cuál será el destino final si algo no cambia esa ruta. Pero aun así y a los ojos de toda la sociedad ocurren esos casos de feminicidio.
 
La semana pasada dos eventos cimbraron a la opinión pública, muy especialmente a la Península de Yucatán, y evidenciaron que pese a todo lo que se informa y se dice en números positivos sobre el otorgamiento de las órdenes de protección, que aún falta por entender el sentido de la protección y la prevención de la violencia.
 
Casi en  forma simultánea, en los últimos días se registraron dos feminicidios en la Península, los cuales tenían en común que se trataba de mujeres que habían solicitado la protección al Estado mexicano a través de sus instituciones, ambas mujeres vivían acosadas por la violencia de sus ex parejas.
 
Gabriela y Aracely son los nombres de las mujeres que tuvieron en común que la autoridad no logró garantizarles el derecho fundamental a vivir libre de violencia, una violencia que en México cobra 7 vidas de mujeres diariamente, que se acumulan en un largo listado en el que advertimos cierta intención de que la resignación y el olvido las alcance a todas.
 
Pero el olvido no llega para las madres de estas mujeres que no mueren sino que son asesinadas después de meses o años de lucha por defender su vida.
 
Y todas nos duelen, todas y cada una. Que no vengan a decirnos que unas nos importan más que otras. Nos duele la joven asesinada en Quintana Roo que había pedido medidas de protección y no se las dieron, como Dahine en Ciudad del Carmen, hace 2 años, y a quien no olvidamos y por quien seguimos clamando justicia.
 
Nos duele Gaby, a quien sin conocerla la nombramos así para hablar de ella y llevar su voz pidiendo justicia, protección, nos unimos muchas, hablamos muchas mujeres, defensoras, periodistas, abogadas, intentamos darle voz, pero todas nuestras voces juntas no pudieron hacer que fuera escuchada.
 
Nos duele, nos pesa, nos arde en el cuerpo y en el alma el dolor de su madre, doña Ligia.
 
Nos duele y compartimos el dolor en el corazón de la compañera defensora que las ha acompañado desde el primer momento, sin importar si alguien más les creía y les cerraban todas las puertas y las dejaban solas.
 
Hoy el pueblo de Mérida se ha unido al reclamo de justicia, justo es abrigar y abrazar a quien dio su vida exigiendo justicia frente a un sistema corrupto en el que prevalece la impunidad. En un país en donde quien tiene dinero es quien compra jueces y conciencias.
 
El asesinato de otra mujer en similares condiciones ocurrió el 25 de marzo pasado, en Chetumal, Quintana Roo. Ella fue víctima de su esposo, un agente de la policía estatal y también había solicitado y obtenido una Orden de Protección. Pero a pesar de contar con esta medida, no se tomaron las acciones para prevenir, debido al riesgo  evidente, ya que el policía portaba armas y  agudizaba el contexto de riesgo y violencia feminicida.
 
Quizá parezca exagerado, pero nosotras sentimos que al matar a Gaby nos han matado un poco a todas. Y lo han hecho porque todas sabemos que a pesar de la lucha, a pesar de la valentía y la resistencia, a pesar de pedir y exigir protección al Estado mexicano, puede venir alguien mandado por la ex pareja y pague por asesinar a una mujer que peleaba y defendía sus derechos, y eso nos muestra la vulnerabilidad e incapacidad del Estado por proteger la vida de las mujeres.
 
La pregunta es: ¿si el Estado y sus instituciones, si las órdenes de protección, si la policía no puede proteger ni garantizar el derecho a una vida libre de violencia, entonces qué nos queda a las mujeres que vivimos en este país feminicida?
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG
 







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