NACIONAL
SALUD
   En nueve años, tres casos de VIH por violación en CDMX
Primordiales primeras 72 horas para atención a víctimas de violación
Especial
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/07/2017 Es de suma importancia que las víctimas de violación reciban en las primeras 72 horas los antirretrovirales y el anticonceptivo de emergencia, pues después de este tiempo aumenta el riesgo de contraer el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), otras infecciones de trasmisión sexual (ITS) y presentar un embarazo. 
 
En 2016 en la Ciudad de México, 871 mujeres víctimas de violación recibieron un tratamiento profiláctico (suministro de medicamentos antirretrovirales para evitar VIH o alguna ITS), de tal forma que desde 2009 hasta la fecha, únicamente tres mujeres adquirieron VIH como consecuencia de una violación, según el informe de la Clínica Especializada Condesa.
 
Y no sólo es la importancia de que reciban a tiempo este tratamiento como lo obliga la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres; el seguimiento médico de la víctima es fundamental, pues es hasta la cuarta semana después de que ocurrió la violación, en la que se puede detectar si contrajo VIH u otra ITS explicó la ginecóloga e integrante del “Programa de atención a víctimas de violencia sexual” de la Clínica Condesa, Teresita de Jesús Cabrera López.
 
ESCENCIAL SEGUIR EL TRATAMIENTO
 
En entrevista con Cimacnoticias, la doctora enfatizó que “es de suma importancia” que las víctimas de violación logren concretar el tratamiento médico que dura nueve meses. Y explicó el procedimiento:
 
Una vez que la víctima acude a la clínica en las primeras 72 horas, se le administra el paquete médico que contiene una pastilla anticonceptiva y tres antirretrovirales. Asimismo se le realiza la prueba de sangre ELISA para detectar el VIH, el resultado se tiene en media hora y sólo sirve para constatar que antes de la violación, la víctima “no tenía la infección, pero no habla de un contagio”, indicó.
 
El VIH no es la única infección que puede contraer una víctima de violación, manifestó Cabrera López, existen otras más comunes como la sífilis e infecciones bacterianas, que también atiende la clínica.
 
También, agregó, hay casos de hepatitis B y C, pero estos se canalizan a hospitales que tengan estas especialidades, únicamente si se presenta la combinación hepatitis C y VIH son remitidas a la segunda unidad de la clínica que se ubica en Iztapalapa.
 
Por ello- continuó la especialista- el chequeo se realiza cada tres meses. “Para saber si tiene VIH se tiene que dejar pasar de 4 semanas a 6 meses”, señaló. Las mismas pruebas se vuelven a repetir en cada consulta, si da positivo a alguna infección se ingresa inmediatamente al programa de la clínica, y en caso de un embarazo se remite a las clínicas de interrupción legal de la Ciudad de México.
 
En caso de que la víctima se presente después de las 72 horas, se les da un tratamiento de antibióticos y vigilancia para rectificar que no adquirieron alguna infección. “Atender a las víctimas de violencia sexual es una ventana de oportunidad para mejorarles la vida porque a futuro puede tener consecuencias” dijo la especialista, quien agregó, que debido a los efectos secundarios de los antirretrovirales, muchas mujeres desisten de continuar con el tratamiento. 

17/HZM








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Enfrentan desigualdad y falta de acceso a servicios de salud
Adolescentes en reclusión viven violencia
Cimacfoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/07/2017
En México las adolescentes en condición de reclusión enfrentan, en mayor proporción que los hombres, condiciones de desigualdad, falta de acceso a los servicios de salud y violencia antes y durante su reclusión, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
 
Para inicios de 2016 había 161 mujeres adolescentes, de 14 a 18 años de edad, en condición de reclusión que representaron cuatro por ciento de las 3 mil 761 personas de este rango de edad que cumplían condenas en alguno de los 54 centros del país para adolescentes, esto de acuerdo al “Informe Especial: Adolescentes Vulnerabilidad y Violencia” publicado este año.
 
En el informe elaborado por la CNDH y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)  se concluyó que antes de haber sido acusadas de un delito la mayor parte de las adolescentes fueron víctimas de delitos sexuales como abusos y violación. Para el estudio se entrevistó a 730 adolescentes de 17 estados, 14 por ciento fueron mujeres, del total, 12 por ciento denunció haber sufrido este tipo de violencia.
 
La CNDH y el CIESAS señalaron como una “vulnerabilidad primaria” de las adolescentes en condición de reclusión el nulo acceso que tienen a los servicios de salud sexual, ya que en México uno de cada cinco nacimientos es de una adolescente menor de 20 años de edad, lo que lo posiciona como el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la tasa más alta, de acuerdo a datos de la organización internacional Save the Children citados en el informe. 
 
Nueve de las 161 adolescentes en condición de reclusión en el país lo están junto con sus hijas o hijos. Seis por ciento de las entrevistadas por la CNDH y el CIESAS dejaron los estudios porque presentaron un embarazo o iniciaron una vida en pareja.
 
El informe, reveló que en México la incidencia de infecciones de transmisión sexual es 13 veces mayor en las mujeres y niñas de 10 a 19 años de edad que en los hombres del mismo rango -115 por cada 100 mil de ellas presentan estas infecciones-.  
Tan solo de 2009 a 2016 en la Ciudad de México la Secretaría de Salud Pública local atendió, a través del programa “Ponte a prueba” orquestado por las dos unidades médicas de la Clínica Especializada Condesa, a siete personas adolescentes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). 
 
AISLADAS
 
El estudio elaborado para exponer las circunstancias de vulnerabilidad y violencia que enfrentan las y los adolescentes en condición de reclusión destacó que una vez detenidas y enviadas a los centros las mujeres “se encuentran siempre en situación de desventaja”. 
 
Esto porque, aun cuando permanecen en las mismas instituciones donde se encuentran los hombres, “son aisladas” y se les impide participar en las actividades educativas, deportivas o de capacitación laboral que sí reciben los adolescentes. 
 
La mayor parte del tiempo las adolescentes permanecen en su sección “con muy pocas actividades, mientras que a los varones se les permite hacer uso de los salones, los talleres y los espacios abiertos”, menciona el informe.
 
La CNDH y el CIESAS concluyeron también que a dichas condiciones se suman los estereotipos de género que prevalecen y por los que la sociedad “reprocha más a las mujeres cuando éstas cometen delitos”, afirmaron.
 
Desde 2006 el Artículo 18 de la Constitución mexicana establece que las y los adolescentes que cometen delitos menores pueden acceder a “formas alternativas de justicia” donde la reclusión sea usada solo como medida extrema y únicamente para las personas mayores de 14 años y menores de 18 que cometan delitos considerados graves. Esto establece también la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes que entró en vigor en 2016.
 
En 2016 había 936 mujeres adolescentes cumpliendo diversas medidas –incluidas la reclusión- por haber cometido algún delito; ellas representaron siete por ciento de las 13 mil 327 personas adolescentes en las mismas condiciones en el país, detalló el informe.
 
17/MMAE
 

 

 








NACIONAL
POLÍTICA
   Aún con salida de procurador, dependencia obligada a informar
Aprueba ALDF punto de acuerdo sobre agencias de delitos sexuales
Imagen retomada del Twitter de la ALDF
Por: Montserrat Antúnez Estrada y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/07/2017 El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el punto de acuerdo propuesto por la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Ana Juana Ángeles Valencia, para exhortar a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, a que informe sobre el funcionamiento de las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales, por lo que ahora se encuentra en análisis en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
 
El punto de acuerdo fue presentado el pasado 14 de junio y en él demandó al entonces procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, que informara los lineamientos vigentes para capacitar al personal de la Fiscalía y que explicara cuál es el modelo de atención o esquema vigente en las Agencias Especializadas desde la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
 
Ángeles Valencia recalcó que aún con la salida del Procurador la PGJDF tiene la obligación de responder. Por ello y para que la propuesta no quede “sólo en el exhorto” porque, dijo, “los delitos sexuales tienen graves consecuencias en las víctimas”, destacó la importancia de evaluar cómo ha operado la Fiscalía Especializada en los últimos años y particularmente en este último, cuando entró en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal.
 
La evaluación, dijo, deberá incluir que la PGJDF compruebe que cuenta con personal capacitado para atender a las víctimas de violencia sexual.
 
También consideró que es necesario instalar nuevas Agencias Especializadas para que más mujeres tengan acceso a estos servicios.
 
De acuerdo a las investigaciones realizadas por esta agencia la  ubicación de las Agencias Especializadas y la falta de personal en cada una de ellas propicia que la denuncia les tome un día entero a las víctimas.
 
Al respecto Ángeles Valencia mencionó: “Estamos contemplando que se instalen otras agencias en los alrededores de la Ciudad de México porque ahí es donde se presentan varios casos, por eso cuando ellas van a donde les corresponde ya pasaron horas y es frustrante para ellas que no esté el personal que las debe atender”.
 
Ejemplo de ello es la zona oriente de la Ciudad de México donde de 2014 a septiembre de 2016 se registraron 533 casos de violaciones sexuales, pero en el lugar solo hay una agencia especializada en delitos sexuales. 
 
Actualmente operan seis agencias especializadas en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y dos en Cuauhtémoc
 
“Sí es necesario que se pongan otras agencias porque son muy pocas las que están atendiendo todos estos casos”, recalcó la diputada.
 
17/MMAE/HZM







NACIONAL
SALUD
   Urge personal capacitado psicológicamente en todas las áreas de atención
La recuperación psicológica de las víctimas de violación depende de su acceso a la justicia: experta
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/07/2017 Para que las mujeres víctimas de violación sexual se recuperen de los efectos psicológicos consiguientes a la agresión es esencial que se les garantice el acceso a la justicia, por ello urge capacitar en el ámbito psicológico y evaluar al personal encargado de atender este delito en las Agencias Especializadas de Delitos Sexuales y el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de delitos sexuales (CTA), dependientes de la Procuraduría capitalina, afirma experta en violencia sexual.
 
La coordinadora y fundadora del Programa de Atención a la Violencia Sexual (PIAV) Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, Patricia Valladares de la Cruz, asegura en entrevista con Cimacnoticias que la recuperación plena de una víctima de violación depende de tres factores: el apoyo familiar, la atención médica y psicológica especializada, así como su  acceso a la justicia tras el delito.
 
Con más de 20 años de experiencia en la atención psicológica a personas víctimas de violación Valladares de la Cruz explica que la recuperación tras el delito puede prolongarse e, incluso, no cumplirse hasta que las víctimas saben que su agresor fue sentenciado, por lo que, dijo, “es sumamente importante que los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) se sensibilicen con los hechos, que estén capacitados para no culpar a las víctimas e investiguen y sancionen a los responsables”.
 
LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA
 
El PIAV se creó en 1988 como resultado de una época en  la que feministas, académicas y organizaciones civiles exigieron reformas al Código Penal Federal y al modelo de atención a víctimas de violación en las instancias de procuración de justicia. Desde entonces la maestra en psicología y las académicas del programa universitario estudian las consecuencias psicológicas del delito.
 
De acuerdo a los estudios realizados con base en el seguimiento de diversos casos de violación y las características de la víctima, la maestra en psicología precisa que tras el acto violento las y los agredidos presentan el “síndrome postviolación”.
 
Este se caracteriza por miedo, vergüenza, culpa, pesadillas, escenas retrospectivas del ataque y, de acuerdo a sus características personales pueden presentar una “reacción aguda”, en esos casos “la gente explota y se le ve completamente asustada y desesperada, es decir, tiene una reacción abierta”, menciona.
 
Y explica que las víctimas que tras el ataque sexual continúan sus actividades cotidianas sin hablar ni atender el mismo  “presentan una reacción cerrada” y, aún cuando los síntomas aparentemente no son visibles, es importante brindarles atención psicológica.
 
Valladares de la Cruz menciona que el síndrome postviolación se agrava de acuerdo al tipo de ataque. “El tipo de daño psicológico también depende de las lesiones físicas en víctima, si la agresión fue tumultuaria, con violencia y si el perpetrador puso en riesgo su vida, de eso depende que la recuperación tarde de dos meses hasta años”, asegura.
 
Por eso recuerda que las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales se crearon con la intención de dar a las víctimas una atención integral por lo que no solo el personal especializado en psicología, sino también la policía ministerial, los médicos legistas, abogados y trabajadores sociales deben estar capacitados y conocer todos los síntomas del síndrome postviolación.
 
“El personal tendría que estar capacitado para atender a las víctimas en cada una de las fases del síndrome postviolación  y las etapas específicas: qué hacer con los miedos, si tienen depresión, lesiones, si tienen o no que tomar fármacos. Tendrían que estar conscientes de todo eso para  saber cómo atender y contener las necesidades que tienen las personas que pasan por esto”, afirma.
 
Por ello considera que aún cuando la idea original de las Agencias Especializadas era contar con “personal altamente capacitado en el tema”, la falta de preparación psicológica para los trabajadores se refleja en los casos donde las mujeres que se acercan a las instancias de justicia son agredidas por los trabajadores al cuestionar la veracidad de su denuncia.
 
Las psicólogas del PIAV atienden cada año aproximadamente 120 casos de personas víctimas de violación, muchos de ellos son de mujeres que tras ser agredidas en las Agencias Especializadas, en el CTA o en institutos de atención a la violencia de la Ciudad de México y el Estado de México se acercan con las académicas para ser atendidas.
 
La psicóloga reconoce que en algunos casos las mujeres son atendidas de manera eficiente, sin embargo, afirma, “la atención sin violencia de género  no tendría porque ser  cuestión de suerte, no es un asunto de opiniones, sino de que hay protocolos específicos de atención que deberían cumplirse”.
 
SIN SEGUIMIENTOS
 
Valladares de la Cruz comenta que desde la academia se ha apoyado con capacitaciones al personal médico y policial que trabaja con víctimas de violaciones, sin embargo, afirma que corresponde a las instancias que solicitan las capacitaciones dar seguimiento a que éstas realmente se apliquen.
 
“Se deben  hacer evaluaciones constantes al personal y entonces tomar las decisiones pertinentes, si no cumplen con las características para estar en las agencias por razones personales o por lo que sea los tendrían que mover de área”, asegura.
 
17/MMAE







REPORTAJE
VIOLENCIA
   Familias y OSC luchan por revertir fallas y misoginia de autoridad
   Reportaje
PGJDF y su perversa práctica contra víctimas de violación
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/07/2017 Como una práctica común, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) criminaliza a las víctimas de violación que en defensa propia matan a sus agresores. Así sucedió con la menor de edad Itzel, a quién la autoridad definió como victimaria, la  persiguió junto con su familia,  y a quien se negó a investigar la violación y reconocer sus derechos como víctima.
 
De las mil 872 personas que denunciaron ser víctimas de violación en la Ciudad de México entre 2014 y febrero de 2017, según datos de la Procuraduría, el caso Itzel, de 15 años de edad, violada el pasado primero de junio, logró salir a la luz pública y demostrar la práctica de asedio y criminalización que utiliza la PGJDF en estos casos.
 
Esa autoridad  no sólo viola el Artículo 29 del Código Penal capitalino, que considera la "legítima defensa" como causa de exclusión de un delito. Le es tan frecuente esta práctica, que el grupo especial que conformó para investigar a Itzel por homicidio, fue el mismo que, en diciembre de 2013, encarceló por la misma razón a la joven de entonces 20 años de edad, Yakiri
Rubí Rubio.
 
DE VÍCTIMA A VICTIMARIA
 
Hace más de tres años, la PGJDF se negó a reconocer a Yakiri Rubio como víctima, por herir de muerte a Miguel Ángel Ramírez Anaya, quien, en complicidad con su hermano, la violó e intentó asesinar en un hotel de la colonia Doctores.
 
La Procuraduría la acusó de homicidio, y de inmediato orquestó toda una investigación que respaldara su hipótesis:
1) Durante la investigación “perdió” la evidencia que comprobaba, a través de fotografías y peritajes, los rasgos de violencia psicológica y las 20 lesiones que le ocasionó el criminal; 2) Buscó relacionarla sentimentalmente con su agresor, Ángel Ramírez, con lo que dijo fue “una relación sexual consensuada” y ella se provocó las lesiones; 3) Concluyó que se trataba de un “montaje”.
 
La denuncia de su familia, logró que feministas se organizaran en el “Comité por la Liberación de Yakiri”.
 
La presión mediática fue tal, que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió por el caso la recomendación 6/2016 dirigida a la PGJDF por su actuar irregular en el debido proceso de investigación; el sistema la aceptó.
 
El organismo de Derechos Humanos fue contundente: la PGJDF violó cuatro derechos a Yakiri: la garantía de una vida libre de violencia, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la integridad personal. Si bien consideró que fue víctima de violación, señaló, la posicionó como victimaria, lo que la alejó del acceso a la justicia.
 
Al aceptar la recomendación, la Procuraduría local tenía que elaborar, por exigencia de la Comisión, “un diagnóstico que permitiera modificar las herramientas de atención para la investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género”.
 
ITZEL, LA MISMA PRÁCTICA DE LA PGJDF
 
Sin embargo, a más de tres años del caso Yakiri, la Procuraduría capitalina repite la misma práctica con la niña de 15 años, Itzel. El pasado primero de junio, Miguel Ángel Pérez Alvarado la violó en la vía pública cerca del metro Taxqueña en la colonia Coyoacán, ella se defendió y lo mató.
 
Una vez más, la PGJDF se centró en investigar a Itzel por homicidio y para sustentarlo realizó las siguientes acciones:
1) Retomó los peritajes de la denuncia de violación para afirmar que la menor de edad fue quien mató a Miguel Pérez; 2) Tanto a la familia como a la defensa, les negó el acceso a la carpeta de investigación que estaba conformando.
 
3) El personal de la PGJDF filtró los datos de la víctima y la familia, lo que generó hostigamiento en el  trabajo y escuela, y ocasionó que Itzel abandonara el plantel;  4) En la Agencia Especializada de Delitos Sexuales del “bunker”, la denuncia se levantó pasadas 48 horas y la familia tuvo que comprar los anticonceptivos de emergencia porque no tenían; asimismo, una psicóloga del Centro de Terapia y Apoyo (CTA) violentó a Itzel y desestimó su denuncia.
 
ANTE FALTAS: PRESIÓN SOCIAL
 
La familia de Itzel buscó a la de Yakiri, recordó el caso y supo que la presión mediática era el único camino para que la Procuraduría terminará con la acusación contra la menor de edad.
 
Así, el pasado 27 de junio ambas familias y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh) denunciaron la actuación de las autoridades y el asedio que vivían por parte de la PGJDF.
 
Sólo bastaron unas horas y, a través de un boletín de prensa, la Procuraduría local resolvió que “la víctima quedaba libre de la responsabilidad” porque "actuó en legítima defensa, en virtud de que su integridad física y su vida estuvieron en riesgo".
 
Pero el oficio que constataba la decisión fue entregado a la defensoría y la familia hasta el 29 de junio, así como la carpeta de investigación por homicidio que estaban concretando.
 
“QUE SE VAYAN SERVIDORES PÚBLICOS”
 
El caso de Itzel no concluye con el cierre de la investigación: se presentó una queja ante la CDHDF, porque la Procuraduría de la Ciudad violó cuatro derechos de Itzel: no se le dio debida atención como víctima, se incumplió el protocolo de atención a víctimas de delitos sexuales, se violó el debido proceso y su derecho a una vida libre de violencia.
 
Para terminar con los actos irregulares de la Procuraduría en estos casos, afirma en entrevista con Cimacnoticias la abogada de Itzel, Karla Micheel Salas Ramírez, el personal que ha obstaculizado  el debido proceso y el acceso a la justicia de las víctimas de violación sexual debe ser sancionado, “administrativa y penalmente si es necesario”.
 
Y señala que ante la ineficacia de la Fiscalía de Delitos Sexuales dependiente de la PGJDF, la misma titular, Alicia Rosas Rubí, debe renunciar, no sólo por su proceder sino por su falta de experiencia en el tema, pues su cargo anterior fue el de  directora de la Unidad de Investigación de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República (PGR).
 
“El mensaje que envían los órganos de procuración de justicia al atender estos casos es perverso. Muestra la total desprotección de las víctimas de delitos sexuales por parte del Gobierno capitalino y las investigaciones por casos de violaciones se caracterizan por una profunda misoginia”, concluye Salas Ramírez.
 
17/HZM/MMAE/GG







NACIONAL
VIOLENCIA
   Funcionarios incapaces y omisiones, legado de Ríos Garza
PGJDF entrega oficio que exonera a Itzel; Inmujeres-DF “ofrece apoyo”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/06/2017 La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) entregó ayer el oficio en donde hace constar que  no perseguirá por homicidio a Itzel, de 15 años de edad, quien hirió de muerte a Miguel Ángel Pérez Alvarado, cuando este la violó e intentó asesinarla el pasado primero de junio, informó la defensoría.
 
La abogada del Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh), Karla Micheel Salas Ramírez, remitió a Cimacnoticias dicho documento que especifica que no procederá penalmente contra Itzel. La familia y la defensoría obtuvieron también  una copia de la carpeta de investigación, como lo habían solicitado y era su derecho.
 
El crimen contra la menor de edad ocurrió el primero de junio en la colonia Atlántida, delegación Coyoacán, cuando el agresor la sometió con un cuchillo mientras ella se dirigía a la parada de transporte público, a unos pasos del metro Tasqueña. La violó en la vía pública, y en defensa propia, para evitar que la asesinara, Itzel lo hirió con mismo cuchillo con el que la atacó.
 
La PGJDF ordenó crear un grupo especializado para investigar el caso, pero no por la violación, sino por “homicidio doloso” contra la menor de edad. Sin embargo, ante demanda pública de la familia y la organización civil, resolvió semanas después que no proseguirá con la investigación y “dejaba libre de toda responsabilidad” a Itzel.
 
En el oficio que dieron a la familia y la defensoría, se identifica al agresor como Miguel Ángel Pérez Alvarado o “Fernando”. De acuerdo con lo que explicó la abogada, en la investigación se señala que la Procuraduría constató que se trata del mismo sujeto, por los tatuajes que tenía y nadie reclamó el cuerpo.
 
INMUJERES DF OFRECE APOYO
 
Por otra parte, la titular del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Teresa Incháustegui Romero, se comunicó ayer con la abogada para reafirmar a la familia el compromiso de la institución por darles asesoría jurídica y psicológica, informó Salas Ramírez.
 
Prometió canalizarlas a las instancias y programas sociales que necesiten, luego de que denunciaron que en el Centro de Terapia y Apoyo para Víctimas de Delitos Sexuales, Itzel fue violentada por una de las psicólogas y no recibió el anticonceptivo de emergencia en las primeras horas, hasta que su padre lo compró.
 
MÁS CASOS COMO ITZEL
 
“¿Cuántas víctimas de violencia sexual no están pasando por estos procesos de violencia institucional?”, cuestionó la abogada. Esta realidad, dijo, se observa todos los días en las Agencias de Delitos Sexuales, como lo constató la madre de Itzel. “Niñas de 5 años esperando en el pasillo para que sean atendidas por gente de la Fiscalía... es que no podemos permitir que eso pase”, exigió la abogada.
 
El caso de Itzel volvió a destapar las negligencias con las que trabajan las agencias y su incapacidad para proteger a las víctimas de esta violencia. “No te van a brindar protección, no te van a brindar seguridad del camino a tu casa. Entonces, ¿para qué están? parece que no están para procurar justicia a las mujeres”, dijo contundente Micheel Salas.
 
LO QUE DEJÓ RODOLFO RÍOS
 
La abogada refirió que la desatención a víctimas de delitos sexuales fue lo que dejó la administración del Procurador de Justicia local, Rodolfo Ríos Garza, quien renunció a su cargo el pasado 24 de junio.
 
“Es producto de la administración de Rodolfo Ríos, estas áreas tan importantes y fundamentales para uno de los delitos que se cometen con mayor regularidad en la Ciudad de México: no tienen elementos para funcionar, esto resulta ser un despropósito y viola la ley”, declaró.
 
La abogada del Gadh, aseguró que estas agencias especializadas cuentan con todos los elementos para funcionar: protocolos de atención, lineamientos de la propia Procuraduría, sentencias internacionales. Todo un proyecto, dijo, impulsado desde la perspectiva de género, que hoy la misma institución ignora: “es terrible pensar que no están respetando los propios lineamientos que los rigen”.
 
Además, esta vez tuvo que actuar distinto la PGJDF, afirmó la abogada, porque ya había aceptado la redacción 6/2016 de la Comisión de Derechos Humanos local por el caso Yakiri Rubio, quien por matar a uno de agresores que la violó en 2013, fue encarcelada más de un año.
 
“Fue característico de la administración de Rodolfo, aceptar las recomendaciones pero en realidad no hacer nada por cumplirlas”, dijo la especialista.
 
AUTORIDADES SIN CAPACIDAD
 
Y no sólo es negar los derechos de las víctimas, agregó Salas, es también la falta de capacitación de las personas que están a cargo de estas instancias. Por ejemplo, antes de ocupar la dirección de la Fiscalía de Delitos Sexuales, Alicia Rosas Rubí fue titular de investigación de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República (PGR), recordó la abogada.
 
La subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito, María de los Ángeles López, se desempeñó antes en la Secretaría de Finanzas, por ello Salas denunció que “claramente no tiene por qué estar ahí, es una parte fallida en la administración”.
 
Ante las negligencias que hubo en el caso de Itzel, la defensoría presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local, por lo que esperan está tenga respuesta para sancionar a las personas que intervinieron en el proceso.
 
17/HZM/GG







NACIONAL
VIOLENCIA
   Personal recibirá capacitación sobre DH y Género
En lugar de Perelló, Radio UNAM tendrá programa con temas de Género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/06/2017 Luego  de la cancelación del programa de Radio UNAM “Sentido Contrario” por los comentarios misóginos del ex locutor Marcelino Perelló Valls en la emisión del pasado 28 de marzo, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM realizará una serie radiofónica donde se abordarán temas de género.
 
La emisión será coproducida por Radio UNAM y saldrá al aire el segundo semestre del año. A la par, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) y el CIEG impartirán entre el personal de la radiodifusora conferencias, cursos y talleres  sobre Derechos Humanos y Género.
 
Así lo informó el director general de Radio UNAM, Benito Taibo, al coordinador de Asesores de la Oficina de la Abogada General de la institución, Armando J. Meneses Larios, a través del oficio DGRU/132/2017 en manos de esta agencia.
 
El documento forma parte de la respuesta que el Conapred dio a la queja que interpusieron el 7 de abril las profesoras-investigadoras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) Aleyda Gaspar González, Adriana González Mateos y Graciela González Phillips, contra el ex locutor por haber emitido "una serie de dichos misóginos que promueven la discriminación, el odio y la violencia contra las mujeres”.
 
En la emisión del 28 de marzo, Perelló Valls desestimó la violación sexual cometida por cuatro jóvenes veracruzanos contra la menor de edad Daphne Fernández e hizo comentarios misóginos contra las víctimas de este delito, lo que generó el repudio de cientos de personas en redes sociales, tras lo cual el 7 de abril Radio UNAM anunció a través de un comunicado la cancelación del programa.
 
RESPUESTA DE LA UNAM
 
Ese mismo día 7 de abril, la subdirectora de Producción de la Dirección General de Radio UNAM, María de la Paz Guadalupe Gener Rivera, envió la grabación del programa al director del Museo Universitario del Chopo, José Luis Paredes Pacho, ya que Perelló era secretario auxiliar de la dependencia. El audio fue enviado “para los efectos y acciones que estime convenientes y que conforme a derecho procedan”, se lee en el oficio firmado por Gener Rivera.
 
Posteriormente, Paredes Pacho concluyó que las expresiones del ex locutor atentaron contra los valores y fines de la UNAM y afectaron también “la reputación y el prestigio” de la Casa de Estudios al dar a conocer opiniones “con un lenguaje carente de perspectiva de género y sensibilidad que promueven la violencia de género”.
 
Eso consta en el documento OFICIO/MUCH/DIOR/158/2017, con fecha del 5 de mayo, el cual fue enviado por el Director del Museo del Chopo al coordinador de asesores de la Oficina de la Abogada General, Armando J. Meneses Larios.
 
En el oficio, Paredes Pacho explica que pidió verbalmente al jefe de la Unidad Jurídica de la Coordinación de Difusión Cultural, José Luis Coraza Pérez, “se iniciara un procedimiento conforme a derecho”. Y Coraza Pérez solicitó el 20 de abril, a través del oficio CODC/UJ/485/2017, al director general de Asuntos Jurídicos, Raúl Arcenio Aguilar Tamayo, que dictaminara las sanciones laborales correspondientes a Perelló Vals.
 
Días después, en el oficio DGAJ/DALC/DIA/2091/2017 con fecha del 26 de abril, el director general de Asuntos Jurídicos dictaminó que sí había elementos suficientes para rescindir el contrato individual de Perelló Vals con la UNAM y, recalcó, que la relación laboral del también ex profesor en la Facultad de Ciencias era única, por lo que era imposible que el académico continuara “con cualquier tipo de relación laboral en esta Universidad”.
 
Pese a lo anterior, la UNAM sancionó a Perelló porque el mismo 26 de abril el ex académico se dio de baja ante la Dirección General de Personal de la Universidad.
 
De acuerdo con el director general de Asuntos Jurídicos, el contrato de Perelló podía rescindirse porque cometió actos de discriminación y violencia de género y atentó contra uno de los principios contemplado en el Artículo 2 del Estatuto General de la UNAM, el estar “íntegramente al servicio del país y de la humanidad, de acuerdo con un sentido ético y de servicio social, superando constantemente cualquier interés individual”.
 
Además, precisó Aguilar Tamayo, el ex locutor usó inapropiadamente el espacio radiofónico que se le proporcionó “para un objeto distinto a los fines de la Universidad” e  “incurrió en un motivo razonable de pérdida de confianza”.
 
Actualmente hay una denuncia penal en contra de Marcelino Perelló ante la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) por “hechos que pueden ser constitutivos de delito”. Esta fue interpuesta por 32 académicas y trabajadoras administrativas de la UNAM el 24 de abril para exigir se sancione al ex locutor por las expresiones ofensivas y misóginas contra víctimas de violencia sexual.
 
17/MMAE/GG







INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Puede calificarse de delito de lesa humanidad o genocidio
Violencia sexual, crimen contra la comunidad: Patricia Sellers
Imagen retomada de You Tube. International Federation for Human Rights
Por: Gloria López
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 06/06/2017 Patricia Sellers, abogada penal internacional y asesora especial para las estrategias de procesamiento en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, logró que la violencia contra las mujeres se declarara crimen de guerra por primera vez en la historia, en los juicios de la ex Yugoslavia y Ruanda, y es una de las mujeres que más sabe en el mundo sobre violencia sexual y crímenes de género.
 
Esta célebre jurista, nacida en Estados Unidos en 1954, participa en el acto “Justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado de Colombia”, organizado por Atelier ONGD en Valencia. AmecoPress ha podido hablar con ella.
 
Gloria López (GL): Lleva toda la vida luchando contra la violencia sexual y en concreto contra aquella que se produce en el conflicto armado. ¿En qué situación estamos?
 
Patricia Sellers (PS): Es cierto que el Derecho Penal está tomando en cuenta más las agresiones sexuales, pero tenemos que avanzar mucho todavía. Hay evidencias de violencia sexual en muchos países que están en guerra, pero también en escenarios donde no hay un conflicto, los crímenes contra los Derechos Humanos no solo se dan en el marco de una guerra. Y eso todavía no se comprende bien.
 
GL: ¿Qué motivación tienen estas agresiones? ¿Qué busca, qué quiere comunicar quien la ejerce?
 
PS: Es una agresión personal, pero también es una agresión a toda la comunidad. Producen humillación, vejación, miedo, para demostrar la fuerza, para someter a las víctimas… pero también a todos los que las rodean. Se usan como acciones ejemplarizantes, como muchos otros actos para destruir al enemigo, son una táctica. Son, repito, una agresión a toda la comunidad.
 
GL: La legislación, los Tribunales, las sentencias ¿hacen evidente este tipo de violencia o sigue quedando oculta en el contexto de la guerra?
 
PS: Estas agresiones contra los Derechos Humanos pueden perseguirse como crímenes de guerra si tienen relación con un conflicto armado, como crímenes de lesa humanidad si se dan en un ataque contra la población civil sistemático; o de genocidio si tienen intención de destruir a un grupo étnico, por ejemplo.
 
Todos los crímenes internacionales son difíciles de perseguir. Pero la falacia de que los crímenes de violencia sexual son más complejos justifica que la impunidad prevalezca. Hay que investigarlos, perseguirlos, documentarlos y reparar a las víctimas.
La legislación, los Tratados Internacionales son importantes, y de hecho estos crímenes ocupan un lugar central en el derecho humanitario, pero luego hay una interpretación que depende de los Estados nacionales y de la voluntad política.
 
GL: ¿Qué hace falta para impulsar su persecución?
 
PS: Para combatir la impunidad hay que combinar de manera realista las medidas políticas y los recursos disponibles. Hay que educar a la sociedad e informar sobre las mujeres y hombres que han sufrido violencia sexual. Los profesionales que intervienen en el proceso, como jueces, investigadores, profesionales sanitarios y sociales, fuerzas de seguridad, necesitan formación constante.
 
GL: Las víctimas necesitan una reparación. ¿Cómo se afronta esto?
 
PS: Estamos empezando. Todavía cuesta entender que la esclavitud sexual forma parte de la esclavitud. Cuesta entender que hablamos de una violencia contra la persona, la comunidad y el mismo Estado. Y también hay que tomar conciencia de que se necesitan fondos para poder reparar a las víctimas, algo que debe entenderse como un proceso normal de transición hacia la justicia.
 
GL: En Colombia, tras muchos años de violencia, se está apostando por la paz, aunque no sea la paz soñada. ¿Se está contando con las mujeres en los procesos de paz? ¿Se está incluyendo la reparación de etas mujeres que ha sido dañadas por todos los bandos?
 
PS: Prefiero no manifestarme sobre ese caso concreto.
Vivimos un contexto muy violento, el mundo está azotado por numerosos y terribles conflictos. Esto favorece el aumento de todo tipo de violencia, en el territorio en guerra y en los circuitos de huida, en contextos cercanos. Y como siempre, mujeres y niñas son las más perjudicadas.
 
Es así. Y es muy complicado. Por eso nosotros defendemos la idea de integridad sexual. Por ejemplo, en los campos de refugiados, es cierto que hay que prevenir y trabajar porque no se produzcan agresiones sexuales, que mujeres y niñas gocen de seguridad. Pero también es cierto que las familias tienen derecho a tener vida sexual, es importante promover espacios de salud en esos campamentos, que sean lugares tranquilos.
 
17/GL/GG







ESTADOS
   Dice que son “casos aislados” e intimidan a familias: OSC
PGJ Tlaxcala continúa simulación en caso de niñas desaparecidas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/05/2017 A dos meses de que el procurador General de Justicia de Tlaxcala, Tito Cervantes Zepeda, se comprometió con  familiares de niñas desaparecidas y víctimas de violencia sexual del municipio de San Pablo del Monte a revisar personalmente los casos, las acciones de la Procuraduría siguen siendo “simuladas”, con lo que se obstaculiza el acceso a la justicia de mujeres y niñas en esta situación.
 
Eso denunció en entrevista la abogada de las organizaciones Red Retoño y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social A.C, Miriam Pascual Jiménez, quien desde marzo pasado expuso en conferencia las irregularidades que enfrentan los familiares de niñas desaparecidas y agredidas sexualmente  al denunciar en los ministerios públicos, así como la omisión de funcionarios de la entidad.
 
Miriam Pascual informó que tras una reunión efectuada la última semana de marzo entre la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de violación, representantes de las organizaciones acompañantes y el procurador Cervantes Zepeda este último se comprometió a  investigar hasta obtener justicia cada uno de los siete casos de desapariciones de niñas y tres mayores de edad registrados por las organizaciones Red Retoño y Grupo de Acción  desde enero de 2016 hasta marzo de 2017.
 
Sin embargo, aseguró Miriam Pascual, “ante las denuncias, la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala (PGJ) solo ha tomado medidas simuladas”. Incluso se niega a aceptar que existan otros casos además de los sólo ocho reportes de mujeres desaparecidas que la instancia reportó de 2012 a 2016, de los cuales sólo tres corresponden a menores de edad. “Los califican como casos aislados”, dijo.
 
SIN RESPUESTAS
 
Miriam Pascual señaló que la indiferencia de las autoridades ante las desapariciones de mujeres se refleja en la falta de voluntad del gobernador de Tlaxcala, el priista Marco Antonio Mena Rodríguez, por conversar con las familias. “Antes de reunirnos pusimos como requisito la presencia del Gobernador, sin embargo, él no se presentó ni se ha comunicado con la familia, al igual que el presidente municipal de San Pablo del Monte, Cutberto Benito Cano Coyotl”, aseguró.
 
Además, la abogada expuso que el argumento otorgado por la secretaria de Gobierno de Tlaxcala para explicar el retraso en la resolución de los casos es el desconocimiento de estos, porque las exigencias de justicia fueron atendidas, primero, por la administración anterior del estado encabezada por Mariano González Zarur. “Es mentira ese desconocimiento, dijo la abogada, ya que Anabel Alvarado trabajaba como secretaria particular con el Gobernador anterior cuando denunciamos las desapariciones constantes en la zona”, explicó.
 
SIGUEN INTIMIDACIONES Y OMISIONES
 
Señala la abogada que la PGJ continuó con las agresiones a las familias que denunciaron en marzo pasado omisiones de la autoridad, como falta de activación de la Alerta AMBER, retraso en la recolección de pruebas a tiempo y trato revictimizante. Se trata de las familias de Karla Romero Tezmol, desaparecida en San Pablo del Monte desde enero de 2016, y de Sandra Xahuantila, y Sarahí Tezmol, desaparecidas y encontradas posteriormente con signos de violencia sexual,  
 
“La PGJ habló con los familiares y los buscó en sus domicilios para presionarlos con el argumento de que si no se presentaban a ampliar su declaración las iban a meter a la cárcel”, se trató, afirmó Miriam Pascual de hostigarlos y sancionarlos ante la denuncia pública que hicieron las familias”.
 
Y calificó a estas acciones de innecesarias: “Lo hicieron para aparentar que se están trabajando, pero no se está investigando para dar con los agresores”. Muestra de ello es que recientemente la Red Retoño tuvo conocimiento de que la Secretaría de Seguridad Pública de Tlaxcala constó en un escrito que el sistema de C4, el sistema público de cámaras de la zona donde se han registrado desapariciones, no está funcionando.
 
Además, informó, vecinos de la zona con negocios ya fueron advertidos por personal policial para no mostrar los videos captados por sus cámaras. “Un policía le hizo firmar al dueño de una tienda ubicada en la ruta donde han desaparecido varias menores un documento donde decía que él no podía dar información a nadie”, comentó.
 
Miriam Pascual comentó que ese tipo de acciones son ejemplo de las prácticas constantes de obstaculización de las autoridades, pero dijo que, junto con familiares de las víctimas desde la Red Retoño, el Grupo de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social mantienen las exigencias porque se inicien averiguaciones previas en todos los casos de desaparición y que no se pierdan pruebas esenciales en los delitos de violación como las muestras de semen.
 
De acuerdo a datos de la Red Retoño en Tlaxcala, la desaparición de Karla Romero Tezmol es la única contabilizada porque sólo ella cuenta con una Averiguación Previa por delitos relacionados con su desaparición.
 
Las desapariciones de niñas y mujeres ocurren en un contexto donde organizaciones civiles de Tlaxcala emitieron en agosto de 2016 la primera solicitud para la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), admitida por el Instituto Nacional de las Mujeres desde el pasado 30 de agosto, por el delito de explotación sexual comercial de mujeres.
 
17/MMAE/GG







INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Amenaza la seguridad y la paz duradera
Violencia sexual, táctica para ejercer terrorismo, dice ONU
Mina Jaf, fundadora y directora ejecutiva de la organización Women's Refugee Route. Crédito: Evan Schneider/UN Photo.
Por: Tharanga Yakupitiyage*
Cimacnoticias | Naciones Unidas.- 18/05/2017 La violencia sexual se utiliza cada vez más como una táctica para ejercer el terrorismo y, por ello, debe atenderse como un asunto relacionado con la paz y la seguridad, subrayaron varios especialistas en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
 
Representantes de los Estados miembro del foro mundial y de la sociedad civil, así como funcionarios de la ONU, se reunieron para debatir sobre problemas permanentes, desafíos y soluciones a la violencia sexual en el marco de conflictos.
 
“Demasiadas mujeres conviven con algún grado de violencia a diario, en sus hogares y en sus familias. Los conflictos armados no hacen más que exacerbar las condiciones predominantes”, explicó la nigeriana Amina Mohammed, subsecretaria general de la ONU.
 
Esa violencia sexual es “un crimen desgarrador”, añadió.
 
La directora ejecutiva de la organización Women’s Refugee Route, Mina Jaf, coincidió y dijo a IPS: “Las mujeres son mucho más vulnerables en países con conflictos, y cuando eres vulnerable, sufres mayor violencia”.
 
El secretario general de la ONU, António Guterrez, mencionó el asunto en su informe anual, en el que detalla numerosos casos de violencia sexual utilizada con fines “estratégicos” en 19 países.
 
En Iraq, casi 2 mil mujeres y niñas yazidíes siguen siendo esclavas en los territorios controlados por el Estado Islámico (EI) y hay denuncias de que las venden y comercializan, además de usarlas como escudos humanos durante las operaciones en Mosul, detalla el documento.
 
En Myanmar (Birmania), más de la mitad de las mujeres entrevistadas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijeron haber sufrido alguna forma de violencia sexual, que pudo utilizarse de forma sistemática “para humillar y aterrar a sus comunidades”.
 
Las mujeres y las niñas desplazadas son las que corren un riesgo mayor, coincidieron Mohammed y Jaf, pues una de cada cinco refugiadas o desplazadas experimenta alguna forma de violencia sexual.
 
La Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur documentó casi 600 incidentes de violencia sexual en conflicto en 2016, principalmente contra mujeres y niñas. Entre las sobrevivientes habían 57 niñas, varias de las cuales menores de 10 años.
 
La mayoría de los casos ocurrieron en puestos de control del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, cerca de sitios de protección designados, y hay informes que señalan que se emplea la violencia sexual para castigar a las comunidades por su origen étnico o por entender que apoyan a grupos de oposición.
 
El representante especial del secretario general para violencia sexual en conflictos, Adama Dieng, recordó a los presentes que hay un rostro y un nombre detrás de cada número del informe.
 
Dieng relató los casos de Nasima, quien, por temor a ser asesinada por sus familiares tras ser liberada de manos del EI, intentó suicidarse, y el de Marie, quien contrajo el VIH por temor a denunciar la violación, privándose así de la atención preventiva contra el virus de inmunodeficiencia humana.
 
La vergüenza y el estigma son componentes integrales del uso de la violencia sexual como tácticas de guerra, según el informe del secretario general.
 
“Los agresores saben bien que ese tipo de delitos pueden convertir a sus víctimas en parias, desarmando así los lazos familiares y de parentesco que unen a las comunidades”, señala el informe. Por ejemplo, los niños nacidos de una violación pueden afrontar una vida de marginación, ser vulnerables a la explotación y ser reclutados, impidiendo así su recuperación a largo plazo.
 
“El estigma mata”, acotó Dieng.
 
Mohammed subrayó que es “imprescindible” promover la reintegración holística.
 
“No basta con recuperar a nuestras niñas, tenemos que devolverlas con dignidad y respeto a un entorno de apoyo, igualdad y oportunidades, y asegurarnos de que reciban la asistencia fundamental que las ayudará a reintegrarse a sus hogares y a sus sociedades”, subrayó, refiriéndose a la campaña mediática #BringBackOurGirls (recuperemos a nuestras niñas), tras el secuestro de 270 adolescentes nigerianas de una escuela de Chibok, en abril de 2014, por Boko Haram.
 
Dieng insistió en redirigir el estigma de la violencia sexual de las víctimas hacia los perpetradores, lo que solo será posible involucrando a los líderes comunitarios para modificar percepciones dañinas de género y vergüenza.
 
También señaló la necesidad de reconocer a las sobrevivientes como víctimas legítimas del conflicto y del terrorismo, las que deben recibir asistencia, reparación y tener justicia.
 
“Cuando las víctimas tienen la oportunidad de contar sus historias, de observar la condena a los responsables y de recibir solidaridad y apoyo, ya sean reparaciones materiales o simbólicas, pueden contrarrestar el aislamiento, la culpa y el reproche”, explicó Dieng.
 
Algunos países comenzaron a atender la violencia sexual con leyes, como Colombia, que creó un marco para ofrecer a las sobrevivientes acceso a la justicia. Sin embargo, solo dos por ciento de los 634 casos documentados de violencia sexual en conflictos terminaron en condena, una tendencia que es mundial.
 
“La violencia sexual en conflictos ya no se percibe como un asunto de mujeres o un mal menor en una falsa jerarquía de violaciones de derechos humanos. En cambio, se considera como una amenaza legítima a la seguridad y a la paz duradera, que requiere de una respuesta operativa en materia de seguridad y justicia”, observó Mohammed
 
También reconoció los percances de la propia ONU a la hora de responder a las denuncias de abuso sexual por efectivos de las fuerzas de paz, pero se comprometió a hacer frente a los desafíos y a lograr que la tolerancia cero se haga “realidad”.
 
En 2015, las denuncias por abusos sexuales de efectivos franceses de las fuerzas de paz en República Centroafricana despertaron un gran malestar en todo el mundo; una investigación sueca concluyó que la ONU sigue siendo negligente con las sobrevivientes.
 
Jaf dijo a IPS que si no se asignan responsabilidades y no hay justicia, aun en los casos protagonizados por efectivos de las fuerzas de paz, no se resolverá el problema de la violencia sexual en conflictos.
 
Los equipos humanitarios que primero atienden las situaciones de crisis deben estar capacitados para hacer frente a cuestiones delicadas, añadió, al relatar el caso de una mujer que no denunció una agresión sexual porque no se sentía cómoda hablando delante de un hombre, aunque solo fuera un intérprete, y debe seguir promoviéndose la igualdad de género.
 
“La violencia sexual en conflicto no ocurre en un vacío, es el resultado del fracaso sistemático de la comunidad internacional de hacer frente a las causas de raíz del conflicto, de la desigualdad de género y de la impunidad”, subrayó Jaf.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
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