violencia sexual

NACIONAL
VIOLENCIA
   El 40 por ciento de las víctimas son niñas, niños y adolescentes
   
CEAV elabora Protocolo para atender a menores de edad víctimas de violencia sexual
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/08/2017

El 40 por ciento de las víctimas de violación y otros delitos sexuales son menores de edad, lo que obligó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a desarrollar un Protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Sin embargo hasta ahora persiste la falta de un registro oficial sobre el número víctimas de estos delitos en México y al no reconocer la magnitud de la problemática no se proporciona la atención especializada necesaria que por derecho tienen, señaló en entrevista la titular del Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Ana María Suárez Valencia.

En noviembre de 2016 la CEAV realizó el primer diagnóstico a nivel nacional sobre la atención de la violencia sexual, las cifras que arrojó el reporte expusieron por primera vez la magnitud de la problemática: cada año se comenten 600 mil delitos sexuales, principalmente violaciones y abusos sexuales y el 90 por ciento de las víctimas son mujeres.

Suárez Valencia explicó que el objetivo de la institución era tener una definición clara de “quiénes son las víctimas, dónde están, en qué terminó su proceso judicial, cuáles eran sus edades, dónde está sucediendo la violencia sexual, quiénes son los agresores”.

Sin embargo constataron “lo que todos ya sabían”, dijo, el desinterés del Estado por atender este problema se veía reflejado en el nulo registro de la problemática. Únicamente 16 Procuradurías de Justicia y 22 instancias de Salud de las 32 entidades federativas respondieron a las solicitudes de información de la CEAV sobre datos de violencia sexual.

La titular del Comité relata que en la mayoría de los estados que respondieron a la solicitud ni siquiera contaban con datos desagregados por sexo y edades, y en las instituciones médicas tampoco llevan un registro de cuántas víctimas de violencia sexual atendieron porque, argumentaron, el tema no es de su competencia; sin embargo, desde 2009 la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046) obliga al personal médico a reportar los que atiende.

Después de este diagnóstico la CEAV realizó un sencillo formato de registro dirigido a las Procuradurías de Justicia y a los servicios de salud, dijo Suárez Valencia.

“Los formatos pedían datos mínimos: división por sexo, edades, tipo de violencia. La verdad en México es que nadie registra, por ejemplo los casos de violación donde hay riesgo de embarazo e infecciones de transmisión sexual, el registro que llevan en las instituciones de salud son unos y si se pregunta si se denunció el delito es otro. A veces llegan únicamente a los servicios médicos”, declaró.

Para Suárez esta situación persiste porque las víctimas no confían en las autoridades de impartición de justicia, y eso explica que en los delitos sexuales existe una “cifra negra” de 94 por ciento. Además, al año, sólo se consignan a 10 agresores por cada mil Averiguaciones Previas iniciadas por delitos sexuales, que van desde tocamientos y hostigamiento sexual, hasta violaciones, según indica el reporte diagnóstico.

Ante ello la CEAV, indica Suárez Valencia, está realizando un Protocolo con base en lo establecido en la Ley General de Víctimas y la NOM-046 para dar instrucciones específicas los Ministerios Públicos sobre cómo atender a una persona menor de edad víctima de violencia sexual a fin de que las autoridades actúen responsablemente en estos casos.

17/HZM








ESTADOS
VIOLENCIA
   Dependencia se negó a activar Alerta de Género
   
Organizaciones solicitarán a Conavim prevenir trata de mujeres en Tlaxcala
Imagen retomada de Red Retoño
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/08/2017

Tras la negativa de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para tomar medidas para erradicar la trata de personas en Tlaxcala, organizaciones civiles del estado solicitarán por segunda vez que se active la Alerta de Violencia de Género (AVG). 

La decisión la tomaron luego de que este 4 de agosto la Conavim, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), negó aceptar la solicitud Alerta que ya se había solicitado por los casos de trata de personas y violencia sexual.

En conferencia de prensa en Tlaxcala, representantes del Colectivo Mujer y Utopía y de la organización Red Retoño informaron que de nuevo solicitarán que se activen medidas de emergencia, pero esta vez por desaparición de mujeres ya que este delito es “la matriz de otros crímenes frecuentes. 

En entrevista con Cimacnoticias la abogada de la Red Retoño, Miriam Pascual Jiménez, declaró que en aquella entidad la desaparición de mujeres puede culminar en violaciones sexuales  o feminicidio.

El 8 de agosto de 2016 la organización Todos para Todos solicitó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) activar la AVG por trata de personas y violencia sexual, la cual fue admitida. En este caso se conformó un Grupo de Trabajo que, luego de analizar el contexto de violencia de género, entregó al gobierno del estado un informe y recomendaciones que el 24 de noviembre aceptó cumplir el gobernador de la entidad, el priísta Mariano González Zarur. 

El 4 de agosto la Segob emitió un dictamen donde estableció que la Alerta no se aprobó porque el gobierno de Tlaxcala realizó “acciones suficientes” para implementar las recomendaciones. 

Sin embargo, la directora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, denunció que la Segob negó la AVG porque el grupo de trabajo de la Conavim “no analizó que el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual se encuentra vinculado a delitos sexuales, al embarazo infantil y adolescente y a las desapariciones de niñas y mujeres”.

A ello, dijo, se sumó que la solicitud se hizo durante la transición de gobierno. “El gobierno saliente de manera simuladora aceptó las nueve recomendaciones del grupo de trabajo sin realizar absolutamente nada en el último mes de su administración, dejando a la administración entrante la responsabilidad de dar repuesta”, expuso.

También señaló como un factor negativo que las recomendaciones fueron “muy generales” –como solicitar la creación de un banco estatal de datos sobre las mujeres víctimas de violencia en la entidad–  y que no se propuso  que “realmente se buscara y atendiera a víctimas por trata de personas y violencia sexual”.

Por su parte la defensora de la Red Retoño, Montserrath Gheno, señaló que el “discurso mediático del actual gobierno, encabezado por el priísta Marco Antonio Mena Rodríguez, ha sido no reconocer el problema, minimizarlo e visibilizarlo”.

En un comunicado, firmado también por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), las organizaciones lamentaron que la Segob rechazara la AVG y se basara únicamente el recuento de los “esfuerzos” realizados por el gobierno para atender la trata y violencia sexual. 

También expusieron su preocupación por que el resolutivo recomienda al gobierno realizar políticas públicas para prevenir, erradicar y sancionar la trata personas que, aseguran, ya están establecidas en la estrategia Estatal y el Plan Sexenal contra la trata que aún están vigentes. Además, denunciaron, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 carece de una política clara y comprometida en la materia.

Las firmantes aseguraron que también es preocupante que se recomendara al gobierno identificar las rutas de movilidad de tratantes cuando organizaciones internacionales las han señalado desde hace 13 años. Miriam Pascual dijo que antes de precisar para qué municipios se solicitará la Alerta las organizaciones expondrán que todo Tlaxcala es un “foco rojo por el delito de trata y desaparición”, ya que se sabe que al menos en 36 de los 60 de municipios operan familias de tratantes.

Con la nueva solicitud buscarán que la Conavim emita recomendaciones y que estas vayan de la mano con indicadores de evaluación que “permitan medir verdaderamente que el gobierno estatal está cumpliendo sus obligaciones porque en esta solicitud los criterios de evaluación fueron muy ambiguos y subjetivos”, indicó la abogada. 

DESAPARICIONES CONSTANTES

Olga Tezmol, madre de Karla Romero Tezmol, niña de 11 años desaparecida desde 2016 y el único caso de la entidad por el que la Procuraduría local inició una carpeta de investigación, denunció que en los municipios dedicados a la trata de mujeres y niñas con fines sexuales “seguirán desapareciendo mujeres y niñas, seguirá el miedo o la indiferencia, porque la realidad es que esta ‘buena voluntad’ no refleja cambios estructurales”.

Tzmol dijo también que el dictamen de la Conavim y el propio informe que la instancia emitió “no representa a las víctimas, a quienes nunca se nos ha tomado en cuenta”. En ello coincidió Miriam Pascual, quien espera que tras la nueva solicitud se realicen mesas de trabajo a las que inviten a familiares víctimas de desaparición y organizaciones especializadas en el tema.

La AVG se solicitará porque, aun cuando las desapariciones de mujeres y niñas son constantes en la entidad, de 2012 a 2016 la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala reportó sólo  8 mujeres desaparecidas, 3 de ellas menores de edad.

No obstante, no hay certeza de las cifras ya que de 2012 a 2014 la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas señaló que desaparecieron 20 menores de edad en Tlaxcala, de las cuales 14 son niñas y 6 son niños, solo los niños fueron localizados.  

En tanto la Red Retoño y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en el estado de Tlaxcala documentaron, de enero de 2016 a abril de 2017, 20 casos de desaparición, en su mayoría de menores de edad.

Olga Tezmol denunció la indiferencia de las autoridades por garantizar justicia pues dijo que desde enero de 2016 en el municipio de San Pablo del Monte han desaparecido 12 niñas y mujeres, quienes fueron rescatadas por sus familias, la mayoría con signos de violencia sexual, pero todas ellas siguen sin obtener justicia. “La ‘buena voluntad’ que el gobierno señala no se ha visto reflejada en nuestra realidad cotidiana”, sentenció.

17/MMAE








LENGUANTES
VIOLENCIA
   Lenguantes
El género de Jenaro
CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
Por: Cynthia Híjar Juárez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/09/2017

El día de ayer, domingo 17 de septiembre, miles de mujeres acudimos a una manifestación nacional, convocadas por el dolor de saber que, una vez más, México feminicida le arrebató la vida a una mujer de manera espantosa.

Ella es Mara, el nombre que tocó profundamente nuestras heridas abiertas, las llagas que no cicatrizan nunca, el dolor de sabernos en un país donde diariamente hombres de todas las edades, etnias y clases sociales asesinan, violan, esclavizan y desaparecen a niñas y mujeres. Y concuerdo con el escozor de quien se escandalice y exclame “¡no todos los hombres!” porque es terrible aceptarlo, pero es verdad: a pesar de que el mundo insista en que no todos los hombres son iguales, nosotras aprendemos de la forma más violenta, todos los días, que sí: todas las mujeres hemos sido agredidas por hombres.

Dicho esto, pregunto a usted, lectora consciente y empática: ¿no cree que sea normal que muchas mujeres deseemos compartir nuestros espacios sólo con otras mujeres, al menos los espacios políticos, de activismo, autocuidado o recreación? ¿le parece una medida extrema o violenta el querer evitar sorpresas, acosos, incomodidades, violaciones o feminicidios? ¿le parece una medida fascista decidir con quién queremos estar? Usted y yo sabemos que no, que estamos hablando de nuestro derecho a decir que no.

Las marchas feministas en México se convocan por una red organizada de mujeres que trabajamos todos los días con y para otras mujeres. Mujeres que, a pesar de nuestros debates y diferencias, estamos dispuestas a hacer una pausa en nuestra vida si sabemos que otra necesita nuestro apoyo.

Desde hace muchas marchas hemos hecho un consenso acerca de los contingentes que encabezan nuestras manifestaciones: separatistas y libres de potenciales agresores. Quien quiera marchar con hombres, puede hacerlo en los contingentes mixtos que van en la parte de atrás. Los periodistas varones pueden documentar desde fuera del contingente separatista y en los contingentes mixtos. Sencillo y clarísimo para cualquiera que se quiera enterar de la organización.

Lo que sucede con las marchas feministas, como pasó el #24A de 2016 y el día de ayer, es muy claro: las marchas feministas convocan lo más profundo del odio y los miedos misóginos porque nadie quiere ver a un grupo de mujeres que se defienden y se auto-enuncian. La sociedad mexicana, feminicida por excelencia, no soporta saber que el cuerpo de las mujeres y su devenir colectivo como cuerpo político del feminismo: una marcha de mujeres, decide por sí misma.

Es decir: la exigencia de que aceptemos marchar con hombres en toda la marcha (al frente, a los lados, atrás) no se refiere a que incluyamos o no hombres, sino a que no decidamos por nosotras mismas. Y esto, sinceramente, nosotras ya lo sabemos pero de ninguna manera nos vamos a retractar: después de tanto trabajo que se ha visto sometido al escarnio una y otra vez por una sociedad que se asusta más por los feminismos separatistas que por el feminicidio, es lógico que tengamos claro que nuestras medidas de seguridad son necesarias.

Si hasta este punto de la lectura usted se siente enojada, permítame hacer un parangón: exigirle a otra compañera que marche con quien no quiere es como decirle a una niña que sonría y dé las gracias cada vez que el señor de la tienda le dice que está muy bonita. Si no sonríes, si no agradeces y no te muestras amable, eres una maleducada. Qué importa si el comentario del señor, su acoso sexual, es inapropiado, qué importa si te incomoda, qué importa si no le preguntaste qué opinaba sobre ti. Tienes que agradecer y ser linda para que cuando crezcas, no corras al hombre que se autoproclama tu aliado pero no ha hecho lo mínimo por enterarse de qué va tu petición.

Los aliados van atrás, era claro. Si Jenaro Villamil fuese nuestro aliado, ¿no debería comenzar por enterarse de cuáles son nuestras medidas de seguridad en la marcha? Sí, quizás en su escala de valores –patriarcal- somos unas maleducadas que no le sonreímos al hostigamiento de un varón, pero tenemos claro que el género de Jenaro le impide darse cuenta de esto, de la misma manera que a todas las personas que lo defienden de este “puñado de feministas radicales” que sin embargo, son quienes convocaron la marcha, quienes acompañan todos los días a otras mujeres, quienes trabajan en crear una vida mejor para las mujeres que vienen.

¿A qué me refiero, entonces, con el género de Jenaro? Es claro que no sólo los hombres pueden ser machistas, y ha sido muy claro en este debate, que hay mujeres dispuestas a atacar a otras mujeres para defender a hombres como él de una simple petición de seguridad (los aliados van atrás). Pues bien, me refiero a lo que he dicho desde el principio de este texto: un hombre es siempre un potencial agresor en las marchas de mujeres, aún cuando tenga la mejor intención de ser un aliado.

En el caso de Jenaro, su presencia en el contingente separatista devino agresión por no respetar, en primer lugar, los acuerdos de la marcha: los aliados van atrás (lo escribo tantas veces como sea necesario para dejar claro que ninguna marcha pretende excluir hombres sino respetar la decisión de las mujeres de marchar libres de agresiones). El hecho de presentarse en una manifestación organizada por quienes enuncian su lugar en el mundo y querer hacer lo que se te dé la gana desde un privilegio, es una agresión.

Aquí me imagino a una mujer blanca queriendo tomar el micrófono de forma violenta en una manifestación zapatista ¿se imagina usted, estimada lectora, la reacción de la sociedad? Imaginemos ahora un militar, como mencionaba en sus redes sociales la politóloga Beatriz Quesadas, tomando el protagónico en la marcha por los 43 de Ayotzinapa para decir que “no todos los militares son iguales”, “no todos los militares desaparecen estudiantes”.

Ahora imagíneme a mí peleando con los veteranos del 2 de octubre diciéndoles que me agarren del brazo para la valla humana. Que tengo derecho a estar ahí porque no se me da la gana marchar atrás como toda la gente. ¿Qué dirían los tweets? ¿Alguien les diría fascistas por no aceptar que alguien que no comparte el lugar de enunciación quiera protagonizar una marcha, nada más para decir que es una buena aliada? Yo lo dudo.

El papel de los hombres que quieren forzosamente estar en los contingentes separatistas es violento porque además de generar tensión y una sensación de acoso dentro de nuestros espacios, también incendian a toda la misoginia mexicana para decir que las feministas somos las culpables de que México no avance, de que haya feminicidios, de que las cosas no mejoren. Vaya, una creería que los culpables son los feminicidas, pero según las tendencias en redes sociales, no. Según su forma –patriarcal- de ver la vida, somos las feministas las que tenemos la culpa.

Ahora bien, si usted no entendió todo lo que en este y otros textos se expone, vamos a ponerlo más fácil. Cada vez que quiera meterse a la cama de una compañera, cada vez que desee tocar a una mujer, cada vez que sienta la necesidad de dar una opinión que no fue solicitada, cada vez que quiera exigirle a otra mujer que haga algo que ella no quiere con un hombre, ya sea marchar, hablar o sonreír, por favor, recuerde: NO es NO.

*Cynthia Híjar Juárez es educadora popular feminista. Actualmente realiza estudios sobre creación e investigación dancística en el Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes

17/CHJ/LGL








NACIONAL
SALUD
   En nueve años, tres casos de VIH por violación en CDMX
   
Primordiales primeras 72 horas para atención a víctimas de violación
Especial
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/07/2017

Es de suma importancia que las víctimas de violación reciban en las primeras 72 horas los antirretrovirales y el anticonceptivo de emergencia, pues después de este tiempo aumenta el riesgo de contraer el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), otras infecciones de trasmisión sexual (ITS) y presentar un embarazo. 
 
En 2016 en la Ciudad de México, 871 mujeres víctimas de violación recibieron un tratamiento profiláctico (suministro de medicamentos antirretrovirales para evitar VIH o alguna ITS), de tal forma que desde 2009 hasta la fecha, únicamente tres mujeres adquirieron VIH como consecuencia de una violación, según el informe de la Clínica Especializada Condesa.
 
Y no sólo es la importancia de que reciban a tiempo este tratamiento como lo obliga la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres; el seguimiento médico de la víctima es fundamental, pues es hasta la cuarta semana después de que ocurrió la violación, en la que se puede detectar si contrajo VIH u otra ITS explicó la ginecóloga e integrante del “Programa de atención a víctimas de violencia sexual” de la Clínica Condesa, Teresita de Jesús Cabrera López.
 
ESCENCIAL SEGUIR EL TRATAMIENTO
 
En entrevista con Cimacnoticias, la doctora enfatizó que “es de suma importancia” que las víctimas de violación logren concretar el tratamiento médico que dura nueve meses. Y explicó el procedimiento:
 
Una vez que la víctima acude a la clínica en las primeras 72 horas, se le administra el paquete médico que contiene una pastilla anticonceptiva y tres antirretrovirales. Asimismo se le realiza la prueba de sangre ELISA para detectar el VIH, el resultado se tiene en media hora y sólo sirve para constatar que antes de la violación, la víctima “no tenía la infección, pero no habla de un contagio”, indicó.
 
El VIH no es la única infección que puede contraer una víctima de violación, manifestó Cabrera López, existen otras más comunes como la sífilis e infecciones bacterianas, que también atiende la clínica.
 
También, agregó, hay casos de hepatitis B y C, pero estos se canalizan a hospitales que tengan estas especialidades, únicamente si se presenta la combinación hepatitis C y VIH son remitidas a la segunda unidad de la clínica que se ubica en Iztapalapa.
 
Por ello- continuó la especialista- el chequeo se realiza cada tres meses. “Para saber si tiene VIH se tiene que dejar pasar de 4 semanas a 6 meses”, señaló. Las mismas pruebas se vuelven a repetir en cada consulta, si da positivo a alguna infección se ingresa inmediatamente al programa de la clínica, y en caso de un embarazo se remite a las clínicas de interrupción legal de la Ciudad de México.
 
En caso de que la víctima se presente después de las 72 horas, se les da un tratamiento de antibióticos y vigilancia para rectificar que no adquirieron alguna infección. “Atender a las víctimas de violencia sexual es una ventana de oportunidad para mejorarles la vida porque a futuro puede tener consecuencias” dijo la especialista, quien agregó, que debido a los efectos secundarios de los antirretrovirales, muchas mujeres desisten de continuar con el tratamiento. 
 

17/HZM








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Enfrentan desigualdad y falta de acceso a servicios de salud
Adolescentes en reclusión viven violencia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/07/2017

En México las adolescentes en condición de reclusión enfrentan, en mayor proporción que los hombres, condiciones de desigualdad, falta de acceso a los servicios de salud y violencia antes y durante su reclusión, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Para inicios de 2016 había 161 mujeres adolescentes, de 14 a 18 años de edad, en condición de reclusión que representaron cuatro por ciento de las 3 mil 761 personas de este rango de edad que cumplían condenas en alguno de los 54 centros del país para adolescentes, esto de acuerdo al “Informe Especial: Adolescentes Vulnerabilidad y Violencia” publicado este año.

En el informe elaborado por la CNDH y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)  se concluyó que antes de haber sido acusadas de un delito la mayor parte de las adolescentes fueron víctimas de delitos sexuales como abusos y violación. Para el estudio se entrevistó a 730 adolescentes de 17 estados, 14 por ciento fueron mujeres, del total, 12 por ciento denunció haber sufrido este tipo de violencia.

La CNDH y el CIESAS señalaron como una “vulnerabilidad primaria” de las adolescentes en condición de reclusión el nulo acceso que tienen a los servicios de salud sexual, ya que en México uno de cada cinco nacimientos es de una adolescente menor de 20 años de edad, lo que lo posiciona como el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la tasa más alta, de acuerdo a datos de la organización internacional Save the Children citados en el informe. 

Nueve de las 161 adolescentes en condición de reclusión en el país lo están junto con sus hijas o hijos. Seis por ciento de las entrevistadas por la CNDH y el CIESAS dejaron los estudios porque presentaron un embarazo o iniciaron una vida en pareja.

El informe, reveló que en México la incidencia de infecciones de transmisión sexual es 13 veces mayor en las mujeres y niñas de 10 a 19 años de edad que en los hombres del mismo rango -115 por cada 100 mil de ellas presentan estas infecciones-.  

Tan solo de 2009 a 2016 en la Ciudad de México la Secretaría de Salud Pública local atendió, a través del programa “Ponte a prueba” orquestado por las dos unidades médicas de la Clínica Especializada Condesa, a siete personas adolescentes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

AISLADAS

El estudio elaborado para exponer las circunstancias de vulnerabilidad y violencia que enfrentan las y los adolescentes en condición de reclusión destacó que una vez detenidas y enviadas a los centros las mujeres “se encuentran siempre en situación de desventaja”. 

Esto porque, aun cuando permanecen en las mismas instituciones donde se encuentran los hombres, “son aisladas” y se les impide participar en las actividades educativas, deportivas o de capacitación laboral que sí reciben los adolescentes. 

La mayor parte del tiempo las adolescentes permanecen en su sección “con muy pocas actividades, mientras que a los varones se les permite hacer uso de los salones, los talleres y los espacios abiertos”, menciona el informe.

La CNDH y el CIESAS concluyeron también que a dichas condiciones se suman los estereotipos de género que prevalecen y por los que la sociedad “reprocha más a las mujeres cuando éstas cometen delitos”, afirmaron.

Desde 2006 el Artículo 18 de la Constitución mexicana establece que las y los adolescentes que cometen delitos menores pueden acceder a “formas alternativas de justicia” donde la reclusión sea usada solo como medida extrema y únicamente para las personas mayores de 14 años y menores de 18 que cometan delitos considerados graves. Esto establece también la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes que entró en vigor en 2016.

En 2016 había 936 mujeres adolescentes cumpliendo diversas medidas –incluidas la reclusión- por haber cometido algún delito; ellas representaron siete por ciento de las 13 mil 327 personas adolescentes en las mismas condiciones en el país, detalló el informe.

17/MMAE

 








NACIONAL
POLÍTICA
   Aún con salida de procurador, dependencia obligada a informar
   
Aprueba ALDF punto de acuerdo sobre agencias de delitos sexuales
Imagen retomada del Twitter de la ALDF
Por: Montserrat Antúnez Estrada y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/07/2017

El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el punto de acuerdo propuesto por la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Ana Juana Ángeles Valencia, para exhortar a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, a que informe sobre el funcionamiento de las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales, por lo que ahora se encuentra en análisis en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
 
El punto de acuerdo fue presentado el pasado 14 de junio y en él demandó al entonces procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, que informara los lineamientos vigentes para capacitar al personal de la Fiscalía y que explicara cuál es el modelo de atención o esquema vigente en las Agencias Especializadas desde la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
 
Ángeles Valencia recalcó que aún con la salida del Procurador la PGJDF tiene la obligación de responder. Por ello y para que la propuesta no quede “sólo en el exhorto” porque, dijo, “los delitos sexuales tienen graves consecuencias en las víctimas”, destacó la importancia de evaluar cómo ha operado la Fiscalía Especializada en los últimos años y particularmente en este último, cuando entró en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal.
 
La evaluación, dijo, deberá incluir que la PGJDF compruebe que cuenta con personal capacitado para atender a las víctimas de violencia sexual.
 
También consideró que es necesario instalar nuevas Agencias Especializadas para que más mujeres tengan acceso a estos servicios.
 
De acuerdo a las investigaciones realizadas por esta agencia la  ubicación de las Agencias Especializadas y la falta de personal en cada una de ellas propicia que la denuncia les tome un día entero a las víctimas.
 
Al respecto Ángeles Valencia mencionó: “Estamos contemplando que se instalen otras agencias en los alrededores de la Ciudad de México porque ahí es donde se presentan varios casos, por eso cuando ellas van a donde les corresponde ya pasaron horas y es frustrante para ellas que no esté el personal que las debe atender”.
 
Ejemplo de ello es la zona oriente de la Ciudad de México donde de 2014 a septiembre de 2016 se registraron 533 casos de violaciones sexuales, pero en el lugar solo hay una agencia especializada en delitos sexuales. 
 
Actualmente operan seis agencias especializadas en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y dos en Cuauhtémoc
 
“Sí es necesario que se pongan otras agencias porque son muy pocas las que están atendiendo todos estos casos”, recalcó la diputada.
 
17/MMAE/HZM








NACIONAL
VIOLENCIA
   Funcionarios incapaces y omisiones, legado de Ríos Garza
   
PGJDF entrega oficio que exonera a Itzel; Inmujeres-DF “ofrece apoyo”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/06/2017

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) entregó ayer el oficio en donde hace constar que  no perseguirá por homicidio a Itzel, de 15 años de edad, quien hirió de muerte a Miguel Ángel Pérez Alvarado, cuando este la violó e intentó asesinarla el pasado primero de junio, informó la defensoría.
 
La abogada del Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh), Karla Micheel Salas Ramírez, remitió a Cimacnoticias dicho documento que especifica que no procederá penalmente contra Itzel. La familia y la defensoría obtuvieron también  una copia de la carpeta de investigación, como lo habían solicitado y era su derecho.
 
El crimen contra la menor de edad ocurrió el primero de junio en la colonia Atlántida, delegación Coyoacán, cuando el agresor la sometió con un cuchillo mientras ella se dirigía a la parada de transporte público, a unos pasos del metro Tasqueña. La violó en la vía pública, y en defensa propia, para evitar que la asesinara, Itzel lo hirió con mismo cuchillo con el que la atacó.
 
La PGJDF ordenó crear un grupo especializado para investigar el caso, pero no por la violación, sino por “homicidio doloso” contra la menor de edad. Sin embargo, ante demanda pública de la familia y la organización civil, resolvió semanas después que no proseguirá con la investigación y “dejaba libre de toda responsabilidad” a Itzel.
 
En el oficio que dieron a la familia y la defensoría, se identifica al agresor como Miguel Ángel Pérez Alvarado o “Fernando”. De acuerdo con lo que explicó la abogada, en la investigación se señala que la Procuraduría constató que se trata del mismo sujeto, por los tatuajes que tenía y nadie reclamó el cuerpo.
 
INMUJERES DF OFRECE APOYO
 
Por otra parte, la titular del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Teresa Incháustegui Romero, se comunicó ayer con la abogada para reafirmar a la familia el compromiso de la institución por darles asesoría jurídica y psicológica, informó Salas Ramírez.
 
Prometió canalizarlas a las instancias y programas sociales que necesiten, luego de que denunciaron que en el Centro de Terapia y Apoyo para Víctimas de Delitos Sexuales, Itzel fue violentada por una de las psicólogas y no recibió el anticonceptivo de emergencia en las primeras horas, hasta que su padre lo compró.
 
MÁS CASOS COMO ITZEL
 
“¿Cuántas víctimas de violencia sexual no están pasando por estos procesos de violencia institucional?”, cuestionó la abogada. Esta realidad, dijo, se observa todos los días en las Agencias de Delitos Sexuales, como lo constató la madre de Itzel. “Niñas de 5 años esperando en el pasillo para que sean atendidas por gente de la Fiscalía... es que no podemos permitir que eso pase”, exigió la abogada.
 
El caso de Itzel volvió a destapar las negligencias con las que trabajan las agencias y su incapacidad para proteger a las víctimas de esta violencia. “No te van a brindar protección, no te van a brindar seguridad del camino a tu casa. Entonces, ¿para qué están? parece que no están para procurar justicia a las mujeres”, dijo contundente Micheel Salas.
 
LO QUE DEJÓ RODOLFO RÍOS
 
La abogada refirió que la desatención a víctimas de delitos sexuales fue lo que dejó la administración del Procurador de Justicia local, Rodolfo Ríos Garza, quien renunció a su cargo el pasado 24 de junio.
 
“Es producto de la administración de Rodolfo Ríos, estas áreas tan importantes y fundamentales para uno de los delitos que se cometen con mayor regularidad en la Ciudad de México: no tienen elementos para funcionar, esto resulta ser un despropósito y viola la ley”, declaró.
 
La abogada del Gadh, aseguró que estas agencias especializadas cuentan con todos los elementos para funcionar: protocolos de atención, lineamientos de la propia Procuraduría, sentencias internacionales. Todo un proyecto, dijo, impulsado desde la perspectiva de género, que hoy la misma institución ignora: “es terrible pensar que no están respetando los propios lineamientos que los rigen”.
 
Además, esta vez tuvo que actuar distinto la PGJDF, afirmó la abogada, porque ya había aceptado la redacción 6/2016 de la Comisión de Derechos Humanos local por el caso Yakiri Rubio, quien por matar a uno de agresores que la violó en 2013, fue encarcelada más de un año.
 
“Fue característico de la administración de Rodolfo, aceptar las recomendaciones pero en realidad no hacer nada por cumplirlas”, dijo la especialista.
 
AUTORIDADES SIN CAPACIDAD
 
Y no sólo es negar los derechos de las víctimas, agregó Salas, es también la falta de capacitación de las personas que están a cargo de estas instancias. Por ejemplo, antes de ocupar la dirección de la Fiscalía de Delitos Sexuales, Alicia Rosas Rubí fue titular de investigación de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República (PGR), recordó la abogada.
 
La subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito, María de los Ángeles López, se desempeñó antes en la Secretaría de Finanzas, por ello Salas denunció que “claramente no tiene por qué estar ahí, es una parte fallida en la administración”.
 
Ante las negligencias que hubo en el caso de Itzel, la defensoría presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local, por lo que esperan está tenga respuesta para sancionar a las personas que intervinieron en el proceso.
 
17/HZM/GG








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Familias y OSC luchan por revertir fallas y misoginia de autoridad
   
PGJDF y su perversa práctica contra víctimas de violación
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/07/2017

Como una práctica común, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) criminaliza a las víctimas de violación que en defensa propia matan a sus agresores. Así sucedió con la menor de edad Itzel, a quién la autoridad definió como victimaria, la  persiguió junto con su familia,  y a quien se negó a investigar la violación y reconocer sus derechos como víctima.
 
De las mil 872 personas que denunciaron ser víctimas de violación en la Ciudad de México entre 2014 y febrero de 2017, según datos de la Procuraduría, el caso Itzel, de 15 años de edad, violada el pasado primero de junio, logró salir a la luz pública y demostrar la práctica de asedio y criminalización que utiliza la PGJDF en estos casos.
 
Esa autoridad  no sólo viola el Artículo 29 del Código Penal capitalino, que considera la "legítima defensa" como causa de exclusión de un delito. Le es tan frecuente esta práctica, que el grupo especial que conformó para investigar a Itzel por homicidio, fue el mismo que, en diciembre de 2013, encarceló por la misma razón a la joven de entonces 20 años de edad, Yakiri
Rubí Rubio.
 
DE VÍCTIMA A VICTIMARIA
 
Hace más de tres años, la PGJDF se negó a reconocer a Yakiri Rubio como víctima, por herir de muerte a Miguel Ángel Ramírez Anaya, quien, en complicidad con su hermano, la violó e intentó asesinar en un hotel de la colonia Doctores.
 
La Procuraduría la acusó de homicidio, y de inmediato orquestó toda una investigación que respaldara su hipótesis:
1) Durante la investigación “perdió” la evidencia que comprobaba, a través de fotografías y peritajes, los rasgos de violencia psicológica y las 20 lesiones que le ocasionó el criminal; 2) Buscó relacionarla sentimentalmente con su agresor, Ángel Ramírez, con lo que dijo fue “una relación sexual consensuada” y ella se provocó las lesiones; 3) Concluyó que se trataba de un “montaje”.
 
La denuncia de su familia, logró que feministas se organizaran en el “Comité por la Liberación de Yakiri”.
 
La presión mediática fue tal, que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió por el caso la recomendación 6/2016 dirigida a la PGJDF por su actuar irregular en el debido proceso de investigación; el sistema la aceptó.
 
El organismo de Derechos Humanos fue contundente: la PGJDF violó cuatro derechos a Yakiri: la garantía de una vida libre de violencia, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la integridad personal. Si bien consideró que fue víctima de violación, señaló, la posicionó como victimaria, lo que la alejó del acceso a la justicia.
 
Al aceptar la recomendación, la Procuraduría local tenía que elaborar, por exigencia de la Comisión, “un diagnóstico que permitiera modificar las herramientas de atención para la investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género”.
 
ITZEL, LA MISMA PRÁCTICA DE LA PGJDF
 
Sin embargo, a más de tres años del caso Yakiri, la Procuraduría capitalina repite la misma práctica con la niña de 15 años, Itzel. El pasado primero de junio, Miguel Ángel Pérez Alvarado la violó en la vía pública cerca del metro Taxqueña en la colonia Coyoacán, ella se defendió y lo mató.
 
Una vez más, la PGJDF se centró en investigar a Itzel por homicidio y para sustentarlo realizó las siguientes acciones:
1) Retomó los peritajes de la denuncia de violación para afirmar que la menor de edad fue quien mató a Miguel Pérez; 2) Tanto a la familia como a la defensa, les negó el acceso a la carpeta de investigación que estaba conformando.
 
3) El personal de la PGJDF filtró los datos de la víctima y la familia, lo que generó hostigamiento en el  trabajo y escuela, y ocasionó que Itzel abandonara el plantel;  4) En la Agencia Especializada de Delitos Sexuales del “bunker”, la denuncia se levantó pasadas 48 horas y la familia tuvo que comprar los anticonceptivos de emergencia porque no tenían; asimismo, una psicóloga del Centro de Terapia y Apoyo (CTA) violentó a Itzel y desestimó su denuncia.
 
ANTE FALTAS: PRESIÓN SOCIAL
 
La familia de Itzel buscó a la de Yakiri, recordó el caso y supo que la presión mediática era el único camino para que la Procuraduría terminará con la acusación contra la menor de edad.
 
Así, el pasado 27 de junio ambas familias y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh) denunciaron la actuación de las autoridades y el asedio que vivían por parte de la PGJDF.
 
Sólo bastaron unas horas y, a través de un boletín de prensa, la Procuraduría local resolvió que “la víctima quedaba libre de la responsabilidad” porque "actuó en legítima defensa, en virtud de que su integridad física y su vida estuvieron en riesgo".
 
Pero el oficio que constataba la decisión fue entregado a la defensoría y la familia hasta el 29 de junio, así como la carpeta de investigación por homicidio que estaban concretando.
 
“QUE SE VAYAN SERVIDORES PÚBLICOS”
 
El caso de Itzel no concluye con el cierre de la investigación: se presentó una queja ante la CDHDF, porque la Procuraduría de la Ciudad violó cuatro derechos de Itzel: no se le dio debida atención como víctima, se incumplió el protocolo de atención a víctimas de delitos sexuales, se violó el debido proceso y su derecho a una vida libre de violencia.
 
Para terminar con los actos irregulares de la Procuraduría en estos casos, afirma en entrevista con Cimacnoticias la abogada de Itzel, Karla Micheel Salas Ramírez, el personal que ha obstaculizado  el debido proceso y el acceso a la justicia de las víctimas de violación sexual debe ser sancionado, “administrativa y penalmente si es necesario”.
 
Y señala que ante la ineficacia de la Fiscalía de Delitos Sexuales dependiente de la PGJDF, la misma titular, Alicia Rosas Rubí, debe renunciar, no sólo por su proceder sino por su falta de experiencia en el tema, pues su cargo anterior fue el de  directora de la Unidad de Investigación de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República (PGR).
 
“El mensaje que envían los órganos de procuración de justicia al atender estos casos es perverso. Muestra la total desprotección de las víctimas de delitos sexuales por parte del Gobierno capitalino y las investigaciones por casos de violaciones se caracterizan por una profunda misoginia”, concluye Salas Ramírez.
 
17/HZM/MMAE/GG








QUINTO PODER
   QUINTO PODER
Tortura sexual, el castigo de la disciplina patriarcal
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam.- 10/08/2017

En la tortura sexual las causas y sus formas están imbricadas en la violencia que el sistema patriarcal ejerce contra las mujeres con el fin de dar un castigo, disciplinar y contribuir a sostener así la dominación masculina desde y con el arma dictada desde el patriarcado que le ha permitido sancionar la desviación de la mujer: el abuso sexual.

Cualquier desviación del “deber ser” es visto como “transgresión” y el mecanismo de respuesta es el castigo patriarcal que dispone de un método “disciplinario”, el abuso sexual. Sólo entendiendo esta posición de castigo a la transgresión como una forma disciplinaria desde la “autoridad masculina”, es que la tortura sexual se entiende como algo intrínseco en la violencia de género, en los casos que se presentan en todo el mundo contra las mujeres.

En el constructo social jerarquizado desde la lógica patriarcal, las mujeres transitan en la inferioridad, no son personas sino bienes de consumo, propiedad que puede ser dañada para dañar a otro, o si está en la calle está “disponible”, y su tránsito por el espacio público no es condición natural sino una transgresión que merece ser sancionada con una medida ejemplar.

La sutil distancia entre el “resguardo” y el abuso de las mujeres que se encuentran bajo el “cuidado” o la jerarquía de una persona con autoridad se rompe porque hay un horizonte fluido –desde la mirada patriarcal– que no alcanza a ver que hay algo inadecuado en el abuso sexual.

Así, mujeres que se encuentran bajo la mirada de guardias en centros de detención migratorio, en retenes, durante cateos o en detenciones arbitrarias, incluso en vehículos oficiales o instalaciones hospitalarias y carcelarias han vivido la tortura sexual cuya motivación o razón de género es el “castigo” como medida disciplinaria.

Ocurre con mayor frecuencia de lo que se piensa o cree, se denuncia mucho menos de lo que se puede documentar, y ahí radica la condición de su comisión. Hay la conciencia de que las mujeres desacreditadas, las “transgresoras” tendrán menos credibilidad y esto las hace más susceptibles de ser víctimas el abuso sexual.

Si ya de por sí denunciar un abuso sexual lleva a la víctima al banquillo de las acusadas, cuando este acto se comete contra una mujer que transgredió la ley, creerle a la víctima es casi imposible por el previo descrédito de la denunciante, que no solo afrontará el sistema que cuestiona a las víctimas de violencia sexual, sino que sumará el factor “mujer periférica-transgresora”, una “sin valor”.

Dentro del sistema patriarcal el discurso de poder ser construye de la única forma que entienden, ejercerlo como una forma de subyugación al otro, a la otra, no es casual que el triunfo de un equipo de fútbol sobre otro sea sinónimo de que los “cogieron”, en esa retahíla harto dicha de que quien penetra es quien subyuga, castiga, alecciona.

La tortura sexual es desde la lógica patriarcal un mecanismo que garantiza el sometimiento, la docilidad y la ejemplar forma de aleccionar a las mujeres de lo que les ocurre cuando rompen el canon del deber ser, no importa cuál sea la transgresión, las alianzas patriarcales responden de esa forma para perpetuar así el sistema de control sobre las mujeres, sobre sus cuerpos.

Duncan Kennedy, especialista en la teoría crítica del Derecho, considera que hay un “residuo tolerado del abuso sexual” y éste tiene que ver con la aceptación social que hay alrededor de la violencia sexual sobre las mujeres, y que se refleja en el condicionamiento que esto causará sobre las demás mujeres y que beneficia a los hombres que encuentran mujeres más dispuestas a seguir los cánones para evitar los riesgos, y de paso buscar su “protección”.

Cuando se comete un acto de tortura sexual bajo la premisa de ser un castigo disciplinario para las transgresoras, el mensaje es también para las que “piensan” o transitan por el ámbito de la resistencia, las mujeres a las que llega la información –vía medios- reciben así un mensaje que va desde la apología a la violencia masculina contra las mujeres, hasta una forma aleccionadora.

De paso genera en las mujeres una convicción de que las víctimas de la tortura sexual, en realidad lo merecían, pues se encontraban en lugares donde no debían, de ahí la indiferencia ante la tortura sexual; que se convierte así en parte de ese “residuo tolerado de abuso sexual contra las mujeres” –del que habla Kennedy, y que socialmente se refleja en la resistencia que hay en torno a reconocer la tortura sexual cometida por agentes del estado contra mujeres disidentes y la indiferencia de otras mujeres.

La tortura sexual no solo afronta reticencias de ánimo social y aunque la discusión incipiente se centra en la posibilidad de un tipo penal, lo que hay detrás de (la tortura sexual), al igual que en algún momento con el feminicidio nos demanda entender las razones o las motivaciones de género implícitas en estos actos.

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche

17/AC








ESTADOS
   También debe elaborar un Protocolo de identificación de víctimas de este delito
Gobierno de Tlaxcala obligado a crear Fiscalía Especializada para trata de personas
Imagen del portal Argentinaindymedia.org
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/08/2017

Por mandato de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), el gobierno de Tlaxcala deberá crear una Fiscalía Especializada para investigar la trata de personas y un Protocolo de identificación de las víctimas de este delito.

La Conavim ordenó lo anterior al gobierno del priísta Marco Antonio Mena Rodríguez a través de la resolución con la que dio respuesta a la solicitud que organizaciones civiles hicieron en agosto de 2016 para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por trata de personas y violencia sexual en la entidad, la cual fue rechazada el pasado 4 de agosto. El plazo para cumplir las recomendaciones es de seis meses.

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, afirmó la Conavim, deberá contar con Ministerios Públicos y policías ministeriales especializados. Además, el personal deberá investigar “con estricto apego al principio de debida diligencia”. 

Pese a que esta Fiscalía no existe en la entidad la Procuraduría General de Justicia local sí tiene una unidad de investigación especializada para la trata de personas que, según han denunciado organizaciones civiles, se caracteriza por realizar un trabajo ineficiente para atender a las víctimas.
 
Por ello, a través de un comunicado, esta medida y la creación del Protocolo de identificación de víctimas de trata fueron calificadas de “ambiguas” por la Red Retoño, el Colectivo Mujeres y Utopía y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). 

En cuanto al diseño e implementación del Protocolo las organizaciones denunciaron que, aun cuando desde hace años diversas asociaciones de la entidad lo han solicitado, actualmente dudan de su eficiencia. 

Esto porque la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala, en lugar de investigar de inmediato la desaparición de las mujeres para descartar la trata como una posible causa, en la mayoría de los casos “decide encuadrarlas en secuestro”, deja transcurrir 72 horas antes de iniciar la búsqueda y reproduce constantemente estereotipos tales como afirmar “seguro se fue con el novio, se fue de pinta o por su propia voluntad”, mencionaron las organizaciones, quienes solicitaran de nueva cuenta la AVG para Tlaxcala, la próxima semana. 

En la entidad la trata de personas con fines de explotación sexual es un delito recurrente y suele quedar impune. De acuerdo a la Procuraduría estatal de 2011 a 2016 se abrieron 57 denuncias por este delito. Sin embargo, las organizaciones señalan que no hay certeza de las cifras verdaderas debido al subregistro y la carencia de una base de datos actualizada de este y otros delitos.

Por su parte, en 2016, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés informó que por cada 200 denuncias solo 13 derivan en sentencia condenatoria, es decir, el delito queda impune en 93.5 por ciento los casos. 

SIN NUEVAS PROPUESTAS

La Conavim también solicitó al Gobierno de Tlaxcala el diseño de una “política transversal de prevención, erradicación y sanción de la trata de personas” que considere las posibles rutas de movilidad de la trata de personas entre entidades federativas para instar a los estados a atender el problema.

Pese a que la propuesta parece ser novedosa, desde 2009 en la entidad está vigente la Ley para la Prevención de la Trata de Personas y contempla ya la prevención, erradicación y sanción del delito. Además, actualmente el Congreso del estado analiza una nueva propuesta de ley sobre el tema que fue presentada por el Ejecutivo local en mayo de este año. 

De igual forma, desde 2011, entró en función la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas que plantea la búsqueda inmediata de mujeres y niñas; como medidas preventivas establece la elaboración de campañas informativas sobre el delito en medios de comunicación y propone identificar el perfil de las víctimas y las zonas en donde es más recurrente que sean violentadas.

A ello se suma que las rutas de las redes de trata en Tlaxcala ya han sido señaladas en informes diagnósticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Organización de las Nacionales Unidas. 

Por ello las organizaciones afirmaron que los resolutivos de la Conavim “no fueron claros, ni suficientes para generar  un proceso serio de transformación para desactivar la problemática de violencia sexual y trata de personas con fines de explotación sexual” y recalcaron que no aprobar la AVG en el estado refleja la falta de voluntad por parte de los gobiernos federales y estatales para atender dichos delitos

17/MMAE
 








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