violencia sexual

OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   DESENREDO
   
Un ejemplo más, mujeres de Atenco
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Gua.- 17/11/2017

Fue superlativo el cinismo de los representantes del Estado mexicano mostrado en la Audiencia Pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizada en San José, Costa Rica, este 16 y 17 de noviembre, por el caso Atenco.

En contraste, fuerza y valentía demostraron las cinco sobrevivientes que presentaron sus testimonios por haber sido torturadas sexualmente por policías, quienes les rasgaron su ropa, las golpearon, las pellizcaron, las penetraron, se burlaron de ellas, las insultaron, las humillaron...

Las 11 mujeres que siguen la demanda ante ese organismo internacional piden se conozca la verdad, se castigue a los culpables materiales e intelectuales, que el Estado mexicano no sólo reconozca que sus agentes incurrieron en uso excesivo de la fuerza, sino que cometieron tortura sexual (no tortura por omisión ni encubrimiento por tortura): que se disculpe.

Como resultado de un operativo policíaco en el que participaron más de 2 mil 500 agentes locales y federales, 200 hombres y 50 mujeres fueron detenidos en el poblado de Atenco, donde sus habitantes protestaban por la instalación de un aeropuerto.

Este caso demuestra la importancia de los pactos de impunidad para que se siga repitiendo una forma de establecer “orden” por parte de las fuerzas públicas y se justifique su agresividad bajo el entendido que las personas reprimidas son “enemigos”. Igual ocurrió en Guatemala durante la guerra.

Aunque los voceros de la cancillería mexicana utilicen una verborrea con múltiples subterfugios, quedó claro que ningún inculpado por la represión ejercida ha sido condenado después de 11 años. Y si un policía fue sentenciado sólo por “actos libidinosos”. Después, con un recurso de amparo, fue dejado en libertad.

El caso Atenco es conocido gracias a que 11 mujeres han alzado su voz en múltiples foros para exigir justicia, reivindican su derecho a una reparación digna para sentar un precedente en México y no se repita ese tipo de abusos. Así lo hicieron en Guatemala, las abuelas de Sepur Zarco (departamento de Alta Verapaz), quienes durante la guerra sufrieron esclavitud sexual en un destacamento militar.

Las sobrevivientes de Atenco en ese entonces eran trabajadoras, estudiantes, periodistas, activistas, y les imputaron cargos falsos, se les obligó a seguir procesos judiciales y a estar privadas de libertad, en un contexto en el que siendo gobernador Peña Nieto asumió la responsabilidad de restituir el “orden” en ese poblado mediante el uso de la fuerza pública. 

La tortura sexual no es un acto excepcional, es una realidad persistente. En la audiencia se explicó que de cada 100 mujeres detenidas en México, 72 sufren violencia sexual y 33 de ellas son violadas.

Ello ocurre porque existen pactos de impunidad entre machos, ya que los patrones de actuación con esquemas de supremacía masculina que siguen los elementos policíacos y sus jefes, les obliga a silenciar los abusos que cometen contra mujeres; y sabiéndose impunes nombran putas, perras, mentirosas, revoltosas a sus víctimas, a quienes culpabilizan por hacer sido detenidas ya que ellas “tendrían” que estar en su casa...

Por ello, tienen mucha razón las defensoras de derechos humanos quienes abogar por acabar con la figura de los “intocables”, de los que se sienten todopoderosos.

* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.

17/RHA/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Sobrevivientes pidieron reconocer la tortura sexual de 2006
“Verdad a medias no es verdad”: Mujeres de Atenco
Imagen retomada del twitter de la CoIDH
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | San José, CR .- 16/11/2017

Cuatro horas y media tardó la primera parte de la audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la que Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Angélica Patricia Torres Linares y Bárbara Italia Méndez Moreno dieron testimonio de lo ocurrido durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Atenco y Texcoco en el Estado de México.

Cerca de las ocho de la mañana las once mujeres denunciantes de tortura sexual entraron a la sala de la sede de la Corte Interamericana, lugar donde decenas de estudiantes de Derecho hicieron fila para escuchar los testimonios y ver el desarrollo de la audiencia donde minutos más tarde se daría cuenta de cómo once años y seis meses atrás, policías municipales, estatales y federales detuvieron, golpearon y toquetearon sexualmente a unas 31 mujeres.

Tras escuchar la presentación del caso por parte de las delegadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que envió el caso a la CoIDH, las denunciantes comenzaron a narrar testimonios que por momentos causaron sorpresa a los jueces y que hicieron que la comitiva de funcionarios mexicanos enfocara sus participaciones en enfatizar que ya se han tomado medidas para reparar el daño.

Los interrogatorios comenzaron con la formalidad propia del organismo internacional, primero con la gente participante de pie para recibir a los seis jueces, sin contar al mexicano Eduardo Ferrer MacGregor que por su nacional no puede conocer el caso, y luego con un interrogatorio para cada una de las primeras cuatro, de cinco, víctimas que fueron llamadas a declarar.

El Juez Patricio Pazmiño Freire, interroga a la declarante, Sra. Norma Aidé Jiménez Osorio. Fotografía twitter @corteidh

--”¿Podría la declarante manifestar ante la Corte su nombre?

--Norma Aidé Jiménez Osorio

--¿Nacionalidad y lugar de residencia?

--Mexicana, Ciudad de México”.

Así comenzaron y siguieron los testimonios, declaraciones que repitieron las mismas frases una y otra vez: “era estudiante, me golpearon, me taparon la cabeza, metieron sus dedos en mi vagina… mi vida no volvió a ser la misma…. alguien lo ordenó, queremos que se investigue la cadena de mando”.

Los primeros en romper el protocolo fueron los funcionarios del Estado mexicano, quienes no dieron su nombre al tomar la palabra e hicieron comentarios  en vez de ceñirse a hacer preguntas a las víctimas. Así por ejemplo el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, comenzó a dar un discurso hasta que fue interrumpido.

El también embajador dijo que el gobierno de México condenaba cualquier violación a Derechos Humanos y estaba a punto de continuar fijando su posición cuando una abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que defiende a las mujeres, objetó el discurso porque, dijo, la audiencia de este jueves era para escuchar a las víctimas y no para presentar alegatos, algo que está previsto para este 17 de noviembre.

Las mujeres de Atenco, como se conoce a las sobrevivientes, escucharon atentas, sentadas todas juntas de lado izquierdo de la sala, mientras la delegación mexicana hacía preguntas enfocadas a que las denunciantes reconocieran que las instituciones del país habían realizado acciones para reparar el daño, por ejemplo, que 55 policías fueron investigados, aunque la respuesta de Norma Aidé dejó claro que  “una verdad a medias no es la verdad”.

Al concluir el primer testimonio, las emociones explotaron y los recuerdos no pudieron esperar. Cuando Norma Aidé bajó del estrado, ellas, las que fueron acusadas de mentirosas, se abrazaron, deshicieron el nudo en sus gargantas y una vez más se juntaron para tomar aire y seguir en esta reunión que será la última antes de que la Corte Interamericana emita un fallo por este caso, en 2018.

Después del testimonio de Bárbara Italia Méndez Moreno, la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Patricia Colchero Aragonés, dio un giro a las intervenciones de los representantes del gobierno al comenzar a preguntar a las víctimas cómo el Estado podía colaborar para resarcir las consecuencias que padecieron por la violencia sexual.

17/AGM

 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Dos días de alegatos para determinar responsabilidad del Estado mexicano
CoIDH escuchará testimonios de tortura sexual de mujeres de Atenco
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/11/2017

Después de once años y seis meses de enfrentar cotidianamente a las instituciones del Estado de México para que las dejen de llamar mentirosas, once mujeres víctimas de tortura sexual se presentarán ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para narrar cómo las fuerzas de seguridad pública las violentaron durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006. 

Por primera vez este 16 y 17 de noviembre la palabra de Mariana, Georgina Edith, María Patricia, Norma Aidé, Claudia, Bárbara Italia, Ana María, Yolanda, Cristina, Ángela Patricia y Suhelen Gabriela se escuchará durante una audiencia pública que se realizará en la sede de la Corte Interamericana, en San José, capital de Costa Rica. 

Para ellas, Las Mujeres de Atenco, el reloj se detiene con está audiencia que será la última parada de un recorrido en búsqueda de justicia que ya suma 138 meses y que podría culminar en una sentencia del máximo tribunal del continente en la que se reconozca que el Estado mexicano, por orden de mandos superiores y a través de policías locales, estatales y federales, ejerció tortura sexual.

Este episodio no pinta para ser una rendición de cuentas de parte de la comitiva de funcionarios mexicanos porque el organismo internacional no está facultado para juzgar los procesos penales que se desarrollan en México por estos casos pero servirá para mostrar las violaciones a Derechos Humanos cometidas durante un operativo que duró dos días y dejó secuelas permanentes.

DE GARANTIZAR SEGURIDAD A LA REPRESIÓN

El 3 de mayo de 2006 el gobierno del Estado de México, encabezado por el entonces gobernador y hoy Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ordenó el despliegue de un operativo en los municipios mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco para impedir que los floricultores vendieran sus productos, operativo que se extendió hasta el 4 del mismo mes.

El despliegue de 700 policías federales, mil 815 de la Agencia de Seguridad Estatal y al menos nueve policías municipales dejó como saldo 207 detenidos, al menos 26 mujeres víctimas de violencia sexual; dos personas asesinadas: Javier Cortés Santiago y Ollín Alexis Benhumea Hernández y cinco personas extranjeras expulsadas del país.

Como resultado también se abrieron dos investigaciones, una de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; un expediente penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y posteriormente otro en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país, hoy conocida como Fevimtra. 

La versión de altos funcionarios, empezado por Peña Nieto, fue que se trató de reestablecer el orden y la paz social amenazada por unos manifestantes pero las imágenes de televisión y de los medios mostraron lo contrario, se vio cómo policías con equipos antimotín, toletes, escopetas lanza cartuchos de gas lacrimógeno y granadas del mismo gas, golpeaban y detenían gente al por mayor.

En este contexto 47 mujeres fueron detenidas de forma arbitraria, de ellas al menos 26 fueron golpeadas, manoseadas y pellizcadas en senos, pezones, piernas, pubis, glúteos, ano y vagina, en algunos casos por encima de la ropa y, en otros, en contacto directo con la piel. Una de las sobrevivientes fue obligada a practicar “sexo oral” a los policías y, según las denuncias, cada humillación fue acompañada de insultos, amenazas, golpes y jalones a la ropa. 

Con toda la carga física y psicológica que implica esta violencia, once mujeres mantuvieron sus denuncias por tortura pero ante la falta de respuesta en las instancias nacionales, en abril de 2008 presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañadas por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Cejil) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Después de un largo proceso, en octubre de 2015 el organismo internacional emitió un informe sobre el caso, registrado como “Mariana Selvas y otras” y lo envió a la Corte Interamericana que finalmente escuchará la palabras de las denunciantes para analizar el fondo del asunto y eventualmente emitir una sentencia contra el Estado mexicano por su responsabilidad en las violaciones a Derechos Humanos cometidas en Texcoco y Atenco.  

LA MEMORIA DE ATENCO

San Salvador Atenco es el municipio mexiquense donde surgió la lucha de los ejidatarios del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), hombres y mujeres que se opusieron a la expropiación de sus tierras para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un proyecto ensalzado por Peña Nieto y que en 2015, durante su administración como primer mandatario a nivel federal, finalmente comenzó su contracción. 

Cuando en mayo de 2006 el FPDT se solidarizó con los floricultores que eran reprimidos en un operativo que calificaron de desproporcionado, también hubo personas defensoras de Derechos Humanos y estudiantes que acudieron al lugar a ayudar, fue el caso de las mujeres de Atenco. Algunas eran estudiantes que querían documentar la violencia, otras comerciantes que estaban en el lugar y unas más ciudadanas que simplemente pasan por allí.

Como si la finalidad fuera decretar la falsedad de los dichos de las mujeres torturadas sexualmente, el 16 de junio de 2006 el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, declaró: “es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres”.

Con una intención similar, el 27 de junio de 2006 el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo Madrid, atribuyó lo que consideró eran “supuestos abusos” por parte de la policía a los “altos niveles de estrés” y declaró que “si las mujeres muy dignas no se dejaron revisar por los doctores, fue porque les había hecho nada”.

A pesar de esos intentos por desestimar las denuncias y cerrar el caso, las Mujeres de Atenco es la sombra que acompaña a Enrique Peña Nieto. El episodio incluso hizo tambalear su campaña presidencial cuando en el 11 de mayo de 2012 fue increpado por estudiantes durante una presentación en la Universidad Iberoamericana, quienes le señalaron el uso excesivo de la fuerza en Atenco y Texcoco.

Ante la insistencia de los estudiantes el entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respondió que en Atenco se reestableció el orden y afirmó: “Fue una acción determinada personalmente que asumo personalmente”. Este episodio más tarde dio vida al movimiento estudiantil YoSoy132.

ASUMIR REPARACIÓN DEL DAÑO

La CoIDH es la última instancia para Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Ángela Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

Es la última instancia porque a pesar de que en México la PGJ del Estado de México mantiene un expediente abierto, la indagatoria lleva más de once años y actualmente 16 policías de la Agencia de Seguridad Estatal son acusados de la tortura pero todos llevan su proceso en libertad; además, de 21 médicos auxiliares de la autoridad ministerial que fueron acusados por no revisar a las víctimas y certificar las lesiones, 10 fueron absueltos por deficiencias en el proceso.

Tampoco hay responsables a nivel federal. Ningún alto mando fue investigado, ni quien fuera secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora; tampoco el secretario General del Gobierno del Estado de México, Humberto Benítez Treviño; ni el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Héctor Jiménez Baca, mucho menos el jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado. 

Al contrario, todos los funcionarios siguieron haciendo carrera política y los ejemplos más claros son los de Peña Nieto que fue electo como presidente de la República en 2012 y Eduardo Medina Mora que en 2015 fue designado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hasta ahora la CIDH determinó que las once mujeres fueron detenidas ilegal y arbitrariamente, que no fueron informadas de las razones, vivieron graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual, entre ellas la violación sexual, y que todo indica que estos actos fueron cometidos por agentes estatales.

Para el organismo internacional el Estado mexicano reconoció “la comisión de actos de violencia de género y tortura” por lo que los alegatos y testimonios que se presenten este 16 y 17 de noviembre ante la Corte Interamericana servirán para profundizar sobre la violencia contra la mujer y, particularmente, la violación sexual y tortura así como las formas de reparación del daño.

Así, en el último capítulo ante una instancia internacional, las mujeres de Atenco esperan que los jueces valoren su palabra y el próximo año emitan una sentencia donde se obligue al Estado mexicano a reparar los daños, reformar su visión de modelo de seguridad pública y evitar que actos similares se repitan.

17/AGM








NACIONAL
VIOLENCIA
   Las empresas no se hacen responsables, la autoridad tampoco
Usuarias de taxis privados sin protección, por casos de violencia sexual
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/11/2017

Los servicios de transporte controlados a través de dispositivos móviles se convirtieron, desde hace 5 años, en una opción para las mexicanas porque se pensó que eran “seguros”, sin embargo, a un lustro de su instalación en la capital, no existe ningún protocolo de denuncia ni seguimiento en caso de acoso o agresiones sexuales cometidas por sus conductores dentro de sus unidades, ni con las empresas que tienen concesión para operarlos, ni con ninguna instancia del gobierno capitalino.

Servicios como Cabify, Easy Taxy, Taxify, Laudrive, Yaxi y UBER, que llegaron a la capital hace 5 años, fueron la alternativa “segura” para las mujeres que utilizan taxi como medio de transporte ante el incremento de agresiones sexuales cometidas contra éstas en los públicos (los que se abordan en la calle). Tan sólo durante 2015 y 2016, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia capitalina, 73 de las 79 violaciones denunciadas ante esta instancia, cometidas en transporte público, fueron en taxis.

En los últimos meses dos casos salieron a la luz pública. En Puebla, el de la estudiante de 19 años de edad Mara Fernanda Castilla Miranda, asesinada por el conductor de un Cabify; y el de Marimar Cosío, una usuaria de UBER en la Ciudad de México, que difundió en sus redes sociales un video en el que narró que fue víctima de acoso sexual por el conductor.

De éstos, no hay un seguimiento por parte de ninguna instancia capitalina, ni de las propias empresas. Entrevistada por Cimacnoticias para conocer qué protocolos o acciones se están llevando a cabo para dar seguimiento a estos y futuros casos, la coordinadora del área Movilidad Segura para mujeres y niñas del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX), Margarita Argott Cisneros, afirmó que únicamente han llevado a cabo pláticas con UBER para ver las posibles acciones a seguir por este tema.

Pero son 5 empresas más las que operan y con las que no se ha tenido ningún acercamiento. Ni el Inmujeres, ni la Secretaría de Movilidad (Semovi) tienen acuerdos formales para garantizar la seguridad de las pasajeras, dijo Argott Cisneros.

De acuerdo con un diagnóstico realizado por ONU Mujeres y El Colegio de México sobre violencia hacia las mujeres en el transporte público, se estima que 50 de cada 100 mujeres, han sido violentadas en estos espacios.

Hasta ahora, lo único que se ha hecho con estas empresas es vigilar que cumplan con las normativas viales y tener capacitaciones sobre reglamento por parte de Semovi, pero de prevención de la violencia contra mujeres, todo es incipiente.

Así lo dijo Argott Cisneros, quien precisó que apenas en 2015 (tres años después de que UBER empezó a operar en la Ciudad) el gobierno local y el Inmujeres plantearon con la empresa capacitar a sus conductores  en temas de género, derechos de las mujeres y prevención de la violencia en el transporte.

Pero la capacitación no se llevó a cabo por el Inmujeres porque el acuerdo con UBER fue que una empresa externa, la diera. A la fecha, no se sabe cuántas personas fueron capacitadas porque no hubo seguimiento por parte del Inmujeres, reconoció Argott Cisneros.

SIN COORDINACIÓN

Desde 2008, a través del programa “Viajemos Seguras”, el Inmujeres CDMX planteó brindar  asesorías jurídicas y acompañamiento psicológico a las víctimas de agresiones sexuales en el transporte público para hacer frente a esta violencia.

En 2017 amplió sus acciones con el programa “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas” en el área “Viaja Segura”, que contempla entre otras cosas la creación de políticas públicas enfocadas en mecanismos de vigilancia y atención en los transportes para garantizar una movilidad segura.

Sin embargo, aún son sólo propuestas las acciones para garantizar la seguridad de las usuarias de empresas de transporte privado.

Al cuestionar a Argott Cisneros sobre las medidas pensadas para hacer frente a los casos de agresiones sexuales contra las usuarias de estos servicios, la funcionaria afirmó, sin precisar fechas, que próximamente se realizarán mesas de trabajo con la Semovi y las instancias coordinadoras del programa vigente del Inmujeres donde discutirán la necesidad de que todas las unidades tengan botones de auxilio e incluso cámaras de vigilancia, como ya sucede con algunos autobuses, porque dijo, los transportistas “deben contar con las medidas de seguridad suficientes”.

Cuestionada si existe algún registro de casos sobre violencia ejercida por los choferes de estas empresas a usuarias, la funcionaria explicó que las empresas de transporte privado “no están exentas de seguir las leyes vigentes” por lo que además de dar de baja a los conductores que sean denunciados deben informarle a la PGJDF sobre los casos, aun cuando las usuarias decidan no denunciar, posteriormente a la instancia de justicia le corresponde instar a la víctima a proceder legalmente.

Pero en la realidad esto no sucede. Cimacnoticias consultó sobre el mismo tema a la ejecutiva de cuenta de la agencia de relaciones públicas de UBER Fabiola Martínez, quien dijo que comunican a la PGJDF y le otorgan los datos acerca de algún conductor señalado como agresor, únicamente cuando las víctimas interponen una denuncia, de otra forma, no lo hacen.

Los casos recientes de agresiones a usuarias de estas aplicaciones propiciaron que la opinión pública cuestionara la operación de estos servicios en el país. El pasado 24 de octubre, el senador panista por Aguascalientes José de Jesús Santana García, presentó en San Lázaro una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual busca crear un registro de las plataformas digitales de las empresas, así como de cada uno de los operadores y que estos transparenten su domicilio, teléfonos de contacto y una carta de antecedentes laborales y no penales.

De aprobarse por el pleno, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tendría que coordinar dicho registro. La iniciativa también plantea obligar a las empresas de origen extranjero como Uber (Estados Unidos) y Cabify (España) a que tengan una sede en México, toda vez que las personas usuarias no tienen un contacto directo en caso de denunciar algún incidente con los choferes pues la comunicación la realizan a través de correos electrónicos.

Actualmente las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y la de Estudios Legislativos analizan la iniciativa.

17/MMAE/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   En 6 años recibe a más víctimas que la Procuraduría
Clínica Condesa, refugio para víctimas de violencia sexual
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/10/2017

De acuerdo con una solicitud de información hecha por esta agencia a la Secretaría de Salud y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para conocer cuántas mujeres fueron atendidas en la Clínica Especializada Condesa (CEC) y en la Procuraduría por este delito en ese periodo, se informó que mientras a la Clínica Condesa, donde se encuentra actualmente el Programa de Atención a Violencia Sexual, llegaron 5 mil 243 víctimas de violación, a la Procuraduría llegaron únicamente 2 mil 974 mujeres.

La revictimización, la falta de personal, los malos tratos y las pésimas condiciones en las que se encuentran los inmuebles de las seis Agencias Especializadas en Delitos Sexuales de la PGJDF, orilla a las víctimas de violación a desistir de emprender un proceso legal y con ello a acceder a la justicia.

La información proporcionada por la CEC señala que 58 capitalinas presentaron un embarazo producto de una violación en el periodo referido y fueron canalizadas a los servicios de interrupción legal (ILE), un derecho garantizado en la Norma Oficial Mexicana 046 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres” (NOM 046).

De estas víctimas que ejercieron su derecho a una ILE por violación, 43 por ciento fueron adolescentes y niñas cuyas edades oscilan entre los 8 y 18 años de edad (25 casos).

Las que recibieron Anticoncepción de Emergencia (AE) fueron 2 mil 58, mientras que el resto que no accedió a ninguno de los dos servicios (anticoncepción o ILE) se desconoce si fueron forzadas a continuar un embarazo.

Además del embarazo, las víctimas quedan expuestas a contraer infecciones de transmisión sexual como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Sida, sífilis, entre otras.

De las 5 mil 243 mujeres atendidas en la Clínica, sólo 33 por ciento (mil 746) accedió al tratamiento de profilaxis, lo que no garantiza que no queden expuestas a riesgos en su salud pues 60 por ciento desiste a acudir a su segunda cita para continuar con el tratamiento que dura nueves meses, informó la Clínica.

SERVICIOS REBASADOS

Los tres servicios (justicia-médico-psicológico) están rebasados ante las violaciones sexuales contra mujeres. De acuerdo con la información que entregó la PGJ, las seis agencias sólo cuentan con 12 oficiales secretarios, seis policías de investigación, seis peritos en materia de psicología y tres peritos en medicina, responsables de atender anualmente a las 700 víctimas de violación que denuncian en la urbe.

La falta de peritas en medicina especializadas en violencia sexual en las 6 agencias resulta preocupante, únicamente se encuentran en las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa y Doctores. Ellas son las encargadas de recabar las pruebas para acreditar la violación. Si las víctimas no acuden con ellas, se pierde la evidencia física que compruebe la agresión.

En las agencias cada perita atiende anualmente en promedio a más de 230 víctimas de violación, principalmente a jóvenes y niñas, ya que los registros de la Procuraduría refieren que en estos seis años un 39 por ciento de las violaciones fueron cometidas contra menores de 18 años de edad, un total de mil 152 casos.

Lo mismo sucede con la atención psicológica que brinda el Centro de Terapia y Apoyo para Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), por ejemplo, el último informe de labores de la PGJDF señala que de 2015 a 2016, impartió solamente 28 sesiones de terapia individuales y 885 grupales, impartidas por 12 psicólogas, detalló.

Obtener una cita en el CTA toma un mes y recibir un tratamiento psicológico certero tres meses, pues las primeras tres consultas son únicamente de evaluación.

LAS VIOLACIONES EN LA URBE

Actualmente las seis agencias se ubican en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y dos en Cuauhtémoc, ya que en estas zonas se comete el mayor número de delitos sexuales.

En Iztapalapa, en el mismo lapso, ocurrieron 20 de cada 100 violaciones (596 casos), sin embargo, la sede del CEC ubicada en esa delegación solo opera con un médico.

El contexto violento no es menor en otros sectores, a esta delegación le siguen Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, ambas reportaron un total de 727 violaciones (381 y 346 casos respectivamente).

Mientras que en Tlalpan se suscitaron 211 violaciones, en Coyoacán 202 -sin existir agencia cercana- y en Álvaro Obregón 200. En 52 casos la PGJDF dijo desconocer dónde se cometió el delito y señaló que no tiene datos desagregados por edad lo que impide dimensionar las violaciones perpetradas en niñas y adultas.

Respecto a los recursos destinados para la atención de esta violencia,  la PGJDF informó a través de su Dirección General de Programas, Organización y Presupuesto, que no cuenta con información desagregada sobre el presupuesto que se otorga a cada fiscalía, por lo que no transparentó la cantidad de fondos con los que opera desde 2012 la Fiscalía de Delitos Sexuales, liderada por Alicia Rosas Rubí y de la que dependen las seis agencias especializadas.

Poco queda del proyecto integral de atención a las mujeres víctimas de violación que idealizó el movimiento feminista en los años 90; las mujeres no confían en el sistema de justicia, la instancia encargada de brindarles atención psicológica no cumple con sus fines, situación que mantiene a los servicios médicos saturados.

17/HZM/MMAE








NACIONAL
VIOLENCIA
   Marimar Cosio recibió ayuda tras difundir video
"Uber reacciona a acoso sexual sólo tras presión mediática”, denuncia víctima de chofer de la empresa
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/10/2017

Esta semana Marimar Cosio difundió un video en el que denunció haber sido acosada por el chofer de un Uber que abordó camino a su casa. La respuesta de la empresa evidenció que “sólo actúa bajo la presión mediática  y social”, afirmó la usuaria.

La mujer contó en el video, el cual compartió en redes sociales el día de la agresión, que el chófer cambió la ruta fijada y sin consentimiento acarició su pierna, en cuanto pudo ella bajó del auto. Fue hasta un día después, contó Marimar a esta agencia, cuando una abogada del área jurídica de Uber le informó que su agresor había sido dado de baja y ya no laboraba más con la empresa.

“Uber reaccionó hasta que hice viral el video, sino no hubiera hecho nada” denunció. Y es que no hay certeza ni garantía para quienes denuncian en la plataforma de la aplicación haber sido víctimas de alguna agresión sexual, que sus agresores serán dados de baja.

Cimacnoticias cuestionó a la empresa sobre el protocolo de actuación que siguen en casos de violencia sexual cometidos por chóferes hacia sus usuarias. La ejecutiva de cuenta de la agencia de relaciones públicas de Uber, Fabiola Martínez, informó únicamente sobre lo que la empresa realiza cuando las víctimas  denuncian ante el Ministerio Público.

Mencionó que no brinda información sobre el agresor ni notifica a las autoridades de justicia capitalinas sobre los casos sin que previamente la víctima haya denunciado.

Sin embargo, no precisó si en todos los casos, aun  cuando no hay una denuncia previa, los choferes son dados de baja, sólo afirmó que “dan seguimiento a todos los hechos”.

SIN CONTACTO NI MEDIDAS CONCRETAS

Cuando las personas usuarias denuncian este tipo de agresiones lo hacen únicamente vía correo electrónico. “Es preocupante que Uber no tenga teléfonos de emergencia u oficinas a las que podamos recurrir en caso de emergencias así”, expresó al respecto Marimar Cosio.

En la Ciudad de México las únicas especificaciones que regulan a esta aplicación y otras similares como Cabify son las que el gobierno local publicó el pasado 15 de julio de 2015, en el “Acuerdo por el que se crea el registro de personas morales que operen y/o administren aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte con chofer en el Distrito Federal”.

En él, las autoridades determinaron las características con la que los vehículos deben contar y las modalidades de pago, pero no especifica el comportamiento de las personas conductoras o medidas a tomar en caso de identificarse a alguno como agresor.

Está agencia consultó a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), encargada de regular los servicios públicos y privados de transporte de pasajeros en la Ciudad de México para conocer si tiene acciones  contempladas para evitar este tipo de casos, pero no obtuvo respuesta.

La agresión contra Marimar Cosio no es un hecho aislado, el pasado 15 de septiembre trascendió que la estudiante de 19 años Mara Fernanda Castilla Miranda fue asesinada y violentada sexualmente por el conductor de un taxi de la empresa Cabify, según informó la Fiscalía General de Justicia de Puebla. El crimen provocó marchas simultáneas en varios estados del país.

Por ello, Marimar externó que ambos casos deben ser precedentes para que los filtros con los que empresas como Uber y Cabify eligen a sus conductores sean más rígidos y las agresiones cometidas por parte de ellos se sancionen y no pasen desapercibidas.

17/MMAE








INTERNACIONAL
Aborto
   Organizaciones exigen defender autonomía de mujeres
   
Tribunal Constitucional de Chile decidirá ley para despenalizar aborto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/08/2017

El grupo de organizaciones civiles, feministas y académicas, Mesa de Acción por el Aborto en Chile, llamó al Tribunal Constitucional (TC) a desechar el recurso interpuesto por un grupo de senadores que calificó de “inconstitucional” el proyecto de ley que aprueba el aborto por tres causales en ese país y el cual se discutirá mañana.
 
En  2015 el poder Ejecutivo, representado por Michelle Bachelet, propuso una ley  para despenalizar el aborto por tres causales: riesgo de vida para la mujer gestante; por la actividad fetal incompatible con la vida; y cuando el  embarazo sea producto de una violación sexual.
 
El proyecto fue aprobado por diputados y senadores, pero el 8 de agosto de este año el TC aceptó el “recurso de institucionalidad” presentado por un grupo de senadores de la coalición política Chile Vamos, por lo que estos 16 y 17 de agosto se llevarán a cabo audiencias públicas para discutir sobre la despenalización del aborto, y el 18 de agosto el Tribunal deberá decidir si la norma es inconstitucional. En caso de no llegar a una conclusión, el TC podrá solicitar prolongar su decisión hasta 10 días después.
 
Al respecto, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó al Tribunal chileno rechazar el requerimiento de inconstitucionalidad pues el proyecto de ley concuerda con estándares y tratados internacionales de Derechos Humanos que Chile ha ratificado.
 
En entrevista con Cimacnoticias la vocera de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, Gloria Maira, reiteró que el proyecto “sienta las bases para alcanzar la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo” ya que, dijo,  las leyes aún no contemplan el acceso a la interrupción del embarazo fuera de las tres causales descritas; asimismo significa “destrabar  una posibilidad que estaba absolutamente negada a las mujeres desde la dictadura de Pinochet”.
 
LO QUE FALTA
Gloria Maira resaltó la importancia de aprobar la ley ya que implica el reconocimiento de un derecho que el Estado chileno ha negado a las mujeres por años: el derecho de decidir sobre sus cuerpos.
 
La defensora también​ señaló que si bien es “un buen primer paso”, es importante no olvidar que el proyecto propuesto originalmente se modificó y dejó de lado algunos puntos como el número de semanas aceptado para que las menores de edad interrumpan un embarazo por violación sexual, el cual pasó de 18 semanas a 14.
 
Además, no se consideró priorizar la confidencialidad de las mujeres que acceden a la interrupción del embarazo pues el personal de salud “sigue teniendo el deber de denunciar​ los casos de aborto que conozca, por eso se sigue criminalizando a las mujeres que interrumpen sus embarazos”, sentenció Gloria Maira.
 
En Chile, de acuerdo al Anuario Estadístico del Poder Judicial de 2016, se estima que 66 por ciento de los embarazos producto de una violación fueron presentados por niñas menores de 18 años, de ese porcentaje 12 por ciento correspondió a niñas de 14 años y 7 por ciento a niñas de 12 años.
 
17/MMAE/








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Organizaciones denuncian que 99.52 por ciento de casos no se investigan
   
Impunidad total en casos de violencia sexual contra niñas guatemaltecas
Imagen retomada del portal Voces Nuestras
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/10/2017

En Guatemala 90 por ciento de los exámenes médicos por delitos sexuales que se han hecho de enero a agosto de este año corresponden a niñas y adolescentes, denunciaron hoy organizaciones civiles de ese país durante la conmemoración del Día de la Niñez y la Adolescencia.

En los últimos meses el Instituto Nacional de Ciencias Forenses guatemalteco informó que ha realizado 2 mil 796 exámenes médicos a niñas y adolescentes por diferentes delitos sexuales, los casos representan 90.2 por ciento del total realizado en el país.

A ello se suma que de enero a julio de 2017 el Registro Nacional de Personas (RENAP) constató la inscripción de mil 138 nacimientos donde las madres tenían entre 10 y 14 años de edad, la mayoría de estos casos, afirmaron “están íntimamente relacionados con la violencia sexual”. En las adolescentes de 15 a 19 años el número de nacimientos fue de 36 mil 685.

Lo anterior fue expuesto en un comunicado por la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni) y la Red Niña Niño quienes calificaron como “alarmante” que las autoridades guatemaltecas no garanticen los Derechos Humanos a una vida libre de violencia para las niñas y adolescentes ni sancione la violencia sexual en su contra, toda vez que, estimaron, la impunidad en estos delitos alcanza 99.52 por ciento en el país centroamericano.

Por ello, exigieron al poder judicial que resuelva de manera pronta los casos de violencia contra las niñas y adolescentes que están dentro del sistema de justicia, incluyendo el de las 41 niñas y adolescentes que murieron  tras el incendio del pasado 8 de marzo en el  albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción, una institución pública, mientras protestaban por los maltratos y abusos sexuales de los que eran víctimas y por el cual nadie ha sido sancionado.

También llamó al Estado a  garantizar la “reparación digna” a las víctimas pues afirmaron que, de hacerlo, cumpliría con lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al país.

EXIGEN SISTEMA DE PROTECCIÓN EFICIENTE

Las organizaciones también urgieron al Estado a aprobar la Ley 5285,  presentada por congresistas y representantes de la sociedad civil en mayo pasado tras el incendio del Albergue Hogar Seguro, que propone la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y la creación de políticas públicas que garanticen la protección de los Derechos Humanos de la Infancia.

Las organizaciones llamaron al Congreso de Guatemala a aprobar la ley, que significaría la  eliminación del sistema de Protección Integral de la Niñez y la adolescencia que hoy está vigente porque dijeron, “ha fallado” pues no da una respuesta pronta a la violencia contra la infancia y donde “prevalece la violencia estructural”.

17/MMAE/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Ecatepec con el mayor número de niñas-madres
   
En 2016 en Edomex, mil 46 niñas se convirtieron en madres
Imagen retomada del portal Prensa Latina
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/09/2017

En 2016 en el Estado de México se registraron mil 046 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años de edad, lo que significa un promedio mensual de 87 embarazos de niñas en estas edades, lo que coloca a la entidad en el segundo lugar del país con el mayor número de niñas madre, de acuerdo con datos del Subsistema de Información sobre Nacimiento de la Secretaría de Salud.

El dato ha sido una constante en los últimos cuatro años, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) quien reveló que en el periodo de 2012 a 2015 se registraron 3 mil 025 nacimientos en niñas de estas edades.

Las niñas de 14 años de edad representan 88 por ciento del total de nacimientos durante estos cuatro años; es decir, 2 mil 652 casos. Las de 13 años un 11 por ciento (333 casos); y los casos de niñas entre 10 y 12 años fueron 40. De ellas, tres tenían apenas 10 años de edad, pero no se tiene un registro de si estos embarazos fueron producto de violencia sexual.

Los datos del Inegi revelan que la maternidad en niñas no ha logrado reducirse en el Edomex. Para 2015 en comparación con 2012, apenas disminuyeron un 10 por ciento los nacimientos en menores de 14 años de edad en la entidad: se pasó de 798 casos a 711. En tanto, en 2013 se contaron 780 casos y en 2014 un total de 736.

ECATEPEC FOCO ROJO DE EMBARAZO INFATIL

De acuerdo con las cifras de Inegi en seis municipios del Edomex se concentran un 35 por ciento del total de embarazos infantiles: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Chimalhuacán, Toluca y Chalco, son las zonas con el mayor número de casos.

Entre ellos destaca Ecatepec que en el periodo de 2012-2015 registró 314 nacimientos, la madre tenía menos de 14 años de edad. A este municipio le sigue Nezahualcóyotl y Naucalpan, ambos suman 361 casos.

En tanto en Chimalhuacán contó 140 casos, Toluca 130 y el municipio de Chalco un total de 128. Con ello el Edomex se coloca entre los estados con mayor número de embarazos de niñas como Chiapas y Veracruz.

17/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   El 40 por ciento de las víctimas son niñas, niños y adolescentes
   
CEAV elabora Protocolo para atender a menores de edad víctimas de violencia sexual
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/08/2017

El 40 por ciento de las víctimas de violación y otros delitos sexuales son menores de edad, lo que obligó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a desarrollar un Protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Sin embargo hasta ahora persiste la falta de un registro oficial sobre el número víctimas de estos delitos en México y al no reconocer la magnitud de la problemática no se proporciona la atención especializada necesaria que por derecho tienen, señaló en entrevista la titular del Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Ana María Suárez Valencia.

En noviembre de 2016 la CEAV realizó el primer diagnóstico a nivel nacional sobre la atención de la violencia sexual, las cifras que arrojó el reporte expusieron por primera vez la magnitud de la problemática: cada año se comenten 600 mil delitos sexuales, principalmente violaciones y abusos sexuales y el 90 por ciento de las víctimas son mujeres.

Suárez Valencia explicó que el objetivo de la institución era tener una definición clara de “quiénes son las víctimas, dónde están, en qué terminó su proceso judicial, cuáles eran sus edades, dónde está sucediendo la violencia sexual, quiénes son los agresores”.

Sin embargo constataron “lo que todos ya sabían”, dijo, el desinterés del Estado por atender este problema se veía reflejado en el nulo registro de la problemática. Únicamente 16 Procuradurías de Justicia y 22 instancias de Salud de las 32 entidades federativas respondieron a las solicitudes de información de la CEAV sobre datos de violencia sexual.

La titular del Comité relata que en la mayoría de los estados que respondieron a la solicitud ni siquiera contaban con datos desagregados por sexo y edades, y en las instituciones médicas tampoco llevan un registro de cuántas víctimas de violencia sexual atendieron porque, argumentaron, el tema no es de su competencia; sin embargo, desde 2009 la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046) obliga al personal médico a reportar los que atiende.

Después de este diagnóstico la CEAV realizó un sencillo formato de registro dirigido a las Procuradurías de Justicia y a los servicios de salud, dijo Suárez Valencia.

“Los formatos pedían datos mínimos: división por sexo, edades, tipo de violencia. La verdad en México es que nadie registra, por ejemplo los casos de violación donde hay riesgo de embarazo e infecciones de transmisión sexual, el registro que llevan en las instituciones de salud son unos y si se pregunta si se denunció el delito es otro. A veces llegan únicamente a los servicios médicos”, declaró.

Para Suárez esta situación persiste porque las víctimas no confían en las autoridades de impartición de justicia, y eso explica que en los delitos sexuales existe una “cifra negra” de 94 por ciento. Además, al año, sólo se consignan a 10 agresores por cada mil Averiguaciones Previas iniciadas por delitos sexuales, que van desde tocamientos y hostigamiento sexual, hasta violaciones, según indica el reporte diagnóstico.

Ante ello la CEAV, indica Suárez Valencia, está realizando un Protocolo con base en lo establecido en la Ley General de Víctimas y la NOM-046 para dar instrucciones específicas los Ministerios Públicos sobre cómo atender a una persona menor de edad víctima de violencia sexual a fin de que las autoridades actúen responsablemente en estos casos.

17/HZM








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