Sinaloa

ZONA DE REFLEXIÓN
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   ZONA DE REFLEXIÓN
El Estado sabe, no actúa y asesinan periodistas
Imagen de Citlalli López Velázquez
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/05/2017

Ayer asesinaron en Culiacán, Sinaloa, a plena luz del día, al periodista Javier Valdez, cofundador del semanario Río Doce, periodista y escritor del desgarre social que provoca la violencia estructural en México y que daña especialmente a la infancia y adolescencia atrapadas en las mafias criminales.
 
Javier se convierte en el sexto periodista asesinado en tres meses, es decir, un periodista asesinado cada quince días, en un país que no está en guerra pero tampoco está en paz. En un país que enfrenta no sólo la mayor crisis de Derechos Humanos sino la peor herida para su democracia.
 
El sexto periodista asesinado en tres meses, 19 mujeres periodistas asesinadas y dos desaparecidas en 17 años. El homicidio más cercano: el de la periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea. Son 120 periodistas silenciados con la muerte, tras las investigaciones que realizaban. Todas y todos durante dos sexenios,  uno de cuyos “gobiernos” aún no concluye.
 
¿Cuántos periodistas más tendrán que perder la democracia mexicana para que la sociedad salga del letargo y se dé cuenta de que el silencio de periodistas independientes la silencia también a ella y la sume en el somnífero ruido de la propaganda oficial u oficialista?
 
Pese a la barbarie, seguimos exigiendo justicia, interpelamos a las instituciones creadas para la procuración y administración de la justicia, instancias que pagamos la ciudadanía con nuestros impuestos, incluidos los salarios de quienes por omisión, ineficacia o colusión alimentan la impunidad.
 
Las y los periodistas nos negamos a perder la esperanza en la justicia, apelamos a las instituciones porque rechazamos la violencia, no usamos armas, ni desatamos guerras, estamos convencidas en nuestro derecho a investigar y en el derecho que la sociedad tiene de ser informada. Creemos en la libertad que nos da la democracia.
 
Ni un periodista más debe vivir bajo la amenaza de muerte por su trabajo. Ni una periodista más debe ser amenazada de ser violada, de ver a sus hijos asesinados o difamada por decir la verdad.
 
Apenas la semana pasada realizábamos el “Foro Mujeres Periodistas. La Fuerza de sus Voces”, como un llamado urgente para detener la misoginia que enfrentan las periodistas dentro y fuera de sus redacciones.
 
Nos negamos a la normalización de la intimidación, a vivir en riesgo, a la desprotección del Estado, a la falta de garantías para desarrollar nuestro trabajo. Todos los gobiernos son responsables de la vulneración en que vivimos las y los periodistas.
 
Aquí nadie se salva, no hay excusa ni justificación que valga. El Estado mexicano sabe que las y los periodistas estamos en riesgo y no ha desplegado una política a la altura de la emergencia. Por el contrario, las instituciones creadas para proteger a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos viven la fragilidad de no ser prioridad.
 
Y mientras el Estado mexicano mira hacia otro lado, funcionarios corruptos siguen engrosando la lista de los principales agresores de periodistas.
 
La impunidad y el fracaso de la protección sólo dejan al descubierto la responsabilidad del Estado mexicano por la violencia que viven periodistas en todo el país. Nos queremos vivas, seguras e informando.
 
#NiUnoMas #PrensaNoDisparen #JavierValdez #MiroslavaBreach #MujeresPeriodistas
 
*Periodista y feminista, directora general de CIMAC.
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH 








NACIONAL
VIOLENCIA
   No quiere “numeralia”, sino medidas y resultados
Pide Senado a Segob informe detallado sobre AVG en el país
Imagen Silvia Núñez Esquer
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/04/2017
La Secretaría de Gobernación (Segob) debe dar un informe detallado sobre los resultados de las seis alertas de Violencia de Género (AVG) que emitió a lo largo del territorio nacional; cuántas solicitudes ha recibido, las que están en proceso y las que no procedieron, indicó la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernández. 
 
La presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas presentó un punto de acuerdo para solicitar dicha información a Segob, pues  no se cuenta con datos claros sobre el tema.
 
“La falta de información y de transparencia institucional ha sido característica de este gobierno, lo cual genera incertidumbre sobre asuntos de verdadera relevancia nacional, como la violencia de género”, indica el comunicado. 
 
La legisladora agregó que el reporte debe especificar las acciones que se desarrollan desde la ejecución de las alertas, el seguimiento, avances, y sobre todo, el resultado de las mismas.
 
Esto, porque  a pesar de las declaratorias de alertas de género, la violencia contra la mujeres no cesa, por el contrario, va en aumento debido “a la falta de políticas públicas y la gran indiferencia o desconocimiento para reconocer los delitos de género”, declaró Dávila Fernández.
 
La senadora recordó los últimos casos de feminicidio ocurridos en Yucatán, Tlaxcala, Chihuahua, San Luis Potosí y “el preocupante caso del Estado de México” que atraviesa por un proceso electoral. Y dijo, la Segob tiene a su cargo la dirección de la política nacional para erradicar la violencia de género, sin embargo, los esfuerzos son insuficientes. 
 
“No sólo queremos que nos reporten numeralia, como es costumbre, sino que nos expliquen sobre las medidas que éste gobierno ha implementado y sus resultados”, concluyó la senadora Dávila Fernández.
 
DECLARATORIAS DE AVG
 
De acuerdo con información de Segob, a nivel nacional existen seis declaratorias de AVG: la primera fue en el Estado de México el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli. 
 
El territorio mexiquense se establece como uno de los más peligrosos para las mujeres, tan sólo 2005 a 2010 se registraron 922 homicidios dolosos de mujeres. 
Con ello organizaciones civiles pidieron desde diciembre de 2010 declarar la alerta, la cual fue negada por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNAPASEVM), hasta concretarse luego de una larga lucha en 2015. 
 
La siguiente se declaró en Morelos el 10 de agosto de 2015 para ocho municipios, debido a la presión de organizaciones civiles quienes indican que el gobierno local incumple todas las medidas establecidas en la AVG. 
 
El informe de la “Alerta de Violencia de Género en Morelos 2016”, hecho por la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos AC, reporta que desde el mes de la declaratoria hasta diciembre de 2016 documentaron 124 casos de feminicidio, en el último mes fueron 16. 
 
En Michoacán, con 892 casos de feminicidio de 2006 a 2016 que documentó la agrupación civil, Humanas Sin Violencia, la AVG  se concretó el 27 de junio de 2016 para 14 municipios. 
 
Chiapas fue la siguiente entidad, la declaratoria de AVG se dio el 18 de noviembre de 2016 en siete municipios: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, asimismo se pidieron acciones específicas en la región de los Altos de Chiapas.
 
El mismo día se declaró en el estado de Nuevo León, únicamente para cinco municipios. Las declaratorias para estas dos entidades llegaron tarde, pues en Nuevo León se solicitó desde 2012, mientras que en Chiapas en 2013.
 
En Veracruz la AVG se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. 
 
Por ahora el estado se encuentra en el trámite de su segunda alerta, esta vez por “agravio comparado”, por incumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas; se busca despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación,  permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres y garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación sexual. 
 
La última AVG fue establecida en Sinaloa, el 31 de marzo de 2017 en cinco municipios. Los datos del “Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de AVG en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato”, indican que de 2005 a marzo de 2016 765 mujeres fueron asesinadas en esta entidad. 
 
Sin embargo, no existen datos oficiales sobre los resultados que han generado las mismas, mientras organizaciones civiles sentencian su fallo y siguen documentando casos de feminicidio. 
 
17/HZM/GG
 







ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Protestas escalonadas en el país
Marchan hoy en Morelos por Miroslava Breach, mañana en Oaxaca
Imagen de Adriana Mújica Murias.
Por: Adriana Mújica Murias, corresponsal
Cimacnoticias | Cuernavaca, Mor.- 27/03/2017

Portando cartulinas, además de todos los implementos de la labor periodística, decidimos levantar la voz periodistas de medios impresos, radiofónicos, televisivos y digitales en la Plaza de Armas de Cuernavaca no solamente por el artero asesinato de la colega Miroslava Breach Valducea, en Chihuahua, sino por la creciente violencia contra quienes ejercemos esta profesión en cualquier parte del territorio nacional.
 
Esta manifestación es parte de la Movilización Escalonada de Protesta, convocada por la organización Periodistas de a pie, y que tuvo ya lugar en la Ciudad de México, y en Jalisco. Mañana tocará el turno a Oaxaca, el miércoles a Puebla, el jueves a Sinaloa, el viernes a Chiapas y el sábado en Chihuahua, lugar donde fue asesinada la corresponsal de La Jornada.
 
En cada acto, se ha dado lectura a un  Pronunciamiento nacional y en el caso de Cuernavaca estuvo a cargo de la colega Rubicela Morelos Cruz, corresponsal de La Jornada.
 
En el mismo, se resalta que las y los periodistas “No somos personajes de una clase especial, no exigimos un trato privilegiado, sólo las garantías constitucionales para poder seguir haciendo periodismo y ejercer la libertad de expresión, sin que nuestra integridad física, psicológica y emocional se vea abatida por violencia revanchista, porque incomoda lo que narramos, porque al poder (fáctico y constitucional) no le conviene que se sepa la verdad”.
 
La exigencia es, por supuesto, Justicia por el asesinato de la compañera Miroslava, pero también mejores condiciones para el ejercicio seguro del periodismo y el funcionamiento apropiado del Mecanismo de Protección y de la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR.
 
Recuerda que durante la administración de Enrique Peña ha habido un ataque cada 22 horas contra  una o un periodista y suman 103 periodistas asesinados en los recientes tres sexenios, 3 en marzo de 2017, ningún indicio de los desaparecidos. Critica la inoperancia del Mecanismo de Protección, y exige cuentas a la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, con 99.5 por ciento de averiguaciones sin justicia. 
 
Por eso, exigen: “Basta de disuadir a los compañeros que acuden al MP a interponer una denuncia, basta de perder expedientes, basta de opacidad, basta de criminalizarnos, basta de evadir la facultad que tiene la Fiscalía para atraer las investigaciones y explorar la línea de la labor periodística como motivo de un asesinato, desaparición y agresión. Basta de regatear medidas de protección. Basta de imponer medidas irracionales para una labor compleja como lo es reportear. Basta de mantener funcionarios de primer, segundo y tercer nivel responsables de procesar inadecuadamente la protección a quienes se acogen al Mecanismo como última opción.
 
No se salva Javier Corral, no se salva Osorio Chong, no se salva Peña Nieto ni los treinta tantos funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos que cobran a cuenta del Mecanismo, o los 3 ministerios públicos federales asignados a los casos de la FEADLE, mucho menos los diputados y senadores…ya no queremos iniciativas, inicien sanciones administrativas como penales contra quienes obstaculizan la debida protección y el acceso a la justicia.
 
Estaremos saliendo a las calles, no quitamos el dedo del renglón, pero ya no queremos salir a gritar el nombre de nadie más, concluye el comunicado. 
 
 17/AMM/GG








REPORTAJE
Migración
   Favorecen a empleadores, no a ellas
Visas para trabajo no calificado, opción para las migrantes de Topolobampo
Imagen de Greta Gómez Rico.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa y Greta Gómez Rico
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/03/2017

La mayoría de mujeres de Topolobampo, Sinaloa, que migran a Estados Unidos, a la industria del marisco o al sector servicios, utiliza visas para trabajo “no calificado” y temporal (H2-A y H2-B) que emite, regula y controla únicamente el país del norte. Hoy, en la “era Trump”, el gobierno prefiere esa forma de contratación porque implica casi nulas obligaciones para empleadores, aunque significa violación a los derechos de las trabajadoras.
 
Migran, porque hay pobreza y violencia contra las mujeres y porque, según los indicadores de bienestar del Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (Inegi) Sinaloa tiene una tasa de informalidad laboral de 50.27 por ciento, es decir, menos de la mitad de habitantes tiene un empleo fijo.
 
La mitad de los 6 mil habitantes de Topolobampo son mujeres y cada año migran alrededor de 2 mil personas, pero no se sabe cuántas de estas personas migrantes son mujeres porque el Gobierno mexicano no tiene cifras actualizadas y desagregadas por sexo y, por tanto, no se sabe cuántas mujeres reciben  visas para trabajo no calificado.
 
Las mujeres de Topolobampo cuentan a Cimacnoticias que tienen dos opciones: emplearse desde muy jóvenes en ocupaciones precarias de sus localidades, como la pesca o el trabajo del hogar, o migrar temporalmente a EU para trabajar en la industria del marisco y en el sector servicios, con los salarios mínimos de ese país.
 
Sin embargo, dicen que lo que se anuncia como una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida puede convertirse también en  abusos y violaciones a sus derechos humanos laborales, con fraudes durante la contratación, abusos en los centros de trabajo, violencia sexual, acceso diferenciado al empleo, condiciones de alojamiento injustas, discriminación, represalias y hostigamiento.
 
Este sistema de visas tiene su antecedente en el “Programa Bracero” que inició en 1942 para que trabajadores mexicanos fueran a la industria agrícola en EU. El sistema de visas que impera actualmente tiene algunos cambios en las regulaciones laborales, pero sigue sin tener injerencia del Gobierno mexicano, subsiste bajo el argumento de que es una forma de controlar la migración irregular y garantiza la flexibilidad laboral y bajos costos de producción para los empleadores de ese país.
 
La directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC A.C.), que desde 2007 acompaña a migrantes temporales en Sinaloa, Alejandra Ancheita Pagaza, explicó en entrevista que cada vez más mujeres están siendo incorporadas a este sistema de visas porque su condición de pobreza las lleva a aceptar con mayor facilidad más trabajo por menos paga, lo que conviene a las empresas estadounidenses.
 
Agregó que en Topolobampo difícilmente pueden conseguir una vida digna, derecho al salario digno y un empleo estable; por el contrario, aunque aún hay industrias en Sinaloa éstas ya no están contratando con todos los derechos, lo que mantiene a las mujeres en una “eterna subcontratación que no les permite ampliar el derecho a la salud o la vivienda para ellas y su familia”.
 
La también galardonada en 2014 con el premio Martin Ennals por su labor a favor de los DH dijo que “por ser un trabajo temporal y ser una visa de trabajo no dentro de un programa bilateral que establezca estándares mínimos de protección, estas visas de trabajo dan la posibilidad de empleo pero ninguna certeza ni en EU ni en México, lo que implica que las trabajadoras sean vistas como desechables.”
 
Estas visas, señaló, son socorridas por las industrias porque es trabajo barato y que en realidad sí es calificado, pero no proporciona a la trabajadora el mismo pago que daría si se tratara de un trabajo estable y con trabajadores de su propio país, lo que “ayuda en la lógica de la flexibilidad laboral, y ayudan a obtener mayores recursos”.
 
Estas condiciones impiden muchas veces que las personas denuncien ante su empleador o las autoridades estadounidenses. “Trabajadoras y trabajadores que son reclutados y contratadas en condiciones de respeto de sus DH, son trabajadores que llegarán a trabajar a EU en condiciones de certeza y seguridad para negociar sus condiciones laborales”, observó.
 
Frente a este panorama, en 2013 se conformó –con el acompañamiento de ProDESC- la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Temporales Sinaloenses,  actualmente integrad por 28 mujeres, de un total de 51 personas, cuyo objetivo es buscar que las y los trabajadores conozcan sus derechos. Es ahí donde las mujeres de Topolobampo han encontrado salidas ante contrataciones de este tipo.
 
MIGRAR, COMO ECHAR UNA MONEDA AL AIRE
 
Al respecto, las trabajadoras migrantes temporales entrevistadas por Cimacnoticias coincidieron en que cada temporada es como echar una moneda al aire, ya que no tienen ninguna certeza de cómo les irá una vez que inicie el reclutamiento, ni siquiera si tienen garantizado el trabajo.
 
Por ejemplo, los reclutadores -muchos que son de la misma comunidad- ofrecen trabajo a cambio de cobros ilegales que llevan a las familias a adquirir grandes deudas. Las listas de trabajo de los reclutadores están encabezadas por familiares y amigos. A veces estos reclutadores cometen fraudes y engaños. En algunos casos, incluso, piden favores sexuales a las mujeres.
 
Durante muchos años, el Gobierno mexicano se negó a reconocer su responsabilidad de erradicar estos abusos bajo el argumento de que los derechos de estas trabajadoras y trabajadores sólo eran justiciables en EU.
 
No obstante, fue gracias al empuje y la organización de las y los trabajadores migrantes de Sinaloa que se consiguió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevara a cabo, por primera, vez una inspección laboral a las agencias de reclutamiento. Actualmente, las y los trabajadores buscan que las empresas también se hagan responsables sobre los abusos que cometen sus reclutadores.
 
JOSEFA, JOVA…
 
Las historias de las trabajadoras demuestran en hechos cómo funciona en realidad este sistema de visas que las aleja por largas temporadas de sus familias. Por ejemplo,  “Josefa”, quien viaja a EU desde que tenía 28 años, aseguró que la migración es la única vía para no condenar a la pobreza a sus hijas e hijos, a quienes sólo podía garantizar una educación si viajaba a la industria del marisco.
 
En su experiencia como trabajadora migrante puede constatar muchos abusos, por ejemplo, que tiene que pagar 40 dólares de renta para el alojamiento (que generalmente es en “trailas” donde duermen hasta 12 mujeres, a veces sin gas ni aire acondicionado) y comprar el material de trabajo.
 
“Jova”, otra trabajadora migrante, explicó que ellas ganan por destajo y no por hora (como los hombres), lo que las orilla a evitar lavarse las manos y quitarse el ácido de los mariscos con tal de no perder tiempo de trabajo.
 
Muchas de ellas relatan que una vez que llegan a EU no saben exactamente en qué se van a emplear, no reciben capacitación, y a veces ni siquiera tienen garantizado el trabajo que se les promete, por lo que pasan varios días en otro país y sin poder laborar.
 
Una vez allá, algunas mujeres son acosadas por los reclutadores que se convierten en sus compañeros o mayordomos, quienes las someten a nuevas agresiones sexuales bajo la amenaza de ponerlas en listas negras o impedir que sigan trabajando. Se ven obligadas a trabajar horas extras para ganar más y poder pagar los gastos del transporte y de la visa.
 
Un diagnóstico del ProDESC A.C. recoge algunos testimonios de mujeres de Topolobampo, la Ciudad de los Mochis y El Colorado, del municipio Ahome y Gabriel Leyva de Solano, todas en Sinaloa, quienes aseguran que “trabajan como hombres pero ganan como mujeres”; “las mujeres trabajamos más fuerte que lo hombres, y nos cuesta más trabajo conseguir la chamba” o “es más difícil que se emplee a una mujer”.
 
DERECHOS INCUMPLIDOS
 
De acuerdo con las leyes laborales de ambos países, las y los trabajadores migrantes deben tener asegurado los siguientes derechos: vivienda, salario hasta terminar la temporada independientemente de si se puede asegurar el trabajo, pago de horas extras, jornadas de ocho horas, descansos, y ambiente libre de acoso y discriminación.
 
Sin embargo, la mayoría de las trabajadoras no denuncian ni expresan que viven malos tratos en los centros de trabajo por temor a vivir represalias o por ser incluidas en listas negras, y es que las visas de trabajo están vinculadas directamente con el empleador que las contratan, por lo que si éste las despide, ellas ya no tienen oportunidad de emplearse en otra empresa y se les cancela el permiso.
 
ProDESC destaca que “desde hace varios años diversos actores se han beneficiado de este sistema, tales como: las empresas que demandan mano de obra barata, autoridades estadounidenses y mexicanas que relegan su responsabilidad en el cuidado y protección de los derechos de sus  trabajadores, y los reclutadores de ambas naciones (de origen y destino), que abusan de la necesidad de las personas migrantes y actúan, en ocasiones, en la informalidad e ilegalidad dejando una serie de acciones en total impunidad”
 
COALICIÓN, MÁS QUE NUNCA NECESARIA
  
La directora de ProDESC, Alejandra Ancheita Pagaza, explica que la única vía por la que las y los trabajadores han podido hacer frente a estos abusos es a través de la organización, sin embargo la posibilidad de ejercer su derecho a la libertad de asociación es muy pequeña en México y en EU ya que hay una tendencia de reducir los espacios de organización colectiva, a pesar de que éste es un derecho humano, y los Estados tienen que garantizar ese derecho en condiciones de libertad y sin coerción.
 
Frente a este panorama, en 2013 se conformó –con el acompañamiento de ProDESC- la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Temporales Sinaloenses, que es un esfuerzo colectivo único en todo el país y que busca que cada vez más personas conozcan sus derechos humano. Actualmente, la Coalición está integrada por 51 personas, 28 de ellas mujeres, quienes además participan en la Coordinadora Nacional de Defensoras de DH Laborales.
 
Al respeto, la activista observó que “las posibilidades de que las y los trabajadores se organicen colectivamente se ven difíciles pero no imposibles, y eso es lo que ha demostrado la Coalición. Esta posibilidad hace que se reconozcan en un ejercicio real y concreto de avanzar frente a las violaciones a sus DH y de tener una voz sólida y con impacto concreto frente a las instancias de gobierno”
 
Y frente a la nueva administración del mandatario Donald Trump, Alejandra Ancheita agregó que una de las pocas certezas que se logran vislumbrar es que frente a la amenaza de deportación masiva de personas en situación irregular, los empleadores y la parte del Congreso más conservadora en EU ven como una alternativa ampliar el número de visas con trabajo temporal, ya que consideran que estos sistemas de trabajo son un control y son una fuente de trabajo barato y sin obligaciones para los empleadores.
 
Por eso, la organización de las trabajadoras migrantes temporales sigue siendo una prioridad, ya que –dijo la defensora- “lo que demuestra la lucha de las y los trabajadores organizados es que los sindicatos son figuras con poder de negociación y poder de representación y en ese posible contexto el trabajo de la Coalición es más que nunca necesario, vigente y visionario”.
 
17/AJSE/GGR/GG
 








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