Ley General de Acceso

NACIONAL
VIOLENCIA
    Medir riesgo, esencial en el nuevo sistema penal
   
En el desamparo, víctimas de violencia familiar
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Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/07/2017

Garantizar la protección y seguridad de las víctimas de violencia familiar será el principal reto del nuevo Sistema Penal de Justicia; las medidas de protección para las víctimas son limitadas, y ahora la prisión preventiva es el último recurso para quien cometa el delito.
 
A nivel nacional se calcula que 67 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han padecido algún tipo de violencia dentro de sus hogares, de acuerdo el último censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cerca de 40 millones de mexicanas reportaron un incidente de violencia con su pareja.
 
Ante este panorama, la supervisión y disposición de mecanismos de protección adecuados para las víctimas de violencia familiar resulta esencial, por ser un tipo de violencia que puede llegar a su extremo. Cifras del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF) indican que 30 por ciento de los casos de asesinatos violentos de mujeres fueron cometidos por sus parejas o personas cercanas a la víctima.
 
En tanto, entre los delitos que dejaron de ser graves en el nuevo Sistema Penal es la violencia familiar, esto significa que ya no se aplica la prisión preventiva de oficio para quien comete el delito, ahora se hace un estudio de riesgo para priorizar otro tipo de medida cautelar para el agresor, la prisión preventiva hasta llegar a la sentencia es la última opción, sólo se otorga de ser necesario.
 
Con esta reforma constitucional hecha en 2008, queda en manos del Ministerio Público y jueces salvaguardar la integridad de las mujeres, pero las medidas de protección para las víctimas de violencia familiar establecidas en la Ley General de Acceso y el Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan que sólo duran 72 horas y consisten en vigilancia de seguridad pública, avisos restrictivos al agresor al lugar de trabajo o de estudios de la mujer agredida y su familia, o bien se les traslada a un refugio si así lo desean.
 
Además el Código Penal Federal sólo otorga por violencia familiar una pena de seis meses a cuatro años de prisión.
 
NUEVOS SISTEMA, CÓMO DEBERÍA SER
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define como obligación del Estado garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar, y para ello, en su artículo 31, establece tres elementos que deben contemplar las autoridades jurisdiccionales para emitir las órdenes de preventivas que salvaguarden la seguridad de las mujeres y sus familias.
 
Estos puntos son: medir el riesgo o peligro existente; la seguridad de la víctima, y; los elementos de prueba con los que se cuente.
 
Para el abogado especialista David Peña Rodríguez, esta evaluación de riesgo requiere que en el nuevo sistema el personal ministerial pueda tener una interpretación más amplia sobre la violencia en el hogar que enfrentan las mujeres desde una perspectiva de género.
 
Por lo que precisa en entrevista con Cimacnoticias qué se debe considerar en estos casos:
 
1) Reconocer el contexto que rodea a la víctima: dónde está ubicado su domicilio; es una zona de altos índices de violencia; si comparte el domicilio con la pareja o este tiene manera de acceder, incluso, identificar si existen cuchillos, armas o algún objeto dentro del hogar que pueda ser utilizado para lesionar.
 
2) Los antecedentes de violencia: pensar si esta conducta se puede agravar en caso de que no sea la primera vez que el agresor violenta a la víctima o a su familia; saber si tiene conocimiento de uso de armas de fuego o sabe golpear; si tiene cómplices o puede escaparse ante la denuncia.
 
“Los MP razonan la necesidad dada la peligrosidad y el contexto de vulnerabilidad en el que las mujeres y su familia se encuentran, queda a disposición del juez que se le otorgue o no la prisión preventiva al agresor”, explica el abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social AC (Gadh).
 
Aunque ésta debería ser la manera en la que funcione el sistema, el abogado recuerda que los funcionarios responsables no están capacitados y persisten en prácticas que desacreditan o minimizan la violencia que enfrentan las mujeres en el hogar.
 
¿QUIÉN OTORGA Y SUPERVISA?
 
De acuerdo con la Ley de Acceso, la medida de protección que resulte de esta evaluación para la víctima y su familia, es de carácter inmediato e individual y debe expedirse dentro de las ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos “en función del interés superior de la víctima”.
 
Sin embargo, indica el abogado Peña Rodríguez, a pesar de que el nuevo sistema ya debería de estar funcionando aún no se cuenta con la infraestructura necesaria para vigilar que estas medidas se cumplan.
 
“Ahí está el reto, no sólo en la adopción de las medidas, si no en su cumplimiento, el MP y jueces las pueden dictar, pero ¿quién las supervisa?” se pregunta el abogado, y refiere que apenas en algunas entidades comenzaron a instalar unidades con estos fines, pues la misma cantidad de denuncias rebaza la capacidad de personal de seguridad pública para verificar su cumplimiento.
 
Además se debe contemplar que la mayoría de las víctimas de violencia familiar quedan al desamparo, el informe del Observatorio Nacional de Feminicidio “Órdenes de Protección en México”, indica que de 2011 a junio de 2012, en 16 entidades solicitaron ayuda legal 58 mil mujeres pero sólo un 7 por ciento recibió una orden de protección (4 mil 060 en total).
 
17/HZM








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Alertas se activan pero no atiende violencia de género
   
Alerta de Género: Desinterés del Estado por proteger la vida de las mexicanas
Imagen retomada del portal cpsicologosguanaco
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/08/2017

En una década 27 entidades del país han solicitado la Alerta de Violencia de Género (AVG) pero sólo se ha declarado para 83 municipios de 11 estados: Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Colima, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Morelos y el Estado de México. 
 
En 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que mandata en su artículo 22 la creación de la AVG como un instrumento de emergencia para salvar la vida de las mujeres y niñas mexicanas.
 
Impulsada por legisladoras feministas, la Alerta se pensó como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia en la que intervinieran los 3 órdenes de gobierno para atender de fondo la violencia de género en cada entidad o territorio determinado.
 
Sin embargo, a 10 años de su creación, prevalece el desinterés y falta de voluntad del Estado para implementarla, lo que se ha traducido en una “cascada” de alertas aprobadas, con medidas que no se cumplen o son acatadas a medias.
 
Como si se tratara de una “receta”, el sentido de la Alerta se ha distorsionado y a 10 años de su creación, el impacto real en donde se ha decretado se desconoce, porque hasta ahora, la instancia encargada de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, la Conavim, no ha informado ni transparentado su funcionamiento.
 
Así lo señalan expertas en el tema de violencia de género, como la académica y doctora en estudios de género, Lucía Melgar Palacios, quien sostiene que existe una completa incomprensión y desinterés del gobierno por atender la alerta. 
 
“Todos han seguido la receta de la AVG. El grupo de trabajo hace un diagnóstico del territorio en 30 días, luego en seis meses continúan las acciones gubernamentales, hacer una campaña, capacitar a sus funcionarios, poner alumbrado, pero ¿quién está obligando a los gobiernos a hacer lo que deben; garantizar a las mujeres una vida libre de violencia?” cuestiona la académica de la UNAM.
 
A propósito del segundo aniversario de la AVG en el Estado de México, esta agencia consultó a varias especialistas para que hicieran un análisis de su funcionamiento en donde se ha decretado, y todas coinciden en que no es que el mecanismo esté mal, sino en el nulo interés del gobierno por realmente atender de fondo la violencia contra las mujeres y niñas.
 
Para Lucía Melgar, la responsabilidad de que la AVG genere resultados tan deficientes es del Estado, por la opacidad con la que actúa y su negativa en cumplir con la protección de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
 
En ello coincide la senadora Diva Hadamira Gastelúm Bajo, una de las impulsoras de la Ley General, y agrega: “las autoridades locales tienen una completa ignorancia en su implementación, buscan resolver las consecuencias pero no sus causas, mientras la sociedad sólo está en un estado de cachar políticas públicas”.
 
La senadora reconoce que si más de la mitad del país ha pedido acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres, es porque el Estado no les garantiza “el mínimo de bienestar para que este a salvo su vida, integridad y seguridad”.
 
Por ejemplo, dice la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de Luz Estrada, en el Estado de México ya se cumplieron dos años desde que se decretó la AVG pero la falta de voluntad política del Estado mexicano hizo que este mecanismo se convirtiera en un trámite burocrático utilizado con fines políticos y mal implementado.
 
Aún bajo la alerta el panorama no es diferente en la entidad mexiquense. En estos dos años se han registrado 31 casos de feminicidio y 412 homicidios de mujeres de acuerdo con cifras oficiales, ubicando a este estado como el territorio más peligroso para la población femenina en el país, según Naciones Unidas.
 
Por ello Luz Estrada considera que las acciones urgentes y esenciales que deben de seguir las autoridades una vez solicitada la alerta son investigar de manera profunda las razones de la violencia contra las mujeres, revisar los casos en reserva, generar un sistema de seguridad, reeducar a la sociedad civil, en conclusión, instaurar una política integral de estado. 
 
“No es de emergencia porque tienen que inventar un programa rápido, es porque hay que atender temas estructurales, tienes que ir al fondo para que lo que hagas no quede en simulación”, acotó.
 
REPENSAR LA AVG
 
Hasta ahora, las organizaciones civiles han hecho el trabajo que le corresponde al Estado, documentar, investigar las causas de la violencia y registrar los casos. Muchas más han recurrido a los amparos judiciales para pedir que se decrete una AVG y exigir reuniones gubernamentales, incluso manifestarse para agilizar los procesos.
 
Por ello piden nuevas adecuaciones a la normativa; el respeto de los tiempos del proceso, sanciones a quienes incumplan las obligaciones y la autonomía de los Grupos de Trabajo que respaldan la decisión de procedencia de la Alerta.
 
La coordinadora de Equifonía AC, peticionaria de las dos alertas para Veracruz, Araceli González Saavedra, agrega que se debe incluir en el proceso de seguimiento la participación de las organizaciones, pues son quienes ante la ausencia del Estado acompañan a las víctimas sin ningún presupuesto, pero en el reglamento su papel se reduce al trámite de la solicitud.
 
En tanto, Luz Estrada propone agregar un apartado final para que cada entidad emita un reporte de resultados de la AVG, y Lucía Melgar señala que ya pasaron 10 años desde que se pidieron las primeras alertas y por tanto, Conavim tendría que presentar un primer diagnóstico de la implementación de este mecanismo.  
 
En lo que va de este año la Secretaría de Gobernación (Segob) ya declaró cinco alertas y recibió otras cinco solicitudes, lo que para Melgar Palacios refleja “la gravedad del problema que enfrentan las mexicanas”.  
 
En Nayarit por las elecciones de junio se detuvo el proceso, y ya van cuatro meses sin que la Segob dicte la deliberación final.
 
En Sonora, la AVG lleva dos años estancada pues aún cuando su reglamento no lo determina así, la Segob otorgó una prórroga al gobierno estatal para que cumpla con las recomendaciones.
 
Mientras Segob no respete los procesos establecidos en la ley y los gobiernos locales simulen la implementación de la AVG, se seguirán perdiendo vidas de mujeres y niñas, concluyen las expertas. 

17/HZM








NACIONAL
VIOLENCIA
   OSC promoventes de AVG deben incluir violencia sexual
Acoso y hostigamiento deben formar parte de diagnósticos de violencia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/09/2016

Las denuncias de acoso y hostigamiento sexual hechas por servidoras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, podrían formar parte de los diagnósticos realizados por organizaciones solicitantes de la Alerta de Violencia de Género, afirmó la diputada Constituyente, Marcela Lagarde y de los Ríos.
 
La también antropóloga -referente del feminismo en Latinoamérica y México- quien además elaboró la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, explicó que para solicitar la AVG, las organizaciones civiles deben presentar un diagnóstico de los casos de violación de los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, y el acoso y hostigamiento sexual, son ejemplos de violencia de género.
 
Ese tipo de violencia se presenta cada vez más en el país. En el 2015,  el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que tres de cada 10 mujeres ha vivido violencia sexual por parte de agresores distintos a su pareja y en distintas formas que van desde la intimidación, el abuso, hasta el acoso sexual.
 
El primero de septiembre la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para incorporar en el Código Penal Federal el tipo penal de acoso sexual y sancionar ese delito con seis meses y hasta tres años de prisión. De acuerdo con una revisión hecha por Cimacnoticias a los códigos penales del país, en la actualidad, 12 estados no tipifican el acoso sexual como delito.
 
Con la reciente publicación del “Protocolo para la prevención, atención, investigación y sanción de conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual”, para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) se ampliará la base de datos de casos de violencia contra las mujeres en México, porque el Instituto Nacional de las Mujeres estará obligado a publicar el número de casos en su sitio oficial.
 
16/GVV/LGL








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