violación

ESTADOS
VIOLENCIA
   Ecatepec con el mayor número de niñas-madres
   
En 2016 en Edomex, mil 46 niñas se convirtieron en madres
Imagen retomada del portal Prensa Latina
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/09/2017

En 2016 en el Estado de México se registraron mil 046 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años de edad, lo que significa un promedio mensual de 87 embarazos de niñas en estas edades, lo que coloca a la entidad en el segundo lugar del país con el mayor número de niñas madre, de acuerdo con datos del Subsistema de Información sobre Nacimiento de la Secretaría de Salud.

El dato ha sido una constante en los últimos cuatro años, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) quien reveló que en el periodo de 2012 a 2015 se registraron 3 mil 025 nacimientos en niñas de estas edades.

Las niñas de 14 años de edad representan 88 por ciento del total de nacimientos durante estos cuatro años; es decir, 2 mil 652 casos. Las de 13 años un 11 por ciento (333 casos); y los casos de niñas entre 10 y 12 años fueron 40. De ellas, tres tenían apenas 10 años de edad, pero no se tiene un registro de si estos embarazos fueron producto de violencia sexual.

Los datos del Inegi revelan que la maternidad en niñas no ha logrado reducirse en el Edomex. Para 2015 en comparación con 2012, apenas disminuyeron un 10 por ciento los nacimientos en menores de 14 años de edad en la entidad: se pasó de 798 casos a 711. En tanto, en 2013 se contaron 780 casos y en 2014 un total de 736.

ECATEPEC FOCO ROJO DE EMBARAZO INFATIL

De acuerdo con las cifras de Inegi en seis municipios del Edomex se concentran un 35 por ciento del total de embarazos infantiles: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Chimalhuacán, Toluca y Chalco, son las zonas con el mayor número de casos.

Entre ellos destaca Ecatepec que en el periodo de 2012-2015 registró 314 nacimientos, la madre tenía menos de 14 años de edad. A este municipio le sigue Nezahualcóyotl y Naucalpan, ambos suman 361 casos.

En tanto en Chimalhuacán contó 140 casos, Toluca 130 y el municipio de Chalco un total de 128. Con ello el Edomex se coloca entre los estados con mayor número de embarazos de niñas como Chiapas y Veracruz.

17/HZM/LGL








ESTADOS
SALUD
   Es la tercera entidad con más casos
En Veracruz el embarazo en niñas es 4.7 veces mayor que la media nacional
Especial
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 14/09/2017

En 2016 el Subsistema de Información sobre nacimientos de la Secretaría de Salud registró que 873 niñas de 10 a 14 años llevaron a término un embarazo en Veracruz, la entidad donde la maternidad en niñas de este grupo de edad es 4.7 veces mayor que el promedio nacional, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

En tanto, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la colocan como la tercera entidad con más casos registrados de 2012 a 2015 pues en ese periodo 3 mil 173 niñas tenían menos de 15 años al momento del nacimiento de sus hijas e hijos.

De éstas, seis tenían 10 años y en 20 casos fueron niñas de 11 años; 99 tenía 12 años, mientras que en 553 y 2 mil 495 casos se trató de menores de edad de 13 y 14 años respectivamente.

Los municipios que concentraron la mayoría de estos embarazos fueron Veracruz, con 9.39 por ciento de los casos (298); Xalapa con 225 embarazos de menores de 15 años (ocho por ciento del total) y 5 por ciento ocurrieron en San Andrés Tuxtla.

Mientras que de 2009 a 2013 la proporción nacional de nacimientos en los que la madre era menor de 15 años se mantuvo en 0.45 por ciento, en Veracruz rebasó el 1.50 por ciento, señaló la Conavim en su informe para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado en el estado, con lo que concluyó que la maternidad en las niñas de esa entidad es 4.7 veces mayor que el promedio nacional.  

Cabe recordar que la organización Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, presentó el 5 de abril de 2016 la solicitud de AVG por Agravio Comparado pues las mujeres de la entidad han visto violentados sus derechos por legislaciones que las criminalizan, como en el caso del acceso a la Interrupción Legal del Embarazo por la causal de violación.

Pese a ser legal esta causal en el estado, las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual no están accediendo a este derecho, y muchas de ellas o terminan los embarazos o acceden a interrupciones inseguras que colocan en riesgo sus vidas.

La maternidad en niñas, dice Conavim, significa “un obstáculo a su sano desarrollo” porque generalmente “implica el fin de la escolarización y el truncamiento de oportunidades para su desarrollo personal”.

Pese a que el Estado no cuenta con datos oficiales sobre cuántas niñas presentaron embarazos producto de una violación sí se sabe que las legislaciones en Veracruz siguen forzando a las niñas a ser madres al no garantizarles el acceso al aborto.

De acuerdo a la Fiscalía General de Veracruz de enero de 2015 al 30 de abril de 2016 iniciaron 15 investigaciones ministeriales y siete carpetas de investigación por aborto.  Mientras que el Inegi señala en su Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal de 2015, que en 2014  al menos 10 mujeres habían sido involucradas como presuntas culpables de aborto, para uno de los casos se abrió una carpeta de investigación y en nueve se iniciaron averiguaciones previas.

17/MMAE/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   La indiferencia ante el dolor de las víctimas de violación
“Regrese en 3 días para que se le haga el peritaje”
Imagen retomada del portal de wikimedia | Imagen de Praxx Isse
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/07/2017

En un edificio viejo, frío, con mobiliario desgastado, se escucha la voz de una mujer que narra la violación sexual de la que fue víctima. Su voz traspasa las paredes de tablaroca con las que está construido el módulo de atención  de la agencia de Iztapalapa. Es tan clara, que quienes esperan su turno no la pueden ignorar pues en esas mismas condiciones, sin respetar su privacidad, tendrán que dar su declaración.
 
Esta escena se repite en las seis Agencias Especializadas en Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) que Cimacnoticias recorrió. A las condiciones deplorables de los inmuebles se suma la falta de personal para atender las denuncias, así como su difícil localización en zonas inseguras y de complicado acceso.
 
Las víctimas de violación o algún delito sexual que quieren denunciar en alguna de las agencias ubicadas en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y dos en Cuauhtémoc,  deberán transitar por calles sin alumbrado, puentes solos, terrenos baldíos, sin posibilidad de llegar a través del transporte público directo.
 
La agencia de Gustavo A. Madero es una improvisación de techos de lámina, cubículos separados por paredes desgastadas de tablaroca. Las sillas donde las víctimas declaran están rotas.
 
En la obscura sala de espera de la unidad de Iztapalapa se lee en un cartel informativo dirigido a las víctimas: “¿Violada y embarazada?”. Ahí, una mujer cuenta que lleva cuatro horas declarando, ya son las 20:00 horas y le faltan dos peritajes. Estamos en los límites con el Estado de México. “Yo creo que por eso nadie viene”, dice mientras carga a su bebé de menos de un año de edad, y su hija de siete años juega en el piso.
 
En las agencias de Venustiano Carranza y el “búnker”, en la colonia Doctores de la delegación Cuauhtémoc, sobresale el constante olor a coladera y el ir y venir de policías y personal administrativo, pues están ubicadas dentro de edificios donde hay más dependencias de la Procuraduría. En los pasillos se escuchan las declaraciones de las víctimas, todas están expuestas.
 
NO HAY PERSONAL
 
Al acudir a cualquier agencia se observa falta de personal: en cada una sólo hay una ministerio público, dos oficiales secretarias, y policías de investigación, todos con turnos de 24 horas.
 
Aunque los peritajes médicos y psicológicos son esenciales para la investigación, la médico legista y una perito psicóloga no forman parte de la plantilla básica, sólo acuden tres días a la semana a trabajar, por lo que el personal tiene que ubicar en qué unidad hay una médico legista, luego llamar a una patrulla para trasladar a la víctima, o bien, se le dan indicaciones para llegar en transporte público. El costo, lo paga la víctima y su familia.
 
Este personal es el encargado de atender a las más de 700 personas que denuncian al año una violación en la Ciudad de México, según datos de la PGJDF, 2017.
 
El Acuerdo de la PGJDF (A/002/2005) por el cual se rigen las agencias, indica concretamente que éstas deben contar con una perito en psicología, médico, policías de investigación y personal ministerial estrictamente especializado en delitos sexuales que estén las 24 horas del día durante todo el año. En la realidad, esto no sucede.
 
Así pudimos observar con una mujer que tuvo que ser trasladada de la agencia ubicada en Gustavo A. Madero, en la colonia Vallejo, a la de Cuauhtémoc, para que una médico atendiera a su hijo de aproximadamente cinco años de edad, porque en ninguna otra dependencia había médica.
 
“A veces los casos llegan a la una de la mañana y no tenemos médico, por eso vemos en cuál agencia las enviamos”, describió con indiferencia una ministerio público de Gustavo A. Madero que meses antes se desempeñaba en la Fiscalía de Narcomenudeo. “Les decimos a ver te me esperas ahí en lo que viene una patrulla, porque a veces no quieren ir”.
 
Lo mismo sucede con los peritajes psicológicos. A una mujer que denunció ser víctima de abuso sexual y secuestro en Iztapalapa, le pidieron que regresara en tres días para realizar dicho peritaje pues no habría psicóloga hasta entonces. Esta indicación fue repetida para otras dos mujeres que acudieron a denunciar.
 
Con ello, las diligencias pueden retrasarse por días, aún cuando deben realizarse en un máximo de 48 horas para vincular a proceso al agresor, de acuerdo con las propias palabras del personal de las seis agencias, pues si en este tiempo no se recaban las pruebas suficientes es liberado, según el Nuevo Sistema Penal.
 
“LOS DERECHOS HUMANOS, UNA MODA”
 
Otra deficiencia es el desconocimiento del protocolo de atención a víctimas de delitos sexuales por parte del personal de las agencias. De las 6, solamente en una su personal dijo conocer el Acuerdo vigente de la PGJDF.
 
Lo mismo sucede con su capacitación, las trabajadoras no saben cuántos cursos en materia de perspectiva de género, Derechos Humanos (DH) deben tomar al año. Solo una oficial secretaria de la agencia de Gustavo A. Madero indicó que cursan 100 horas de capacitación en DH porque “están de moda”, y aseguró que la experiencia la adquieren “en la práctica”, luego de concluir su carrera en el Instituto de Formación Profesional.
 
El descuido del personal se extiende a su contención emocional. Pese a la gravedad de los casos que atienden, una oficial secretaria de Álvaro Obregón afirmó que en sus tres años de labor nunca ha recibido esa atención. “Sé que tenemos derecho, pero en este tiempo no me la han ofrecido y desconozco dónde puedo tomarla”, mencionó.
 
ATENCIÓN DE SUS BOLSILLOS
 
En  ninguna de las agencias cuentan con anticonceptivos de emergencia o antirretrovirales para las víctimas de violación. El personal refirió que es responsabilidad de la Clínica Especializada Condesa darlos, por lo que canalizan ahí a las víctimas y en caso de que “no quieran asistir”, las mujeres deben comprarlos, expuso la oficial.
 
Por ello  en la próxima entrega expondremos las características de los servicios que otorga la Clínica Condesa para garantizarles a las víctimas de violación una atención médica integral, como es su derecho.  
 
17/HZM/MMAE








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Revisar sentencias y sancionar a jueces, proponen expertas
Desorden legal y misoginia contra víctimas de violación
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/05/2017

Los Códigos Penales de todo el país sancionan de distinta manera el delito de violación sexual y eso provoca diferencias a la hora de aplicar la ley, sin embargo, la solución para que las víctimas pueden acceder a la justicia no está en “armonizarlos”, sino en garantizar que quienes juzgan apliquen los instrumentos internacionales sobre los derechos de las mujeres, aseguran expertas.
 
A partir de una revisión que hizo Cimacnoticias, se identificó que cuatro estados siguen sin sancionar la violación sexual en el matrimonio y que sólo los códigos penales de Zacatecas y Quintana Roo consideran que los menores de 18 años no pueden dar consentimiento de una violación. Además, aunque todos indican que la violación se comete con objetos o cualquier parte del cuerpo, la sanción disminuye al hablar de objetos en Coahuila, Hidalgo y Tamaulipas.
 
Los estados difieren en la gravedad del delito, lo que se refleja en las sanciones: la pena mínima en prisión por el crimen es de 4 años y sube hasta 25 en Morelos. Las agraviantes también difieren en   los códigos  y a ello se suma las distintas interpretaciones la ley de los jueces.
 
“No hay manera de poner de acuerdo a 32 congresos”, dice la abogada Alicia Pérez Duarte, pero lo más importante es que todos los estados respeten los lineamientos y compromisos establecidos en los estándares internacionales.
 
MENORES DE EDAD, DESPROTEGIDAS
 
El no consentimiento es el elemento clave para acreditar la violación sexual contra cualquier persona, pero en el caso de   menores de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el hecho, dicho requisito no se exige, explica Pérez Duarte.
 
Ahí comienzan las diferencias en los códigos: en Aguascalientes, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Querétaro consideran la violación cometida contra menores de edad, sólo si la víctima tiene menos de 12 años.
 
 Zacatecas y Quintana Roo contemplan los 18 años como edad límite. Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, y el resto del país, dicen que es partir de los 14. Lo cierto, dice la ex fiscal, es que se desprotege a niñez y adolescentes porque “la mayoría se paraliza por el miedo y ceden ante los agresores”.
 
Coahuila y el Estado de México, marcan como edad límite los 15 años y este último especifica que el agresor queda absuelto si la víctima tiene entre 15 y 13 años, si existe “una relación afectiva con el inculpado y la diferencia de edad no sea mayor de cinco años entre ellos”.
 
La abogada Patricia Olamendi Torres, quien hizo en 2008 un estudio de códigos penales, asegura que los prejuicios sobre ese delito hacen que la víctima enfrente doble violencia: violación y violencia institucional, porque las autoridades dicen que la víctima “lo provocó porque se vistió de tal manera o lo incitó en la calle”.  
 
Para evitar estas interpretaciones la normativa tiene que considerar que ninguna persona menor de 18 años puede dar consentimiento sobre una relación sexual como lo hace en otros temas, explica Duarte: si no se les permite comprar un carro, una casa, alcohol o cigarros, ¿por qué resulta válido, en algo tan complicado como nuestro desarrollo psicosexual, consentir una relación sexual con una persona adulta?
 
VIOLACIÓN EN MATRIMONIO
 
Los mismo sucede para las víctimas de la violación dentro del matrimonio, expresó Olamendi, “más del 40 por ciento de las violaciones ocurren dentro del hogar”, pero en Coahuila, y Michoacán la sanción se reduce y en Jalisco, Quintana Roo, Tabasco y Sonora no se contempla este delito.
 
La violación entre cónyuges fue una ardua discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1994, cuando tres ministros decretaron que la violación dentro del matrimonio no era delito, sino “ejercicio abusivo de un derecho”, lo que habla de la creencia de que las mujeres pertenecemos a los hombres, dice Olamendi.
 
Fue hasta 2005, con la entrada a la Corte de la ministra Olga Sánchez Cordero, cuando se tipificó, aunque sólo se agrava en  Edomex, Hidalgo, Puebla, Oaxaca.
 
ESTIGMAS, PREJUICIOS Y MISOGINIA
 
Las víctimas que denuncian se enfrentan a la interpretación y prejuicios de los jueces que, dice Olamendi, “minimizan el crimen, más en los casos cometidos con objetos o partes del cuerpo distintas al pene. Insisten que es abuso sexual aunque esté tipificado como violación” y aunque tiene las mismas implicaciones para las víctimas.
 
En Hidalgo y Coahuila, la sanción es menor si no se comete con el pene, en  Hidalgo se reduce de 7 a 9 años de prisión a 4 y 9, mientras que en Coahuila la condena disminuye de un rango de 7 a 18 años a 5 a 12 años de prisión.   
 
Pérez Duarte explica que eso es una manera de desconocer los daños del delito que no son visibles, como los psicológicos, como ocurre también cuando se sanciona solo si tiene como consecuencia un embarazo. Por eso, dice, se deben cuestionar las leyes desde la perspectiva de género, ya que tienen “definiciones misóginas, por ejemplo definir el pene como “miembro viril”. 
 
Las declaraciones del ex conductor de Radio UNAM, Marcelino Perelló, quien dijo al aire que no es violación cuando se ejerce con algún objeto, aludiendo al caso Daphne, la menor de edad veracruzana violada por cuatro jóvenes en 2015, ejemplifican la actitud misógina ante la violación, señala la experta.  
 
Y coincide con Olamendi en que ese caso es ejemplo de cómo los jueces se niegan a aplicar la ley e investigar desde la perspectiva de género, lo que permitió que el Poder Judicial otorgara a uno de los agresores de Daphne un amparo porque no hubo elementos suficientes para probar la intención del agresor por “satisfacer un deseo sexual”.
 
Por eso, dice Olamendi, se debe sancionar y responsabilizar a quienes no cumplan con las funciones que la ley y acuerdos internacionales establecen, y hacer una revisión exhaustiva de las sentencias a favor de los violadores que han otorgado los jueces en el país.
 
Dicha revisión a la que se refiere Olamendi debe hacerse también al inicio de los casos, cuando las víctimas denuncian para que se investigue y sentencie a los responsables. En la próxima entrega veremos cómo funcionan los organismos que reciben la denuncia y los obstáculos que enfrentan las mujeres víctimas del delito. 
 
17/MMAE/HZM
 








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Caso Daphne no es excepción, sino regla
Cada 40 minutos, una denuncia por violación en México
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/05/2017

Cada 40 minutos y 53 segundos se abre en el país una carpeta de investigación por el delito de violación, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano, pero para la mayoría de víctimas no hay justicia.
 
No son todos los casos, porque la mayoría de las víctimas no denuncian ante el Ministerio Público por miedo a represalias, porque en la mayoría de los casos el agresor es un familiar o conocido, porque desconfían de las autoridades y por la evidencia de que muy pocas veces se hace justicia. Así lo diagnosticó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en 2016.  
 
Tan sólo de 2014 a febrero de 2017, el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob) registró 39 mil 663 casos de violación. El Estado de México se colocó como la entidad con el mayor número de casos, 5 mil 954 en total; continúa Chihuahua con 2 mil 773, Chiapas 2 mil 350 casos, en Baja California 2 mil 037 y Nuevo  León con mil 973 casos registrados.
 
En Guanajuato sumaron mil 881 casos, en la Ciudad de México mil 872 y en Tamaulipas mil 654; mientras en Hidalgo fueron mil 337, mil 343 en Jalisco y Morelos tuvo mil 298 casos.
 
Entre enero de 2010 y junio de 2015, de 22 mil 399 averiguaciones previas por violación, sólo el 40 por ciento fueron con consignadas a expedientes en los Tribunales Superiores de Justicia, es decir, 9 mil 043 continuaron el con el proceso judicial.
 
La cifra disminuye al hablar de sentencias. Según datos del Inegi hasta 2015 únicamente 3 mil 713 personas cumplían sentencia en centros penitenciarios por el delito de violación y otras mil 065 por violación equiparada, esta última entendida como la que se comete contra menores de edad o a personas con incapacidad intelectual para comprender el hecho.
 
LOS LENTOS PASOS DE LA JUSTICIA
 
Si bien la tipificación de este delito data de 1931, el movimiento feminista impulsó varias de las reformas al Código Penal y al capitalino, para que las víctimas de estos delitos accedieran a la justicia.
 
La primera reforma al Código Penal se hizo en 1966 cuando se incrementaron las penas de prisión de 2 a 8 años y se agregó una multa de 2 mil a 5 mil pesos. En 1966 se hizo una segunda reforma para, igualmente, incrementar de 6 a 8 años la prisión y derogar la multa.
 
Pero la realizada en 1989 fue crucial, cuando la presión de académicas y organizaciones civiles obligó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar el Código capitalino para ampliar la definición de violación y el concepto de cópula e incrementar la sanción de 8 a 14 años de prisión.
 
Por vez primera se tipificó el hostigamiento sexual, lo que sentó las bases legislativas para que el resto del país homologara sus leyes.
El antecedente de estas reformas fueron los 19 casos denunciados por violación ocurridas en la zona sur de la capital, en todos, los agresores fueron los mismos: ocho escoltas del entonces subprocurador de Narcóticos de la Procuraduría General de la República, Javier Coello Trejo.
 
Este hecho dio paso a la creación de las primeras instancias para la atención y procuración de justicia, que antes no existían. El mismo año, en la Ciudad de México, se instaló la primera Agencia Especializada en Delitos Sexuales del país, inició la preparación del protocolo para la atención a víctimas y reparación integral del daño y se estableció el Centro de Terapia de Apoyo (CTA) dependiente de la Procuraduría de Justicia Capitalina, para asistir emocionalmente a víctimas de delitos sexuales.
 
En estas instancias fueron atendidas las víctimas de violación perpetradas por los escoltas del subprocurador Coello Trejo. Por el caso, en 1993 sólo fueron detenidas cuatro personas y debido al retraso en la actuación de las autoridades, las víctimas no continuaron con el proceso.
 
Al paso de los años y pese a la creación de nuevas normativas, las instituciones que años atrás fueron creadas para atender a las víctimas de este delito “están en decadencia” y son dirigidas por autoridades poco competentes.
 
 
 
LABERINTO A LA JUSTICIA
 
Las víctimas de violación enfrentan el primer obstáculo en su búsqueda de justicia cuando presentan la denuncia, señala la primera titular de la ahora Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Alicia Pérez Duarte. 
 
Para la experta en violencia y académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pérez Duarte, la travesía de las víctimas para acceder a la justicia comienza al presentar la denuncia, pues es ahí donde enfrentan los primeros obstáculos dentro de las instituciones que están obligadas a garantizar la seguridad de las mujeres.  
 
A las víctimas se les pide que comprueben la violación, “les realizan exámenes ginecológicos que acrediten el delito y someten su declaración a dudas y la desestiman”, y agregó que en 2011 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó  que “la sola declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho”.
 
La abogada explicó que aunque en la investigación de este delito la presunción de inocencia es un derecho que los inculpados tienen, cuando dos derechos entran en pugna siempre prevalece el de mayor jerarquía. “Al atender este delito debe sobreponerse la seguridad y el derecho a una vida libre de violencia de la víctima, el cual es prioritario porque tiene que ver con el derecho a la vida”.
 
TODAS SON DAPHNE
 
Evidencia de la violación de este derecho y obstáculo a la justicia es el caso de Daphne Fernández, en Veracruz, quien en enero de 2015 fue violada por cuatro jóvenes, apodados “Los Porkys”. Después de 2 años de buscar justicia, el pasado 28 de marzo el Poder Judicial de la entidad otorgó un amparo a uno de sus agresores por considerar que no había elementos suficientes para probar la intención del agresor por "satisfacer un deseo sexual".
 
Aun cuando la menor denunció haber sufrido tocamiento de senos, jaloneos de su playera y burlas, se dio prioridad a la declaración del agresor, “quien defendió a los “Porkys”, sacó de contexto la situación de Daphne para enfrentar la presunción de inocencia frente al derecho de una vida libre de violencia”, indicó Pérez Duarte.
 
La fundadora del Grupo Plural Pro-Víctimas, A. C. y abogada experta en delitos sexuales, Patricia Olamendi Torres, agregó, que para facilitar el acceso a la justicia de las mujeres “lo que se debe armonizar en los procedimientos penales son específicamente los medios de prueba”.
 
Cuando no se respeta el testimonio de la víctima desde el momento de la denuncia, precisó Olamendi Torres, se incumple con el principio de igualdad establecido en el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, donde se especifica que no debe darse más importancia a la inocencia de la persona acusada.
 
“El caso Daphne no es una excepción en la regla diaria en México. Los jueces y Ministerios Públicos deben entender que las mujeres tenemos derecho al respeto de nuestro integridad física y la libertad sexual”, concluyó Olamendi.
 
INCAPACES, INSENSIBLES: MENOS SENTENCIAS
 
Otro de los factores que no permiten que la ley y las investigaciones corran con la debida diligencia es la falta de especialización en perspectiva de género y sensibilización de los jueces y personal de los Ministerios Públicos (MP), agregó Olamendi Torres.
 
Como consecuencia, explicó, las autoridades minimizan el delito: “Equiparan la violación con el abuso sexual, dicen que son las mujeres quienes ‘provocaron’ a los agresores y cuando la violación se cometió con un objeto distinto al pene no la reconocen como tal”.
 
Pérez Duarte calificó como un “pacto patriarcal” la protección que el sistema de justicia da a los violadores. "Esto se ve claramente en las sentencias donde una mujer es la víctima, ahí se desencadenan inmediatamente los mecanismos en defensa del hombre acusado”, precisó.
 
Para Olamendi Torres, el bajo número de sentencias, es un reflejo de que las capacitaciones en perspectiva de género para los jueces no funcionan. “Todos dicen que ya pasaron capacitaciones, el resultado verdadero sería el acceso a las justicia de las mujeres”.
 
“Lo que vivimos las mujeres en México es una violencia institucional”, declaró Olamendi Torres y denunció que “la simulación y la impunidad en la atención de casos de violación dejan en desamparo total a las víctimas”.
 
La violación es un delito invisibilizado en la mayoría de las estadísticas de instancias como la CEAV y Fiscalías estatales, quienes no reportan los casos que están en proceso, tienen sentencia o no son denunciados, a pesar de ser un delito considerado por el Código Penal como grave, es incluido en los datos como “delitos sexuales”, sin dar muestra de la magnitud con la que se comete.
 
A esto se suma la falta de agencias especializadas para presentar la denuncia, programas e instituciones públicas de atención emocional  y en salud para las víctimas. Y las irregularidades que persisten en los Códigos Penales de cada entidad que refuerzan los obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violación.  
 
17/MMAE/HZM/GG
 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Ni una más-Yucatán orienta a víctimas
En Yucatán, deficiente registro e investigación de la violencia de género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/04/2017
En Yucatán las mujeres víctimas de violencia de género se enfrentan a la indiferencia por parte de las autoridades para registrar e investigar sus denuncias. La situación empeora cuando tienen hijas e hijos, porque se ignora las condiciones de las y los menores y las consecuencias para su vida.
 
Eso denunció la coordinadora del colectivo Ni una más-Yucatán, Ligia Canto Lugo, en entrevista con Cimacnoticias, y añadió que a ello se suma la ausencia de registros gubernamentales sobre los casos y el estado de los mismos. Además, solo algunas denuncias terminan en sentencia.
 
La defensora de Derechos Humanos aseguró: “más que necesitar apoyo de las autoridades éstas deben ser empáticas y sensibles ante la problemática porque, aunque personal de alto mando ordene algo, si las personas encargadas no tienen la voluntad de nada sirve”.
 
ORGANIZACIÓN CIVIL
 
En este contexto, señala que los familiares de víctimas de feminicidio y denunciantes de otro tipo de violencia de género, como la de tipo sexual, se han organizado para exigir justicia a las autoridades. Y ejemplo de ello es el colectivo Ni una más-Yucatán, cuyo objetivo es dar a conocer los casos de violencia de género en la entidad.
 
La organización la formó Canto Lugo, quien desde 2012 vivió hostigamiento judicial junto con su hija Emma Gabriela Molina Canto, asesinada el pasado 27 de marzo, en la búsqueda por la custodia de sus dos hijas e hijo.
 
Canto Lugo expuso que en la atención a víctimas, el Gobierno yucateco ignora las condiciones de las denunciantes. “Cuando demandas dedicas todo tu tiempo, te traen de aquí para allá, son gastos. Después de un tiempo te quedas sin nada”.
 
Las consecuencias de las denuncias son particularmente peores para las y los menores, dijo, “porque se ignoran sus necesidades primarias como la comida, el vestido, el techo, la salud y su educación”.
 
A través de la experiencia de Ligia Canto y de otras mujeres que han pasado por circunstancias similares, la organización NI una más-Yucatán ayuda a otras mujeres para revisar los expedientes y asesorarlas. “Nosotras les decimos con qué autoridad pueden llevar su caso, si les falta algún documento, las guiamos para que ellas sean partes activas y se vayan empapando del mismo proceso”.
La defensora añadió: "Hemos tenido resultados positivos, sin embargo, es esencial que nuestro esfuerzo se complementa con el papel gubernamental”.
 
FALTA DE REGISTROS
 
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2008 sólo fueron sentenciadas 33 personas que cometieron el delito de violación y 33 por abuso sexual. 
 
Mientras que de 2009 a 2012, en la entidad no se registraron sentencias por el delito de feminicidio. Una cifra que contrasta con los 32 asesinatos violentos hacia mujeres que cumplen con la violencia de género característica de los casos de feminicidio, identificada por la organización Yucatán Feminicida en el mismo periodo de tiempo, utilizando los registros de fiscalías del estado y un monitoreo de medios estatales, consignado en el informe “Estado del Feminicidio, Yucatán 2008-2016”.
 
17/MMAE/GG
 







QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
El problema es ser “mujer”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 11/04/2017

Hay algo en común en el enfoque noticioso en el caso del reciente accidente de Reforma y los comentarios sobre las mujeres que murieron en el automóvil conducido por un borracho, en los acosos que sufren las mujeres en redes sociales, en el desafortunado anuncio de la Feria del Libro de Yucatán, en donde se veía a una mujer prefiriendo que le pegaran antes de quitarle la lectura; en el caso de los “Porkis”, donde un juez penal otorgó un amparo para liberar a uno de los violadores de una menor de edad y en la salida de un locutor de radio, por sus comentarios misóginos y machistas al tratar el caso de la violación.
 
Ese común denominador, que constituye un problema en México, es que ser “mujer” es un problema en México, ya que todo el orden simbólico está orientado a validar la violencia contra el cuerpo de las mujeres y en el intento por desnaturalizarlo.
 
Las feministas, al tratar de explicar a la sociedad por qué está mal, recibimos todo tipo de ataques de “intelectuales” que dicen defender la libertad de expresión y defender el derecho de locutores a decir que las mujeres “goza n la violación”.
 
Mucho se puede discutir sobre estos argumentos e intentar ganar simpatías frente a la postura feminista, la postura del pensamiento más transgresor, lúcido y humano, frente a un discurso social que ha normalizado la violencia contra las mujeres, al punto de convertir el acto sexual en algo violento y así normalizar la violación. Esto último brillantemente expuesto por feministas como Catharine Mackinnon.  
 
El tema en esos casos, tanto en las páginas de diarios, en noticieros de radio y televisión y en redes sociales, es  un sentido de naturalización de la violencia contra las mujeres. Ahí se incluye las niñas víctimas de abusos, las adolescentes violadas ante la impunidad de los jueces, las jóvenes y mujeres víctimas de feminicidio, los crímenes más atroces que se repiten en México y en todo el mundo contra mujeres. Pero también la violencia cotidiana contra mujeres indígenas, artesanas y las más pobres.
 
El problema es que se normaliza una violencia contra “la mujer”, a quien no se le reconoce condición de persona y por ello se expresa libremente opiniones que suponen no tendrían que causar ningún efecto en la opinión pública, la cual  tendría que consentir –y lo ha consentido. Solo las hijas,  esposas, las hermanas son respetables por ser propiedad de un hombre, una extensión de sus territorios y solo ellos pueden demandar el que sus posesiones no sean violadas.
 
El discurso imperante y válido es ese “universo de sentido”, el sistema social en el que vivimos y que no reconoce condición de persona a las mujeres. De ahí que vivamos rodeadas de una violencia simbólica y una difícil comprensión de la sociedad de que “algo está mal” en esos argumentos y discursos.
 
Sé que no les es fácil a la mayoría de los hombres hacer una “auto reflexión”, incluso para aquellos que se dicen “pro-feministas” hablan y se enuncian desde sus “masculinidades hegemónicas” en las que todo gira en torno a ellos. Pero ahora resulta que tenemos que explicarles, justificar y probar o evitar “generalizaciones” para no los afectemos  moralmente y dañemos su imagen de “hombre”, porque “no todos son así”.
 
Su única lógica les dice que no tendríamos por qué protestar, que si protestamos los “dañamos” o afectamos y que no tendríamos por qué criticar al machismo, que es de “otros”, no de ellos…  postura hegemónica que supone que el hombre es el centro del todo y que sólo lo que pasa por su reflexión es pensamiento.
 
Intrincado y complejo, pero en el orden simbólico patriarcal del colectivo social existe sólo “una mujer”, son “todas iguales”, son “metibles”.
 
“El hombre concibe una sexualidad imaginaria para la mujer, el cuerpo imaginario de la mujer se reduce a un objeto que solo sirve para motivar las fantasías sexuales de un observador masculino. (…) En la pornografía se deshumaniza y falsifica a la mujer. Se deshumaniza al presentarla como un objeto y se falsifica al sugerir que la mujer experimenta placer al ser maltratada y humillada.” (Weiz, 1998)
 
Es el orden simbólico patriarcal, ordenamiento del logos que construye el hombre-Dios y que es para los otros, las otras, ahí se sostiene la proyección de una sexualidad imaginada, de ahí el “deseo de ser violada”, el deseo de ser golpeada y sodomizada que el colectivo sostiene como verdad para la mujer.
 
Una “verdad” impuesta y que da sentido y significado en las relaciones afectivas pero que también sostienen las relaciones de poder.
 
Si no fueras mujer no habría problema de salir a la calle y caminar entre miradas lascivas, de ser agredida, violentada, de ser vejada en las instituciones y que te digan lo que se supone que debes creer, y cómo lo debes pensar y expresar.
 
Lo que hace el feminismo es, como convoca Drucila Cornell, “a que re-imaginemos nuestra forma de vida de manera que podamos "ver" de otra forma, esto necesariamente involucra apelar a la ética, incluyendo el llamado para que modifiquemos nuestra sensibilidad moral".
 
Eso es a lo que parecen no estar dispuestos, porque les representa “perder”, ceder y reconocer que hay algo que no está bien o que eso que creen “válido” no lo es. Pero nosotras seguimos insistiendo y haciendo ruido para que los discursos naturalizados en ese orden simbólico dejen de ser el pensamiento común.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG
 








INTERNACIONAL
   República Dominicana
Periodistas piden al Congreso despenalizar el aborto por tres causales
Imagen retomada de Cladem
Por: Mercedes Alonso Romero
Cimacnoticias/SEMlac | Santo Domingo, Rep Dom .- 13/02/2017

Decenas de periodistas de diferentes medios de comunicación dominicanos solicitaron el pasado martes 7 a senadores y diputados aprobar en la actual legislatura extraordinaria el Código Penal con las enmiendas propuestas por el Poder Ejecutivo (PE), a fin de que se despenalice la interrupción del embarazo cuando sea el resultado de una violación o incesto, cuando peligre la vida de la mujer y cuando el feto sea incompatible con la vida.
 
En carta enviada a los Presidentes de ambas cámaras legislativas, el grupo de reporteros y reporteras, comentaristas, entrevistadores de televisión, radio, prensa escrita y digital; así como ejecutivos de medios de prensa y productores de programas expresaron su convicción de que el Estado dominicano tiene el deber de defender la dignidad, la salud y los derechos de las mujeres, y que “saldrían fortalecidos si por fin se aprueba el Código penal con las enmiendas que ha formulado el PE”, resaltan.
 
La misiva expone en uno de sus párrafos: “Aspiramos a mantenernos en sintonía con los mejores intereses y necesidades de nuestro país, por lo que nos inquieta sobremanera que el conocimiento del Código Penal sea aplazado, una vez más, para la próxima legislatura, por lo que solicitamos sus buenos oficios para que este se conozca cuanto antes, y con las observaciones que -por segunda vez- envía el presidente Danilo Medina al Congreso Nacional”.
 
Quienes firman el documento subrayan: “Nos sumamos a la posición asumida por el presidente Medina al establecer que lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos y humanidad que deben regir al Estado sería equiparar nuestra legislación con la de la mayoría de los países del mundo, que permiten la interrupción del embarazo, cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimientos de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y solo en los tres supuestos debidamente fundamentados”.
 
Finalmente, el texto destaca que “despenalizar la interrupción del embarazo no significa obligar a nadie a hacerlo. Significa que el Estado permite esa interrupción para quien tome esa decisión ante situaciones adversas establecidas legalmente”.
 
CREAN COMISIÓN, PERO TEMA SE DILATA
 
La sociedad dominicana conoció el pasado 11 de enero la decisión del Senado de la República de conformar una comisión destinada a estudiar las observaciones del presidente Medina, en las cuales el mandatario propuso volver a discutir si se aprueba o no un Código Penal que despenaliza el aborto si se cumplen las causales antes mencionadas: violación, incesto o el originado en malformaciones del embrión.
 
La primera reunión de dicha comisión especial tuvo lugar el pasado 17 de enero, a fin de discutir la metodología de trabajo.
 
En la cita hubo intervenciones encontradas, como la del legislador Julio César Valentín, quien llamó a sus colegas a apoyar la propuesta del Presidente de la República, y la de la diputada Betzaida González, que exhortó a rechazar el pedido del PE. De inmediato, los obispos católicos publicaron en su Carta Pastoral que “la ideología de género” promovía “el libertinaje sexual en adolescentes y jóvenes, el homosexualismo, el lesbianismo y el aborto”.
 
Mientras, las estadísticas ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud estremecen al dar a conocer que en la República Dominicana por cada 100 mil nacimientos vivos, mueren 106 mujeres, sobre todo pobres, como consecuencia del alto número de abortos clandestinos, estimados en 90 mil cada año, practicados por manos inexpertas en condiciones de inseguridad.
 
17/MAR/GG








NACIONAL
   Suicidio es segunda causa de muerte en adolescentes
Derecho a la familia impacta en víctimas de agresión sexual
Foto: Zaqi
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/12/2016

El sistema de impartición de justicia antepone el derecho a la familia sobre los derechos de las víctimas, quienes a veces están obligadas a convivir con sus agresores sexuales, facilitando otro episodio de violencia o que ellas se autolesionen, atentando contra su propia integridad física y emocional.
 
La coordinadora de atención psicológica de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Laura Elizabeth Martínez Hernández, explicó que las niñas y adolescentes que sufren violencia sexual tienen diferentes conductas y emociones como: ansiedad, depresión, comportamientos sexuales que no van acordes a su edad y experiencia, falta de concentración, ideación de muerte, intentos de suicidio o autolesiones, hasta llegar a concretar en quitarse la vida.
 
La representante de Adivac -una asociación que tiene 26 años de experiencia en la atención a víctimas de violación y otros delitos sexuales-, refirió en entrevista para Cimacnoticias que las autolesiones que se provocan niñas y adolescentes presentan la emoción de ira contenida, debido a que no pueden expresar la rabia contra su agresor, que en la mayor parte de los casos son familiares cercanos o los mismos progenitores.
 
De acuerdo a la experta, muy pocas de las denuncias sobre violencia sexual que reciben el apoyo de Adivac, tienen una resolución y seguimiento que vaya acorde a los derechos de las víctimas, en donde además de que sancionen con cárcel a los agresores, se les restituya el daño a las denunciantes.
 
Ocurre lo contrario cuando los progenitores son los agresores y por ese mismo motivo las madres solicitan el divorcio, con sentencias judiciales que anteponen el núcleo familiar (contenido en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes) antes de garantizarles tener una vida libre de violencia, que ya padecieron.
 
Martínez Hernández explicó que en la práctica, las autoridades continúan juzgando bajo la creencia de que el Síndrome de Alienación Parental (SAP) existe aunque éste no haya sido reconocido como un concepto pquiátrico, tras responsabilizar a las madres de querer separar a sus hijas de sus progenitores, así como obligar a las niñas y adolescentes a convivir con sus agresores, en vez de dar el peso adecuado a los testimonios y pruebas psicológicas efectuadas a las víctimas.
 
Desde el 2014,  la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del concepto del SAP, contemplado en el Código Civil de la Ciudad de México ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por contravenir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como lo establecido en la Convención de Belém do Pará, debido que el SAP es un término que refleja discriminación de las mujeres y las estereotipa, al culparlas de manipular a sus hijas e hijos en contra de sus padres.
 
FUNDAMENTAL PARA EL SUICIDIO
  
Las investigaciones realizadas en torno al tema de intento de suicidio en niñas y adolescentes por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría (INPRFM) vinculan los factores de violencia sexual, familiar y comunitaria como motivos por los cuales las niñas y adolescentes de las zonas urbanas de México intentaron suicidarse.
 
Datos de 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojan que los estados con más alto índice de niñas y adolescentes con conductas suicidas en México son: la Ciudad de México con 16 por ciento de incidencia, seguido de Tlaxcala con 14.7 por ciento, y Baja California con 14.5 por ciento. 
 
La psicóloga social del área de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del INPRFM, Catalina González Forteza, explicó que las niñas de 12 a 14 años que han intentado suicidarse, a veces ocurre por su enojo con la situación familiar que viven, por lo general relacionada a la violencia familiar, violación o abuso sexual.
 
González Forteza -quien ha realizado investigaciones sobre “Tentativa de Suicidio” desde 1986-, abunda que en las niñas de 14 a 18 años de edad, intervienen los mismos factores, pero también influyen otros como la construcción de identidad sexual, autoestima y aceptación social, aunado a otros tipos de violencia como “bullying” y violencia comunitaria.
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte entre adolescentes de 10 a 19 años de edad, y la principal causa de mortalidad en adolescentes de 15 a 19 años.
 
En tanto que las adolescentes de 17 a 18 años de edad empiezan a sentirse presionadas por decidir qué carrera estudiarán o por elegir una pareja, factores que a veces se conjuntan con la fantasía de que el embarazo a temprana edad les ayudará a formar una familia diferente a la que tuvieron. En la realidad repiten patrones al unirse a parejas violentas o que no tienen la madurez para formar una familia, truncando sus proyectos de vida.
 
16/GVV/AMS








INTERNACIONAL
   Se le considera la capital de la violación
Escuadrón ciudadano defiende a mujeres en Nueva Delhi
Tomada de Amnistía Internacional
Por: Neeta Lal*
Cimacnoticias | Nueva Delhi, India.- 08/12/2016

La policía de Nueva Delhi lanzó una iniciativa única para frenar la espiral de violencia contra las mujeres en esta ciudad a través de un escuadrón de vigilancia ciudadano.
 
La ciudad, conocida como la “capital de la violación”, tendrá en el grupo llamado “policías mitras” (amigos de la policía) apoyo en labores de prevención y detección de delitos para contribuir a mantener el orden. Lo integran granjeros, trabajadoras del hogar y exmilitares.
 
A su vez, los jefes de la Policía crearon su propia versión de los “Ángeles de Charlie”, un grupo de mujeres entrenadas para combatir la delincuencia; agentes con kimonos blancos que saben lanzar patadas y persiguen a los predadores sexuales en todo el país.
 
El grupo de 40 mujeres bien entrenadas en artes marciales vigila lugares “vulnerables” de la capital hindú, como las escuelas y las estaciones de tren subterráneo.
 
India, uno de los peores países en materia de seguridad de la población femenina, incorporó una serie de iniciativas innovadoras para proteger a las mujeres de los delitos sexuales. Pero irónicamente, a pesar de leyes más duras y del fortalecimiento de la Policía, la violencia va en aumento.
 
Según un informe del Contralor y Auditor General de la India, los delitos como violación, abuso sexual y acoso se dispararon, al crecer 60 por ciento entre el periodo 2010-2011 y entre 2014 y 2015.
 
Un informe de la Oficina Nacional de Registro de Delitos concluyó que hubo 337 mil 992 denuncias de violencia, violación, crueldad y secuestro contra las mujeres en 2014, 9 por ciento más que el año anterior.
 
Las denuncias de violación también aumentaron 9 por ciento, registrándose 33 mil 707 ese mismo año, el último del que se disponen datos.
 
Un estudio de la organización ActionAid concluyó que 79 por ciento de las mujeres hindúes han sufrido acoso o violencia en espacios públicos.
 
El aumento de ataques contra la población femenina disparó numerosos proyectos voluntarios, como la iniciativa Blank Noise, cuya campaña #WalkAlone (camina sola) urgió a las mujeres a romper el silencio y caminar solas para luchar contra el miedo al acoso callejero.
 
Otra campaña más pidió a las mujeres que enviaran la vestimenta que llevaban cuando sufrieron acoso para montar una exhibición pública. La asociación también dicta cursos para ayudar a las mujeres a crear espacios seguros.
 
En 2003, ActionAid convocó a acosadores, víctimas, espectadores y transeúntes, llamados “Héroes de Acción” -una red de voluntarios de todas las edades, géneros y orientación sexual-, a difundir el mensaje contra el acoso sexual en espacios públicos.
 
El parlamento aprobó leyes más duras contra la violación, la trata de personas, los ataques con ácido y el acoso, pero esto tampoco se tradujo en una disminución de los delitos. Algunas activistas lo atribuyen a que las movilizaciones generaron un contraataque de los violentos.
 
“Hay mucha cobertura mediática, marchas con velas y miedo en las redes sociales si las mujeres se indignan, pero en realidad no cambió nada”, observó Pratibha Malik, de la organización Aashrita.
 
“La presencia misma de las mujeres en espacios no tradicionales, como oficinas, bares, restaurantes, entre otros, en una sociedad patriarcal como la de India es responsable de la respuesta violenta”, opinó.
 
El detonante para reforzar la legislación y la acción policial fue la violencia contra una estudiante de medicina, de 23 años, en diciembre de 2012 dentro de un autobús en movimiento cuando regresaba del cine con un amigo.
 
Un grupo de varones, entre los que incluso había uno de 14 años, atacó a la pareja. La mujer fue varias veces violada y su amigo golpeado con una barra de hierro. Ella murió poco tiempo después y todo el episodio, que ocupó los titulares de los diarios mundiales, motivó protestas masivas reclamando medidas contra la violencia.
 
Poco tiempo después se creó el Comité de Justicia Verma, en cuyo informe mencionó que “la gobernanza deficiente no crea un ambiente seguro y digno para las mujeres de India, constantemente expuestas a la violencia sexual”.
 
Los tres agresores del sonado caso de 2012 fueron condenados a muerte. Además, se aprobó una ley ampliando la definición de delitos sexuales para incluir la penetración forzada mediante cualquier objeto, el acoso, la violencia con ácido e incluso contra desvestir a las mujeres.
 
Pero ellas no se sienten seguras, pues consideran que aún acecha el peligro, en especial en las grandes ciudades, donde salir de noche aún se considera una “aventura”.
 
“No me siento para nada segura en espacios públicos ni en el transporte público. Sé que nadie va a salir a defenderme si estoy en problemas”, confesó la cocinera Rekha Kumari, de 30 años.
 
“Llevo gas pimienta y un cuchillo cuando vuelvo tarde de la oficina”, coincidió Shashibala Mehra, una contadora de 52 años. “En los 40 minutos que tengo de regreso a casa, hablo por teléfono con mi esposo para que sepa si tengo algún problema”, añadió.
 
Laxmi Aggarwal, quien sufrió un ataque con ácido y se dedicó a trabajar para prohibir la venta de esa sustancia en este país, señaló que el gobierno no ha hecho mucho al respecto. “Jóvenes vulnerables sufren ataques en distintas zonas rurales de India”, apuntó.
 
La joven de 27 años labora con la organización Stop Acid Attacks para ayudar a otras víctimas como ella y defender sus derechos en la justicia.
 
Además de comprar armas y gas pimienta, muchas mujeres recurren a aplicaciones de seguridad, toman clases de defensa personal y se unen a grupos de autoayuda.
 
El colectivo femenino Brigada Roja, por ejemplo, ofrece a mujeres y niñas técnicas de autodefensa y persigue a los hombres que cometieron una agresión sexual.
 
“Tratamos de que el hombre errado entre en razón hablando con él y sus padres. Si no escucha, vamos a la Policía”, detalló Usha Vishwakarma. “Si sigue obstinado, pasamos a la acción”, puntualizó.
 
Una parte importante del apoyo de la Brigada Roja es ayudar a las víctimas a sacarse el sentimiento de culpa y de que son responsables de la violencia sufrida.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia de noticias IPS.
 
Traducido por Verónica Firme.
 
16/NL/AMS/LGL








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