Violencia de Género

LENGUANTES
VIOLENCIA
   Lenguantes
El género de Jenaro
CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
Por: Cynthia Híjar Juárez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/09/2017

El día de ayer, domingo 17 de septiembre, miles de mujeres acudimos a una manifestación nacional, convocadas por el dolor de saber que, una vez más, México feminicida le arrebató la vida a una mujer de manera espantosa.

Ella es Mara, el nombre que tocó profundamente nuestras heridas abiertas, las llagas que no cicatrizan nunca, el dolor de sabernos en un país donde diariamente hombres de todas las edades, etnias y clases sociales asesinan, violan, esclavizan y desaparecen a niñas y mujeres. Y concuerdo con el escozor de quien se escandalice y exclame “¡no todos los hombres!” porque es terrible aceptarlo, pero es verdad: a pesar de que el mundo insista en que no todos los hombres son iguales, nosotras aprendemos de la forma más violenta, todos los días, que sí: todas las mujeres hemos sido agredidas por hombres.

Dicho esto, pregunto a usted, lectora consciente y empática: ¿no cree que sea normal que muchas mujeres deseemos compartir nuestros espacios sólo con otras mujeres, al menos los espacios políticos, de activismo, autocuidado o recreación? ¿le parece una medida extrema o violenta el querer evitar sorpresas, acosos, incomodidades, violaciones o feminicidios? ¿le parece una medida fascista decidir con quién queremos estar? Usted y yo sabemos que no, que estamos hablando de nuestro derecho a decir que no.

Las marchas feministas en México se convocan por una red organizada de mujeres que trabajamos todos los días con y para otras mujeres. Mujeres que, a pesar de nuestros debates y diferencias, estamos dispuestas a hacer una pausa en nuestra vida si sabemos que otra necesita nuestro apoyo.

Desde hace muchas marchas hemos hecho un consenso acerca de los contingentes que encabezan nuestras manifestaciones: separatistas y libres de potenciales agresores. Quien quiera marchar con hombres, puede hacerlo en los contingentes mixtos que van en la parte de atrás. Los periodistas varones pueden documentar desde fuera del contingente separatista y en los contingentes mixtos. Sencillo y clarísimo para cualquiera que se quiera enterar de la organización.

Lo que sucede con las marchas feministas, como pasó el #24A de 2016 y el día de ayer, es muy claro: las marchas feministas convocan lo más profundo del odio y los miedos misóginos porque nadie quiere ver a un grupo de mujeres que se defienden y se auto-enuncian. La sociedad mexicana, feminicida por excelencia, no soporta saber que el cuerpo de las mujeres y su devenir colectivo como cuerpo político del feminismo: una marcha de mujeres, decide por sí misma.

Es decir: la exigencia de que aceptemos marchar con hombres en toda la marcha (al frente, a los lados, atrás) no se refiere a que incluyamos o no hombres, sino a que no decidamos por nosotras mismas. Y esto, sinceramente, nosotras ya lo sabemos pero de ninguna manera nos vamos a retractar: después de tanto trabajo que se ha visto sometido al escarnio una y otra vez por una sociedad que se asusta más por los feminismos separatistas que por el feminicidio, es lógico que tengamos claro que nuestras medidas de seguridad son necesarias.

Si hasta este punto de la lectura usted se siente enojada, permítame hacer un parangón: exigirle a otra compañera que marche con quien no quiere es como decirle a una niña que sonría y dé las gracias cada vez que el señor de la tienda le dice que está muy bonita. Si no sonríes, si no agradeces y no te muestras amable, eres una maleducada. Qué importa si el comentario del señor, su acoso sexual, es inapropiado, qué importa si te incomoda, qué importa si no le preguntaste qué opinaba sobre ti. Tienes que agradecer y ser linda para que cuando crezcas, no corras al hombre que se autoproclama tu aliado pero no ha hecho lo mínimo por enterarse de qué va tu petición.

Los aliados van atrás, era claro. Si Jenaro Villamil fuese nuestro aliado, ¿no debería comenzar por enterarse de cuáles son nuestras medidas de seguridad en la marcha? Sí, quizás en su escala de valores –patriarcal- somos unas maleducadas que no le sonreímos al hostigamiento de un varón, pero tenemos claro que el género de Jenaro le impide darse cuenta de esto, de la misma manera que a todas las personas que lo defienden de este “puñado de feministas radicales” que sin embargo, son quienes convocaron la marcha, quienes acompañan todos los días a otras mujeres, quienes trabajan en crear una vida mejor para las mujeres que vienen.

¿A qué me refiero, entonces, con el género de Jenaro? Es claro que no sólo los hombres pueden ser machistas, y ha sido muy claro en este debate, que hay mujeres dispuestas a atacar a otras mujeres para defender a hombres como él de una simple petición de seguridad (los aliados van atrás). Pues bien, me refiero a lo que he dicho desde el principio de este texto: un hombre es siempre un potencial agresor en las marchas de mujeres, aún cuando tenga la mejor intención de ser un aliado.

En el caso de Jenaro, su presencia en el contingente separatista devino agresión por no respetar, en primer lugar, los acuerdos de la marcha: los aliados van atrás (lo escribo tantas veces como sea necesario para dejar claro que ninguna marcha pretende excluir hombres sino respetar la decisión de las mujeres de marchar libres de agresiones). El hecho de presentarse en una manifestación organizada por quienes enuncian su lugar en el mundo y querer hacer lo que se te dé la gana desde un privilegio, es una agresión.

Aquí me imagino a una mujer blanca queriendo tomar el micrófono de forma violenta en una manifestación zapatista ¿se imagina usted, estimada lectora, la reacción de la sociedad? Imaginemos ahora un militar, como mencionaba en sus redes sociales la politóloga Beatriz Quesadas, tomando el protagónico en la marcha por los 43 de Ayotzinapa para decir que “no todos los militares son iguales”, “no todos los militares desaparecen estudiantes”.

Ahora imagíneme a mí peleando con los veteranos del 2 de octubre diciéndoles que me agarren del brazo para la valla humana. Que tengo derecho a estar ahí porque no se me da la gana marchar atrás como toda la gente. ¿Qué dirían los tweets? ¿Alguien les diría fascistas por no aceptar que alguien que no comparte el lugar de enunciación quiera protagonizar una marcha, nada más para decir que es una buena aliada? Yo lo dudo.

El papel de los hombres que quieren forzosamente estar en los contingentes separatistas es violento porque además de generar tensión y una sensación de acoso dentro de nuestros espacios, también incendian a toda la misoginia mexicana para decir que las feministas somos las culpables de que México no avance, de que haya feminicidios, de que las cosas no mejoren. Vaya, una creería que los culpables son los feminicidas, pero según las tendencias en redes sociales, no. Según su forma –patriarcal- de ver la vida, somos las feministas las que tenemos la culpa.

Ahora bien, si usted no entendió todo lo que en este y otros textos se expone, vamos a ponerlo más fácil. Cada vez que quiera meterse a la cama de una compañera, cada vez que desee tocar a una mujer, cada vez que sienta la necesidad de dar una opinión que no fue solicitada, cada vez que quiera exigirle a otra mujer que haga algo que ella no quiere con un hombre, ya sea marchar, hablar o sonreír, por favor, recuerde: NO es NO.

*Cynthia Híjar Juárez es educadora popular feminista. Actualmente realiza estudios sobre creación e investigación dancística en el Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes

17/CHJ/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Demanda añeja de organizaciones y activistas
Chihuahua, entidad emblemática por el feminicidio lo tipifica como delito
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Lourdes Godínez Leal
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/09/2017

Tras 20 años de resistencia para reconocer la problemática, el pasado 12 de septiembre, el Congreso del estado de Chihuahua votó por unanimidad la adhesión del Artículo 126 BIS al Código Penal local, que reconoce como feminicidio a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, con una pena de 30 a 60 años de prisión y la reparación integral del daño.

La tipificación fue el resultado de tres propuestas analizadas por una mesa técnica de redacción conformada por organizaciones civiles pioneras en documentar y registrar el feminicidio en la entidad, como Justicia para Nuestras Hijas, y de abogadas y abogados de Chihuahua, quienes revisaron las iniciativas presentadas por diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) una del Partido del Trabajo y la planteada por el gobernador del estado, Javier Corral Jurado.

Desde abril pasado, se analizaron los tres planteamientos para definir que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; antes o después de la privación de la vida se haya infligido lesiones, mutilaciones o cualquier otro acto que atente contra la dignidad humana; existan antecedentes o datos que el activo ejerció violencia física, psicológica, económica o patrimonial o de cualquier tipo (independiente de que haya denunciado o no); y por misoginia.

Cuando el responsable sea un funcionario público; se cometa por dos o más personas; si existe un vínculo de parentesco o relación sentimental; cuando la víctima sea menor de edad o adulta mayor; de pueblos originarios; esté embarazada o tenga alguna discapacidad, la pena se incrementará de uno a veinte años a la pena de prisión impuesta.

Aún falta su publicación en el Periódico Oficial del estado de Chihuahua.

CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ, UNA HISTORIA DE FEMINICIDIO

La tipificación del feminicido en la entidad, es una demanda añeja de organizaciones, académicas y familiares de víctimas y es que desde 1992, Ciudad Juárez y Chihuahua, cobraron relevancia en el país y luego en el mundo, por los asesinatos de mujeres que eran encontradas en lotes baldíos y otros espacios públicos, con signos de extrema violencia que pronto llevaron a formular varias hipótesis, que buscaban, de acuerdo con organizaciones civiles expertas en el tema, minimizar el odio hacia las mujeres en esa entidad.

Desde hace más de 20 años, familiares de las víctimas acompañados de diversas organizaciones civiles, iniciaron un registro hemerográfico a partir de notas periodísticas de medios locales que publicaban los asesinatos de mujeres. Así se empezó a documentar un patrón: en su mayoría eran mujeres pobres, trabajadoras de la maquila, con ciertas características físicas, la mayoría, presentaba signos de violencia extrema.

Lo anterior, llevó a formular diversas hipótesis por parte de las autoridades encargadas de investigar los asesinatos quienes en un principio hablaban de “crímenes pasionales”, para luego ir modificándolas a asesinos seriales, crimen organizado, rituales satánicos, y extracción ilegal de órganos.

Desde entonces, las familias, las madres, tuvieron que enfrentar la misoginia de ministerios públicos, policías, inclusive gobernadores quienes minimizaban las desapariciones de mujeres y asesinatos asegurando que “se habían ido con el novio”  “que ellas se lo buscaron por usar ropa provocativa” o “porque las mujeres buenas no salían de noche”; siempre, sostienen las organizaciones, responsabilizando a las mujeres de la violencia vivida, y evadiendo su responsabilidad para aceptar que no se estaba previniendo la violencia contra ellas.

La larga e interminable lista de casos con características similares, la impunidad imperante en la entidad y el hartazgo de madres y familias ante el sistema de justicia mexicano, los llevaron a voltear la mirada hacia instancias internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión y luego la Corte.

En 2001 en el Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, 8 mujeres fueron halladas asesinadas con signos de tortura sexual y en avanzado estado de descomposición pero solamente tres de estos casos logaron llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), pues los demás, debido a la mala investigación por parte de las autoridades, las identidades de las víctimas no pudieron ser corroboradas por sus familiares, por lo que no pudieron llegar a la Corte.

Tras varios años en el Sistema Interamericano, en 2009, la CoIDH sentenció al Estado mexicano por no salvaguardar la vida de las mujeres en la entidad, al tiempo que reconoció que existía una violencia sistemática contra mujeres y niñas de este estado fronterizo con Estados Unidos.

En el punto 231 de la sentencia, la Corte reconoce "que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez"; mientras que en el Párrafo 143 de la misma señala: "en el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los párrafos anteriores, utilizará la expresión ‘homicidio de mujer por razones de género’ también conocido como feminicidio".

Asimismo, pidió al Estado mexicano, crear un tipo penal que permitiera sancionar de manera adecuada los asesinatos de mujeres, con el fin de que estos no cayeran en la impunidad y se repitieran los hechos. Además de fortalecerlo con la creación de protocolos especializados para indagarlos.

Desde 2004, la feminista y antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, quien fue legisladora y una de las principales impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, insistió también en la necesidad de tipificar el feminicidio como tipo penal, no sólo a nivel federal, sino que cada entidad lo tipificara, y Chihuahua no era la excepción.

Han sido varias las peticiones para la tipificación y mucha la resistencia para hacerlo. Finalmente, después de 20 años de asesinatos dolosos contra mujeres y niñas en la entidad que se convirtió en emblemática por esta violencia, el pasado 12 de septiembre fue la última en tipificar el delito que desde entonces, ha cobrado la vida, según datos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, de mil 541 mujeres tan sólo en Ciudad Juárez.

17/HZM/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Se incrementa violencia y no se investiga dicen ONG
   
Piden AVG para Torreón
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sofía Noriega, corresponsal
Cimacnoticias | Saltillo, Coah.- 26/07/2017

La Red de Mujeres de la Laguna y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila (CDHEC), solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Torreón, Coahuila, ante el incremento de asesinatos contra mujeres que en 5 años suman 48, tan solo en ese municipio.
 
Las integrantes de la Red de Mujeres de la Laguna, Ariadne Lemond y Adriana Romo, acudieron a las instalaciones de la CDHEC para dejar la documentación para la solicitud de la AVG, cabe destacar que también la organización civil “La Libres” de Guanajuato, y “Mujeres Generando Cambios”, de Torreón, se sumaron a esta petición.
 
De acuerdo con Ariadne Lemond, la alerta que se promueve es exclusivamente para el municipio de Torreón. De proceder, se tendrá que conformar el grupo de personas expertas que deberán visitar el municipio para constatar que existe violencia contra las mujeres y que proceda la Alerta.
 
Las integrantes de las organizaciones civiles explicaron que en el documento que presentaron ante la CDHEC, se documentaron 48 casos de feminicidio, sólo en Torreón, desde el 2013 hasta el 2017 resultado de una investigación hemerográfica.
 
 DATOS OFICIALES
 
Según datos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, sólo 56 de los 436 homicidios de mujeres que se han registrado en cinco años, han sido acreditados como feminicidio.
 
La PGJEC informó en un diagnóstico, que los homicidios de mujeres se redujeron 84 por ciento desde el 2012 a la fecha, y que de los 436 homicidios dolosos contra mujeres, 73 por ciento se consignó o judicializó ante un juzgado.
 
Sin embargo, otras voces como la de la consejera de la CDHEC y presidenta del organismo Eux, Arte y Sida, Aída García Badillo, han señalado que las últimas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubican a esta entidad en el tercer lugar en violencia contra las mujeres (7.06 por ciento), muy por encima de la media nacional que es de 4.37 por ciento.
 
García Badillo, destacó que la Red de Mujeres de La Laguna ha tratado de visibilizar la problemática, aunque es necesario que se sumen más a este llamado. "Lo que estamos viendo en Coahuila es que hay un movimiento de género incipiente, donde sólo unas cuantas tratan de hacer conciencia”.
 
Agregó que la falta de organización de la sociedad civil profundiza más el problema pues los asesinatos de mujeres en su mayoría son clasificados como dolosos, en lugar de catalogarlos como feminicidio.
 
SE INCREMENTAN ASESINATOS
 
En tanto, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) Larisa Montiel Luis, señaló que se deben tomar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres, en específico, los asesinatos, por lo que presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a prevenir este tipo de violencia y dar con los responsables de los hechos.
 
La legisladora panista propuso como de urgente y obvia resolución que la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de la Mujer tomen cartas en el asunto y en la exposición de motivos argumentó que el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres en su estudio "La Violencia Feminicida en México, Aproximación y Tendencia”, colocan a Coahuila en el décimo lugar respecto al índice de violencia contra las mujeres y de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH).
 
Detalló que de acuerdo con el Código Penal para el Estado de Coahuila, se tipificó el feminicidio a través del artículo 336 BIS 1, cuando la mujer victimada presente signos de violencia sexual de cualquier tipo o bien haya recibido lesiones o mutilaciones en zonas genitales o en cualquier otra, previa o posteriormente a la privación de la vida.
 
También se establece como feminicidio cuando existan antecedentes de violencia o discriminación por género en el ámbito familiar, laboral o escolar, y haya existido entre el sujeto y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.
 
Y ejemplificó que casos como el de una mujer hallada en Arteaga, a quien encontraron maniatada, con huellas de tortura y abandonada en un paraje solitario, o el de otra más que fue asesinada y abandonada en la vía pública, con golpes, huellas de tortura y semidesnuda, y de tantos otros que a diario se suman en Torreón, son ejemplos de la violencia creciente contra las mujeres, por lo que insistió en el llamado a las autoridades para investigar estos asesinatos como feminicidio.
 
17/SN
 








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Hasta 30 años de condena a quien lo cometa
Diputados uruguayos aprueban proyecto de ley sobre femicidio
CIMACFoto: Nelson Rodríguez
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Montevideo, Uru .- 13/09/2017

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó por mayoría un proyecto de ley que tipifica el femicidio/feminicidio como delito especialmente agravado, informaron hoy medios periodísticos.

 

Esta iniciativa fue enviada al hemiciclo por el Poder Ejecutivo, recibió modificaciones en el Senado y propone sanciones de más de 15 años como pena mínima y de 30 como máxima.

 

En su articulado entiende que el femicidio/feminicidio sea considerado un agravante del homicidio cuando la víctima sea una mujer y se demuestre odio o menosprecio por el hecho de ser mujer; existencia de conductas de violencia previas; violencia sexual o por represalia al haberse negado a establecer una relación de pareja.

 

El proyecto fue aprobado la víspera luego de su ingreso a Diputados la semana pasada con un informe en minoría y otro en mayoría, y recibió el visto bueno de los legisladores del oficialista Frente Amplio y los partidos opositores Nacional y Colorado.

 

La legisladora Macarena Gelman, consideró que aunque el aumento de penas no resuelve el problema, sí resulta ejemplarizante y cumple un rol social y pedagógico al contribuir a que la sociedad entienda el fenómeno de la violencia basada en género.

 

Apuntó que las medidas para tender a resolverlo y abordarlo en su complejidad, vienen por el lado de la ley integral, la cual está al entrar a la cámara baja para comenzar su discusión.

 

En el transcurso del 2017 ocurrieron en Uruguay 20 casos de femicidio/feminicidio, de los cuales, 15 fueron cometidos por las parejas de las mujeres asesinadas, indicaron las fuentes.

 

17/RED








NACIONAL
VIOLENCIA
   Familia en espera del Tribunal Superior de Justicia
   
Apelan fallo del juez por caso Lesvy
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/07/2017

La familia de Lesvy está en espera de que el Tribunal Superior de Justicia capitalino responda el recurso de apelación que interpusieron la semana pasada para reclasificar como feminicidio el delito por el que se acusa a la expareja de Lesvy y fije una fecha para la audiencia.
 
Esto aseguró en entrevista el abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que trabaja en el caso junto con la defensa legal de la familia de Lesvy, Rodolfo Domínguez Márquez. Y explicó que está en el proceso de “investigación formalizada”, en la cual ambas partes pueden presentar datos de prueba.

A raíz del recurso de apelación tendrán una audiencia la próxima semana en la que tres magistrados “resolverán en colegiado” el fallo del juez Cristian Franco Reyes, quien acusó el pasado 10 de junio a Jorge Luis González Hernández, pareja de Lesvy Berlín Rivera Osorio, por homicidio doloso por omisión, al no impedir el “supuesto suicidio” de la joven hallada asesinada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo.
 
“En la audiencia se mostrarán los datos de prueba donde los magistrados determinarán cuales serán admitidas durante la etapa oral, esta última es la parte que sigue”, explicó Rodolfo Domínguez.
 
El abogado aseguró que los diferentes peritajes realizados por la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), como la necropsia, evidenciaron “muchas lesiones que no son compatibles con una mecánica de suicidio, al contrario, nos hablan de que hubo lucha y forcejeo, defensa y que la causa de muerte fue más bien un estrangulamiento”.
 
Además, dijo, en las uñas de Lesvy se encontró piel de Jorge y eso, sumado a las agresiones previas del trabajador de la UNAM hacia Lesvy que se observan en los videos del día del suceso,  “abonan  a la hipótesis de feminicidio”. Aun cuando el juez vio esas pruebas en la audiencia pasada “no quiso hacer la reclasificación a feminicidio, no quiso mirar los datos de prueba que hay con esa perspectiva de género, esto en un problema crónico dentro del poder judicial de la Ciudad de México”, mencionó el abogado.
 
RESPUESTA DE LA CDHDF
 
Actualmente la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) revisa la carpeta de investigación para identificar “qué elementos se cualifican como alguna probable violación a los Derechos Humanos” y así poder dar a conocer su opinión, esto informó ayer la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo a medios de comunicación al término de una conferencia.
 
Gómez Gallardo también recordó que desde finales de mayo hizo pública su preocupación por la tardanza de la PGJDF para entregar a la familia de Lesvy la carpeta de investigación completa.
 
La CDHDF, dijo Perla Gómez, envío a la instancia de justicia tres recordatorios para que les entregaran a ellos y a la familia de Lesvy la primera parte de la carpeta de investigación que contiene los primeros peritajes realizados, pero el organismo de Derechos Humanos obtuvo la misma respuesta que la PGJDF dio a la familia por más de dos meses: “nos informaron que (la primera parte de la carpeta de investigación) la tenía la Procuraduría General  de la República para efectos de uno de los dictámenes”, mencionó.
 
Los recordatorios corresponden a la queja de oficio que la CDHDF interpuso a la PGJDF en la Cuarta Visitaduría donde solicitó que la instancia de justicia informara qué tipo de peritajes realizaron y que corroborara si se estaba aplicando o no el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio en la investigación.
 
Además de la queja ante la Cuarta Visitaduría, la CDHDF inició otra de oficio en la Primera Visitaduría por la filtración de información que la PGJDF hizo en su cuenta de Twitter, con la que, dijo, estigmatizó a la víctima, se violó la presunción de inocencia y la confidencialidad de la investigación.
 
Por dicha filtración en días pasados la familia de Lesvy y su defensa legal, encabezada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, exigieron la destitución de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, porque ahí comenzó la investigación.  También demandaron la renuncia del fiscal de Homicidios, Enrique Reyes Peña, por no investigar el asesinato de Lesvy como feminicidio y por negarles el acceso completo a la carpeta de investigación.
 
DEFICIENTES INVESTIGACIONES Y JUZGADORES
 
Rodolfo Domínguez expuso que si bien el OCNF no ha acompañado otros casos juzgados por Franco Reyes sí conocen varios en los que la Fiscalía de Homicidios, que coordina la unidad de feminicidio, reclasifica como homicidios delitos que en un  principio se investigaron como feminicidio. Con esto, aseguró, “siguen invisibilizando la violencia de género, la violencia feminicida”.
 
El abogado mencionó que el problema “está en la procuración de justicia, es decir, como la PGJDF investiga la muerte violenta de las mujeres y en cómo están resolviendo los jueces”.
 
Dijo que la PGJDF no investiga con perspectiva de género, no resguardan correctamente las pruebas ni el lugar de los hechos “todas esas acciones y omisiones tienen un impacto negativo porque impide el acceso a la justicia”. Y concluyó: “una mala investigación con un mal juzgador nos lleva a la impunidad”.
 
17/MMAE
 








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Lluvias intensas provocan desplazamientos
   
Más de 10 mil mujeres y niñas afectadas por desastre en Perú
Las mujeres y las niñas se enfrentan a algunos de los mayores desafíos, incluyendo la amenaza de la fiebre del dengue y el Zika que afectan especialmente a las mujeres embarazadas, las barreras en el acceso a la planificación familiar y el mayor riesgo de violencia por razón de género. © UNFPA Perú / Juan Pablo Casapia
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 13/09/2017

De febrero a abril de este año, una serie de intensas lluvias e inundaciones en la costa norte del Perú provocaron una gran cantidad de desplazamientos y daños. Con más de un millón de personas afectadas, se declaró un estado de emergencia.

 

Las mujeres y las niñas enfrentaron algunos de los retos más grandes, incluyendo la amenaza de la fiebre del dengue y el virus del Zika para las embarazadas, barreras de acceso a servicios de planificación familiar y un mayor riesgo de violencia por razón de género, que a menudo se incrementa en situaciones de emergencias humanitarias.

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha estado trabajando con el gobierno y diversos socios locales para garantizar que las mujeres y las niñas reciban los servicios que necesitan. Se estima que, para el mes de julio, se logró llegar a 10 mil mujeres y niñas con servicios de salud reproductiva que salvan vidas y esfuerzos para prevenir la violencia por razón de género.

 

BRIGADAS MÓVILES LLEVAN ATENCIÓN E INFORMACIÓN

 

Los departamentos de Piura, La Libertad y Lambayeque, se vieron severamente afectados con más de 210 mil damnificados. El UNFPA y la Dirección de Salud Regional desplegaron brigadas móviles integradas por médicos, ginecólogos, obstetras, psicólogos y trabajadores sociales.

 

El UNFPA también organizó más de 150 sesiones de concientización en alrededor de 20 campamentos y comunidades en las áreas más afectadas, llegando con ello a más de 10 mil mujeres.

 

En estas sesiones se abordaron aspectos tales como dónde encontrar servicios de atención a la salud materna, cómo evitar embarazos no planeados, cómo identificar los síntomas de complicaciones del embarazo y cómo evitar las infecciones por los virus del dengue, Zika y Chikungunya.

 

Marta*, una mujer de 34 años de edad y madre de dos hijos, se encuentra viviendo en un albergue en San Pablo. Ella afirma que el hecho de tener acceso a servicios de salud reproductiva le ha permitido gozar de una gran tranquilidad en un momento tan difícil.

 

“Sospechando que podría estar embarazada, fui a ver a un médico obstetra de la brigada móvil del centro de salud de San Pablo”, le comenta al UNFPA. “Y mi prueba de embarazo resultó negativa”.

 

El resultado fue un gran alivio, y decidió informarse acerca de los servicios de planificación familiar disponibles. “Recibí consejería en planificación familiar, información acerca de los riesgos de embarazarme en estas circunstancias, y pastillas anticonceptivas”.

 

Marta y su esposo platicaron acerca de lo que ella había aprendido, y juntos decidieron evitar un embarazo hasta el momento en que sus vidas tengan una mayor estabilidad.

 

Previniendo y respondiendo a la violencia por razón de género

el UNFPA también está apoyando esfuerzos para prevenirla.

 

En los campamentos de Piura, uno de los departamentos más afectados, el UNFPA distribuyó más de 7 mil 500 kits de protección entre las mujeres y las niñas. Estos kits contienen silbatos, lámparas de mano solares, candados y otros artículos.

 

El UNFPA también trabajó con los miembros de la comunidad para transmitir mensajes que promueven la seguridad y ayuden a las sobrevivientes de violencia a encontrar servicios de apoyo.

 

También se distribuyó información acerca de un número telefónico de ayuda sin costo para las sobrevivientes de violencia operado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

 

Adicionalmente, se urgió a los miembros de la comunidad a identificar a líderes confiables a los que pudieran contactar en caso de ser necesario. Y a las mujeres y las niñas se les exhortó a usar sus silbatos para alertar a las autoridades en caso de encontrarse en peligro.

 

“Cuando recibimos el silbato, nos dimos cuenta de que era una herramienta importante para comunicarnos”, afirma Carmela*, una residente de 33 años de edad del albergue de Nuevo Santa Rosa.

 

“Desde que comenzamos a usarlo, nos hemos sentido más protegidas, ya que sabemos que, en caso de surgir un problema, si hacemos sonar el silbato la comunidad vendrá a nuestra ayuda”.

 

REFORZAR LAS COMUNIDADES

 

El UNFPA también suministró equipo médico y quirúrgico, personal de atención a la salud y asistencia técnica para mejorar los servicios de salud pública en las áreas afectadas por la emergencia.

 

Diversos expertos afirman que la respuesta humanitaria les ha ayudado a los miembros de la comunidad a apoyarse mutuamente y también a sí mismos.

 

“Se crearon y fortalecieron los comités comunitarios para la protección en contra de la violencia hacia la mujer”, reportó la representante del UNFPA en el Perú, Elena Zúñiga.

 

Y también se ha logrado un mayor reconocimiento del valor de la atención a la salud sexual y reproductiva.

 

“Las actividades de concientización e información se tradujeron en un incremento en la demanda de servicios de salud sexual y reproductiva en las unidades médicas”, afirmó Zúñiga.

 

* Su nombre real ha sido cambiado para proteger su privacidad.

 

*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.

 

17/RED








MONEDERO
VIOLENCIA
   Monedero
Mapa de la violencia de género, según Inegi
Especial
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 13/09/2017

Recientemente la plana mayor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se reunió en conferencia de prensa para dar a conocer las terribles cifras sobre violencia de género en el país, resultado de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016: 79 de cada 100 mujeres de la Ciudad de México (la gran mayoría), sufren violencia; por los mismos niveles están Jalisco y el Estado de México. El índice nacional es de 66.1, bastante alto, más de la mitad.

VER GRÁFICA AQUÍ

Las que tienen los índices más bajos son: San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Campeche y Chiapas.

Las encuestas –especialmente como esta– son una herramienta fundamental en la toma de decisiones para una problemática tan importante como la violencia de género en diferentes ámbitos y estados del país. Por lo tanto uno esperaría que después de publicarse estas cifras hubiera una “plenaria” de tomadores (as) de decisiones para proponer, y en su caso, iniciar una serie de acciones de políticas públicas para resolver esta grave situación. Pero a la fecha no ha sido así, sólo el escandalo (temporal) de los resultados de la encuestas que abarca diferentes ámbitos, con resultados muy diferentes

  • Ámbito escolar

La prevalencia nacional de violencia escolar es de 25.3 por ciento  y las entidades con las prevalencias más altas son: Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Aguascalientes y Oaxaca. Y es en las instalaciones de las escuelas. ¿Dónde está la educación?

  • Violencia  laboral

De las mujeres que han trabajado, 27 de cada 100 ha experimentado algún acto violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo.

El tipo de violencia más frecuente en el trabajo es la discriminación, las agresiones sexuales y las de tipo emocional como las humillaciones, degradación e intimidación

La prevalencia nacional de violencia en el ámbito laboral es de 26.6 por ciento y las entidades con las prevalencias más altas son: Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Baja California y Quintana Roo.

  • Violencia en el ámbito comunitario

La prevalencia nacional de violencia comunitaria contra las mujeres es de 38.7 por ciento y las entidades con las prevalencias más altas son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro.

La violencia contra las mujeres en los espacios públicos o comunitarios es sobre todo de índole sexual, que va desde frases ofensivas de tipo sexual, acecho (la han seguido en la calle) y abuso sexual (manoseo, exhibicionismo obsceno).

La violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito comunitario en los últimos 12 meses, ocurrió́ principalmente en la calle y parques (65.3 por ciento) seguido del autobús y microbús (13.2 por ciento), metro (6.5 por ciento).

  • Violencia en el ámbito familiar

En los últimos 12 meses, 10.3por ciento fue víctima de algún acto violento (emocional, físico, sexual o económico-patrimonial) por parte de algún integrante de su familia, sin considerar al esposo o pareja.

El 8.1 por ciento de las mujeres experimentó violencia emocional en su familia en el último año.

Los agresores más señalados son los hermanos, el padre y la madre.

Los principales agresores sexuales son los tíos y los primos.

La violencia familiar ocurrida en los últimos 12 meses, se ha ejercido principalmente en la casa de las mujeres y en la casa de algún otro familiar.

Las agresiones ocurridas en su casa fueron: 59.6 por ciento emocionales, 16.9 por ciento agresiones físicas, 17.5 por ciento económica y patrimonial y 6.0 por ciento agresiones sexuales. Las agresiones ocurridas en la calle son principalmente de tipo sexual: 66.8 por ciento.

Pero es cierto que hay un problema serio de violencia familiar que se traslada fácilmente a  lo laboral.

Para empezar si se analizan los quehaceres domésticos y el cuidado de niñas y niños, éste recae esencialmente en mujeres  Desde ahí empieza el sometimiento y la subordinación. Es una cadena que parece no tener fin.

De cualquier forma llama a atención que sea la Ciudad de México la que tiene el índice más alto de violencia de género. Porque aquí es una Ciudad de diversidad política  y sexual, donde se pude decir que viven las mujeres con el perfil más “moderno”. Claro también hay mayor convivencia en las calles, en el transporte, en el empleo, es una palabra están más expuestas; es la única ciudad del mundo con transporte exclusivo para mujeres.

Hay una realidad muy clara: faltan políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres

* Economista especializada en temas de género

Twitter @ramonaponce

17/CRPM








NACIONAL
POLÍTICA
   Necesario modificar Ley General en Materia de Delitos Electorales
Violencia política de género impide igualdad en elecciones
Imagen retomada de Twitter
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/09/2017

Es necesario modificar la Ley General en Materia de Delitos Electorales para que la violencia política contra las mujeres se tipifique como un delito electoral, dijo la maestra en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Lorena Vázquez Correa.

 

En una investigación publicada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la especialista señaló que es necesario legislar la violencia política de género para que las mujeres se desarrollen en igualdad de condiciones con los varones en el ámbito político-electoral.

 

De acuerdo con el estudio, la ley en materia de delitos electorales no tipifica la violencia política de género, por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades perseguir y sancionar estas conductas, esto llevo a que los organismos crearan el Protocolo para Atender la Violencia Política contra la Mujer en 2016.

 

Al presentar el documento en el congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (Somee) que se realizó en agosto en la Ciudad de México, Vázquez Correa destacó que en el Senado se han presentado 6 iniciativas en la materia y el pasado 9 de marzo se aprobó una minuta que no ha sido ratificada por la Cámara de Diputados.

 

Para atender los casos de violencia contra candidatas o mujeres electas, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), ha catalogado como violencia política contra las mujeres aquellos delitos electorales en los cuales la víctima del hecho sea una mujer o cuando ellas sean afectadas de forma desproporcionada.

 

La FEPADE detectó entre 2013 y 2016, 416 expedientes (averiguaciones previas y carpetas de investigación) que podrían constituir violencia política de género. De éstos, más de la mitad (53.1 por ciento) ocurrió en 2016; y entre 2012 y 2016 se han detectado 156 casos de violencia, señala la investigación.

 

Entre los casos detectados por la autoridad destacan tres en contra de los derechos político-electorales de la comunidad lésbico gay; 45 casos de violencia contra mujeres electas que estaban en funciones; y 10 casos de hechos que afectaban los derechos políticos de indígenas. 

 

17/AGM/








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Exigen medidas urgentes para frenarla
   
Una de cada cinco sudafricanas vive violencia
Imagen retomada de psicólogoshuanuco
Por: Ilsa Rodríguez Santana
Cimacnoticias/PL | Pretoria, Sud.- 05/09/2017

Pese al avance democrático en Sudáfrica en las últimas dos décadas y los numerosos programas en favor de las mujeres, la violencia de género se mantiene con altas tasas y especialistas recomiendan hoy tomar medidas adicionales urgentes para frenarla.

Un reporte del Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación (CSVT, por sus siglas en inglés) con respaldo de Oxfam Sudáfrica, ofrece detalles de este fenómeno que padecen una cada cinco sudafricanas mayores de 18 años y una cada tres de edades similares que viven en entornos de mayor pobreza.

Esas estadísticas realizadas por el Muestreo Demográfico y de Salud de Sudáfrica en 2016 son respaldadas por el Consejo de Investigación Médica, que en 2009 reportó que tres mujeres mueren cada día en este país en las manos de sus esposos, amantes o novios.

Bajo el título “Violencia contra la mujer en Sudáfrica, un país en crisis”, el documento de 80 páginas aborda los distintos ángulos de este serio problema que provoca una tasa de feminicidio/femicidio cinco veces más alta que la del mundo. Sudáfrica se destaca por índices superiores de violencia sexual.

Este panorama ocurre en un país que cuenta con fuertes legislaciones y políticas alineadas con las Convenciones internacionales de protección a las mujeres y de promoción de sus derechos, y con numerosas organizaciones de la sociedad civil que ofrecen sus servicios esenciales.

“No obstante, pese a las miles de protecciones legales e intervenciones del Estado y de asociados no estatales, Sudáfrica continúa experimentando extremadamente altas tasas de violencia. Esto eleva las preocupaciones sobre la seguridad humana vinculada a las mujeres en particular y al país en su conjunto”.

Sobre el tema, el informe agrega que esta situación hace preguntarse por qué la violencia contra las mujeres persiste en Sudáfrica y qué es necesario hacer para frenarla.

Al investigar el asunto, los especialistas confirmaron que las sobrevivientes de la violencia la experimentaron varias veces a lo largo de su vida.

Señalaron que estos actos están vinculados con relaciones de poder y se alimentan de vulnerabilidades, incluyendo discapacidades, dependencia económica, inequidades sobre bases de identidad y circunstancias personales de mujeres y niños.

Es por esta razón, que los estudiosos consideran que las estrategias para enfrentar esa violencia deben estar vinculadas intrínsecamente con alcanzar la igualdad de género de manera más generalizada y con la educación sobre el tema desde edades tempranas.

Dijeron que esa educación de niños y niñas para promover relaciones respetuosas y la igualdad de género es muy importante porque es mucho más fácil cambiar actitudes y comportamientos en la niñez y la juventud que en la adultez.

Otro aspecto que abordan para enfrentar esta violencia es incrementar el empoderamiento de las mujeres a través del fortalecimiento de sus actitudes empresariales y los derechos laborales, promover el acceso universal a la educación y ofrecerles financiamiento y control de esos recursos.

En esta batalla contra la violencia infligida a las mujeres por sus compañeros íntimos sugieren incorporar una amplia participación de la comunidad, que deberá usar recursos ya existentes como se hizo en Liberia, en particular en áreas rurales donde las mujeres carecen de recursos adecuados.

Al analizar el fenómeno, las personas expertas constataron que la violencia y negligencia de los padres tienen gran influencia en la formación de masculinidades violentas, por lo que es necesario aplicar estrategias de prevención para impulsar una crianza saludable, con lo cual se requiere apoyo comunitario, de las escuelas y de la prensa.

17/IRS/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Enlistan pendientes para atender Alerta
ONG chiapanecas denuncian dilación y omisiones en AVG
Imagen retomada de la campaña Niunamas de Chiapas
Por: Isaín Mandujano
Cimacnoticias/DiarioContrapoderenChiapas | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 05/09/2017

La red de organizaciones sociales y civiles que integran la “Campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio” denunció que a nueve meses de la declaración de la Alerta de Violencia de Género (AVG), sigue “lento el proceso” para blindar a las mujeres contra el feminicidio y otras acciones violentas que sufren a diario en la entidad.

La red denunció hoy que tras varias reuniones con las autoridades estatales, sigue pendiente formalizar la instalación para el seguimiento y coordinación con los 23 enlaces municipales, y que tampoco se define cómo se va a incluir el trabajo de los municipios indígenas.

Previo a la instalación de una mesa de trabajo este miércoles 6 en Tuxtla Gutiérrez, las ONG solicitaron al gobierno estatal se tomen las medidas necesarias para garantizar la asistencia de los alcaldes municipales y sus enlaces para avanzar en la puesta en marcha de la AVG a nivel de las localidades y respecto al tema de salud de las mujeres, aún continúa pendiente por agendar la fecha de la reunión para la instalación formal, ya que la pactada el mes pasado fue cancelada de última hora.

Sobre este último tema dijeron que además de tratar lo relacionado con la capacitación de la Norma Oficial Mexicana 046 Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Actuación; también verán los casos de violencia obstétrica, la aplicación de los protocolos de actuación ante violaciones sexuales, violencia directa y el procedimiento para operar las órdenes de protección.

En la mesa de materia de justicia siguen a la espera de la propuesta metodológica y de los contenidos para la integración de las tres unidades y/o mesas a fin de atender las medidas ordenadas para solucionar las demandas de justicia de las mujeres en Chiapas.

Hicieron un llamado a las autoridades competentes del gobierno de Chiapas para que, en tanto se avanza en las medidas de la Alerta, no incurran en omisiones y atiendan con debida diligencia los casos de violencia de género y feminicidio que se presentan en la entidad, ya que tan sólo en este mes de agosto, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC,  cerró su monitoreo con 27 casos de violencia, que van desde amenazas, agresiones, lesiones, homicidios dolosos, muertes sospechosas y feminicidio en varias regiones del estado.

Consideraron que es de suma importancia que las mujeres y la población en general, se mantengan informadas sobre las acciones que se realizan para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como exigir su cumplimiento.

“Esto implica también denunciar el uso de la Alerta de Género con fines electorales, pues su objetivo no es servir para posicionar políticamente a secretarios, gobernantes, diputados, senadores o presidentes municipales a quienes no les interesa la vida de las mujeres”, dijeron activistas como Martha Figueroa Mier, integrante y vocera de la Campaña Popular.

La Campaña Popular la conforman mujeres y hombres de las regiones Norte, Altos, Sierra, Frontera, así como organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), la Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Frayba, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC.

17/IM/LGL








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