NACIONAL
   CRÓNICA FOTOGRÁFICA
   Un estado en AVG
La niña de Neza
CIMACFoto: César Martínez López
Por: César Martínez López
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/03/2017
Nezahualcóyotl es uno de los 11 municipios del Estado de México en donde hay Alerta de Violencia de Género desde el 31 de julio de 2015.


En un lote baldío de la colonia Las Virgencitas, en Neza, el sábado 18 de marzo, vecinas del lugar encontraron el cuerpo sin vida de una niña de aproximadamente 5 años de edad.


El martes 21 de marzo, organizaciones y colectivos de mujeres del Estado de México levantaron un altar en el lugar donde fue dejado el cuerpo de la niña. Desde las 11 de la mañana, activistas y un grupo de vecinas, cruzaron la avenida Bordo de Xochiaca para hacer un altar y exigir seguridad y un trabajo eficaz a la policía.


Mujeres de la colonia se sumaron espontáneamente para hacer el altar. Algunas que iban a “hacer su mandado”, solo fueron a dejar su compra, “solo llevo mi carne porque si no se me echa a perder”, y regresaron para ayudar.


Mientras las mujeres hacían el altar, un grupo de policías estatales las “acompañaban”, “por “su seguridad”. Mientras, agentes ministeriales inspeccionaban el lugar para continuar con las investigaciones.


Las activistas escribían consignas en cartulinas y construían la cruz que acompañaría el altar, mientras las vecinas del lugar recordaban a los policías su obligación de garantizar seguridad y medidas como alumbrado en sus calles.


Las vecinas, e integrantes de la Agrupación Política Nacional Nosotras, el Colectivo de Madres del Edomex y Centro Cultural y Organización Social de Nezahualcoyotl, agarradas de la mano, realizaron un acto de unión por la niña asesinada.


Activistas y vecinas fueron al Servicio Médico Forense para que las autoridades no den “carpetazo” al caso. El fiscal Mauricio Blancas les dijo que ellos solo levantaron el cuerpo, que el caso corresponde a la Fiscalía de Feminicidios, aunque sabe que no existe Alerta Amber o denuncia por desaparición que corresponda a la descripción de la niña.


El lunes 27 de marzo, los colectivos de mujeres y las vecinas se manifestarán frente a la Fiscalía de Feminicidios, para que se identifique a la niña y se haga justicia.


17/CML/GGQ







NACIONAL
VIOLENCIA
   Kathia Bolio reconoce que son “grupo vulnerable”
Desconocen diputadas información sobre orfandad por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/03/2017 La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión sobre la No Discriminación de la Cámara de Diputados, Kathia Bolio Pinelo, dijo desconocer información sobre niñas, niños y adolescentes huérfanos a causa del feminicidio, ni conoce propuestas legislativas para atender a esta población.
 
Consultada por Cimacnoticias, la diputada panista señaló que desconoce el tema y que, en todo caso, quien debería tener información no es ella sino las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, presidida por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Valencia Guzmán.
 
La también secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables dijo que desconoce cuál es la situación de la orfandad en México, ya que ni familiares ni asociaciones civiles se han acercado para hablar al respecto e incluso afirmó que era la primera vez que le mencionaban el tema. 
 
Lo único que la diputada Bolio Pineda pudo asegurar es que las niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad a causa de la violencia de género son un grupo vulnerable.
 
Señaló lo anterior, a pesar de que las legisladoras tienen la facultad de proponer reformas a las leyes o la creación de normas para atender problemáticas particulares y de que las Comisiones son órganos parlamentarios de revisar las iniciativas y dictaminarlas para, en su caso, enviarlas al pleno y sean aprobadas.
 
Una investigación publicada el 8 de marzo por Cimacnoticias destaca la falta de cifras y de información sobre las hijas e hijos de mujeres asesinadas quienes quedan en la indefensión por falta de políticas públicas; de acuerdo con estos datos, sólo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) registró 65 casos de orfandad por feminicidio en tres años.
 
Por su parte la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidenta de la Comisión Especial para la Atención a la Niñez y Adolescencia con Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo, Patricia Elena Aceves Pastrana, también dijo desconocer la situación de la orfandad en México a causa del feminicidio.
 
A la pregunta de esta agencia, la ex rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, señaló que la orfandad es un tema sensible para ella, porque perdió a su madre desde muy pequeña, pero destacó que las personas en esta situación se acostumbran a vivir “porque no queda de otra”.
 
La también química y secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, señaló que no cuenta con datos sobre la situación educativa, social ni psicológica de esta población que constituye un grupo vulnerable y destacó que debería haber políticas públicas al respecto. 
 
17/AGM/GG







INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Feminicidio.net en España
Ley contra Violencia de Género se topa con “Justicia” Patriarcal
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 03/03/2017 La Plataforma Feminicio.net lleva años realizando una extraordinaria labor en el seguimiento y análisis de los datos de violencia machista y recientemente ha presentado un avance de datos de un capítulo de la investigación Feminicidios y otros asesinatos de mujeres, Informe España 2015.
 
Se trata de los datos del Capítulo 14, titulado “Análisis de datos estadísticos sobre violencia de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”: desde que las víctimas de violencia machista denuncian hasta que se dicta sentencia de los casos a lo largo de un año”.
 
El análisis responde a las preguntas: ¿”Hay salida” para todas las mujeres que denuncian? ¿”Hay salida” para todas las que solicitan una orden de protección? ¿Son las mujeres extranjeras-migrantes iguales que las españolas ante la ley?
 
Los datos arrojan luz sobre estas y otras preguntas. Apuntan a que la Ley Integral contra la Violencia de Género se topa con un muro, el de la Justicia Patriarcal. ¿Quién defiende a las mujeres de la Justicia Patriarcal cuando esta deja impunes a maltratadores?
 
En 2015 constan 15 casos de feminicidio en los que, producto de un continuo de maltrato, se interpuso una denuncia por parte de la víctima contra su victimario. Dos fueron casos de feminicidio familiar: mujeres asesinadas a manos, en estos casos, de sus hijos. Trece casos de feminicidio íntimo, en el marco de la pareja o ex pareja.
 
En cinco ocasiones, víctima y victimario aún convivían. El 40 por ciento de las denuncias interpuestas por las víctimas fueron archivadas. Destacan tres casos en Pontevedra, ninguno tenía medidas de alejamiento. En cuatro de estos casos hubo denuncia cruzada, es decir, el victimario denunció a la víctima y consiguió que no se otorgaran medidas de alejamiento o se condenara el maltrato habitual que sufría la mujer.
 
Según datos oficiales, entre 2006 y 2016, sólo el 25 por ciento de las víctimas mortales reconocidas había denunciado previamente a su agresor. En el 2016 la cifra es del 36.4 por ciento, por lo que aumenta el porcentaje de casos en los que la prevención falla.
 
Las mujeres extranjeras están sobrerrepresentadas. Mientras que alcanzan hasta un 13 por ciento de la población (incluyendo extranjeras nacionalizadas), en 2016 el porcentaje de mujeres víctimas mortales en el marco de la Ley Integral es del 43.2 por ciento. Esta cifra remonta tras años de tendencia a la baja y casi iguala el registro más alto en 2008 con el 43.4 por ciento de las víctimas de origen extranjero.
 
DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO
 
En 2008 se experimentó un pico histórico de denuncias con 60.97 denuncias presentadas por cada 10 mil mujeres. Desde entonces, la tendencia a la baja ha continuado hasta 2014 (53.28 denuncias) y en 2015 alcanza de nuevo ratios superiores con 54.43 denuncias por cada 10 mil mujeres pero sin llegar a la confianza en el sistema de 2008.
 
¿QUIÉN DENUNCIA?
 
- Intervención policial: Experimenta un ascenso en 2012 que se mantiene y alcanza el 15.58 por ciento de los procesos iniciados por esta vía.
 
- Víctima: Aunque rompió en 2012 la tendencia a la baja, continúa bajando desde entonces y se sitúa en el 68.96 por ciento, con respecto al 73.02 por ciento que representaba en 2010.
 
- Familiares: En 2015 se experimenta un repunte de esta vía de denuncia: del 1.63 por ciento en 2014 alcanza un 2.26 por ciento al año siguiente.
 
- Servicios asistenciales y terceros: En 2015 se iguala el pico que se produjo en 2013 con el 1.92 por ciento de las denuncias.
 
- Parte de lesiones: Por primera vez desde 2010, se rompe la tendencia al alza y el porcentaje de denuncias por esta vía se estabiliza en el 11.28 por ciento del total en el 2015.
 
PORCENTAJES DE DENUNCIA
 
- Los índices más altos de denuncias en 2015 se dan en Baleares (83.96 denuncias por cada 10 mil mujeres), seguida de Granada (74.9), Málaga (74.58) y Santa Cruz de Tenerife (74.16). Por Comunidades Autónomas, destacan Baleares (83.96), Canarias (73.39) y Comunidad Valenciana (69.03).
 
- Por otro lado, las tasas más bajas están en Salamanca (16.32 denuncias por 10 mil mujeres), Teruel (20.93), Palencia (24.34) y Soria (26.26). Entre las Comunidades Autónomas, los registros más bajos corresponden a Galicia (36.81), Navarra (36.92) y Castilla y León (37.08).
 
RENUNCIAS AL PROCESO
 
- El porcentaje de renuncias al proceso presentadas por la víctima se mantiene estable en torno al 12 por ciento entre 2010 y 2015. En 2015, este porcentaje es del 11.86 por ciento.
 
- Las Comunidades Autónomas (CCAA) donde menos renuncias se producen son Extremadura (4.60 por ciento de las denuncias), Galicia (5.49 por ciento) y Cantabria (6.78 por ciento).
 
En 2015, los territorios que más renuncias presentan al proceso son Melilla (27.49 por ciento), Euskadi (18.55 por ciento), Navarra (16,12%), Asturias (15.90 por ciento) y Madrid (14.91 por ciento).
 
SOBRERREPRESENTACIÓN DE EXTRANJERAS
 
- La sobrerrepresentación media de las renunciantes extranjeras, en relación con la población de mujeres, es del 27.77 por ciento.
 
- En 2015 el índice de sobrerrepresentación más elevado de mujeres extranjeras que renuncian al proceso se produjo en las ciudades autónomas de Ceuta (78.03 por ciento) y Melilla (54.81 por ciento), y en las CCAA de Navarra (46.91 por ciento), Euskadi (39.42 por ciento), Aragón (39.21 por ciento), Cantabria (37.98 por ciento), La Rioja (35.64 por ciento) y Madrid (33.55 por ciento).
 
DENUNCIAS ARCHIVADAS
 
- En 2015, el 40 por ciento de las denuncias fueron archivadas.
 
- El 86.19 por ciento de los archivos se realizaron “por no resultar justificada la perpetración del delito”.
 
- Extremadura es la Comunidad donde menos causas se archivaron en 2015 (el 27.13 por ciento).
 
- Por otro lado, en Melilla, Islas Baleares, Castilla y León y Galicia se supera el 50 por ciento. Más de la mitad de las causas son archivadas.
 
- Por provincias, Palencia y Salamanca archivan más del 90 por ciento de las denuncias (el 92.65 por ciento y el 91.9 por ciento, respectivamente).
 
ÓRDENES DE PROTECCIÓN
 
- En 2015 se iniciaron 36 mil 292 órdenes de protección. De media estatal, en el 28.09 por ciento de las denuncias se solicitaron estas medidas, con variaciones entre el mínimo de solicitudes en Baleares (14.30 por ciento) y el máximo en La Rioja (41.88 por ciento).
 
- El 70.98 por ciento fueron solicitadas por mujeres españolas.
 
ACORDADAS
 
- De media, solo se acordaron el 57.38 por ciento en 2015.
 
- Las Comunidades Autónomas que más medidas acordaron en 2015 fueron Aragón (76.23 por ciento), Extremadura (74.72 por ciento) y Baleares (73.57 por ciento). Por otro lado, Catalunya (37.05 por ciento) o Madrid (44.12 por ciento) tienen porcentajes inferiores al 50 por ciento: se acuerdan menos de la mitad de las medidas solicitadas.
 
- Por provincias, destacan las diferencias territoriales en las propias Comunidades. Así, Huelva acuerda el 78,83% de las órdenes de protección, mientras que Sevilla sólo alcanza el 36,57%. Las diferencias se repiten en Castilla y León y Catalunya, especialmente.
 
DENEGADAS
 
- En 2015, se denegaron el 37.88 por ciento de las solicitudes de órdenes de protección.
 
- Catalunya deniega el mayor porcentaje de solicitudes con un 62.95 por ciento, si se tienen en cuenta las inadmitidas. Le siguen Madrid y Euskadi con 55.88 por ciento y 51.04 por ciento, respectivamente. Por provincias, Barcelona, Girona y Sevilla encabezan la lista.
 
- Por otro lado, las estadísticas de 2015 dicen que resultó más sencillo conseguir la orden de protección en Salamanca (sólo se denegaron el 3.13 por ciento), Granada (7.12 por ciento) o Soria (7.81 por ciento).
 
INADMITIDAS
 
- De media desde 2010, el 4.73 por ciento de las OP se han inadmitido.
 
- Aunque en algunos territorios es del 0 por ciento (se tramitan todas las solicitudes de medidas, aunque luego se denieguen), en otros los porcentajes llegan al 15 por ciento.
 
- En 2015, Murcia alcanza el 15.09 por ciento y le siguen La Rioja y Canarias con 11.24 por ciento y 11.02 por ciento, respectivamente. Por otro lado, Baleares y Castilla y León presentan los índices más bajos de inadmisión (0.15 por ciento y 0.51 por ciento, respectivamente).
 
- Por provincias, son especialmente elevados en Guadalajara, donde no llegan ni a tramitarse una de cada cuatro peticiones de orden de protección (el 25.94 por ciento), seguida por Melilla (con un 16.67 por ciento) y Murcia (15.09 por ciento).
 
SENTENCIAS
 
- En 2015 se resolvieron el 18.7 por ciento de las denuncias planteadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM).
 
- El 99.29 por ciento de los enjuicidados en estas instancias eran hombres. De ellos, el 77.15 por ciento era español.
 
- Solo el 2.55 por ciento de los partidos judiciales concentran el 70.59 por ciento de las mujeres procesadas y el 84.88 por ciento de las condenadas.
 
JUZGADOS DE VIOLENCIA  
 
- Los hombres son condenados en el 76.61 por ciento de las ocasiones en los JVM.
 
- Melilla y Madrid son los territorios que menos condenan, con un 56.6 por ciento y un 60.5 por ciento, respectivamente.
 
- Por provincias, destacan Sevilla, con el 52.67 por ciento de las condenas, Ávila con el 53.85 y Valladolid, con solo el 43.94 por ciento de las condenas.
 
JUZGADOS DE LO PENAL
 
- De media, el 52.26 por ciento de los hombres encausados en los Juzgados de lo Penal son condenados por violencia de género.
 
- Ceuta, Palencia y Araba tienen porcentajes que rondan el 90 por ciento de los encausados condenados.
 
- Por otro lado, solo uno de cada cuatro acusados son condenados en Tarragona.
 
QUEBRANTAMIENTOS DEL ALEJAMIENTO
 
- En 2015 se registraron 8 mil 733 delitos de quebrantamiento y, a nivel estatal, suponen el 6.76 por ciento de las denuncias formuladas en todo el año.
 
- Por Comunidades Autónomas, Navarra y Murcia presentan un mayor porcentaje de quebrantamientos (24.01 por ciento y 17.9 por ciento, respectivamente) con respecto a las denuncias presentadas. Por el contrario, en Madrid (0.19 por ciento) y Ceuta (1.99 por ciento) se presentan las tasas más bajas.
 
- Por provincias, se enjuician más quebrantamientos en Navarra y Badajoz (con el 23.05 por ciento) y menos en Segovia y Madrid (con 0 por ciento y 0.19 por ciento).
 
- Con respecto a la población de mujeres, cada 10 mil de las que habitan el Estado se producen 3.68 quebrantamientos. Estos datos se agravan en Murcia, Badajoz o Melilla y tienen tasa cero tanto en Segovia como en Teruel.
 
17/RED/GG







NACIONAL
VIOLENCIA
   Sin contar laboral, escolar, institucional…
En un año, violencia contra mujeres costó 1.4 por ciento del PIB
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/02/2017 En 2015, la violencia contra las mujeres costó a México 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que en términos absolutos representa 245 mil 118 millones 266 mil 538 pesos, según un estudio realizado por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
El estudio, titulado “El Costo de la Violencia contra las Mujeres en México”, explica por qué la violencia genera costos económicos: cada vez que una mujer es golpeada debe gastar dinero para ir al médico, ir a denunciar o ir a terapia psicológica; deja de recibir sueldo por faltar al trabajo y gasta más en trasporte; mientras que el Estado invierte en programas de prevención, apoyos sociales, procesos jurídicos y en mantener a los culpables en prisión.  
 
El estudio señala que la cifra obtenida corresponde a los gastos que realizaron las mujeres que vivieron violencia por parte de su pareja en los 12 meses de 2015, a los ingresos que dejaron de percibir por causa de un feminicidio (casos registrados en 2013), así como el valor de los trabajos no remunerados que dejaron de realizar.
 
La cifra también contempla el gasto de los servicios carcelarios de los hombres que se encontraban en reclusión por ejercer violencia familiar en 2015 y los programas públicos dirigidos a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres incluidos en el Anexo 13 Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015.
 
En esta suma de 2015 no se incluyen otras violencias contra las mujeres como la laboral, escolar, comunitaria e institucional, lo que elevaría sustancialmente el costo, señala el estudio del  PUEG –ahora el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG)-  a petición de la Conavim, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
 
El costo económico de la violencia contra las mujeres se elevaría aún más si todos los casos fueran denunciados, pero esto no se refleja ya que en el país existe un bajo nivel de denuncias y solo 13 por ciento de las mujeres violentadas lo hace.
 
PROBLEMA ECONÓMICO
 
Para calcular cuánto cuesta la violencia de género al Estado mexicano, el PUEG realizó una metodología que pudiera integrar todos los aspectos de la vida cotidiana que se modifican y causan gastos personales e institucionales ante esta situación, como los gastos en salud, justicia criminal y civil, bienestar social y servicios especiales gubernamentales.
 
A pesar de la falta de información, el estudio logró obtener un dato para aproximarse al costo de la violencia contra las mujeres y mostrar que es un problema que afecta la economía del país y el bolsillo de las mujeres. 
 
VIOLENCIA Y PRESUPUESTO FEDERAL
 
En relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el costo de la violencia contra las mujeres, de acuerdo con el PUEG,  representa el 5 por ciento del gasto total.
 
Al igual que en el caso del PIB, cuando se observan los costos de la violencia en relación con al PEF, la cifra es baja, si se considera la baja denuncia, lo que significa que no utilizan los bienes y servicios que las instituciones de Gobierno deben ofrecer para garantizar justicia y reparación del daño, por lo que el Estado ahorra lo que 87 por ciento de las mujeres no demandan en estos bienes y servicios.
 
 
17/AGM/GG
 







INTERNACIONAL
   España
Feministas de Zaragoza apoyan huelga de hambre de mujeres de Velaluz
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Aragón, Esp .- 17/02/2017 La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza manifiesta su “más combativo apoyo” a la huelga de hambre iniciada por 8 mujeres de la Asociación Velaluz en la Puerta del Sol de Madrid, con objeto de reclamar que la actuación contra la violencia machista sea cuestión de Estado. “Resulta, efectivamente, insoportable la inacabable sucesión de muertes, anunciadas de una u otra manera, de mujeres por parte de quienes no tienen ningún derecho a arrebatarles la vida”, subrayan en un comunicado.
 
La pérdida de mujeres cada semana desde hace años, por la violencia machista, aún no ha merecido un titular de prensa, y la opinión pública no la considera una cuestión grave. En 2008 se crea un Ministerio de Igualdad que genera la ilusión de que la temática de la mujer sube de rango: sus objetivos son eliminar toda clase de discriminación y erradicar la violencia de género. “30 meses después desaparecía, ante los primeros síntomas de la crisis: si se ha de recortar, de donde primero se recorta es de las necesidades de las mujeres que no tenemos capacidad de presión como colectivo. Entretanto, nuestras vidas penden entre estos contradictorios mensajes que finalmente subrayan su poca significación social”, denuncian desde la Coordinadora.
 
“Las compañeras de la Asociación Velaluz, de A Coruña, son supervivientes de violencia machista y reclaman una mayor atención por parte de las autoridades”, y lo hacen mediante un manifiesto que contiene 25 medidas como que se contemple la figura del feminicidio, que se reconozca a las víctimas de violencia machista como víctimas de terrorismo o que se suspenda el régimen de visitas a padres condenados por violencia machista.
 
“Estamos de acuerdo con las mujeres de Velaluz que han traído hasta Madrid los zapatos rojos como símbolo de la violencia contra nosotras. De acuerdo en que ha llegado la hora de actuar como si de verdad quisiéramos librar a la sociedad de un inasumible resabio de barbarie”, concluyen desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza.
 
*Este artículo fue retomado del portal http://arainfo.org
 
17/RED/GG 







INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   De lectura fácil y lenguaje de signos
En España presentaron “Pormí”, app contra la violencia de género
Imagen retomada del portal Tribuna Feminista.
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 17/02/2017 El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés; la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), Ana Peláez, y el director general de la Fundación Vodafone España, Santiago Moreno han presentado este lunes “Pormí”, aplicación móvil contra la violencia de género accesible, ya que cuenta con información en lectura fácil y lengua de signos.
 
Esta herramienta digital ha sido impulsada por la FCM y la Fundación Vodafone España. Ambas entidades han contado con la colaboración de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Cuerpo Nacional de Policía, Cruz Roja y diferentes entidades miembros del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). Además, la aplicación ha sido desarrollada por ILUNION Tecnología.
 
Esta aplicación gratuita está disponible en Android e iOS y tiene como objetivo facilitar el conocimiento y detección de la violencia de género, así como  información sobre los derechos de las mujeres; recursos telefónicos y servicios específicos para estas situaciones; canales de denuncia; asistencia pedagógica; asesoramiento legal, y más información que pueda ser de utilidad para identificar situaciones de violencia que pueda sufrir la usuaria de la aplicación.
 
En el acto de presentación, el director general de la Fundación Vodafone España ha comenzado su intervención indicando que “es complicado hablar de la aplicación que presentamos hoy, porque uno sólo querría hablar de violencia machista para decir que ya hemos erradicado esta lacra”. Eso sí, ha subrayado que “es una satisfacción para nosotros que la Fundación CERMI Mujeres nos haya invitado a ser partícipes de esta iniciativa”.
 
Además, Santiago Moreno ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación para que contribuyan a dar a conocer esta aplicación, porque si las mujeres con discapacidad no saben de su existencia no la utilizarán. En todo caso, ha reconocido que la tecnología “no resuelve el problema por sí misma, sino que tenemos que hacerlo entre todas las personas”.
 
INFORMAR, CONCIENCIAR Y DENUNCIAR
 
La coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, ha sido la encargada de hacer una presentación de la propia aplicación, mientras la vicepresidenta ejecutiva de la entidad ha pedido un minuto de silencio al inicio de su intervención en memoria de las víctimas de violencia machista de 2017, recordando el caso concreto de una mujer con discapacidad que fue asesinada recientemente en la localidad toledana de Mora a manos de su pareja.
 
“La aplicación ‘Pormí’ es una herramienta accesible para víctimas con discapacidad que puedan verse en una situación de violencia como se vio esta mujer de Mora. Es una aplicación para que nosotras podamos acceder a los recursos que existen para víctimas de violencia machista y a los que apenas llegamos”, ha apuntado Ana Peláez.
 
Además, ha hecho hincapié en que la aplicación sirve para concienciar, informar y denunciar y que es una aplicación “viva que se debe ir construyendo”.
 
En esta línea, ha mostrado su agradecimiento a todas las personas e instituciones que han contribuido a que “Pormí” sea una realidad y ha mostrado también su gratitud a la que hasta el pasado viernes era delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, “quien ha conseguido que las mujeres con discapacidad hayamos pasado de no importar en las políticas contra la violencia machista a ser consideradas en ellas”. Así, ha deseado éxito a la nueva delegada, María José Ordóñez.
 
Por último, Mario Garcés ha destacado que “la violencia de género es una de las patologías más graves y sangrantes que tenemos como sociedad” y ha recordado que algo más del 23 por ciento de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia machista, cifra superior a la del resto de las mujeres.
 
“Tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios desde las administraciones y la sociedad civil. Debemos ser un ejército de personas que buscamos la paz. Contra la violencia machista no hay diferentes partidos políticos, porque todos tenemos el objetivo común de erradicar este problema”, ha concluido el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED//GG
 







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   ONG presentan amparo
Gobierno de Macri recorta presupuesto contra la violencia de género
Imagen retomada del portal feim.org.ar
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 16/02/2017 Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres presentaron ayer un amparo para que se declare inconstitucional el recorte ordenado por el presidente Mauricio Macri para quitar 67 millones de pesos (casi 90 millones de pesos mexicanos) al presupuesto asignado en noviembre pasado por el Congreso al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA).

Es ilegal que el Ejecutivo use “superpoderes” para recortar el presupuesto aprobado para las políticas que previenen y combaten la violencia contra las mujeres, señalaron en un comunicado conjunto la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (Caref), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21.

El recorte se da cuando hay “una situación alarmante” en relación a los femicidios, dijo a la prensa la secretaria de Género de la CTA, Estela Díaz. En las últimas semanas, la cifra de una mujer asesinada cada 30 horas se ha convertido en una asesinada cada 18 horas. Y ante ello el gobierno debería llamar a todos los organismos oficiales, académicos, etc., para analizar cómo enfrentar esta “situación terrible de violencia contra las mujeres”, dijo. 

La medida de Macri, dice el comunicado, “es violatoria de los derechos de las mujeres y las niñas y representa una fuerte limitación a las políticas de prevención que benefician a la sociedad en su conjunto”.

Las organizaciones demandantes consideran que el recorte que quieren revertir fue una “sustracción ilegal” y debe servir  también “para que se establezcan los mecanismos de monitoreo para la ejecución del presupuesto que impedirán que esta situación se repita”, explicaron.

EL RECORTE

Las organizaciones demandantes notaron que en el presupuesto enviado por el Ejecutivo para este año no se podía identificar una partida para el PNA, que, según lo que se había anunciado en noviembre, requería 47 millones de pesos sólo para su primer año de ejecución, sin contar los  fondos necesarios para el plan de construcción y equipamiento de los Hogares de Protección Integral.

Además, el presupuesto incluía una reducción de 8 por ciento en el presupuesto al CNM, si se tomaba en cuenta la inflación prevista por el propio Macri.
Ante esto, para señalar su extrañamiento y preocupación, se presentaron ante el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados. Y ayer exigieron en su demanda que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional que recupere los 47 millones de pesos correspondientes al PNA, y que restituya los 20 millones de pesos recortados al CNM,  “partidas sustraídas de forma ilegítima”.

Para las ONG “resulta inaceptable que en el contexto actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia contra las mujeres y se clama por políticas estructurales que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios a políticas contra la violencia de género”.

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QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
Si no es violencia, “es conciliable”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 14/02/2017 Los delitos contra las mujeres, cometidos por sus parejas, ex parejas o familiares constituye violencia de género, violencia familiar, y no admiten mediación ni conciliación. Por eso con justeza las mujeres denuncian cuando una autoridad toma la decisión de clasificar bajo otra figura jurídica esos delitos e intenta resolverlos mediando y conciliando. 
 
Me pregunto qué ley toman las autoridades como criterio para desligar del ámbito de la violencia familiar un hecho de violencia entre dos personas entre las que hubo relación afectiva y luego separación, tras lo cual el hombre decide seguir ejerciendo el control y la violencia contra la mujer, convirtiéndola en sujeto de amenazas o lesiones. No importa que esa pareja se haya formado bajo la figura de convivencia, amigos con derecho o novios formales, no importa, es violencia familiar.
 
Esa canalización de la violencia familiar hacia la mediación y la conciliación se da incluso dentro de los propios Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), al que al parecer la Conavim ignora o avala. Hecho grave, ya que  da como resultado que esos espacios –que se suponen de apoyo y seguridad para las mujeres- actúan pasando por alto las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belém do Pará (Mesecvi).
 
El Mesecvi ha insistido, como señalamos en la columna anterior, que no es posible someter a la conciliación y a la medicación a una mujer que ha vivido violencia a manos de su pareja, y reconoce que las relaciones de noviazgo o bajo cualquier otra forma como sea nombrado, implican que existe la violencia familiar.
 
La razón radica es que, en la sociedad actual, la mayoría de las relaciones se construyen bajo un modelo patriarcal de convivencia en la cual las mujeres se encuentran en condiciones de subyugación y sumisión frente a su compañero.
 
No solo se trata del control económico que él haya ejercido, sino de otras formas más sutiles de violencia que también se van presentado y ligadas al control del estado emocional de la mujer, en algunos casos hasta llevarla al límite con problemas nerviosos. En otros casos el control se realiza de manera más sutil.
 
Los agresores apuestan a que las mujeres estén solas, que no tengan redes de apoyo, por eso las “aíslan” en el tiempo previo, las llevan a romper vínculos con las amigas, las hermanas, la familia. Las convencen de que no tienen a nadie más que a ellos, que solo ellos las ven con valor y solo ellos pueden "cuidarlas". Para atemorizar y manipular apelan a tus necesidades afectivas/económicas, pero también a tus fortalezas o áreas de confianza más elevadas.
 
Seguramente nos suena conocido, porque la mayoría hemos visto  en las relaciones esas formas de control y sometimiento, que no necesariamente operan en las relaciones hombre-mujer, sino en todas aquellas que están regidas desde un sistema de relaciones dominante y patriarcal.
 
Funciona en todos los niveles y grupos, incluso en las relaciones entre dos hombres o dos mujeres. Y si los afectos o formas de expresión en las que se manifiestan los cariños se desarrollan bajo un modelo de “amor romántico”, el resultado es el mismo: el control y el sometimiento.
 
Por eso, cuando un Ministerio Público o agente recibe en el Centro de Justicia para las Mujeres a quien acude con la esperanza de encontrar apoyo y protección -ante una situación que la mayoría de las veces le hace temer por su seguridad- le entrega solo un escrito sencillo, si bien le va, en el que se manifiestan los hechos.
 
El escrito no constituye una denuncia, pues antes  se le informa que se debe “conciliar” o que deberá tener un “careo” con su agresor, a fin de que lleguen a “un arreglo”. En el documento por supuesto no se anota que se trata de violencia familiar, mucho menos que es violencia de pareja o algo que se le parezca. No, solo se consignan “amenazas”, o como en un caso plasmado en el papel: “problemas con su ex pareja”.
 
Aunque parezca inverosímil, la Conavim tendría que empezar a investigar y documentar estos casos, y rendir informes sobre el uso de los mecanismos de conciliación y mediación a los que están enviando los casos, incluso no formalmente sino dentro de los propios CJM en donde psicólogas tratan de “obligar” a las mujeres a “carearse con su agresor”.
 
También hay responsabilidad de la Conavim, porque es la que ha invertido millonarios presupuestos en los Centros de Justicia, por lo que debe supervisar cómo es que esto está ocurriendo. Y si no detienen este proceder, significa que no están haciendo realmente nada contra la violencia de género.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GGQ







NACIONAL
   Obligación del Estado, desde hace una década
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/02/2017
Hace 10 años, el movimiento feminista hizo alianza con las legisladoras para impulsar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de  Violencia, un proyecto que cambió la mirada de las instituciones sobre la violencia contra las mujeres y que fue aprobado en la Cámara de Diputados en abril de 2006 y ratificado por el Senado en diciembre del mismo año. 
 
Inició así, para el Estado, en 2007, la obligación de aplicar Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y, para las mujeres, quedó garantizado su derecho a gozar de los beneficios de ese marco legal para enfrentar la violencia de género. Por eso, este mes de febrero las mexicanas celebramos el décimo aniversario de su entrada en vigor.
 
La Ley fue publicada el 1 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, fecha de arranque para que las instituciones comenzaran con la aplicación de medidas para prevenir y atender a las mujeres que viven distintos tipos y modalidades de violencia, un avance significativo en la defensa de los Derechos Humanos. 
 
Se reconoció así en el país el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y al goce, ejercicio y protección de todos sus derechos humanos y libertades, mientras que el Estado está obligado a implementar un Programa Integral y mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.
 
CAMBIO DE PARADIGMA
 
La LGAMVLV significó un cambio de paradigma, pues aunque se empezaron a crear leyes en América Latina para sancionar la violencia, luego de que los países de la región firmaron en 1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (mejor conocida como Belém do Pará), la mayoría se enfocaron a proteger a la “familia”, bajo la figura de violencia intrafamiliar o doméstica.
 
Luz Patricia Mejía Guerrero, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará, explica que estas leyes contra la violencia intrafamiliar o doméstica generaron que los países implementaran procesos de mediación para que las mujeres se mantuvieran dentro de la familia.  
 
Las investigaciones, dice Mejía Guerrero, encontraron que persuadir a las mujeres víctimas de violencia a firmar un acuerdo con sus parejas para que ambos se respetaran, era una política que ponía en peligro a las que denunciaban e incrementaba la violencia, lo que provocaba desconfianza en el sistema de administración de justicia.
 
Tras estos hallazgos, los países de la región se encaminaron a implementar acciones de prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. Y en esta lógica, el movimiento feminista de México y legisladoras impulsaron el proyecto de ley que reconocía el derecho de esta población a vivir una vida libre de violencia.
 
AVANCES
 
Entre las impulsoras de la Ley General de Acceso estuvieron la priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, entonces presidenta de la Comisión de Equidad y Género; la antropóloga y legisladora perredista, Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio; y la también perredista Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia.
 
La antropóloga feminista Marcela Lagarde, quien llegó a la Cámara de Diputados con el objetivo de tipificar el delito de feminicidio, lo que no pudo concretar en ese momento, coordinó la Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana, la cual concluyó que cuatro mujeres eran asesinadas al día. Esos fueron argumentos suficientes para crear esta ley.
 
La propuesta de norma fue criticada porque estaba dirigida sólo a las mujeres, pero cuando se aprobó, dice la feminista, rompió esquemas, fue una ley transgresora y vanguardista porque colocó a las mexicanas como sujetas y porque en el fondo colocó la misoginia y el patriarcado como fundamentos. Se logró acreditar el feminismo, sostiene Lagarde.
 
Las legisladoras consiguieron que en la ley se reconociera el derecho de las mujeres a que se respete su integridad física, psíquica y moral, que se crearan mecanismos innovadores como las órdenes de protección para brindar seguridad a mujeres en situación de violencia y la Alerta de Violencia de Género (AVG) para implementar acciones de protección en un territorio determinado.
 
La actual senadora perredista Angélica de la Peña destaca que esta ley sacó el problema de la violencia del ámbito privado y lo llevó a lo público; se redactó con base en la Convención Belém do Pará, y señaló tipos y modalidades de la violencia que constituye una violación a todos los Derechos Humanos de las mujeres, lo que  causa la desigualdad de género.
 
“El balance que hacemos es que si bien hay situaciones que afectan los derechos culturales, sociales o los derechos políticos de las mujeres, la violencia contra las mujeres afecta todos los derechos”, dice De la Peña.
 
Uno de los avances que enumeró es que, posterior a la promulgación de la norma, se hizo una revisión de Códigos Penales y Civiles y se incidió en la reforma de muchos preceptos que discriminaban a las mujeres.
 
Una década después de esta ley, la ex diputada federal Martha Lucía Mícher Camarena, quien también participó en este proceso, asegura que la ley fue un avance, una norma revolucionaria y un éxito del feminismo y de legisladores que, no siendo feministas, se convencieron de que existía un problema a atender.
 
Malú Micher, como se le conoce, dice que esta ley incorporó temas que rompían los esquemas de las propias legisladoras, de académicas y medios de comunicación, fue de avanzada, dice. 
 
Además, asegura que este tema es importante, porque las leyes son un marco jurídico que ayuda, pues si no se invoca una ley es muy complicado defender los Derechos Humanos de las mujeres.
 
Desde la visión de las instituciones, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandra Negrete Morayta, esta ley era absolutamente necesaria e insoslayable, y dio respuesta a una exigencia histórica, visibilizó tipos y modalidades de la violencia, otorgó una protección diferenciada a las mujeres y estableció las bases adecuadas para la coordinación de los tres niveles de gobierno en materia de violencia contra las mujeres.
 
Al hacer un repaso de esta década, la Comisionada precisa que no se puede hacer un balance en blanco y negro, pero reconoce que aún ocurren casos de violencia contra las mujeres por la falta de implementación adecuada de las obligaciones estatales, sobre todo a nivel local y municipal. Por ejemplo, la falta de acceso adecuado a la justicia, de políticas de prevención, violencia institucional, falta de medidas de protección, de sanción y de un trabajo integral con los agresores, entre otras.
 
El problema que enfrentamos, expone la Comisionada, es de la mayor complejidad, pues, pese a su gravedad, había permanecido invisible y aceptado. Por ello, dice que el trabajo realizado a partir de la ley se medirá en el mediano y largo plazo, pues la conciencia de corresponsabilidad absoluta de todas y todos, y el cambio de estructuras sociales con décadas de arraigo, requieren de mucho trabajo.
 
RETOS
 
Para Malú Micher, “sigue habiendo ceguera de género en los gobiernos”, pese a que después de la ley, en 2012 se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal Federal, en 2013, la Suprema Corte creó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género; desde 2008 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto etiquetado para la igualdad y se han creado protocolos para investigar estos delitos. 
 
Es por ello que Micher Camarena propuso una amplia reforma a la Ley para que se nombre la violencia obstétrica, cibernética, económica, política; se cambien los tiempos de las órdenes de protección y se explique el procedimiento para decretar la Alerta. Sin embargo, no fue aprobada. 
 
Angélica de la Peña Gómez también considera que aún quedan pendientes por revisar, sobre todo en los ámbitos local y municipal. Por ejemplo, la creación de un Diagnóstico Nacional para conocer las causas de la violencia contra las mujeres y la implementación del Banco Nacional de Violencias contra las Mujeres, que se ordena en la ley.
 
Para la legisladora, es importante que dos obligaciones se pongan en marcha y ahí derivarían políticas públicas y acciones gubernamentales para poder lograr realmente una prevención, atención y erradicación de la violencia de género.
 
Respecto a la Alerta de Violencia de Género, De la Peña dice que el reto es “no prejuiciarse” frente a la exigencia de una declaración, sino hacer investigaciones profundas, metodológicas, que esclarezcan cuáles son las causas que derivaron en esa violencia en ese lugar o territorio y establecer acciones para atender el problema.
 
A su vez la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, explica que una vez que la Ley General de Acceso entró en vigor, los estados estuvieron obligados a adoptar sus propias leyes locales con sus respectivos mecanismos de prevención; pero en cada estado se legisló como se quiso y atendiendo a su contexto local.
 
La activistas señala que las organizaciones civiles se han enfocado en dar seguimiento a dos mecanismos: las órdenes de protección y la AVG, donde han visto obstáculos para implementarlos. Por ejemplo, en el caso de la Alerta hay un proceso burocrático para determinar si es necesario decretarla o no.
 
La sociedad civil también ha señalado la deficiencia de tener un  Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, conformado por nueve Secretarías de Estado y dependencias que, al ser un gran sistema, no logran implementar modelos o instrumentos a favor de una vida digna.
 
Además, Estrada destaca que una ley sin recursos no sirve y señala que es necesario que se promueva una reforma a la Ley General de Acceso que agilice y amplié la vigencia de las órdenes de protección, y que modifique el actual proceso para decretar la AVG a fin de que un grupo experto haga la evaluación de la procedencia del mecanismo.
 
Al respecto Marcela Lagarde critica que el movimiento de mujeres sólo se enfoque en exigir la implementación de la alerta y no se vea que esta norma es integral y requiere de una política integral de Estado.
 
Señala, además, que si en 2007 no se aceptó que la inclusión del concepto de feminicidio, hoy es oportunidad de hacerlo. Coincide en la necesidad de incorporar términos que no existen, como violencia política y obstétrica. Pese a esto que le falta, reafirma Lagarde, es una ley maravillosa y en el país “está en construcción la política que contiene esa ley”.
 
17/AGM/LGL/GGQ








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Protocolos son insuficientes
Violencia en el noviazgo, la más frecuente en universidades
CIMACFoto: Montserrat Antúnez Estrada
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/02/2017 Las relaciones violentas entre alumnas y alumnos universitarios van en aumento y desde hace ocho años las queja de estudiantes por interacciones violentas son cada vez más frecuentes, afirmó Marcela Valdés Morales, encargada del área de Atención psicopedagógica en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE)  de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).   
 
Natalia Tello Peón, investigadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar (SUIVE), consideró sobre el tema que los tipos de violencia presentes entre estudiantes de este nivel educativo son la estructural e institucional, ambas reforzadas por una educación basada en estereotipos de género, así como la violencia social. Aunque, “en este nivel educativo es más sutil porque se ejerce desde la exclusión de compañeras y compañeros de clase”.
 
En tanto, la doctora en Ciencias Sociales Ana Luz Flores Pacheco dijo que la implementación de protocolos para denunciar la violencia de género en las universidades no es suficiente mientras no se eduque desde el buen trato, es decir, que se promueva el autoconocimiento de las y los estudiantes para que sean empáticos con sus compañeros. 
 
Las investigadoras expresaron lo anterior durante la Jornada Informativa por el Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la UNAM, realizada el 30 de enero, fecha reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco por sus siglas en inglés) desde 1993 para conmemorar el fallecimiento de Mahatma Gandhi.
 
VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO
 
Valdés Morales precisó que el tipo de violencia más frecuente entre las y los universitarios es la ejercida en el noviazgo.  De acuerdo con el estudio “Violencia en el noviazgo en jóvenes universitarios 2012”, realizado por la maestra en Educación Sexual, se sabe que 60 de las y los estudiantes que tienen un noviazgo han sufrido violencia psicológica; la violencia física se presenta en 10 por ciento de los casos, mientras que el porcentaje de violencia sexual es de 12 por ciento.
 
Lo anterior se presenta en un contexto en que, según datos de  la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2010, en México nueve de cada 10 mujeres de entre 12 y 19 años han sido agredidas durante el noviazgo.
 
Valdés Morales añadió que el ambiente de violencia que se vive en la universidades es reflejo de cómo se vive en los hogares mexicanos, en donde aún es común educar bajo el ideal del “amor romántico”. “Se le llama amor romántico a la concepción de  las relaciones desde la idea de la posesión”, explicó.
 
VIOLENCIA ESTRUCTURAL
 
En entrevista con Cimacnoticias, Nelia Tello Peón, especialista en modelos de intervención con jóvenes, puntualizó que tanto la violencia en el noviazgo como la que se ejerce hacia las mujeres por cuestiones de género forman parte de la violencia estructural que se normaliza a través de la educación y la manera en la que está organizada la sociedad.
 
“Por ejemplo, dijo, la mayoría de los puestos directivos son ocupados por hombres, a veces pasamos por alto este tipo de cuestiones pero impacta directamente en la manera que nos relacionamos”.
 
Los datos lo confirman: el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM señala en el boletín “Directoras en la UNAM”, que en las 22 Facultades y Escuelas de la UNAM solo ocho mujeres tienen el cargo de directoras.
 
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