Violencia de Género

NACIONAL
   Realizan audiencia en Reclusorio Oriente
Extienden plazo de investigación por feminicidio de Lesvy
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/11/2017

La jueza Gloria Hernández Franco adscrita a la unidad de gestión judicial número 6, a cargo de la audiencia de Jorge González, ex pareja de Lesvy B. Rivera Osorio acusado de su feminicidio, extendió al 11 de enero de 2018 el plazo de la investigación por este delito, por lo que a partir de esta fecha se terminará la parte de aportación de pruebas de ambas partes.

Lesvy, de 22 años, fue hallada asesinada en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo pasado. La Procuraduría capitalina (PGJDF) argumentó que ella se había suicidado pese a que su cuerpo presentó signos de violencia que acreditan un feminicidio y los videos de seguridad de la universidad muestran a Jorge Luis González Hernández agrediéndola previo a su muerte.

El viernes pasado se realizó la audiencia para ventilar el caso en la sala 7 del sistema procesal acusatorio del Reclusorio Oriente (donde se encuentra recluido el feminicida) la cual inició con una hora de retraso porque los agentes del Ministerio Público (MP) Alejandro Madrid Soria y Fabián Lara Ramírez, de la Fiscalía Central para la Investigación de Homicidios, a cargo de la indagación y en representación de la familia, no llegaron a tiempo.

La audiencia inició a las 13:47 horas y no a las 12:30 como estaba previsto. En ese lapso un funcionario del Área de Estrategias Procesales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF), sin conocimientos del caso, se presentó para cubrir a los agentes. “Solicitó de 30 a 40 minutos para revisar la carpeta de investigación”, dijo. Después de ese tiempo, los agentes de la Fiscalía de Homicidios llegaron y lo sustituyeron.

“Todo ese tiempo de espera puso en incertidumbre e indefensión jurídica a la familia de Lesvy”, afirmó en entrevista la observadora de la Cuarta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) Xanny Hernández, quien dijo que por esa razón presentarán un escrito a la PGJDF en el que le llamarán la atención y expondrán que la instancia de justicia violó el derecho de la familia Rivera Osorio a estar representada.

Para uno de los abogados del caso, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, el retraso fue una muestra más de la actitud omisa con la que la PGJDF ha actuado desde el inicio de la investigación. 

Durante la audiencia, Jorge González, ex pareja de Lesvy acusado de asesinarla, se mostró indiferente. Fue hasta que escuchó el fallo de la jueza cuando, molesto, levantó los hombros y opinó; “el tiempo se me hace excesivo, pero me acato a lo que ordene”.

La abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organización que acompaña el caso, Sayuri Herrera Román, indicó que el plazo apenas alcanza para realizar los peritajes independientes que contemplan, como la reconstrucción de hechos en la caseta telefónica del Instituto de Ingeniería en CU, donde Lesvy fue hallada asesinada- y la consulta de peritos independientes.

La jueza Gloria Hernández recordó a los agentes de la PGJDF el compromiso que tienen de investigar con perspectiva de género, como ordenó la Quinta Sala Penal del TSJDF el pasado 18 de octubre cuando pidió a la instancia de justicia reclasificar el delito por el que se investigaba a Jorge González (de homicidio simple por omisión) a feminicidio agravado.

La PGJDF, mencionaron los ministerios públicos, utilizará la extensión del plazo para solicitar la ampliación de entrevistas de algunos peritos involucrados en la investigación (médico forense y uno en criminalística); además de realizar peritajes en trabajo social, en antropología social, así como una autopsia psicológica a familiares y amistades de la víctima.

“Necesitamos este tiempo para realizar algunos elementos que por el nuevo delito que se investiga (feminicidio agravado) son necesarios”, argumentó el agente Fabián Lara a la jueza durante la audiencia.

Herrera Román, destacó que estos peritajes, tuvieron que realizarse desde el inicio de la indagatoria, apegados al Protocolo de Investigación del delito de Feminicidio, “pero no lo hicieron, aunque la PGJDF afirmó que agotó esa línea”.

De acuerdo con los abogados de la familia de Lesvy, el primer plazo de la investigación terminó el pasado 10 de noviembre, pero ellos, recordaron, solicitaron una audiencia de ampliación con la que buscaban que fuera hasta el 17 de enero del 2018 cuando concluyera la etapa de aportación de pruebas, por ello quedaron inconformes con el fallo de la jueza, que restó 6 días para el mismo.

“Los seis días que nos  quitaron son importantes. Yo sí valoro el tiempo porque Jorge me lo quitó con mi hija cuando la mató; y por meses las autoridades nos impidieron saber de la investigación” opinó molesta la mamá de Lesvy, Areceli Osorio Martínez.

Para Lesvy Rivera Calderón, papá de Lesvy, la ampliación no los deja satisfechos del todo “no nos dieron días muy importantes, se les olvidó que ellos nos tuvieron más de dos meses sin ver la carpeta de investigación”.

Por lo pronto, dijo que seguirán con el proceso legal de la mano de las organizaciones y colectivos de mujeres que se sumaron a la exigencia de la verdad y que hoy no estuvieron ausentes pues organizaron un mitin afuera de la sala séptima y al finalizar la audiencia recordaron la consigna: “¿Qué quiere Lesvy?... ¡Justicia!”

17/MMAE/LGL








QUINTO PODER
DERECHOS HUMANOS
   QUINTO PODER
El camino a una sociedad sin violencia de género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam.- 06/11/2017

Puede que haya muchas estrategias pero el camino más corto y más difícil hacia una sociedad sin violencia de género es el empoderamiento de las mujeres, entendiéndolo como la apropiación y goce de todos los derechos y el ejercicio de la ciudadanía plena y la construcción de una sociedad democrática con la participación de todas las mujeres en todos sus ámbitos: político, social, educativo y económico.

Incluso ámbitos que difícilmente se pensarían parte de los “derechos” como la libertad de tránsito por las calles y la organización de las mujeres y hasta otros derechos esenciales como el derecho a la vida libre de violencia y el acceso a la justicia. A partir del empoderamiento y el ejercicio de la ciudadanía las mujeres nos hacemos “personas”.

Esto debe ir acompañado de acciones institucionales que garanticen que se puedan ejercer, tanto normativamente como con acciones que incidan y transformen los patrones socioculturales que prevalecen en la administración pública y en toda la sociedad y que desvalorizan la vida y la integridad de las mujeres.

La Relatoría para los Derechos Humanos de las Mujeres de la Corte Interamericana de Derechos Humanos expone al menos cinco aspectos necesarios para transformar la actual sociedad y transitar de una que viola los derechos de las mujeres a una que garantiza el acceso a la justicia.

Uno de estos aspectos es precisamente la transformación de eso patrones socioculturales, otro es la formación de profesionales sensibles a visibilizar cómo se obstaculiza la justicia. Un tercer elemento es que tengan conocimientos en materia de Derechos Humanos (DH); otro es la eliminación de la impunidad y el quinto aspecto es la eliminación de la corrupción.

Nos debe quedar claro que los feminicidas matan a una mujer porque pueden, sí, porque saben que no habrá justicia ni sanción, que no hay acciones concretas. Ahí tenemos el ejemplo reciente en el escenario nacional, mientras las organizaciones defensoras de DH de las mujeres celebramos la sentencia de uno, dos más huyen por todo el país libremente después de asesinar a sus parejas con plena impunidad.

Frente a esto nos queda preguntarnos, ¿qué papel juega la sociedad civil? El más importante es educarse, informarse y demandar tanto a los medios de comunicación y sus profesionales, como a las instituciones, coberturas informativas que no criminalicen ni revictimicen a las mujeres asesinadas.

No es posible que se naturalice que una institución dé a conocer detalles, fotografías y datos que en vez de contribuir a la investigación van directo a incidir en el ánimo de la sociedad para culpabilizar a la víctima de lo que le sucedió:

“Había bebido alcohol”, “se fue con un desconocido”, “era violenta, no era una mujer decente”, “le gustaba consumir alguna droga” y todo para justificar que era una cosa menos una persona, para convencernos de que solo se mata a las “mujeres malas” y que a las que se “portan bien” no les pasa nada. Esto es claramente falso porque las mujeres también son asesinadas en el ámbito privado con un claro desprecio por el valor de sus vidas.

En segundo lugar, es fundamental que todas las sociedades tengan claro que el tipo penal del feminicidio no discrimina la vida de los hombres, sino constituyen –como lo establece la Recomendación General relativa al artículo 2 de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer– una acción afirmativa para incidir y visibilizar los crímenes de género y que cada uno de sus elementos, del tipo penal, tiene la intención de prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres.

Un tercer factor es que las sociedades contribuyan a la educación de las personas y que se respete la vida de todas y todos. Mientras tanto las mujeres podemos apostar por la defensa y el cuidado de nuestras vidas mediante redes de apoyo y alianzas como hemos venido construyendo, compartir taxis, avisarnos de nuestras rutas, apoyar en casos de vivir violencia y avisar a familiares de elementos que pueden constituir violencia en contra de alguna mujer que no puede salir del ciclo de la violencia.

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche

17/AC

 








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   En marcha de las Catrinas, recuerdan a mujeres asesinadas
Clausuran simbólicamente Fiscalía de Chiapas
Imagen retomada del portal Chiapas Paralelo
Por: Andrés Domínguez
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 03/11/2017

Integrantes de organizaciones civiles chiapanecas realizaron la marcha de las Catrinas y clausuraron de manera simbólica los edificios de la Fiscalía General del estado (FGE) y de la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de las mujeres (Sedem) por sus nulos resultados en el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género (AVG).

El próximo 18 de noviembre se cumple un año de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación, declaró la AVG para siete municipios de Chiapas: Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, sin embargo, las manifestantes argumentaron que se ha registrado un incremento de ésta.

El Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, contabilizó, de noviembre de 2016 al 1 de noviembre de este año, un total de 203 muertes violentas: 65 han sido tipificadas como feminicidio y más de 79 como tentativas de feminicidio.

La coordinadora del Frente Feminista de Chiapas, Selene Domínguez, criticó la poca importancia que las autoridades chiapanecas dirigidas por el gobernador Manuel Velasco Coello le han dado a este tema pues no se han tomado medidas eficientes,  por el contrario, dijo, disminuyeron el presupuesto y los casos de violencia contra las mujeres han empeorado.

“El protocolo latinoamericano de feminicidio indica que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse como delitos de género, pero en Chiapas no se ha realizado así (…) Por otra parte, los titulares de la FGE y de la Sedem quienes tendrían por ley que estar involucrados directamente en las reuniones, hasta hoy no han asistido a ninguna, eso habla mucho sobre la importancia que le dan a los casos”, agregó la activista.

Las activistas, que marcharon con cruces pintadas de rosa que en medio tenían escritos los nombres de algunas de las mujeres asesinadas, pidieron la destitución de la titular de la Sedem, Itzel de León Villard, porque no ha cumplido con sus funciones al frente de la dependencia.

“Exigimos el cese de Itzel de León Villard por seguir con un ego machista ante el empoderamiento de las mujeres, por considerar que pintar bardas, dar charlas o realizar bailes de zumba, son parte de las soluciones, tiene que existir una verdadera encargada enfocada y especializada sobre los casos” concluyó Domínguez.

La movilización desfiló por el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, y reunió a las organizaciones feministas: “Hermana, yo si te creo”, “Ddeser-Chiapas”, “Voces Feministas”, “Brujas Ivaginarias”, entre otras. Al final de la marcha, las asistentes dejaron en la explanada de la Fiscalía, veladoras en memoria de las chiapanecas víctimas de feminicidio.

17/AD/LGL








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
   
La violencia de género, síntoma de la sociedad patriarcal
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam.- 26/10/2017

La violencia es una construcción social, intrínsecamente ligada a la idea del poder en su forma negativa y coercitivo, la dominación de un “otro” por medio de la fuerza ante la ausencia de la razón y argumentos. Esto es suficiente para entender por qué la violencia contra las mujeres va de la mano con conceptos como poder, dominación, violencia, control y que nos permite entender que la violencia son decisiones socialmente construidas basadas en la idea de una superioridad en quien ejerce la violencia sobre quien es ejercida.

El poder es por sí mismo positivo, el poder de la ciudadanía, el poder de la conducción, pero en el poder que se ejerce por medio de la fuerza para dominar a alguien más recurre a la violencia para lograr su objetivo de control y sometimiento.

En una sociedad en la que las personas vivimos en competencia por el control y el sometimiento de un “otro” para dar sustento a la superioridad, siempre en la búsqueda de una supremacía por sí misma para justificar ser “mejor” que el otro, las mujeres conviven con hombres que necesitan demostrar siempre algo.

Educados en la competitividad y la opresión como mecanismo de imposición, construyen relaciones basadas en las formas de dominación y en sus relaciones interpersonales prevalece ese esquema porque es el único que conocen, además de contar con estructuras sociales y patrones socioculturales de dominación sobre el cuerpo de las mujeres y sus conductas bajo mecanismos de control como la violencia.

Si a eso le sumamos que existe un sistema patriarcal que privilegia y otorga mayor valor a la vida de los hombres y sus actos y cuerpos sobre los de las mujeres, tenemos un escenario social que no solo propicia, facilita y contribuye a la violencia contra las mujeres como un mecanismo para castigar cualquier transgresión al sistema de creencias y valores patriarcales.

El castigo a la transgresión es una de las razones más constantes de la violencia contra las mujeres, en la que el feminicidio es una herramienta de control de la violencia expresiva e instrumental.

Entendiendo como la violencia expresiva aquella que manifiesta-expresa el odio hacia el cuerpo de las mujeres y el desprecio por la vida de las mujeres, y la instrumental para obtener algún bien, un beneficio, incluyendo la impunidad en la violencia sexual u otros delitos como la trata, la explotación, en la que la que se desvaloriza la vida de las mujeres, robarlas o quedarse con sus bienes pero que tiene detrás un fin por obtener un beneficio de las mujeres o sus cuerpos.

Estas violencias se han recrudecido no solo por la búsqueda de la autonomía y la libertad de las mujeres, sino, también por las mismas estructuras sociales que validan los discursos de opresión y que otorgan más valor a lo que hace, dice y piensa un hombre y ese valor justifica sus violencias sobre las mujeres.

Ese sistema de creencias que reconoce y otorga mayor valor a la vida de un hombre, implícito en la creencia de que ellos pueden defenderse y eso justifica cualquier feminicidio en esa lógica, pero las mujeres que se defienden son las “antinaturas” porque no se dejaron matar.

En caso de que una mujer se atreva a defenderse de su agresor afronta todo el sistema de justicia que la castigará con todo el rigor de la ley, frente a las mínimas penas que recibían los asesinatos de mujeres, justificados la mayoría de las veces como “crímenes bajo estado de emoción violenta” o “homicidios por honor”, son las piezas que contribuyeron a lo largo de la historia a generar contextos sociales en los que se desvalorizaba la vida de las mujeres. Matar a una mujer no tenía consecuencias y esto favoreció la sensación de impunidad. Se podía matar a una mujer y nada sucedía.

Allá a finales de los 60 un feminicidio no nombrado de esa manera nos da una clara idea del valor de una mujer frente a la vida de un hombre y el sistema de justicia que lo permitía, el asesinato de la esposa de William Barroughs, Joan Vollmer Adams Burroughs, ocurrido en México en completa impunidad,  y es el antecedente de las noticias que hoy día tenemos con titulares que van desde “la mató porque le fue infiel”, dándonos una idea de que el pobre hombre no tuvo otro remedio que matar a esa mala mujer.

Si un discurso social favorece la idea de que las mujeres son culpables y que ellas mismas son causantes de la violencia que se ejerce contra ellas, es posible entender por qué la impunidad es parte del feminicidio y son los esfuerzos de las organizaciones y defensoras de Derechos Humanos, activistas feministas las que han empujado la creación del tipo penal de feminicidio.

Penas bajas, homicidios calificados con laxas miradas y tolerancia hacia los pobres feminicidas, escenario y contexto que da pauta a que se favorezca la impunidad en los crímenes cometidos contra las mujeres.

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche

17/AC/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Aplicaciones móviles y requisitos a transporte público en Puebla, propone
Gobierno de Gali Fayad, sólo responde por feminicidio ante presión civil
CIMACFoto: Samantha Paez Guzmán
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/10/2017

En medio de la polémica que han generado las dos solicitudes para activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida en Puebla, donde a la semana es asesinada una mujer, el gobernador de la entidad, Antonio Gali Fayad, presentó un “plan de acciones” para impedir que acepten la segunda solicitud y  decreten una AVG para su entidad.

Cabe recordar que una primera solicitud fue presentada por organizaciones civiles en marzo de 2016, misma que fue rechazada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al argumentar que la violencia vivida por las poblanas “no era suficiente” para activarla, sin embargo, emitió 11 recomendaciones “para hacer frente a la violencia”, que a decir de las organizaciones, no se cumplieron pues en medio de ello fue la transición de gobierno de Rafael Moreno Valle.

Un caso que provocó indignación en la sociedad poblana y mexicana en general, fue el de Mara Fernanda Castilla Miranda, quien fue asesinada el 8 de septiembre de este año por el conductor, Ricardo Alexis “N”, del transporte privado que abordó de la empresa Cabify, y que motivó una segunda petición de AVG para el estado.

En esta ocasión la solicitud provino no solamente de las organizaciones, sino también del Senado de la República quien en reiteradas ocasiones exhortó a la Comisión de Derechos Humanos estatal (CDH) a que volviera a presentar la solicitud de Alerta, instancia que no respondió al llamado y que a pregunta de Cimacnoticias, señaló que estaba “analizando dicha propuesta”.

Ante este panorama, la Conavim volvió a emitir 6 recomendaciones, ahora al gobierno de Gali, para atender la violencia de género, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó la segunda solicitud de AVG el pasado 20 de octubre, por lo que aún se espera que sea aceptada por la Conavim.

En medio de esta espera y a 3 días de la segunda solicitud de AVG, el pasado 23 de octubre, el gobernador de la entidad, Antonio Gali Fayad, presentó ante su gabinete, “De una vez por todas”, nombre que otorgó al plan de acción gubernamental para “prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia de género”, en el que destaca la creación de una aplicación para teléfonos móviles en la que las mujeres reporten las agresiones que viven en los espacios públicos; una ley contra el acoso y hostigamiento sexual, y regulaciones al transporte público y privado.

La Ley de Acoso y Hostigamiento Sexual, busca “tipificar como conductas constitutivas de delito los actos no verbales, como gestos obscenos, captación de imágenes o videos sin consentimiento, exhibicionismo y contacto corporal de carácter sexual”; así como la modificación al Código Civil “para incluir como causa de responsabilidad la violencia de género”; y la creación de una Unidad especializada para atender los casos de feminicidio, son otras acciones anunciadas por Gali Fayad.

Todo ello, tuvo que haberse cumplido desde 2016, cuando Conavim emitió las primeras 11 recomendaciones al gobierno de Moreno Valle y que ahora Gali Fayad presenta como “nuevas”.

Para la directora general del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), Cinayini Carrasco Colotla, estas medidas no son suficientes para lograr un impacto directo o a largo plazo en la seguridad de las poblanas porque no atienden el problema de fondo, la prevención de la violencia y el acceso a la justicia en los casos de feminicidio.

“Podemos crear unidades, programas y nada va a servir, lo que urge es un diagnóstico del Sistema de Justicia Penal porque no cuenta con el personal capacitado y sensibilizado para permitir que las mujeres accedan a la justicia”, precisó la defensora.  

Criticó que el gobierno de su entidad sea siempre reaccionario ante la presión y agregó: “Se declare o no la Alerta el estado debe trabajar. Lo que pedimos desde las organizaciones civiles es que después de que se implementen las acciones se evalúen, porque evidentemente no se está dando un cambio”.

En medio de todo ello a las poblanas las siguen asesinando y las cifras oficiales no concuerdan con los registros de las organizaciones civiles; mientras la Fiscalía General de Justicia reporta 47 casos de feminicidio en lo que va del año, el conteo de las asociaciones indica un total de 87, sin ninguna sentencia.

17/HZM/LGL








ESTADOS
   Ley no precisa qué instancia debe realizar asignación presupuestal
Pide CNDH transparentar recursos para AVG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/10/2017

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a los gobiernos locales a transparentar los recursos asignados para implementar la Alerta de Violencia de Género (AVG) toda vez que existen casos en donde se asignó dinero específico para ello, y en otros, si bien no existe un recurso, sí cuentan con un presupuesto para implementarla.

Así lo destaca en su “Diagnóstico como integrante de los Grupos de Trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de la AVG” presentado hoy, en el cual revisó en qué fases están las AVG, los retos para su implementación y los recursos destinados para ello.

En el reporte, la CNDH señala que los estados deben planear, solicitar y ejercer con transparencia el presupuesto para fortalecer la AVG. 

La Comisión hizo una recopilación de los informes entregados por los gobiernos locales a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), encargada de hacer funcionar la AVG, y encontró que durante los últimos tres años (de 2016 a 2018) se designó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, anexo 13, dedicado a la Igualdad entre mujeres y hombres, de un total de 81 mil millones de pesos (mdp), únicamente tres por ciento (2 mil 400 mdp) al rubro de la prevención, atención y sanción de la violencia de género.

De este monto (3 por ciento) el informe no detalla cuánto dinero se otorgó a las AVG, aunque en la página de la Conavim, ésta señala que en 2017 asignó 27 millones 992 mil 357 pesos a seis estados con AVG: el Estado de México, Chiapas, Nuevo León, Morelos, Michoacán, y Veracruz.

La situación se agrava, indica la CNDH, pues el Artículo 23, fracción cuarta, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) no explica cómo y qué nivel de gobierno debe realizar la asignación presupuestal de la AVG.  

Sólo expresa que se le debe “asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres”, sin dar mayores especificaciones del procedimiento. 

El recurso asignado a las AVG es más preocupante en el ámbito local, precisa la CNDH en el diagnóstico, pues en la práctica han observado que la mayoría de las entidades con procedimiento de Alerta no prevén un presupuesto para prevenir la violencia de género, y las instituciones dedicadas a atenderla (Institutos de las Mujeres, Centros de justicia, entre otras) reciben en su mayoría presupuesto federal del Anexo 13. 

La CNDH advirtió que la falta de recursos no debe ser una excusa o condicionante de los gobiernos para cumplir con la tareas de la AVG y recordó que en 14 entidades donde ya hay un informe del Grupo de Trabajo, se recomendó “etiquetar mayor presupuesto a la atención y procuración de justicia en situación de violencia, tanto estatales como municipales”. 

Cabe recordar que de las 28 solicitudes de AVG en 12 entidades ya se decretó (Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit); 9 estados esperan la decisión de la Segob para conocer si se emitirá; y en 7 se decidió no declararla (Querétaro, Tlaxcala, Sonora, Puebla ,Tabasco, Baja California y Guanajuato). 

17/HZM/LGL
 








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
   
No es suicidio, la “suicidaron”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 13/07/2017

Atrevernos a cuestionar un dictamen médico o un peritaje que arroja que una mujer “se suicidó” no es cosa sencilla, pero son las madres o mujeres familiares de las víctimas las primeras en señalar “ella no se suicidó”, la mataron, y así se han reconocido graves errores en las investigaciones.
 
El año pasado, la muerte de una mujer, ocurrida en Calakmul, Campeche, fue difundido como un “suicidio”, y solo unos días después, la madre de la joven salió a declarar que ella sospechaba que en realidad se trataba de un feminicidio cometido por la pareja de la víctima, quien días antes la había violentado. El cuerpo presentaba golpes, que a juicio de la familia, hacía pensar que hubo violencia momentos antes de la muerte.
 
Este caso no es aislado, es por demás parecido a lo que sucedió con Mariana Lima, hija de Irinea Buendía, una mujer que se hizo investigadora, abogada, defensora y acompañante de otras madres, como lo ha demostrado ahora al lado de la madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, quien un peritaje sin perspectiva de género, alega que se suicidó frente a su novio.
 
El tema pone en evidencia la importancia de que los Mecanismos de Acceso a la Justicia para las Mujeres, que responden a recomendaciones específicas de la CEDAW, atiendan y cumplan el artículo 2 relativo a la no discriminación garantizando procesos justos, con perspectiva de género y que reconozcan los factores de la interseccionalidad y que afectan la igualdad en el acceso a la justicia.
 
El Estado Mexicano ha contraído voluntariamente una serie de compromisos para responder y garantizar la aplicación de los peritajes con perspectiva de género, reconociendo que son los peritajes que no atienden a estos principios los que sesgan la visión desde la investigación y que afectan la integración de la carpeta de investigación y su posterior acusación ante el juez de control para la vinculación a proceso.
 
Una cadena de eventos desafortunados que a lo largo y ancho del país han quedado demostrados y de los cuales ya hizo señalamientos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que parece, no han sido leídos por muchos actores y actoras que intervienen en el proceso de acceso a la justicia para las mujeres, al no aplicar el criterio fundamental de “investigar como feminicidio toda muerte violenta de una mujer, incluyendo un presunto feminicidio”.
 
Las implicaciones de los suicidios van desde casos que a años de que fueron cerrados, las madres o padres de las víctimas afirman seguros: mi hija no se suicidó, ella me había contado de sus planes, hasta insólitos casos en los que la víctima fue a hacer compras de alimentos para la semana, compró macetas con plantas y ese mismo día por la tarde decidió “suicidarse”, borrar su teléfono y colgarse.
 
Eso ocurrió con el caso de Mariana Lima, y la insistencia de Irinea demostró que una investigación con perspectiva de género que reconociera los factores de violencia sexual, física y sicológica a los que vivía sometida la víctima, eran suficientes elementos para dudar de la versión que se dio oficialmente y que era endeble con la aplicación de criterios básicos.
 
Lo mismo sucede ahora con el caso de Lesvy, un caso mediatizado y que desde el primer momento ha sido acompañado y seguido por colectivos feministas que apoyan a la madre de Lesvy en su búsqueda de justicia.
 
Con una argumentación compleja que facilita la defensa para el imputado pero hace difícil la búsqueda de justicia -el acceso a la justicia- a la víctima, un peritaje que habla de un suicidio frente a un agresor es una afirmación bastante débil, pero que habla de alianzas patriarcales feminicidas.
 
Pactos que ayudan o buscan mejorar ante la opinión pública la percepción que se tiene de los agresores, en cambio ubican a las víctimas, las que ya no pueden defenderse como personas que propiciaron su propia muerte, la buscaron o incluso la cometieron por su propia debilidad y que incluso complicaron la vida al “pobre agresor”. No debe sorprendernos para nada esos enfoques que justo coinciden en construcciones discursivas de las que ya hemos hablado.
 
Por alguna razón una cobertura periodística hablaba de “un joven brillante que descuartizó a su novia (nini)”, sembrando en la opinión pública la simpatía por un feminicida que “echó a perder su vida por una persona que no valía lo mismo que él”.
 
Y justo de eso se trata el análisis de género, aplicar la perspectiva y el enfoque para ser capaz de identificar cuándo el valor de la vida de una mujer es tasado frente a la de su agresor y ella pierde, porque socialmente hay una desvalorización del ser-nacer mujer por costumbres y prácticas que otorgan mayor valor a un niño frente a una niña no solo por la continuidad del apellido, sino por la productividad que suponen implica la fuerza de un hombre frente a la de una mujer, y lo terrible es cuando eso se refleja en la impartición de justicia.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC








OPINIÓN
   MUJER SONORA
   
Alertas que sirven. Sonora y la AVG
Imagen de Silvia Nuñez Esquer
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 12/07/2017

El que Sonora haya hecho del proceso de la Alerta de Género una vacilada, no significa que las alertas de género no sirvan. Dos años para atender la solicitud y una prórroga sin fundamento, son muestras de ello.
 
El mecanismo creado como algo muy novedoso en 2006 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, vislumbraba lo que venía: un incremento en la violencia feminicida, pues ya había evidencia de que no solo en Chihuahua se disponía de la vida de las mujeres, sino en todo México.
 
Y es que esa ley vanguardista en su momento también pensó en la AVG como una protección y un límite, después del cual pararían las muertes violentas de género contra las mujeres.
 
Pero también quienes la hicieron, pensaron en el resguardo de la integridad individual al introducir las órdenes de protección como un mecanismo amplio de urgencia para salvaguardar la vida de las mujeres que estuviera en riesgo de feminicidio.
 
Ninguno de los dos ha funcionado. Pero no por sí mismo, ni porque estén mal diseñados. El problema ha sido la forma en que se han interpretado y manoseado.
 
Visto como una fuente de posibilidades de obtener beneficios políticos, mercantiles y de posición de fuerza entre los grupos internos de los partidos que gobiernan, lo último en lo que se piensa es en las mujeres, candidatas a ser asesinadas. En las preasesinadas.
 
Si habláramos en términos religiosos –lenguaje adoptado por personas políticas- es un pecado el no haber aprovechado los mecanismos de ley, para evitar que murieran más mujeres.
 
Todos los casos de feminicidio ocurridos después de que a través de las solicitudes de AVG se ha advertido por parte de la sociedad civil de que la violencia feminicida se ha recrudecido, pasan a ser responsabilidad del Estado.
 
Ningún gobernador o gobernadora puede criticar el mecanismo de AVG, si no ha hecho nada para tomar los beneficios que éste tiene para que las mujeres no sigan muriendo a manos del machismo brutal.
 
La Alerta de género no solo es un aviso de que en ese territorio se ha incrementado la incidencia de feminicidio, y de actos feminicidas en grado de tentativa –por el momento- que anuncian más muertes. Es también la única posibilidad que tienen las instituciones para demostrar que las vidas de las mujeres y las niñas les importan.
 
A pesar del fondo específico etiquetado para operar las alertas de género que han sido declaradas, cuya convocatoria la abrió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el 26 de diciembre de 2016, los gobiernos insisten en lamentar que “no existen recursos para las alertas”.
 
Pero en Sonora no solo se repite esta afirmación imprecisa. El gobierno del estado tenía conocimiento de que los municipios de Cajeme y Hermosillo se encuentran entre los cincuenta de más riesgo en México, y dejó crecer la violencia.
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2107, publicado el 30 de noviembre de 2016, se destinan 5 mil millones de pesos para el Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, las entidades federativas (Fortaseg 2017).
 
El Fortaseg  enlistó los 50 municipios de mayor riesgo y los cuales deberían ser atendidos con perspectiva de prevención. Ahí figuran Hermosillo y Cajeme.
 
El 1 de enero de 2017, emitió los lineamientos para el otorgamiento del subsidio en materia de seguridad pública a quienes ejerzan de manera directa o coordinada la función.
 
Tema prioritario en el decreto son la capacitación y certificación de las policías, así como el fortalecimiento del Sistema de Justicia Oral. La bolsa concursable era de 5 mil millones de pesos.
 
Someterse a un riguroso proceso de transparencia y rendición de cuentas, es decir hay que presentar proyectos, no solo recibir recursos en forma discrecional. La parte de la fiscalización y auditoría es lo que a muchas instituciones no les gusta.
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los 300 municipios que cuentan con características de riesgo, entre ellos: Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado.
 
Pero los de urgencia son Cajeme y Hermosillo, por lo que se encuentran entre los 50 municipios de atención prioritaria con perspectiva de prevención.  Se asignan para proyectos especiales de prevención social de la violencia y la delincuencia y de atención del delito de homicidio doloso.
 
Los criterios conforme a los cuales se determinan los valores que sirven de base para la selección de los 50 municipios beneficiarios de atención prioritaria con perspectiva de prevención son:
homicidio doloso, rezago social y desigualdad económica.
 
Hasta hoy no conocemos cuáles son los proyectos a través de los cuales se pretende atender con perspectiva de prevención a Cajeme y Hermosillo pues las cifras de muertas y muertos, número de casquillos y armas utilizadas solo aumentan. De cuántas se evitaron no sabemos nada.
 
¿Es la AVGM la responsable? ¿Hay o no recursos para ejercer la prevención? Tal vez las decisiones deban tomarse con otro enfoque y no con un estricto escudo político, que solo está evidenciando la omisión.
 
No queremos más víctimas de feminicidio. No queremos que se siga subvalorando la vida de las mujeres de acuerdo a su actividad económica, por sobre la de niñas y niños. Todas las vidas son importantes. Si no queremos más asesinadas tal vez la respuesta esté en la Alerta de Género, pero con una coordinación seria, responsable, y sobre todo competente y preparada.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE
 








ESTADOS
VIOLENCIA
   De 628 casos en 5 años, solamente hay 8 sentencias
Prevalece impunidad en casos de feminicidio en Oaxaca
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Citlalli López Velázquez, corresponsal
Cimacnoticias | Oaxaca, Oax.- 19/10/2017

Aún contando la reciente sentencia de 78 años dictada al asesino de Dafne Carreño Bengochea, una joven oaxaqueña asesinada en abril de 2013 a manos de su novio Alejandro Olivera López, el bajo número de condenas en los casos de feminicidio hacen de la entidad sureña un gran cementerio de impunidad.

En seis años nueve meses (diciembre de 2010 a octubre de 2017) 628 mujeres fueron asesinadas, pero de acuerdo con los últimos datos proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia del estado, en cuatro años y cuatro meses (octubre de 2012 a enero de 2017) sólo se han logrado 8 sentencias condenatorias por feminicidio.

“Esto es algo indignante; muchas llevamos dos años, tres años, cuatro años y no hay sentencias. Tal pareciera que le apuestan al desgaste, a que nos olvidemos de los expedientes, a que no busquemos justicia, pero eso no es posible, nosotras vamos a seguir insistiendo por la memoria de nuestras hijas”, señala Elvira Camacho Bautista, madre de Ivón Jiménez, asesinada en agosto de 2013.

Elvira es presidenta de la Unión de Mujeres Víctimas de la Violencia en Oaxaca (Umuvio), asociación civil fundada en 2015 por 300 madres exigiendo justicia para sus hijas asesinadas. El caso de Elvira se encuentra inmerso en el mar de impunidad en torno al feminicidio en Oaxaca.

Durante el anterior sexenio, en cuatro ocasiones la Fiscalía intentó dar carpetazo y archivar las averiguaciones bajo el argumento de que no había un presunto sospechoso del asesinato de la joven universitaria, quien primero fue secuestrada y posteriormente asesinada por su novio Kevin Gonzalo Rojo Martínez, hoy prófugo.

CORRUPCIÓN

Para la mujer, quien no ha cesado en su búsqueda de castigo para el asesino, la corrupción que se vive en el sistema de procuración e impartición de justicia son elementos que se agregan a la violencia que viven las víctimas, aún después de asesinadas.

El feminicidio de Ivón ejemplifica lo anterior. “Mi caso presuntamente era muy especial y tenía que seguirse todo bajo mucha discreción, porque se trataba del hijo de unos funcionarios que trabajan en el Tribunal Superior, entonces las autoridades me mantenían callada. No había que comentar nada. Yo hacía lo que me pedían, pero hoy que ha pasado el tiempo, me doy cuenta que sólo le dimos tiempo para que pudieran protegerse”, explica.

La orden de aprehensión contra Kevin Gonzalo Rojo Martínez se liberó al año del asesinato de Ivón. Aun cuando ésta no había sido puesta en manos de quienes la ejecutarían, Kevin ya contaba con un amparo.

DETENCIÓN, PERO EL CALVARIO NO ACABA, CASO LESLY WILSON

El calvario no acaba con la detención, pues el proceso puede tomar varios años más en concluir. En los casos acompañados por las integrantes de Umuvio, se refleja el burocratismo en los procesos de sentencia.

Las familias afectadas se enfrentan a malos tratos en los penales a los que hay que asistir para el careo con los presuntos feminicidas, así como a distintas argucias que han logrado la libertad de presuntos responsables.

El caso de Lesly Wilson Pérez es uno de éstos. Ella fue asesinada el 21 de noviembre de 2011. Las investigaciones arrojaron la existencia de seis autores materiales e intelectuales. Tres fueron encarcelados, de éstos dos recientemente fueron absueltos y uno continúa en la cárcel con el riesgo de que pueda salir bajo libertad.

La joven de 25 años falleció tras una caída del tercer piso en el fraccionamiento Punta Vizcaya. Las investigaciones realizadas por la fiscalía con elementos aportados por los familiares, determinaron que Lesly fue sacada de su domicilio por Abraham Abdalá Ruiz Sánchez-con quien sostenía una relación sentimental- así como por Ogilvie Berenice Martínez Sánchez y Yahir Carvajal Michi conocidos de éste. Antes de ser arrojada al vacío fue torturada.

Tres de los seis presuntos responsables se encuentran prófugos, otros tres fueron detenidos. En el transcurso, Ogilvie Berenice Martínez Sánchez y Yahir Carvajal Michi quedaron libres de cargo. Sólo Cecilia R. se encuentra bajo proceso.

“Ha sido un peregrinar para mí, He tocado puertas en distintas instituciones para que se haga justicia y que no quede impune la muerte de mi hija (…) ahora existe temor de que la persona vaya a quedar libre cuando es una de las principales autoras materiales del asesinato de mi hija”, señaló la madre de Lesly.

Tras casi seis años y cientos de papeleos, la mujer, quien pide no mencionar su nombre, señala que todos estos años en busca de justicia la han cansado pero no la detendrán.

“No va a quedar impune la muerte de mi hija. Mi objetivo es ese: que se haga justicia”

¿El tiempo la hará que deje de buscar justicia para su hija?

“Jamás, voy a estar siempre insistiendo en que se haga justicia, hasta saber que los culpables hayan recibido sentencia. Hasta entonces no voy a descansar, quizá hasta entonces se salga de mi corazón todo ese odio. Probablemente llegue a perdonar siempre y cuando se haga justicia”.

EN 5 AÑOS SÓLO 8 CONDENADOS

De octubre de 2012 a enero de 2017, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) ha emitido sólo 8 sentencias condenatorias por feminicidio.

De acuerdo con información proporcionada por el tribunal, en ese lapso se siguieron 57 procesos penales por el delito de feminicidio de los cuales 34 fueron por el sistema acusatorio penal y 23 por el sistema mixto tradicional.

En tanto, 13 fueron los procesos concluidos, diez por el sistema acusatorio penal, 3 por el sistema mixto o tradicional de los cuales en tres casos resultaron absolutorios, 8 condenatorios y 3 sobreseídas.

Algunos de los asesinatos de mujeres no llegan al TSJE como feminicidio, se quedan en el camino de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca.

De 46 asesinatos de mujeres perpetrados de diciembre de 2016 al 12 de mayo de 2017, la Fiscalía General de Justicia del Estado investiga 25 como feminicidio. El restante sigue una indagatoria por homicidio calificado, homicidio doloso y suicidio.

La cifra de casos de feminicidio reconocidos por las instancias oficiales es aún más baja ya que durante el proceso, de los 25 expedientes de feminicidio, en tres casos se descartaron como tal y fueron reclasificados a homicidios culposos y suicidio.

17/CLV/LGL

 








NACIONAL
VIOLENCIA
   OSC exigen Grupo de Trabajo multidisciplinario
Acepta Conavim solicitud para analizar procedencia de AVG en la CDMX
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/10/2017

La Comisión Nacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) aceptó hace unos días, la solicitud de las organizaciones civiles para analizar si es necesario declarar en Alerta de Violencia de Género (AVG) a la Ciudad de México, por lo que ahora se conformará el grupo de Trabajo que analice el contexto de violencia en la capital.

En entrevista con Cimacnoticias, la directora general de Justicia Pro Persona, una de las organizaciones peticionarias de la Alerta, Nahyeli Ortiz Quintero, informó que se exhortó a que este Grupo de Trabajo sea multidisciplinario, de confianza y realice una ardua investigación.

Que la Conavim realice una selección de especialistas en materia de violencia de género y que su trabajo en conjunto con la sociedad civil permita reconocer el panorama de violencia feminicida en la Ciudad de México. “Lo que estamos esperando es que el Grupo de Trabajo precisamente sea bastante confiable, realice una labor no solo de escritorio sino de campo”, precisó.

En menos de un año, de noviembre de 2016 a junio de 2017, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) informó que se cometieron 101 casos de feminicidio; mientras que no ha localizado a 644 mujeres de las mil 836 reportadas como “ausentes o extraviadas” durante enero de 2015 a diciembre de 2016.

Fue el evidente incremento de violencia feminicida en la Ciudad, la falta de debida diligencia en las investigaciones, la impunidad y las prácticas de revictimización y estigmatización en las que incurre la PGJDF lo que orilló al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Personas AC, el Centro Fray Francisco de Vitoria y la Red “Todos para Todas y Todos” a solicitar a la Conavim el 7 de septiembre la AVG para las 16 delegaciones de la Ciudad.

La Alerta también se solicitó por el feminicidio de Lesvy Berlín Rivero Osorio, hallada el 3 de mayo de este año en Ciudad Universitaria pues pese a que existían todos los indicios para investigarlo como feminicidio, la Procuraduría local determinó que se trató de un suicidio.

A casi un mes de que las organizaciones realizaron la petición, el 5 de octubre la Conavim informó sobre la aceptación de la AVG y publicó la convocatoria para conformar el grupo de expertas, quienes emitirán un informe para recomendar al gobierno capitalino una serie de políticas públicas enfocadas en abatir la violencia de género; acciones que deberá cumplir en un periodo de seis meses.

De acuerdo con las cifras de la Procuraduría se tienen identificadas las zonas de la capital que reportan el mayor número de casos de feminicidio. De los 260 asesinatos violentos de mujeres cometidos desde 2012 a 2016, las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Coyoacán concentran 50 por ciento de los casos.

La directora de Justicia Pro Personas Ortiz Quintero, agregó que esperan durante el proceso la apertura del Gobierno de la Ciudad de México, actualmente bajo el mando de Miguel Ángel Mancera Espinosa, para aceptar las recomendaciones que emita el Grupo de Trabajo. Asimismo que las expertas supervisen constantemente el cumplimiento del informe una vez que lo entreguen.

Otra de las exigencias que plantearon las organizaciones al momento de pedir la AVG, es que demás de las medidas que emita el Grupo de Trabajo, se forme paralelamente un mecanismo de supervisión técnica conformado por especialistas en investigación criminal, para evaluar las actuaciones de las autoridades como lo prevé el Protocolo Especializado de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de Feminicidio con el que cuenta la Ciudad desde 2011.

Cabe recordar que actualmente en 12 entidades del país está activa la AVG (Colima, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León, Nayarit).

17/HZM/LGL








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