Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

NACIONAL
VIOLENCIA
   Familia exige sancionar a Fiscal Rosas y a Directora del CTA
   
“Lamentable y tardía” exculpación que hizo PGJDF por Itzel: defensoría
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/06/2017

La representación legal de Itzel, la niña de 15 años de edad víctima de violación e intento de asesinato, calificó de “lamentable” y “tardía” la respuesta de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), ya que informó, un mes después del crimen, que no procedería contra la menor de edad acusada de defenderse y herir de muerte a su agresor, Miguel Ángel Pérez Alvarado.
 
La representante legal de la niña y su familia Karla Micheel Salas Ramírez, afirma que esto sucedió después de que la familia de Itzel y el Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh), al que pertenece la abogada, exigió públicamente a la PGJDF terminar con la persecución por homicidio contra la menor de edad. La Procuraduría resolvió, en un comunicado de prensa, que la víctima quedaba libre de la responsabilidad porque “actuó en legítima defensa, en virtud de que su integridad física y su vida estuvieron en riesgo”.
 
“La Procuraduría lo hizo después de que el caso se hizo público (el este 27 de junio). Era una investigación que tuvo que concluir las primeras horas del 2 de junio, lo cual resulta lamentable”, denunció Salas, abogada especialista en violencia de género.
 
Itzel fue víctima de violación en la vía pública cerca del metro Tasqueña en la delegación Coyoacán. El crimen ocurrió en la noche del 1 de junio, cuando Miguel Pérez la sometió con un cuchillo cuando se dirigía a la terminal del transporte público.
 
La violó sexualmente por dos horas sin que ella fuera auxiliada por las personas que presenciaron el hecho, hasta que, en defensa propia, forcejeó con él para evitar que la asesinara, lo que ocasionó la muerte del agresor y que después la PGJDF conformara un grupo especial para investigarla por “homicidio doloso”.
 
De acuerdo con la abogada, la defensoría y los familiares de Itzel mañana tendrán la notificación formal de que la carpeta de investigación por homicidio se cerró, ya que después del comunicado que la Procuraduría local dio a los medios, la autoridad los contactó para concretar la cita, informó en entrevista a Cimacnoticias.
 
FALTA SANCIONAR A SERVIDORES
 
Si bien la investigación se cerró con la muerte del agresor y el pronunciamiento de la PGJDF, el caso continuará, aseveró Micheel Salas, ya que aún se tienen que deslindar responsabilidades y castigar a aquellos servidores públicos que se negaron a brindarle atención inmediata a Itzel.
 
Tal como lo denunció su familia: no se le dieron anticonceptivos de emergencia en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales ubicada dentro de la Procuraduría, el padre de la niña tuvo que comprarlos, fue revictimizada en los servicios de atención psicológica y la denuncia se levantó después de 48 horas.  
 
Por estas negligencias ya se inició una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, asimismo, por las amenazas y hostigamientos que ha sufrido la familia y la víctima,  por parte del personal de la Procuraduría y familiares del agresor, este órgano emitió medidas de protección para ellos, informó Salas.
 
“En principio que se vayan y sean sancionadas la directora de la Fiscalía de Delitos Sexual, Alicia Rosas Rubí, y la directora del Centro de Terapia y Apoyo a Víctima de Delitos Sexuales (CTA)”, concretó Micheel Salas.
 
OTRAS VÍCTIMAS
 
Karla Micheel Salas, integrante del Gadh, añadió que mañana, al tener acceso a la carpeta de investigación, podrán conocer si Miguel Ángel Pérez cuenta con antecedentes penales por violencia sexual u otro delito, pues le dijo a Itzel que había herido anteriormente a alguien y no era la primera vez que atacaba a una mujer
 
17/HZM/GG 








NACIONAL
VIOLENCIA
   Víctima de violación, actuó en defensa propia: OSC
   
Exigen a PGJDF deje de perseguir a Itzel, sobreviviente de feminicidio
Genaro Navarro y María de la Luz Hernández, padres de Itzel en conferencia de prensa | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/06/2017

La Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) inició una investigación por homicidio en contra de Itzel, adolescente de 15 años de edad, quien al defenderse del agresor que la violó sexualmente lo hirió de muerte, según denunció el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh) y los familiares de la víctima.
 
Las agresiones contra Itzel ocurrieron el pasado 1 de junio de 2017, en las inmediaciones del metro Tasqueña, en la delegación Coyoacán, cuando la adolescente salió de la escuela para encontrarse con su padre, para lo cual tenía que abordar el transporte público, como relata en un video que circula en redes sociales.
 
Rumbo al paradero, Miguel Pérez Alvarado la detuvo, amenazándola con un cuchillo y la llevó debajo de un puente, donde la privó de su libertad por más de dos horas, la violó e intentó asesinarla.  
 
En el video Itzel denuncia el desinterés de automovilistas y transeúntes, a pesar de que observaron cuando era amenazada y atacada sexualmente en la vía pública donde el criminal la expuso, sin que nadie interviniera. Cuando Miguel Pérez le dijo que la asesinaría “porque lo merecía”, comenzaron a forcejear con el cuchillo que él intentó enterrarle pero este salió herido en el pecho.
 
La menor de edad logró escapar y pidió ayuda. Al lugar llegó la policía de la Secretaría de Seguridad Pública y fue trasladada al Ministerio de Público (MP) en Coyoacán,  sitio en el que no había  una médica especializada para atender a víctimas de violencia sexual, por lo cual fue trasladada a otra unidad ministerial en la colonia Vallejo, al norte de la ciudad.
 
En Vallejo, las autoridades del MP le dijeron que no podían atenderla y la enviaron a la colonia San Jerónimo, donde nuevamente se negaron a darle el servicio. Hasta que fue trasladada y atendida en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales ubicada dentro de las instalaciones de la PGJDF, en la delegación Cuauhtémoc. Para ese momento ya habían pasado más de 24 horas desde que Itzel fue víctima de violación.
 
PGJDF PERSIGUE A LA VÍCTIMA
 
Los familiares de Itzel y representantes legales del caso, los abogados Karla Micheel Salas y David Peña Rodríguez, señalaron en conferencia de prensa que el futuro de la joven de 15 años está por definirse, pues dos días después de la agresión le notificaron que el criminal había muerto, por lo que la PGJDF abrió una denuncia en contra de la niña.
 
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Hasta esta mañana los  abogados dijeron no tener acceso a la carpeta de investigación por homicidio doloso (con número CI-FLI/COY-2/01/000968/06-2017). Sin embargo, horas después del pronunciamiento de la familia, la Procuraduría capitalina informó en un comunicado que derivado de la investigación determinó que la menor de edad “queda libre de toda responsabilidad“.
 
Previo al anuncio de la autoridad, la abogada especializada en perspectiva de género, Karla Micheel Salas, explicó que no hay posibilidades de castigo por el delito de violación sexual ante la muerte del agresor y además dijo que cuando se cerró esta investigación, que contiene los peritajes y la mecánica de lesiones, también se debió cerrar la indagatoria por el delito de homicidio doloso.
 
Sin embargo, la defensa legal de Itzel señaló su preocupación por que hasta esta mañana la PGJDF aún no cerraba la investigación donde se inculpa a la joven; por el contrario, este martes personal de la dependencia les informó que se conformó un grupo especializado para investigar el supuesto homicidio del criminal, por lo que la Procuraduría podría llevar a proceso a Itzel.
 
“El cierre de esta investigación tuvo que ser en menos de 48 horas”, denunció la abogada Micheel Salas, ya que insistió en que la autoridad contaba con todos los elementos de prueba y dictámenes para confirmar el ataque sexual del que fue víctima la menor de edad. En caso de que la investigación por homicidio continúe, dijo, será responsabilidad del Poder Judicial determinar si procede o no la denuncia.
 
UN AMPARO PARA CONOCER EXPEDIENTE
 
En la conferencia de prensa, el abogado David Peña dijo que esperaban que la PGJDF se pronunciara para informar el cierre de la investigación por homicidio, en tanto, la defensoría interpuso recurso de amparo en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal para conocer el estatus de la carpeta de investigación por homicidio.
 
Además, los abogados del Gadh presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por el caso, por la actuación de la Procuraduría local y la atención que da a las víctimas de delitos sexuales. “Lo que nos urge ante el contexto de hostigamiento de la Procuraduría, es resolver la situación jurídica de Itzel”, señaló David Peña.
 
Asimismo también se buscaría medidas de protección para Itzel y su familia, ya que han recibido amenazas por parte de amigos y familiares de Miguel Pérez Alvarado. Esto ha ocasionado que  la menor de edad deje de  asistir a la escuela y mantiene en “zozobra a la familia”, dijo la madre de Itzel, María de la Luz Hernández.
 
“Mi hija estaba defendiendo su derecho a la vida y ahora la Procuraduría está diciendo que es culpable”, señaló.  
 
PGJDF INCUMPLE CON PROTOCOLO DE ATENCIÓN
 
Luz Hernández también denunció los malos tratos a los que fue sometida su hija al presentar la denuncia. En la Agencia Especializada en Delitos Sexuales del llamado “bunker”, no le brindaron la atención médica y psicológica inmediata, que incluye la administración de anticonceptivos de emergencia y antirretrovirales, así como la contención emocional, tal como lo indica la normativa de actuación de la PGJDF (acuerdo A/002/2005).
 
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Por el contrario, le dijeron que primero tenía que hacer la declaración, luego podrían proceder a la atención médica. Sin embargo, en esta unidad especializada no contaban con anticonceptivos de emergencia por lo que ellos fueron los encargados de comprarlos, denunció la familia.
 
“El área de atención a víctimas no está cumpliendo con los protocolos ni con la ley”, indicó Karla Micheel, “tenemos un marco jurídico que debe proteger a las víctimas de violencia sexual, donde indica en su protocolo que deben ser trasladada al médico y dar contención emocional”, nada de esto le fue brindado a Itzel.
 
Las negligencias continuaron en el Centro de Terapia y Apoyo para Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) donde ayer se presentó Itzel. Ahí, la psicóloga que la atendió le dijo que era mentira que su agresor estaba muerto y que “se pusiera hacer algo, que no fuera floja”, relató la madre.
 
Estos malos tratos y la falta de personal capacitado para atender a víctimas de violación sexual en las instancias de la PGJDF, como las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales y el Centro de Terapia (CTA) han sido constatados por Cimacnoticias a través de una investigación especial.  
 
VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN EN LA CDMX: CASO YAKIRI
 
Las acusaciones contra Itzel, pese a ser la víctima, presentan similitud con otro caso reciente dentro del sistema de justicia capitalino: el de Yakiri Rubí Rubio Aupartuna joven de 20 años de edad, quien se defendió para evitar ser asesinada después de ser víctima de violación en diciembre de 2013.
 
La PGJDF acusó a la joven  de “homicidio por exceso de legítima defensa”, por lo que fue recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, y después en Tepepan, al sur de la Ciudad de México. Un año después, salió libre por las exigencias y la defensa jurídica de organizaciones civiles y su familia.
 
El padre de Yakiri, José Luis Rubio, quien a raíz de la vivencia con su hija ahora acompaña a víctimas de violencia sexual, ahora incluida Itzel, destacó en la conferencia de prensa sobre este último caso que lo sucedido con su hija tuvo que ser el paradigma para que la PGJDF no volviera a perseguir a víctimas de violación que actúan en defensa propia.
 
Esto, dijo, lo estableció el CDHDF, quien en escrito jurídico determinó que, en el caso de Yakiri, la Procuraduría ignoró tratados internacionales y violentado los Derechos Humanos (DH) al acusarla del homicidio de su agresor.
 
Cabe destacar que la Ciudad de México se inician, en promedio, al día dos carpetas de investigación por violación sexual. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob) tan sólo de 2014 a febrero de 2017, en la capital se abrieron mil 872 investigaciones por violación.
 
17/HZM/GG








NACIONAL
   Exigen datos de diligencias y acceso a expediente completo
   
Rechaza familia de Lesvy y OSC peritaje de PGJDF que apunta a suicidio
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/06/2017

El peritaje antropológico social que prometió la Procuraduría capitalina, con apoyo de la UNAM,  para investigar el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, encontrada asesinada el pasado 3 de mayo en Ciudad Universitaria, “apunta a que la ella es la culpable de su propia muerte”, a partir de preguntas que condicionan el resultado.
 
Esto denunció la abogada de la familia de Lesvy, Sayuri Herrera Román, en entrevista con Cimacnoticias, quien adelantó que la familia de la joven, como su defensa legal, rechazan la pretensión de que el caso concluya en suicidio. 
 
Explicó la abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria que el peritaje está conformado por preguntas que “condicionan el objetivo de la investigación porque ya traen un sesgo de género, son preguntas estigmatizantes. Están dirigidas a estudiar la vida sexual de Lesvy, sus relaciones familiares y sus actitudes que más que aportar para encontrar al probable feminicida la enjuician moralmente”.
 
Recordó que el 24 de mayo el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, anunció en conferencia de prensa la “coordinación interinstitucional” entre la instancia de justicia y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de un peritaje antropológico social que la institución educativa  realizaría.
 
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad (PGJDF), explicó Herrera Román, pidió a la UNAM que aportara una persona experta en antropología social para realizar el peritaje.
 
CUESTIONADA SU VALIDEZ
 
Desde el 6 de junio, cuando la familia de Lesvy y su defensa legal conocieron el peritaje propuesto, lo impugnaron a través de un “extrañamiento” que quedó asentado en el expediente. Y aunque aún así la PGJDF puede realizarlo, sus familiares aseguran que “sería cuestionable su validez” porque no incluirá entrevistas con el núcleo cercano de Lesvy como sus padres y amigos.
 
 “No vamos a cooperar con la autoridad en ninguna diligencia hasta que nos informen cómo realizaron las primeras diligencias y tengamos acceso a la primera parte de la carpeta de investigación -que incluye esa información- porque, de lo contrario, podríamos incluso aportar a  una línea de investigación como la que tememos que estén siguiendo: el suicidio”, precisó Herrera Román.
 
El peritaje también fue rechazado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, organización que ya solicitó a la Procuraduría la coadyuvancia institucional en el caso, comentó la abogada, porque “sabemos que en reiteradas ocasiones la PGJDF las aplica en otros casos y  conducen siempre a criminalizar y revictimizar a la víctima”. ​
 
ACERCAMIENTO CON LA UNAM, INSUFICIENTE
 
La familia de Lesvy considera que aportar a un perito no es suficiente para la investigación del caso, por ello Herrera Román urgió “al rector de la UNAM, Enrique Graue, al grupo de expertas  en violencia de género propuesto por él, para que aportará en el esclarecimiento del hecho y a la comunidad universitaria sumarse a exigir a la procuraduría capitalina que transparente su trabajo”.
 
La abogada General de la UNAM, Mónica Mónica González Contró, y el grupo de expertas en violencia de género ya tuvieron un primer acercamiento con la mamá de Lesvy, Araceli Osorio Martínez. Sin embargo, sigue sin haber certeza de cómo podrían aportar las expertas.
 
Herrera Román reconoce que, más allá de intervenir en materia legal, las expertas podrían ser “un canal de vinculación con las autoridades y nos abran puertas en la UNAM”, además de aportar en la “reivindicación de la memoria de Lesvy, que fue estigmatizada por la misma PGJDF desde los primeros días de la investigación”, esto último a través de la cuenta de la instancia de justicia donde difundieron información de la vida personal de la joven.
 
“Desde el principio de la investigación se estigmatizó a mi hija por ser joven, tomar decisiones, por ser mujer y por estar viva. La PGJDF hizo públicas supuestas declaraciones de la pareja de Lesvy atribuyendoles veracidad y revictimizando a ella y a su familia”, denunció el pasado 17 de junio Araceli Osorio, durante un foro político cultural.
 
La familia de Lesvy su defensa legal están en espera de la respuesta que la PGJDF dará en cuanto al peritaje antropológico social que impugnaron y continúan exigiendo el acceso a la primera parte de la carpeta de investigación que contiene los primeros peritajes, esenciales para conocer la línea de investigación que actualmente se sigue, señala la abogada.

 17/MMAE/GG








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Denuncian más de 700 víctimas de violación y solo se brindan 28 terapias individuales
Centro de Terapia para delitos sexuales: ineficaz y rebasado
Mujeres de varios países crearon en 2015 la Iniciativa #NiUnaMenos contra la violencia de género | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/06/2017

De las más de 700 denuncias por violación que se presentan cada año en las seis Agencias Especializadas en Delitos Sexuales de la Ciudad de México –en promedio dos cada día- no hay certeza de cuántas reciben apoyo psicológico en el Centro de Terapia, que depende de la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales, de la Procuraduría capitalina, ya que la atención no es obligatoria.
 
A estas víctimas, cada año, sobre todo mujeres y niñas, para quienes el Estado no les garantiza “la posibilidad de disminuir el impacto de una violación, de eliminarlo”, como era el objetivo del Centro de Terapia de Atención para Delitos Sexuales (CTA), impulsado por organizaciones feministas, como parte de un proyecto de atención integral, explica a Cimacnoticias quien fue su titular, Bárbara Yllán Rondero.
 
Sin embargo, el CTA, fundado en 1991, como resultado de ese proyecto integral de atención a víctimas de delitos sexuales y que incluyó reformas al Código Penal Federal y la creación de las agencias especializadas, “se descuidó en el camino”, dice Yllán.
 
Peor aún, porque el CTA, la única unidad que brinda ese servicio, a donde se canalizan todas las víctimas que denunciaron en las Agencias Especializadas, hoy no es lo que se pensó: un modelo integral que diera las mujeres una “justicia restitutiva”: con atención jurídica, psicológica y de salud, agrega Yllán Rondero.
 
Las consecuencias no son sólo problemas de administración pública, señala la directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Laura Martínez Rodríguez. “La importancia de que el Estado garantice este servicio es que las personas que vivieron violencia sexual puedan tener salud mental y emocional, pues de no recibir una atención especializada, las consecuencias puedes derivar en depresiones que lleven incluso al suicidio”, advierte.  
 
“Los proyectos como la atención a víctimas son muy delicados y más cuando no se cuidan, por eso ha habido casos fatales de denuncias, coincidió en señalar Bárbara Yllán. Lo peor es que el personal del CTA lo ve como una cuestión “asistencial”; la atención a víctimas y el seguimiento puntual de los delitos sexuales ha colapsado”.  
 
A ello se suma, afirma Martínez, impulsora del CTA, que a casi 30 años de creado, se desconoce si su modelo de intervención psicológica es efectivo o da resultados, ya que la PGJDF no ha sido transparente “nunca ha permitido, por ejemplo a la sociedad civil, una observación directa del trabajo de atención a víctimas que están haciendo, ni siquiera han hecho público el modelo que siguen”.
 
DE LA ESPERANZA... AL CTA
 
El CTA, como instancia de la PGJDF, por obligación, tendría que proporcionar atención psicoterapéutica a las personas (en su mayoría mujeres y niñas) que denuncian una violación sexual.
 
El CTA está ubicado, además, en la zona residencial de la colonia del Valle, Pestalozzi 1115, lejos de las delegaciones en donde, según la propia Fiscalía de Delitos Sexuales, hay más violaciones: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena Contreras y Tláhuac.
 
En el último año, sólo dio 28 terapias individuales y 885 grupales, (PGJDF, Quinto Informe de actividades), y atiende en promedio a  más de 3 mil personas víctimas de violencia sexual directas o indirectas cada año.
 
La realidad en el CTA, afirma la Directora de Adivac, es un servicio “tardío y burocrático”, donde lo único que les interesa “son los números oficiales y no la calidad de la atención”.  
 
Personal del Centro reconoce en entrevista que al ser la única unidad, “está saturado”. Y eso impide, señala por su parte la Directora de Adivac, que dé un tratamiento pronto y seguimiento puntal a las víctimas.
 
Yllán coincide: “No hay suficiente gente que atienda, asesores legales; sé que les están dando citas a las víctimas una vez al mes, cuando las terapias deberían darse mínimo una vez a la semana”.
 
Para Martínez, experta en atención a víctimas de violencia sexual desde hace 27 años, la terapia semanal garantizaría que el modelo de atención psicológica fuera eficiente, “las sesiones terapéuticas deben ser constantes, una vez cada semana, no como sucede en el CTA donde dan únicamente 12 sesiones.
 
Y agrega: el modelo de atención psicológica debe estar sustentado en técnicas, teorías, “no es un manual de procedimientos”.
 
CAPACITACIÓN, INFRAESTRUCTURA
 
Sin transparencia tampoco sabemos si el personal del CTA está realmente preparado en el área psicológica, afirma Martínez. Dicen que son especialistas “porque están trabajando ahí, pero no tienen una formación ni de género y mucho menos de Derechos Humanos. Tienen que saber de sexualidad y no saben, sólo tienen lo que les dan en la Facultad y muchas acaban de salir”.
 
El desinterés del gobierno siempre fue problema y la precariedad constante, afirma Yllán, al recordar cuando dirigió el CTA.  “No había mobiliario, comprábamos sillas de jardín usadas porque no había dinero, llenaba el Centro con muebles que arreglábamos, hacíamos jornadas de reparación para vernos dignos, aun cuando
hay cualquier cantidad de presupuesto en el gobierno”, señala.
 
EVALUAR, REPARAR, VIGILAR
 
Ante este panorama de colapso, tanto Yllán como Martínez consideran que sí hay salida. Para la Directora de Adivac, primero hay que acabar con el hermetismo, “crear un observatorio sobre el abordaje de la violencia sexual, puntualmente en el CTA”, y revisar su modelo de atención.
A partir de ahí, evaluar si se necesitan más unidades como ésta en la capital, dice. Se podría pensar, incluso, “en una institución que albergue los tres servicios de atención hoy seccionados: jurídico, psicológica y de salud, “para que las víctimas no estén en un ir y venir de instituciones”.
 
Podría operar de la mano de organizaciones civiles y expertas en el tema, pues agrupaciones como Adivac son las que se han posicionado como la opción para las víctimas. “Ven que no somos el gobierno y ven a las personas en los medios de comunicación que pasaron el proceso en Adivac y se sienten bien, dicen, yo quiero estar así”.
 
Bárbara Yllán asegura que “regresaría al sistema de la procuración, si realmente se permitiera trabajar sin restricciones”. Y propone crear un foro nacional, donde expertas y el Estado plateen los distintos problemas de violencia de género, violencia sexual, y su atención. Esto tiene que retomarse, insiste.
 
17/HZM/MMAE/GG
 








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Para las víctimas, horas de trámites y luego... abandono
Agencias Especializadas en Delitos Sexuales: sueño trunco
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/06/2017

Por ley, las Agencias de Delitos Sexuales en la capital del país están obligadas a dar a las víctimas “un trato digno, respetuoso y sensible, dadas las circunstancias por las que atraviesan”, a darles “asesoría jurídica y atención médica y psicológica”. Un escenario digno impulsado por el movimiento feminista durante años de lucha, pero que hoy, ante la realidad, obliga a preguntarse “¿en qué se convirtió el sueño?”.
 
En un día común en las agencias, mujeres sostienen en sus manos los arrugados papeles de su denuncia y reclaman que dejaron libre a su agresor sexual; una abuela y su nieta de siete años quien vivió un delito sexual, reciben un trato frío y esperan ser atendidas. Otra joven lleva cerca de seis horas en las instalaciones... No hay contención, ni privacidad, sólo tensión, llanto contenido, frías instrucciones y horas, días quizá, de trámites.
 
La primera Agencia se instauró en la capital en 1989, luego de que 19 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violación por escoltas del entonces subprocurador de Narcóticos de la Procuraduría General de la República, Javier Coello Trejo. Los hechos motivaron reformas al Código Penal Federal y el aumento de la sanción por delitos sexuales. Todo esto, impulsado por el movimiento feminista, periodistas, académicas y defensoras.
 
Ellas se unificaron en organizaciones como el Comité Pro Víctimas (1991) que tenía la facultad de vigilar el funcionamiento de las Agencias Especializadas.
 
Hoy, en la capital funcionan seis agencias especializadas en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y dos en Cuauhtémoc, regidas bajo el acuerdo A/002/2005, que emitió la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en 2005 para la atención a víctimas.
 
Este indica las diligencias estrictamente necesarias: canalizar a las víctimas al perito psicólogo y médico, como medidas inmediatas para atender lesiones y contención emocional. Luego, la declaración y el inicio de la averiguación previa.
 
DENUNCIA, UN LARGO DÍA
 
El proceso de denuncia le toma a la víctima un día completo, corroboró Cimacnoticias durante un recorrido por las agencias de delitos sexuales 1 y 6, ubicadas en Cuauhtémoc. En la 1, una joven de 17 años dijo que había iniciado su denuncia a las 11 de la mañana, pero lo habían dicho que esta concluiría hasta las 10 de la noche. Procedía de Cuajimalpa, en donde fue víctima de violación, y al llegar, el MP la cuestionó “tienes aliento alcohólico, ¿cómo querías que no te pasara?”.
 
La perito en Psicología de esta Agencia explicó que la valoración psicológica a la víctima tarda de una a 5 horas y el estudio médico depende del delito, “en caso de violación se necesita una revisión exhaustiva, pero por abuso sexual es un chequeo rápido”. 
 
Aunque la normativa indica que el personal debe dar las “recomendaciones profilácticas para prevenir alguna consecuencia” como infecciones de trasmisión sexual,  una asesora jurídica en la Agencia 1 indicó que esta no tienen facultad de contar con  anticonceptivos de emergencia, “pero si la víctima los necesita, se llama al personal de la Clínica Condesa”.
 
Después, la policía de investigación intenta, con recorridos a la zona donde ocurrió el delito, ubicar al agresor, con retratos hablados. En caso necesario, se llama a peritos en química para recabar pruebas de sustancias y dar con el agresor.
 
Si la víctima es menor de edad, las agencias cuentan con áreas lúdicas para que estén más confortables, “con ellos hay un trato diferente”, aseguró la perito.  Pero la abuela de una niña de siete años, víctima de un delito sexual, dijo que llevaban más de una hora de espera y nadie trasladó a la niña a dicho lugar.
 
El reglamento de 2005 indica que todo el proceso judicial se tiene que realizar en “áreas exclusivas y privadas”, con personal del mismo sexo que la víctima. La abuela y su nieta hicieron la denuncia frente a las personas que esperaban y sólo les dieron dos documentos que explican sus derechos como víctimas.
 
Irregularidades como estas ya han sido denunciadas. En el año 2000, cerca de 20 grupos civiles, como las Defensoras Populares y el Grupo de Información en Reproducción Elegida, presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos local una queja por tres casos en que las agencias no cumplían su función: no había manuales operativos, ni personal capacitado, faltaban médicos y psicólogas, o se les negaban el servicio a las víctimas y recibían malos tratos.
 
La Comisión emitió la Recomendación 3/200 a la PGJDF por  “servicio ineficiente” y ésta la aceptó parcialmente, mejoró la infraestructura, el mobiliario, elaboró manuales operativos y capacitó a su personal. Se tomó por cumplida en 2005. En junio de ese año se publicó el acuerdo en la Gaceta Oficial. Hoy la evidencia revela que el acuerdo quedó sólo en eso. 
 
APOYO MÉDICO Y PSICOLÓGICO, A LA SUERTE
 
Finalizado el proceso en las agencias, las víctimas son dejadas a su suerte. Según el acuerdo, para recibir tratamiento integral (estudios, interrupción del embarazo y terapia psicológica), se les refiere al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) y a la Clínica Especializada Condesa.
 
“No creo ir, tengo que trabajar porque tengo hijos que mantener”, dijo una mujer de alrededor de 35 años, que horas antes, en la Agencia 6, denunció con otras 6 ser víctima de violación por el mismo agresor, el cual fue liberado por “falta de pruebas”.
 
Otra dijo que era “posible” que asistiera al servicio médico por ser algo que “afecta su salud”; les dijeron que el agresor podría tener VIH. Ninguna iría a terapia, dijeron que no les importaba ese servicio, sólo querían justicia y se quedaron afuera de la PGJDF, gritando, desesperadas, “que vuelvan a arrestar al agresor”.
 
“No podemos obligar las personas a atenderse en esos servicios, dijo la  asesora jurídica, una vez  canalizadas depende de ellas continuar con el tratamiento”. La ley, efectivamente, no ordena ningún seguimiento, sino la “responsabilidad del agente del MP” de canalizar a la víctima y/o sus familiares o hacer de su conocimiento la existencia y servicios que brinda el CTA”.
 
En la próxima entrega sabremos del  servicio que otorga el Centro de Terapia, instancia única que recibe todos los casos canalizados de las 6 agencias especializadas de la capital. 
 
17/HZM/MMAE/GG








NACIONAL
VIOLENCIA
   Alumnas protestan y CIEG pide a PGJDF activar protocolo
Protocolo exige que muerte de Lesvy se investigue como feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 05/05/2017

De acuerdo con el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de Feminicidio, vigente en la Ciudad de México desde 2011, el asesinato de Lesvy, joven de 22 años encontrada asesinada la madrugada del 3 de mayo en Ciudad Universitaria, debe ser investigado como tal por la Fiscalía Especial de Feminicidio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
 
El día del crimen, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó a través de Comunicación Social que el cuerpo de la joven fue descubierto en un lugar público cerca del Instituto de Ingeniería y atado a una caseta de teléfono público, dos características del delito de feminicidio. 
 

CIMACFoto: César Martínez López.

 
Algunos medios de comunicación afirmaron que el Ministerio Público de la Coordinación Territorial COY-1 inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio y activó inmediatamente el Protocolo de Feminicidio para estos casos.
 
Cimanoticias preguntó al área de Comunicación Social y de Relaciones Públicas de la PGJDF si se activó el Protocolo, pero en ambas áreas se informó que no tienen el dato porque sólo el Ministerio Público cuenta con el expediente. Hasta el cierre de esta edición seguimos a la espera de una entrevista con el Fiscal de Homicidios de la PGJDF, Marco Enrique Reyes.
 
El Protocolo que establece los procedimientos de actuación pericial, ministerial y policial, para indagar asesinatos de mujeres que pudieran ser un caso de feminicidio existe desde hace seis años, cuando la PGJDF, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio elaboraron la guía de actuación en estos casos.
 
Estas directrices señalan que los homicidios de mujeres –salvo que sean una “conducta culposa” – deben ser informados a la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual y por Identidad o Expresión de Género.
 

CIMACFoto: César Martínez López.

 
También desde hace seis años la capital del país reconoce el feminicidio, delito que, de acuerdo con el Artículo 148 BIS del Código Penal de la Ciudad de México lo comete “quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer”, conducta que se castiga con una condena de 20 a 50 años de prisión.
 
RAZONES DE GÉNERO
 
Para acreditar el delito se establecieron cinco razones de género; la primera, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; y la segunda, que le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida.
 
La tercera razón de género es que existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; la cuarta, que el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; y la quinta, que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.
 
Además, el Código Penal local establece que si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de las razones género se impondrán de 30 a 60 años de prisión.
 
Con el fin de realizar una investigación certera, el Protocolo establece además la relevancia de las autoridades de identificar el espacio físico y las circunstancias que rodean al hecho, porque esto puede sugerir líneas de investigación, es decir, conocer si el crimen tiene relación otros casos de feminicidio, trata de personas, explotación sexual, narcomenudeo, asociación delictuosa, delincuencia organizada o violencia familiar, entre otros delitos.
 
En el caso de Lesvy, la Procuraduría no informó sobre la activación del Protocolo, pero en su cuenta de Twitter sí dio datos personales de la víctima e información sobre su nivel académico, su estado civil y su vida privada. Ante las protestas, el procurador Rodolfo Ríos Garza ordenó el retiro de los mensajes en redes sociales.
 
ACADÉMICAS EXIGEN INVESTIGACIÓN
 
El Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM (antes PUEG), una de las instituciones más importantes en estudios de género en el país, se pronunció “enérgicamente” por el asesinato de la joven y pidió a la Procuraduría de Justicia capitalina activar el Protocolo de Feminicidio.
 
Esta exigencia la reiteró el grupo de “Académicas en Acción Crítica” pertenecientes a la UNAM, al tiempo que condenaron la actuación de la PGJDF por la información que difundió en Twitter y que revictimizó a la joven. En un comunicado, exigieron a las autoridades universitarias esclarecer el crimen “aun cuando no tengan responsabilidad por el caso”.
 
“La Universidad Nacional tiene la alta responsabilidad de contribuir a educar en igualdad y a promover el respeto”, señalan, y recordaron que también se debe imponer sanciones a quienes han sido acusados de acoso por las estudiantes. 
 
En apoyo a la comunidad universitaria, desde Guatemala, en un comunicado, la Comisión Universitaria de la Mujer de la Universidad de San Carlos de dicho país, expresó su preocupación por “el aumento de expresiones de violencia, acoso sexual, y ahora de muerte violenta en la Ciudad Universitaria”.
 
Declararon que las autoridades de la UNAM deben de “profundizar sobre su compromiso con el derecho de las mujeres a una vida sin violencia”, e invitaron a la comunidad académica de Latinoamérica a condenar estos hechos.
 
“CIUDAD SEGURA”: POLÍTICAS PÚBLICAS
 
Desde 2008 el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera, a través del Instituto de las Mujeres local (Inmujeres CDMX) incorporó estrategias para garantizar la seguridad e integridad plena de las mujeres y niñas en toda la ciudad.
 
El programa “Ciudades Seguras Libres de Violencia para las Mujeres”, aún vigente, busca rescatar espacios públicos (instalación de seguridad, alumbrado, centros recreativos) para la movilidad libre y segura de las mujeres. A este proyecto se sumó en 2015 ONU Mujeres y la Facultad de Arquitectura de la UNAM para su desarrollo.
 
La UNAM participa en estas propuestas gubernamentales a través de investigaciones hechas desde la academia para su construcción.
 
Asimismo, la UNAM se unió en agosto del año pasado a la campaña impulsada por ONU Mujeres, HeForShe, que entre otras acciones contemplaba la creación de un Protocolo para atender los casos de violencia de género en la Máxima Casa de Estudios y, como acciones urgentes, la instalación de botones de pánico y actividades de difusión para promover la igualdad de género.
 

CIMACFoto: César Martínez López.

 
A casi un año de que la UNAM se sumara a esta campaña y ante el caso de Lesvy, el rector Enrique Graue Wieches, aseveró que este acontecimiento obliga a asumir y mirar la responsabilidad que tiene la UNAM frente a la seguridad de la comunidad universitaria.
 
“He procurado reforzar nuestros sistemas de prevención y seguridad, establecer medidas para la prevención de la violencia sexual y de género, dialogar con las autoridades pertinentes para reforzar la seguridad en las cercanías de nuestras entidades académicas”, aseguró en su comunicado.
 
No obstante, estudiantes universitarias marcharon esta tarde, para, además de exigir justicia por el feminicidio de Lesvy, exigir mayor seguridad al interior y al exterior de Ciudad Universitaria, pues pese a todas estas campañas a las que se ha sumado la UNAM, no se sienten seguras en ningún espacio.
 
Estudiantes, académicas, madres, se manifiestan en CU por Lesvy
 
17/AGM/HZM/GG
 








NACIONAL
LABORAL
   CDHDF no emite aún recomendaciones
Autoridades de la CDMX, sin respuesta a trabajadoras del IEMS
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/04/2017

Autoridades de la Ciudad de México se deslindaron de su responsabilidad para resolver las denuncias de recontratar y garantizar condiciones laborales dignas a las trabajadoras de intendencia despedidas, desde enero de 2016, del Instituto de Educación Media Superior (IEMS).
 
En la reunión efectuada el pasado 7 de abril entre personas representantes de las trabajadoras y de instancias capitalinas, un funcionario de la Secretaría de Educación (SEDU) negó que pueda dar respuesta a las exigencias laborales de las mujeres, aún cuando el titular, Mauricio Rodríguez Alonso, tiene un cargo jerárquico superior al de la directora del IEMS, Dinorah Pizano, y cuando el IEMS es un organismo descentralizado, pero dependiente de la Secretaría.
 
A estas condiciones adversas para las trabajadoras, se suma el reconocimiento del representante del IEMS sobre la inexistencia de contratos de las empresas subcontratistas de limpieza firmados por las trabajadoras despedidas, informó la organización acompañante del caso, el Comité Cerezo México, mediante un comunicado.
 
La asamblea, que se realizó en las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, fue resultado de lo que exigieron las trabajadoras en el mitin que hicieron el 3 abril frente a la instancia.
 
SIN GARANTÍAS DE SEGURIDAD
 
Sobre la seguridad que las trabajadoras pidieron para el plantón que mantienen  afuera del Plantel 2 de Iztapalapa del IEMS, para lo cual ya entregaron un documento a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), un representante de la instancia les informó que abrieron una carpeta de investigación, pero requieren que las trabajadoras presenten una denuncia contra el personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que fotografió el plantón en marzo pasado.
 
Al respecto la  representante de la Dirección General de Asuntos internos de la SSP expresó también la necesidad de que las trabajadoras presenten a la dependencia una queja contra los supuestos funcionarios implicados.
 
Sin embargo, en el comunicado del Comité Cerezo, las trabajadoras mencionaron que aún no deciden si denunciarán o no, ante el temor de que aumente la represión. 
 
Por su parte, la representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dijo que ya existe un expediente del caso y no dio novedades sobre las recomendaciones que las trabajadoras despedidas han insistido que emitan.
 
En la reunión también estuvo un vocero de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana del Gobierno, quien ofreció discutir en otra sesión, junto con representantes de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, la prolongación del aumento del seguro de desempleo otorgado a 22 trabajadoras.
 
La Concertación es el órgano que las instó a levantar un Juicio para que el IEMS las reconozca como trabajadoras. Este se presentó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje desde febrero de 2016 y hasta ahora no hay un fallo definitivo.
 
17/MMAE/GG
 








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