violencia contra las mujeres

INTERNACIONAL
   La Plata, Morón y Quilmes donde se instalarán las casas
   
Construirán en Argentina nuevas casas para víctimas de violencia
Imagen retomada del portal Prensa Latina
Por: la Redacción
Cimacnoticias/PL | Buenos Aires, Arg .- 30/08/2017

El gobierno argentino, a través del Plan Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, construirá nuevos hogares en el llamado Gran Buenos Aires para víctimas de estos casos.
 
Se trata de casas de protección integral que estarán instaladas en localidades bonaerenses de La Plata, Morón y Quilmes, en las cuales las víctimas podrán vivir con sus hijos, obtener formación y trabajar en la reincorporación a la vida social.
 
Según precisó en una nota la Presidencia, las obras incluirán modificaciones en el espacio exterior para asegurar senderos seguros y acceso a servicios de transporte público, plazas, salud y educación.
 
Las localizaciones y el programa funcional de los primeros tres Hogares de Protección Integral (HPI) fueron consensuados en un trabajo conjunto con el Consejo Federal de la Mujer y la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, agregó la fuente.
 
“Estamos muy contentos por la posibilidad concreta de construir estos tres refugios”, declaró la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley tras resaltar que serán tres de nueve refugios que se construirán en esas áreas y se incorporan a una red que ya suman 44 en la provincia.
 
Las autoridades prevén extender esta iniciativa con otros cuatro centros más en una segunda etapa del año en la provincia y otro en el norte del país.
 
El Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres 2017-2019, consta de 69 medidas y 137 acciones.
 
Según cifras difundidas por organizaciones se calcula que en Argentina muere cada 30 horas una mujer víctima de violencia, sin contar las denuncias por acoso y maltrato.

17/RED








MONEDERO
DERECHOS HUMANOS
   MONEDERO
Condiciones para la incertidumbre económica
Especial
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/03/2017

Sin duda el mejor homenaje que se le puede hacer a la Mujer Trabajadora mexicana en su día es luchar por mejorar su situación económica, su autonomía. No sólo implica los ingresos que obtiene en el mercado laboral, tener un trabajo digno, disponer de vivienda, acceso al agua y a la tierra. También es igual de importante que las condiciones del país y su entorno mejoren.
 
TRABAJADORAS MEXICANAS: CONDICIONES Y ENTORNO
 
La situación  que hoy está viviendo el país –tanto en el económico como en lo social- es producto de varios factores y aquí mencionaremos algunos de ellos.

VER GRÁFICA AQUÍ

La pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que no se recupera desde la crisis de 2008 y que, por el contrario, con los actuales niveles de inflación se han acentuado, creando enojo y descontento en la mayoría de la población trabajadora. Tampoco hay crecimiento económico y la violencia contra las mujeres sigue incrementándose. (Ver gráfica)
 
Según Inegi, en febrero de este año la inflación anual no subyacente fue de 7.40 (incluye la variación en los precios de: agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno).  Una cifra que supera con mucho la meta que se planteó Banco de México (Banxico), que para este año es de un rango de 3 a 4 por ciento. Ese rango se convierte en el “tope salarial” para las revisiones contractuales y obviamente la inflación actual ya se comió los incrementos salariales, tanto el del salario mínimo como los contractuales que se dieron o los que se vayan a dar.
 
Conforme a los datos de Coneval, el ingreso laboral per cápita en 2005 (deflactado por el valor de la canasta básica), era de 2 mil 068.79 pesos; para 2016 ya había disminuido a 1 mil 567.85 pesos. Una caída del 32 por ciento, y conste que la canasta básica es prácticamente de supervivencia.
 
Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya anunció que no habrá un incremento salarial de emergencia.
 
MEDIOCRE CRECIMIENTO
 
El crecimiento de la economía tampoco ayuda, son prácticamente 30 años con un crecimiento muy mediocre. Conforme a la información generada por Inegi el crecimiento anual del PIB en el 4to trimestre de 2016 fue de 2.3; solamente las actividades primarias tuvieron un crecimiento superior (4.1 por ciento).
 
Sin embargo el PIB por habitante (per cápita) en 2016 tuvo un descenso de 10.1  por ciento, respecto a 2015, según Inegi.
 
Para este año las últimas previsiones de la Secretaría de Hacienda sobre el crecimiento de la economía son de apenas un 1.5, pero algunas instituciones privadas lo han disminuido al 1.4 por ciento. Por su parte, Banxico proyecta un crecimiento del PIB en un rango que va del 1.3 al 2.3 por ciento, desgraciadamente con muchas posibilidades de que quede en 1.3. 
 
TRUMP Y LA INCERTIDUMBRE
 
Este panorama se vuelve más complejo por la incertidumbre que generan dos elementos muy importantes: la posible renegociación del TLCAN y la política fiscal que ha anunciado Donald Trump para Estados Unidos y que implica una disminución en los impuestos a las empresas. Además está la depreciación del peso, respecto al dólar, causado en buena medida por la posición de Estados Unidos.
 
Esto provocaría que en México también se hiciera una reforma fiscal, porque si las empresas van a pagar menos impuestos allá, emigran hacia ese país, lo que desalienta la inversión extranjera directa. Justamente ese es el objetivo de Trump, que las empresas no emigren hacia otros países y se queden en Estados Unidos.
 
Respecto a la posible renegociación del TLCAN, se prevé que ésta sea hasta el segundo semestre del año y las condiciones no son precisamente las mejores, entre otras razones por la posición tan agresiva hacia México que hasta ahora tiene el presidente Trump y su equipo de trabajo.
 
Según Enrique Peña Nieto esta renegociación debe incluir temas laborales y de medio ambiente, las dos cosas que detestan Trump y su equipo, y defensa de la soberanía respecto al Estado de derecho (¿cuál?). El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirma que México se retiraría de las negociaciones si Estados Unidos propone aplicar aranceles a los productos mexicanos. Incluso el Gobierno anunció que México podría abandonar el Tratado si no consigue buenas condiciones para la economía del país.
 
En este sentido hay una propuesta que es particularmente peligrosa para la producción nacional: el llamado BAT (tarifa de ajuste fronterizo), que castigaría todas las importaciones que realizaría Estados Unidos, provenientes de México.
 
POLÍTICA MONETARIA
 
Por lo que concierne a la política monetaria de Banxico –como parte de sus funciones- emitió un comunicado el pasado 21 de febrero para proteger el peso y a las deudas que tienen en dólares las empresas mexicanas, sin tener que perder tantas reservas internacionales como lo había venido haciendo, por cierto sin mucho éxito.
 
Es un programa de coberturas cambiables, liquidables al vencimiento por diferencias en moneda nacional. El monto del programa será hasta 20 mil millones de dólares. 
 
SEPARACIÓN DE FAMILIAS
 
En vía de mientras, las expulsiones (deportaciones) de los migrantes mexicanos continúan, en un clima de violencia y terror provocado por Trump. Está obligando a las familias con hijas e hijos nacidos allá (y que no tienen regularizada su situación migratoria) a  visitar a los conocidos o familiares que sí están regularizados, para pedirles de favor que, en caso de ser deportados, adopten a sus hijos. Hay aproximadamente más de 4 millones hijos de mexicanos, nacidos allá.
 
Estas visitas las realizan de uno en uno, temen salir en grupos porque aumentan las posibilidades de ser atrapados por la Migra y deportarlos. Ya es que el Gobierno estadounidense, cuando realiza las deportaciones, da en adopción a sus niñas y niños, Sus madres y padres nunca los vuelven a ver, aunque regresen a ese país.
 
Una crisis humanitaria que amerita la defensa de los derechos humanos de los y las migrantes mexicanos, de manera urgente. Esas Mujeres migrantes –mexicanas o centroamericanas- requieren de más apoyos. Ellas están activas, luchando por sus derechos, a pesar de la pasividad del Gobierno de México.
 
* Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce
 
17/CRPM/GG
 








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
Las víctimas y la conciliación
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 28/02/2017

Aunque no lo enuncia, es claro que cuando la Ley General de Víctimas habla del derecho de las víctimas a optar por la solución de conflictos mediante la justicia alternativa, no está incluida la violencia familiar y mucho menos de tipo sexual.

Sin embargo, hará falta que esto y las medidas de atención a víctimas de violencia sexual, señaladas en la NOM 046, queden   explícitas en el Reglamento de la LGV.
 
En la Ley General de Víctimas, el Artículo 17 refiere esta situación en particular, concretamente en un par de párrafos que define los mecanismos y procedimientos que habrán de seguirse para garantizar que no se utilicen argumentos, desde la retórica de violencia contra las mujeres, para justificar que se envíe a las víctimas a mediación y conciliación.
 
El Artículo 17 señala:

“Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición.
 
“No podrá llevarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión. El Ministerio Público y las procuradurías de las entidades federativas llevarán un registro y una auditoría sobre los casos en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos, notificando en todo caso a las instancias de protección a la mujer, a fin de que se cercioren que la víctima tuvo la asesoría requerida para la toma de dicha decisión. Se sancionará a los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conlleva”.
 
El Artículo 17 establece 3 líneas importantes en las que se tendrá que hacer incidencia, pero también establecer claramente quién o cómo se responderá para garantizar el cumplimiento y que efectivamente se acredite las condiciones de que una víctima de algún delito (que no sea familiar, ni sexual en el ámbito familiar) sea sometida a la conciliación. Aunque, personalmente, considero que ninguna víctima de violencia sexual, ni comunitaria, de acoso u hostigamiento sexual tendría que ser sometida a esta vía de solución que solo la revictimiza.
 
¿QUÉ SON MEDIOS IDÓNEOS?
 
Aquí lo importante para todas las organizaciones y defensoras será definir qué y cómo se establece qué son los “medios idóneos”, y cómo se determinará y quién decidirá que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión (insisto en aquellos casos en los que la ley sí lo permite, excluyendo violencia familiar).
 
Por otro lado, se establece una responsabilidad que las Fiscalías tendrán que aclarar: quién llevará el proceso y quién verificará su transparencia en el sentido del registro y la auditoría, sobre los casos en los que la víctima optó por este mecanismo. Sobre todo porque en muchos estados son los propios Centros de Justicia y las propias Fiscalías de Delitos Sexuales las que están enviando a las víctimas a mecanismos de solución de conflictos, sin considerar si están en condiciones o si esto las puede revictimizar. 
 
También establece la responsabilidad de las instancias de protección a las mujeres. Y aquí habrá que especificar concretamente (para que nadie evada), a quiénes se refiere y el alcance de sus compromisos para comprobar que efectivamente la víctima tuvo la asesoría requerida para tomar la decisión adecuada; que no lo hizo bajo un estado de presión o de asimetría emocional y que esto no  la condujo a dar “el perdón del ofendido”, sustentada en  construcciones sociales que discriminan a la mujer.
 
Al hablar de sanción, la propia Ley General de Víctimas retoma el principio que se ha promovido en México desde la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el caso de feminicidio de Mariana Lima, al recomendar sanciones a servidores que obstaculicen el acceso a la justicia. Y retoma las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), en su informe Hemisférico, de sancionar a los funcionarios públicos que violen los derechos humanos de las mujeres.
 
La Ley General de Víctimas habla de sancionar a los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conlleva.  Esto habla justamente de lo que está  ocurriendo en algunas instancias, en donde sin tomar en cuenta la opinión, situación y condición de la víctima, literalmente son obligadas a enfrentarse a su victimario, sin tener a su lado a ningún abogado victimal o acompañante.
 
Habrá que establecer un mecanismo que garantice y establezca punto por punto cómo se sancionará y ante qué instancias, cómo y dónde podrán empezar a promover las quejas por estos hechos que ocurren cotidianamente y especialmente en los contextos de violencia familiar, como lo he reiterado, ya que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales señala que no se admite la conciliación en el Artículo 187, fracción III.
 
Algo tan importante se enuncia en la LGV, pero debe dotársele de manos y pies para que camine a favor de las víctimas.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG
 








NACIONAL
VIOLENCIA
   Promovía violencia contra mujeres
Ciudadanía logró el retiro de ofensivo promocional de la Filey
Imagen retomada del portal saeso.com
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/02/2017

El responsable de comunicación social de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey), Alejandro Pulido, informó que la imagen de la campaña promocional de la feria, la cual contenía una imagen y una frase que promueve la violencia en contra de las mujeres, ya fue retirada, al tiempo que ofreció una disculpa.
 
En una rueda de prensa, el responsable de la publicación dijo que sólo pretendía “generar expectativas de interés de la sociedad hacia el evento” y agregó que “no midió los alcances de la publicación”, y, al ofrecer una disculpa, dijo que “es de humanos equivocarse”.
 
La imagen, cuya frase decía “Castígame pero déjame leer” (además de la imagen) provocó una petición en la plataforma change.org, por considerar que fomenta y promueve la violencia contra las mujeres.
 
Quienes suscribieron la misiva solicitaron una disculpa pública y el retiro de la campaña, la cual inició en días pasados, previo a la realización de la Filey, que se llevará a cabo del 11 al 19 de marzo en Yucatán.
 
De acuerdo con la petición que circuló en change.org, el mensaje de la campaña era ofensivo, incitaba y promovía la violencia contra las mujeres, por lo que era inaceptable que este tipo de mensajes sean respaldados por una feria creada para impulsar la lectura y avalada por una institución académica como la Universidad Autónoma de Yucatán, se lee en la petición.
 
“No basta con haber retirado el anuncio, exigimos enérgicamente una disculpa pública dirigida a la sociedad en su conjunto en la que se reconozca plenamente el error de los promotores de la feria sin excusarse en la mala interpretación de quienes entendimos inmediatamente la grave violencia contenida en él, ni esgrimiendo el argumento falaz de que somos sólo ‘un sector de las personas que comparten las redes sociales virtuales’. La indignación es general”, agrega la petición.
 
VIOLENCIA EN YUCATÁN
 
Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (Endireh 2011), revelan que Yucatán se encuentra sobre la media nacional respecto a violencia contra las mujeres: 48 por ciento de las yucatecas de 15 años y más sufrió algún tipo de violencia a lo largo de su relación con su última pareja: violencia emocional, económica, física o sexual.
 
Datos de la misma encuesta señalan que, en el mismo periodo, 29 por ciento fue violentada en el ámbito comunitario y vivió alguna agresión como intimidaciones, abuso sexual y agresiones físicas.
 
17/LGL/GG
 








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Faltan leyes y sobra impunidad, dice estudio
Estado dominicano no hace lo necesario ante la violencia contra mujeres
Imagen retomada de mujerquelucha.blogspot.mx
Por: la Redacción
Cimacnoticias/PL | Santo Domingo, Rep Dom .- 14/02/2017

El Estado dominicano no hace lo necesario para prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres, según el 60 por ciento de las personas consultadas por una encuesta Gallup difundida este domingo por el diario local HOY.
 
El estudio, realizado entre el 25 y el 30 de enero último por encargo de ese rotativo, indica que sólo un 36 por ciento de las personas consultadas opinó que las autoridades sí hacen lo necesario desde las instancias públicas para enfrentar la violencia de género.
 
Los ciudadanos consideran que la falta de previsión y de mecanismos para luchar contra ese flagelo se debe a la carencia de leyes (28 por ciento), no dar mucha importancia a las denuncias (25.7 por ciento), a que cada día se registran más casos (18 por ciento), a que no se orienta a la ciudadanía (6.2 por ciento) o porque liberan a los agresores con rapidez (3.3 por ciento).
 
La encuesta confirmó que el 81.9 por ciento de la población rechaza que un hombre maltrate físicamente a una mujer y esa percepción aumenta entre las mujeres (82.9 por ciento) y entre los jóvenes de 18 a 24 años (84.3 por ciento), aunque un 14.8 por ciento de las y los ciudadanos creen que a veces las mujeres “merecen” las golpizas.
 
MOTIVOS
 
Sobre los motivos que generan esa violencia el estudio arrojó que el 38.2 por ciento lo atribuye a los celos, el 24.7 por ciento a la infidelidad, el 15.9 por ciento al machismo, el 12.5 por ciento a la falta de educación, el 11.6 por ciento al irrespeto entre sexos, el 8.7 por ciento a los bajos salarios, el 7.3 por ciento a las drogas y el 6.5 por ciento a las “provocaciones” que hacen ellas mismas.
 
Sobre los casos de feminicidio, el 61.4 por ciento de las y los ciudadanos consideran que aumentaron en el último año y sólo el 16.6 por ciento entiende que han disminuido.
 
El 88 por ciento de las personas consultadas consideran que faltan más lugares de acogida para las mujeres agredidas, el 79 por ciento cree que las autoridades no actúan con rapidez, el 77 por ciento entiende que el método aplicado por las autoridades no es el más indicado y un 75.7 por ciento dicen que las mujeres maltratadas no denuncian a tiempo a sus parejas.
 
Al abordar otros problemas sociales, la encuesta arrojó que en el país existen personas muy pobres debido al desempleo (41.8 por ciento), a que la riqueza está mal distribuida (26.4 por ciento), a la falta de educación (16.2 por ciento), a que el Gobierno no da suficiente ayuda (8.7 por ciento), y a las políticas económicas aplicadas (8.3 por ciento).
 
El estudio confirmó que la delincuencia e inseguridad es la mayor preocupación que tienen las familias dominicanas, seguido de la economía, las enfermedades y la falta de empleo.
 
17/RED/GG
 








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   En 2016, organizaciones exigieron prevenir y detener la violencia
Feminicidio y suicidio incrementa en Nicaragua
Imagen de Nelson Rodríguez
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua, Nic .- 09/01/2017

El feminicidio/femicidio en Nicaragua aumentó en 2016, a pesar de las diferentes acciones que realizaron las autoridades para ocultar los datos, denunció la coordinadora, Magaly Quintana de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
 
Según CDD, el año pasado se registraron 49 casos de feminicidio/ femicidio, de los cuales 28 corresponden a mujeres y adolescentes entre 13 a 40 años de edad. El hogar, es el principal ámbito de la agresión y en segundo lugar son las zonas desoladas.
 
Algo que también llama la atención en las organizaciones de mujeres, es que en 2016 se incrementaron los casos de suicidio. Se registró que 30 mujeres se quitaron la vida.
 
La coordinadora dijo que en muchos de estos casos de suicidio, se sospecha que hubo agresión por parte de los hombres, ya que pone en peligro la vida de otras mujeres, además se requiere de una mayor investigación al respecto.
 
La también activista mencionó que de las 30 mujeres, la mayoría eran jóvenes y se quitaron la vida debido a la violencia machista. Denunció que el Estado no está efectuando acciones para detener la tragedia que viven las mujeres en Nicaragua.
 
Esta situación permite que el feminicidio/ femicidio quede impune, agregó que: “en este 2017 continuaremos en las calles. Exigiremos que se cumpla la  ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y que se ponga un alto a esta violencia”.
 
Denunció que las instituciones del Estado están sujetas a la presidencia de Nicaragua, que tiene como política esconder información sobre los asesinatos de mujeres. Tanto la Policía Nacional como el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía de la República han hecho caso omiso ante esta tragedia.
 
En los casos de feminicidio/ femicidio, las autoridades registran el hecho como suicidio, un ejemplo, es el caso de Paula, una mujer que perdió la vida en el municipio de El Rama, en la Costa Caribe Sur del país, se dio a conocer que la mujer falleció por neumonía, pero se sospecha que se debió a los golpes que recibió en la cabeza, los cuales fueron propinados por su pareja, según denunciaron sus familiares, sin embargo, el agresor ni siquiera fue investigado y su caso pasó a la impunidad.
 
Hay otro caso de una mujer en Managua en la que el hombre la tuvo 3 días encerrada en su casa, cuando la familia la descubrió, la encontraron colgada en la ventana y el caso fue tipificado como suicidio, pero sus familiares sospechan que se trató de un feminicidio/ femicidio, el caso se cerró por parte de las autoridades, luego se supo que la pareja era hijo de un escolta de un alto funcionario, denunció Quintana.
 
Durante este año, en el país se realizaron varias manifestaciones y plantones, en lugares emblemáticos de Managua para exigir las medidas preventivas y detener la violencia machista que golpea al país.
 
Además de las diversas acciones educativas, se requiere ante todo para castigar a los agresores, una serie de medidas preventivas para frenar la violencia contra las mujeres, tanto de las parejas como de la violencia institucional, concluyó el enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia, Eveling Flores.
 
17/NR/KVR
 








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Aún con Alerta, continúa incrementándose feminicidio
A un año 4 meses de AVG en Edomex, difícil medir cumplimiento
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela y Lourdes Godínez Leal
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/11/2016

Ha transcurrido un año 4 meses desde que se activó la Alerta de Violencia de Género (AVG) para una de las entidades más violentas para las mujeres: el Estado de México (Edomex); que tan sólo en 8 años (2005- 2014) acumuló 4 mil 281 desapariciones y en el mismo periodo 933 asesinatos, según el Informe del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) para atender la solicitud de AVG.
 
En esta entidad, la más poblada del país, habitan 8 millones 353 mil 540 mujeres, según la más reciente estimación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2015 (Inegi). 52 por ciento de ellas se encuentra en edad reproductiva al tener entre 15 y 29 años.
 
Está integrado por 125 municipios y aunque los más poblados concentran 54 por ciento de los asesinatos de mujeres, la AVG se declaró para 11 solamente: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.
 
Todos ellos comparten entre sí altos índices de pobreza, rezago educativo y carencia de servicios básicos; el Índice de Desarrollo Humano, el cual mide la esperanza de vida con calidad, la salud y la educación de la población, ubica al Edomex en el lugar 18.
 
El Estado de México fue la segunda entidad federativa en la que se declaró la AVG en el país. La solicitud fue hecha el 8 de diciembre del 2010.
 
De 2005 a 2010, Ecatepec encabezó la lista de municipios mexiquenses más violentos para las mujeres. Durante ese periodo, la Procuraduría General de Justicia del estado registró un total de 118 casos de homicidios de mujeres. Es también la localidad que registra el mayor número de atenciones médicas por lesiones y violencia de género, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais).
 
Chimalhuacán, ubicado al oriente del Edomex, recibe recursos federales para fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública mediante el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun). Pero estos recursos no han impedido que policías municipales sean identificados como los mismos agresores de mujeres y niñas. Para muestra está el caso de Mariana Lima Buendía, asesinada en ese municipio en 2010 por su pareja, Julio César Hernández Ballinas, quien era policía judicial.
 
Este caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que su madre, Irinea Buendía, tocara varias puertas para exigir justicia por el asesinato de su hija sin obtenerla. El 25 de marzo de 2015, la máxima  instancia de justicia del país después de hacer una revisión exhaustiva del expediente, ordenó a la Procuraduría estatal volver a investigar los hechos como feminicidio y sentó precedentes para los demás casos que se den en el Edomex.
 
Pese a este panorama y a un año 4 meses de la declaratoria de la AVG, los resultados para disminuir la violencia no han sido los esperados. Tan sólo este año en Naucalpan, uno de los municipios donde se decretó la AVG, se han incrementado las desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas.
 
OBSTÁCULOS PARA IMPLEMENTAR AVG
 
Lograr que se decretara la Alerta no fue sencillo, fue un proceso jurídico que duró 5 años de insistencia de organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) que tuvieron que hacer frente a la resistencia de autoridades para reconocer que en aquella entidad se mata a mujeres por el hecho de serlo.
 
La abogada de la CMDPDH, Nayomi Aoyama González, dijo en entrevista con Cimacnoticias, que uno de los obstáculos para implementar la Alerta es la falta de recursos para cumplir las medidas y agregó que a ello se suma la confusión sobre las acciones que le corresponden a los tres niveles de gobierno.
 
Si bien la CMDPDH ya no participa en el trabajo de campo, acude a las reuniones de seguimiento de la AVG como observadora, por lo que mencionó que para la recuperación de espacios y Ciudades Seguras, los recursos para mejorar el alumbrado público o limpieza de lotes baldíos, fueron motivo de discusión entre el gobierno municipal y estatal, al no tener asignado un presupuesto específico.
 
También dijo que los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno no han comprendido que la AVG es un mecanismo de emergencia y no una política pública a la que se le tenga que asignar un recurso para implementarla, sino que tienen que asignar los recursos ya existentes.
 
COMPROMISOS A MEDIAS
 
Cuando se decretó la AVG el gobernador priista Eruviel Ávila Villegas, aseguró que la Procuraduría estatal pondría en operación la Unidad de Análisis y Contexto para la investigación de delitos vinculados al feminicidio, homicidios dolosos y desaparición de niñas y mujeres, el cual –dijo– se conformaría por 17 personas expertas, quienes realizarían estudios para conocer las causas sociales, culturales, geográficas y económicas de esta problemática.
 
También garantizó la creación del grupo especializado para la atención e investigación de asuntos de alto impacto relacionados con muertes violentas de niñas y mujeres, el cual estaría a cargo de la PGJEM.
 
Otro compromiso fue que en las 11 Fiscalías Regionales de la Procuraduría se pondrían en operación los grupos de apoyo, para la investigación de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas.
 
Respecto a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculadas a la Violencia de Género informó que se reforzaría con 25 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, además las y los alumnos de nivel básico recibirían clases sobre la AVG, y se presentaría una iniciativa de ley para instruir este tipo de materias en las escuelas de la entidad, incluso se dijo que se haría una propuesta para que la asignatura de Perspectiva de Género tenga valor curricular.
 
El gobernador también se comprometió a que la Secretaría de Salud verifique que en las unidades médicas se cumpla la Norma Oficial Mexicana de Violencia Familiar y Sexual contra las Mujeres (NOM-046).
 
Y recordó que en los ayuntamientos existe el compromiso de realizar acciones como la recuperación de espacios públicos en lugares con altos índices de violencia, así como crear redes comunitarias y fortalecer las instancias municipales de la Mujer.
 
Esta lista de buenas intenciones no ha podido comprobarse, pues a la fecha, aún no se tiene un diagnóstico de los avances en el cumplimiento de las medidas de la AVG.
 
La coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada dijo en entrevista que no hay un diagnóstico de cumplimiento pero explicó que durante el mes de octubre trabajaron sobre el Protocolo Alba para que se implemente de manera concreta a la hora de que reporten desapariciones de mujeres y niñas, sin necesidad de esperar las 72 horas como se contemplaba en el Protocolo Naranja que elaboró el Gobierno del Estado de México.
 
También instalaron de manera reciente la Unidad de Análisis y Contexto conformado por un grupo multidisplinario (expertos en derecho, estadísticas y criminología) quienes se encargarán de documentar e investigar la violencia de género para después capacitar a los agentes del Ministerio Público y policías municipales.
 
Y lo siguiente, dijo, es incorporar en el Modelo de Ciudades Seguras (réplica del modelo propuesto por ONU Mujeres para combatir la violencia en contra de las mujeres en la comunidad) los mapas donde se detectó el mayor riesgo de las mujeres para que incrementen la seguridad.
 
María de la Luz Estrada dijo que no era fácil medir los avances en el cumplimiento de las medidas de la AVG del gobierno del Estado de México y para ello la OCNF y Católicas por el Derecho a Decidir elaborará un diagnóstico en enero del 2017.
 
(Con información de Gladys Torres, Anaiz Zamora y Angélica Jocelyn Soto)

16/GVV/LGL








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
El feminicidio-suicidio, el desprecio por la vida
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche.- 25/10/2016

Un factor de riesgo que es posible detectar constantemente cuando las mujeres acuden a los centros para denunciar la violencia es que el esposo-pareja manifiesta deseos suicidas, y esto se convierte en un elemento indicativo del nivel de violencia que puede llegar a ejercer contra ella y los hijos, dado el poco valor que reconoce a la vida.
 
Poca atención se pone a este factor de riesgo, y eso lo vemos en las persistentes noticias de feminicidio-suicidios.
 
Sin embargo estos casos que aparecen en las páginas de los diarios, abordadas con coberturas que suelen naturalizar el poder que tiene el hombre de decidir en la vida de otra persona, no sólo invisibilizan el hecho al publicar que “muere una mujer y su esposo”, cuando se trata de un feminicidio-suicidio, sino que contribuyen con este enfoque a normalizar que él pueda disponer de la vida de ella.
 
En las instituciones que reciben las quejas o denuncias no se toma en cuenta este criterio para mirar las acciones preventivas que podrían evitar el asesinato de mujeres a manos de sus compañeros que han decidido poner fin a su vida, pero antes acabar con la de quien consideran “su propiedad”.
 
El acto mismo del feminicidio-suicidio tiene implicaciones de soberbia egocéntrica en la que un sujeto que decide poner fin a su vida, cree tener derecho a terminar también con la vida de quien le rodea, de su familia, a la que en gran medida considera su propiedad, la extensión de su cuerpo y de su vida.
 
Como un común denominador latente en todo el país, así como en países en los que prevalece la misoginia y el machismo, los casos de feminicidio-suicidio ocupan un día o dos, un encabezado de los medios, sin embargo no ocupan la atención de sociólogos, antropólogos o de otras áreas, y son pocos los espacios que se conceden a estos hechos más allá de la nota roja.
 
No se advierte como un problema que enmascara la violencia del poder, porque al final quien decide acabar con la vida de otra persona -antes de acabar con la propia- siente que puede y tiene derecho a hacerlo, porque no le importa, no escucha, ni le interesan los deseos de vivir de la otra persona.
 
Hay también un deseo de llevar a este nuevo espacio de muerte a quien considera como una extensión de su propio cuerpo. Ahí radica la creencia que desde la antigüedad se traducía en incinerar a los muertos junto a una esposa, o sus bienes.
 
Creencia que tiene su origen en un mito de la vida más allá de la muerte y la necesidad de llevar consigo los bienes o propiedades que son suyos, pero también que “le harán falta”.
 
En septiembre se cometió un feminicidio-suicidio en el municipio de Carmen, Campeche. El fin de semana lo cometió un sujeto en el norte del país, en Sonora. ¿Qué tienen en común dos hombres en contextos sociales diferentes, en geografías distantes, en modos de vida distintos? El patriarcado.
 
Eso es lo que ambos tienen en común. El sistema social en el que viven, independientemente de sus niveles de ingreso, cultural o profesional. Uno era un hombre rural y el otro un docente de inglés, ambos crecieron en un sistema de permisibilidad que les ha hecho creer que pueden tomar la vida de quien consideran “su mujer, su pareja”, y extender este control y posesión “más allá de la vida”.
 
Como cada una de las aristas en torno al feminicidio, ésta constituye por sí misma un tema de estudio, análisis y reflexión para saber lo que hay detrás, para mirar qué mueve a una persona no sólo a privarse de la vida porque ya no puede sobrellevar su realidad, sino a sentir el poder y tener el control para decidir también acabar con la vida de otra persona.
 
El sistema social en el que vivimos nos ha hecho creer y sentir que la muerte de un hombre es una tragedia, un hecho lamentable, pero las mujeres mueren. Mueren todos los días y a todas horas, mueren porque quienes se creen “sus dueños” han decidido que la necesitan ahí, acompañándolo en la muerte, igual que ayer, cuando no había posibilidad de la viudez sino morir quemadas o sepultadas vivas junto al esposo.
 
A fin de cuentas la única diferencia entre ese ayer y el hoy, es que antes “otros las mataban” para ellos, hoy son ellos mismos –dado el control que tienen sobre su contexto- quienes pueden decidir acabar con la vida de ellas.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
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QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
La tortura sexual en la CoIDH
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche.- 27/09/2016

La tortura en México es sistemática y generalizada, reportó el informe del relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre Tortura (ONU), Juan E. Méndez, y la semana pasada la Comisión Interamericana envío a la Corte Interamericana el caso de las mujeres que fueron violentadas sexualmente por policías en Atenco, el Estado de México, como una forma de opresión y castigo a la transgresión.
 
Después de varios años de espera, el caso es enviado a la Corte, en medio de una crisis política y económica que agudiza la falta de confianza en el gobierno, y la caída libre de la imagen de Enrique Peña Nieto, quien ha perdido la poca confianza que tenía entre la gente, incluso de quienes votaron por él.
 
En el peor momento que atraviesa el que fuera gobernador del Estado de México, y en un contexto de violencia generalizada, la llegada del caso a la CoIDH abre la oportunidad y posibilidad de que el Estado Mexicano reciba una nueva sentencia por graves violaciones a los derechos de su población, y este caso merece especial atención porque representa uno de los más claros ejemplos de la violencia sexual que se ejerció como tortura.
 
El tema de la tortura sexual ocupa un lugar preponderante en la opinión pública internacional, pero también en la de especialistas, profesionales y personas expertas en acceso a la justicia para las mujeres y hombres, por ser una de las formas de violencia más vergonzosa contra las mujeres. Una ofensa a la dignidad humana.
 
La gravedad de la tortura sexual radica en que es la manifiesta forma del Estado de encarnar al sistema patriarcal que castiga la transgresión; institucionaliza la desigualdad de género y es por sí misma una forma de violencia sobre el cuerpo de las mujeres como una extensión del territorio de la comunidad violentada y de vulnerar el honor de los hombres de la comunidad a la que pertenecen.
 
Todos estos elementos están presentes en el acto de tortura ejercido contra las mujeres en la ex Yugoslavia, así como en varios países de África y en algunas otras regiones del mundo. Son las mismas características y las mismas causas latentes en la tortura sexual ejercida por los policías en Atenco y/o por los militares que atacaron a mujeres indígenas.
 
La tortura sexual es la forma más violenta de ejercer el castigo a las mujeres que se ubican en la “periferia” y abandonan la centralidad del discurso hegemónico que sólo ofrece protección a las que se ajustan al deber ser, a las que permanecen en los espacios privados y a las que acatan las normas y estructuras de género.
 
La tortura sexual no puede entenderse en todo su alcance y dimensión si no se incorporan los criterios y conceptos de transgresión y los discursos de feminidad centralizada, sólo así es posible entender que se ejerza contra mujeres que han roto el deber ser y que su intervención en el espacio público justifique-desde la lógica de los agresores- que estos hechos propiciaron su exposición a situaciones de riesgo.
 
En los territorios en guerra, la violencia sexual contra las mujeres constituye una forma de oprimir a la comunidad entera, a los hombres y al resto de las mujeres a las que se envía un mensaje aleccionador y de efectos “terroristas”. El mecanismo es idéntico, es sembrar el terror en las sobrevivientes.
 
La tortura tiene el objetivo de quebrar a la persona, quebrar una parte de sí misma para que nunca pueda mirarse en el espejo como lo era antes del evento de violencia. Eso nos lleva a reflexionar que una persona no podrá repararse a sí misma y encontrarse de nuevo completa, en cambio tendrá que aprender a vivir fragmentada.
 
Entender esto nos permite comprender que el delito alcanza una gravedad que involucra lo inhumano, supone la intención de despojar de la humanidad a las personas, y en la tortura sexual esa violencia se extiende a ese ámbito de la vida de las mujeres: quebrarlas y despojarlas de la condición de persona, vulnerarlas en lo más profundo.
 
Al final, de eso se trata toda la violencia contra las mujeres.
 
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
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ESTADOS
VIOLENCIA
   Pavlovich Arellano da por cumplidas acciones para AVG
Gobierno actual de Sonora “queda bien” con acciones de Padrés
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/09/2016

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio 6 meses más de plazo al gobierno de Sonora para que “cumpla” con las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo de la Alerta de Violencia de Género (AVG) al tiempo que dio como concluidas 5 de 12 acciones aún cuando solamente se han cumplido 3.
 
El documento emitido por la Segob señala que el grupo de trabajo de la AVG reconoce que el gobierno del estado de Sonora mostró “voluntad política y avances concretos” en la implementación de acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en esa entidad y que dentro de 6 meses más se valorarán las acciones que continúe ejecutando el gobierno estatal.
 
Señala que de las 12 observaciones hechas por el grupo de trabajo, el gobierno de Sonora concluyó con 5 acciones; destaca la elaboración del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim), y la creación del Centro de Justicia para las Mujeres.
 
Reconocen como acciones efectivas, la iniciativa de reforma al Código de Familia y al Código Penal, así como la Ley Número 91 referente a la paridad de género en el ámbito político-electoral, que presentó la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.
 
El resto, son la elaboración y publicación en el periódico oficial del estado de Sonora del “Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y de los reglamentos de la “Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, “Ley de Prevención y Combate para la Trata de Personas” y “Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación”.
 
En los medios locales la gobernadora del estado, anunció que recibió la prórroga para implementar políticas y programas en beneficio de las mujeres. Y dijo: “como única gobernadora del país quiero que hagamos un buen trabajo y de ninguna manera seamos un estado que tenga problemas de violencia contra las mujeres, para mi es prioridad darle seguimiento puntual a cada una de las acciones que tengamos que realizar para evitar que Sonora sea estigmatizado en este tema”.
 
BAESVIM: SIMULACIÓN OFICIAL
 
El pasado 13 de junio, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano presentó un informe a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) sobre los avances en el cumplimiento de las 12 recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo de la AVG.
 
En el informe, Pavlovich Arellano dijo que cumplió con la creación y difusión del Baesvim publicado en los portales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora (PGJE), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM).
 
Esta acción fue ampliamente difundida por la gobernadora quien en un boletín de prensa lo anunció como una de las acciones principales de su gobierno.
 
El grupo de trabajo recomendó que el Banco de datos tuviera actualización de la información relacionada con casos de violencia contra las mujeres, debe ser público y contener “tipos, modalidades y tendencias” de la violencia de género.
 
Cimacnoticias buscó la base de datos en los sitios referidos y detectó que en el portal de la PGJE de Sonora únicamente hay una base de datos y un archivo de incidencia delictiva: “homicidio doloso, violencia familiar, violación, estupro” y “otros delitos sexuales”, los cuales solamente están desagregados por año, municipio y cantidad.
 
Pero no existen datos desagregados sobre las víctimas, edad y sexo, como lo solicita el Grupo de Trabajo de la AVG. Tampoco incluyen el delito de feminicidio y lo siguen agregando como “homicidio doloso”.
 
Cimacnoticias realizó el pasado 4 de agosto una solicitud de acceso a la información a la PGJE de Sonora en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con número de folio 00866816, para conocer las “estadísticas del número de casos de delitos sexuales que hay en Sonora, segregados por sexo y edad, en los últimos tres años con la finalidad de conocer quiénes son las más afectadas”.
 
El 22 de agosto la Procuraduría estatal respondió que en el periodo del 2013-2016; 4 mil 141 niñas y mujeres fueron víctimas de delitos sexuales en el estado; en lo que va de este año, se sumaron 713 casos de mujeres y niñas.
 
En el mismo periodo se reportó de otros 180 casos de violencia sexual de los que se desconoce el sexo de la víctima.
 
Para conocer el número de casos de “violencia intrafamiliar, desapariciones, violaciones, casos de feminicidio y tipos de violencias contra niñas, niños y mujeres por edades y por mes a partir de este año, suscitados en el municipio de Cajeme”, la integrante de la Red Feminista Sonorense, Ana Lilia Hernández López, también hizo una solicitud de información a la Procuraduría.
 
La respuesta fue aceptada de manera “parcial” el 9 de agosto por la titular de la Dirección General de Sistemas de Información y Política Criminal de la PGJE de Sonora, Rebeca Salazar Pavlovich, quien argumentó “se rechaza lo referente a tipos de violencias, en virtud de que la información a que se refiere el párrafo antes aludido, no se encuentra capturada ni registrada en los términos que lo requiere el solicitante”.
 
EL BAESVIM EN LA SSP
 
En el sitio web oficial de la SSP tienen publicado un archivo en formato PDF con información de “incidencia delictiva de alto impacto social” en el periodo 2009-2015. Sin embargo éste no está desagregado por sexo y edad.
 
En él se incluye el delito de “violencia familiar” desagregado por municipios y en el caso del delito de feminicidio aparece como “homicidio doloso y/o feminicidio”.
 
LO QUE DIJO QUE HIZO
 
En su informe de cumplimiento, la gobernadora de la entidad, Claudia Pavlovich Arellano mencionó como concluidas las siguientes acciones: la elaboración del “Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y del “Reglamento de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres”; el Centro de Justicia para las Mujeres, creado por decreto desde el 2012 en el estado de Sonora y que corresponde a una política pública nacional el cual inició operaciones el 21 de marzo de 2016 en Ciudad Obregón.
 
También mencionó que concluyó el proceso de  capacitación para diversas instituciones de salud  sobre la aplicación de la NOM 046, y en Derechos Humanos, al personal de la PGJE y que se creó la Unidad de Igualdad de Género en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).
 
De todas las acciones “cumplidas” según el informe de Pavlovich Arellano, 3 corresponden a la administración de Guillermo Padrés Elías, quien dejó la gubernatura en septiembre de 2015.
 
En el municipio de Cajeme (donde se solicitó la AVG el 25 de mayo de 2015) de enero a julio de 2016, 15 niñas fueron reportadas como extraviadas (desaparecidas), 232 mujeres reportaron violencia familiar, 134 niñas y mujeres fueron  víctimas de lesiones, se presentaron 34 denuncias por violación a niñas y mujeres y 6 casos de feminicidio fueron registrados como homicidios dolosos.
 
16/GVV/LGL








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