Violencia política

ESTADOS
VIOLENCIA
   Critican imágenes de aspirante a alcaldía de Caborca, Sonora
MC condena violencia política contra precandidata
CIMACFoto: Rosario Nieto
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/01/2018

La Coordinación de Mujeres en Movimiento del partido Movimiento Ciudadano (MC) denunció que la precandidata a la presidencia municipal de Caborca, Sonora, Patricia Azcagorta, es víctima de violencia política de género porque es juzgada por su físico y no por su competencia ni capacidad para asumir el cargo.

En un comunicado, la coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, Claudia Trujillo Rincón, demandó que el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales coadyuven a salvaguardar la integridad de las mujeres que  contienden en este proceso electoral.

El partido político se pronunció después de que en redes sociales circularan fotografías de Azcagorta con ropa ceñida y un video donde aparece con poca ropa y bailando, con música de fondo de los promocionales del partido.

“Es inadmisible que sigamos padeciendo de este tipo de violencia en México. Decimos ¡Basta! A ser sexualizadas o cosificadas, y ser violentadas en nuestros Derechos Humanos”, señaló Trujillo Rincón sin ampliar información sobre la trayectoria política de la precandidata, quien de acuerdo con medios locales, en 2014 buscó la candidatura para la alcaldía de Caborca pero por el partido Acción Nacional.

Sobre este caso, la dirigente estatal de MC, María Dolores del Río, declaró a medios locales que la precandidata es una mujer inteligente, ex directora del Registro Civil y que ha sido una funcionaria capaz e incluso señaló que no es la misma persona que aparece en el video que circula en redes sociales. 

Del Río, quien fue alcaldesa de Hermosillo, criticó que ahora que las mujeres tienen posibilidad de participar en los procesos electorales, gracias a que la paridad (50-50) en candidaturas es un principio constitucional, se trate de desacreditar su participación con este tipo de críticas que solo aluden a su cuerpo.

A su vez la Coordinación de MC hizo hincapié en la implementación del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, editado por organismos electorales, que considera que una mujer puede ser víctima de violencia política, por ejemplo, a través de ataques que ponen en entredicho su ‘moral sexual’.

El próximo 1 de julio en Sonora se renovarán 33 diputaciones locales y 72 Ayuntamientos.

En la entidad se reconoce la violencia política contra las mujeres luego de que en mayo de 2017 el Congreso aprobara un paquete de reformas presentado por la gobernadora Claudia Pavlovich, quien también se dijo víctima de violencia política en las elecciones de 2015, para incluir este concepto en su ley electoral

El Artículo 5 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado dice que queda prohibido cualquier tipo de violencia política hacia las mujeres, así como realizar acciones u omisiones que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos políticos.

El caso de Patricia Azcagorta no es el único. En noviembre pasado la diputada local Célida Teresa López Cárdenas renunció Acción Nacional acusando al entonces el dirigente nacional del partido, Ricardo Anaya y el secretario general en Sonora, Damián Zepeda, de violencia política para impedir que fuera candidata al Senado.

Aunque la violencia política no es un delito en la legislación federal, en enero del año pasado la FEPADE informó que, tenía conocimiento de 26 casos de violencia de esta naturaleza: 10 casos de candidatas agredidas en procesos electorales, 8 de funcionarias electorales y 6 de funcionarias partidistas.

18/AGM/LGL

 








NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Tres coaliciones sin propuestas claras
Candidaturas electorales en contra de los derechos de las mujeres
Imágen de Yunuhen Rangel Medina
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 09/01/2018

Divididos en tres coaliciones, el 14 de diciembre los nueve partidos políticos nacionales comenzaron las precampañas rechazando abiertamente los derechos de las mujeres como el aborto y derechos de los grupos de la diversidad sexual como el matrimonio igualitario.

En prácticamente tres semanas de campañas presuntamente internas, se han escuchado escasas propuestas y solo algunas menciones a las mujeres, resaltando las cualidades femeninas y señalándolas como clave de la prosperidad y la historia; sin embargo, lo que ha sido evidente es el rechazo de los partidos políticos a temas como el aborto.

COALICIONES SIN IDEOLOGÍA

Desde la conformación de las coaliciones algunos grupos feministas y lésbico gay llamaron la atención sobre la integración de ideologías totalmente opuestas que sólo se unían para abanderar una candidatura presidencial.

Por ejemplo, la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), suman una visión conservadora y otra progresista sobre los derechos de las mujeres.

En agosto pasado, ante las críticas sobre la conformación de este frente, la secretaria de Igualdad de Género del PRD, Claudia Castello Rebollar, la senadora perredista Angélica de la Peña y la senadora panista Marcela Torres Peibert, pidieron a los líderes de sus partidos incluir a las militantes en las mesas de negociaciones porque aseguraran que tenían coincidencias en sus agendas de género.

Como muestra de lo contrario, en el Legislativo las panistas se han caracterizado por manifestarse en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y de los matrimonios igualitarios; mientras que las perredistas han promovido políticas a favor de ambos temas o para apoyar a víctimas de violación sexual y para aligerar las cargas domésticas de las mujeres.

Una forma de promover la agenda panista se concretó en febrero de 2014 cuando el Senado aprobó crear la Comisión ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano, presidida por el blanquiazul José María Martínez Martínez y creada para promover la integración familiar, principalmente.

Otra coalición que generó suspicacias fue “Juntos haremos historia”, integrada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES). Esto porque los dos primeros se dicen de izquierda –aunque Morena siempre ha estado a favor de enviar a consulta pública los temas polémicos– mientras que el PES ha promovido una agenda conservadora, allegada a grupos eclesiásticos y particularmente “provida”.

Tan solo en 2016 las y los diputados federales del PES hicieron suya la iniciativa del Frente Nacional de Defensa de la Familia para modificar el artículo 4 de la Constitución mexicana para “proteger la vida desde la fecundación” y definir “la esencia heterosexual del matrimonio”, lo que para grupos feministas era un paso para limitar la maternidad libre y voluntaria.

El historial de los aliados de Morena hizo que la Secretaría de la Diversidad Sexual del partido de López Obrador y las simpatizantes Jesusa Rodríguez y Elena Poniatowska mostraran su rechazo a la alianza con el PES.

Por su parte la coalición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), que han ido juntos en otros procesos electorales federales, están divididos porque algunas veces apoyan las propuestas de género pero en otras ocasiones las rechazan.

PARIDAD, TEMA EN COMÚN

El único tema en el que todos los partidos han mostrado coincidencia es en fomentar la participación política de las mujeres. Las plataforma electoral de la coalición “Juntos haremos historia” dice que considerará en todo su proyecto de nación el principio de equidad de género y “Por México al Frente” señala que eliminará toda forma de violencia política contra la mujer e impulsará que todo órgano colegiado se integre de manera paritaria.

Estas posiciones las han reafirmado los hasta hoy precandidatos En noviembre pasado el panista Ricardo Anaya Cortés dijo que se debían empujar acciones afirmativas “para lograr la verdadera paridad”. Un mes después, en diciembre, el candidato priista, José Antonio Meade, dijo que tenía que haber paridad de género en los cargos públicos, los negocios y todos los ámbitos.

También en diciembre, Andrés Manuel López Obrador, presentó su propuesta de gabinete en la que incluyó a ocho mujeres y ocho hombres que eventualmente encabezarían las Secretarías de Estado.

Si bien públicamente todos los partidos han apoyado la paridad de género en candidaturas, en su afán por evitar que las mujeres compitan por cargos de representación proporcional en 2017 tres partidos (PES, PT, PVEM) políticos impugnaron un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que promovía la paridad, legislada como principio constitucional desde 2014.

En el acuerdo determinó que la mitad de las candidaturas para las senadurías por voto directo debían ser para las mujeres y que las listas se intercalarían por fórmulas de ambos sexos. En el caso de las senadurías de representación proporcional el organismo dijo que también debían estar encabezadas por mujeres para garantizar que sean las primeras en obtener un escaño por asignación.

En el caso de las diputaciones federales de representación proporcional el INE señaló que por lo menos 2 de las 5 listas de candidaturas debían ser encabezadas por una fórmula ya sea de mujeres o de varones.

Al conocer los criterios los partidos políticos alegaron que el acuerdo del INE excedía sus facultades reglamentarias y vulneraba el principio de autorregulación y autodeterminación de los partidos políticos pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo.

Así en estas elecciones, donde también se renovará el Senado, la Cámara de Diputados, se elegirán ocho gobernadores, un jefe de gobierno, diputados locales e integrantes de ayuntamiento, se espera un incremento de la presencia femenina en los gobiernos y en los Congresos locales.

De acuerdo con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, de forma general, las mujeres han pasado de ser el 3.5 por ciento de presidentas municipales y jefas delegacionales en 2005, a 14 por ciento en 2017, lo que quiere decir que en doce años la cifra aumentó un 400 por ciento; en ámbito Legislativo federal hay 42 por ciento de diputadas y 36 por ciento de senadoras; y en los Congresos locales representan 42 por ciento de legisladoras.

17/AGM








INTERNACIONAL
POLÍTICA
   Gobiernos conservadores amenazan derechos
Las mujeres: actoras clave en la resistencia hondureña
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 28/12/2017

La reelección de Juan Orlando Hernández Alvarado, del Partido Nacional, como presidente de Honduras es ilegal y significa perpetuar y avalar la represión y criminalización de la protestas, así como la violación y el retroceso de los derechos de las mujeres, denunciaron defensoras de los Derechos Humanos (DH) del país centroamericano.

Luego de las elecciones celebradas el pasado 26 de noviembre,  calificadas por la ciudadanía hondureña como fraudulentas, mujeres y hombres realizaron protestas en las calles, mismas que en opinión de activistas se han caracterizado por la represión de policías y fuerzas militares.

Hasta el 22 de diciembre organizaciones civiles del país contabilizaron 38 asesinatos en ese contexto, entre ellos el de la estudiante de 19 años Kimberly Fonseca Santa María, quien, según informaron medios nacionales, recibió el impacto de una bala militar durante las primeras manifestaciones de este mes.

La indignación creció tras el drástico cambio de los resultados electorales. En un conteo preliminar de los votos el Tribunal Supremo Electoral anunció la ventaja de cinco puntos del candidato opositor de izquierda, Salvador Nasralla, pero siete días después de la jornada electoral, el 4 de diciembre, la autoridad alegó fallas en el sistema y declaró el triunfo de Hernández Alvarado.

La instancia gubernamental oficializó el fallo el 17 de diciembre y el político del Partido Nacional fue considerado como ganador aun cuando en ese país la Constitución establece como ilegal la reelección. Él ocupó la Presidencia desde 2014 la presidencia, mandato que terminaba en enero de 2018.

Además de ser anticonstitucional, la reelección significará un obstáculo para defender los DH de las mujeres, actoras claves durante las actuales denuncias en Honduras pues el gobierno de Hernández Alvarado se caracterizó por frenar iniciativas sobre derechos de las mujeres como la despenalización del aborto. Esto afirmó en entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Político de Mujeres N-26, Jessica Sánchez.

La defensora expuso que el retroceso democrático también se ve reflejado en la violencia política contra las mujeres, ejercida contra funcionarias y diputadas que se han opuesto a la reelección, según han documentado.

Sánchez también criticó que pese a que en Honduras está vigente la Ley del Principio de Paridad y Mecanismo de Alternancia, los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral anuncian que de 298 cargos municipales solo 22 estarán ocupados por mujeres. Los resultados oficiales sobre los cargos del Congreso aún no se publican.

“Una agenda política que favorezca a las mujeres no ha sido la prioridad de los gobiernos hondureños”, denunció también en entrevista la directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Gilda Rivera, quien afirmó que el contexto de represión a nivel nacional muestra la violencia de la que han sido víctimas las personas defensoras de DH en el país, un ejemplo, recordó, fue el asesinato en 2016de la defensora de la tierra, Berta Cáceres.

El crimen contra la ambientalista no fue el único, de 2013 a 2016 la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos en Humanos documentó mil 9 agresiones contra mujeres defensoras de DH, lo que posicionó al país como el segundo de la región más violento para ejercer su labor, sólo por debajo de México.

La defensora e integrante del Centro de Estudios de la Mujer -  Honduras (CEM-H) Sara Avilez Tomé explicó que las actuales denuncias son resultado de la “indignación acumulada por la población desde 2009, cuando las fuerzas armadas y el presidente del Congreso Nacional derrocaron al entonces mandatario Manuel Zelaya. En esos años de resistencia, mencionó, las mujeres han tenido un papel esencial.

“En la toma de las calles ellas son las que organizan a los vecinos, también preparan alimentos a las y los manifestantes y, cansadas de la presencia de Fuerzas Armadas en las calles, encaran al ejército y la policía durante las manifestaciones”, afirmó Avilez Tomé.

Gilda Rivera precisó que el movimiento civil de resistencia en Honduras y particularmente las mujeres organizadas, no apoyan a Salvador Nasralla como presidente porque tampoco es una opción ya que él se ha pronunciado contra los derechos de las personas como el matrimonio igualitario, por tanto un posible mandato de este político tampoco significaría cambios estructurales a favor de los DH, sin embargo, representaría “el fin de un gobierno ilegítimo” erigido por Hernández Alvarado.

Jessica Sánchez observa el golpe de estado en Honduras de 2009 y las actuales elecciones en su país desde un contexto internacional de “vuelta a la derecha política”, lo que considera es una amenaza a los derechos de las mujeres. Esto, dijo, se observó más claro con el nombramiento de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, nación que la semana pasada reconoció el gobierno de Hernández Alvarado.

Para hacer frente a este panorama Jessica Sánchez señaló que la organización de las mujeres en las calles y la sociedad civil a través de iniciativas servirán de contrapeso, tal como lo hicieron miles de mujeres estadunidenses en enero pasado cuando marcharon tras la toma de protesta de Trump para exigir que sus derechos sean prioridad.

El fallo del Tribunal Supremo Electoral a favor de la reelección también fue condenado por organismos internacionales como la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien señaló que por el “cúmulo de irregularidades” aún no podría determinarse quién fue electo como presidente.

A raíz de los asesinatos, el pasado 26 de diciembre la OEA solicitó la entrada de uno de sus delegados para obtener información sobre las violaciones a los DH cometidas y hablar con las víctimas y sus familiares, misma que fue rechazada por el gobierno hondureño un día después.

17/MMAE








NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Mujeres electas deben ejercer sus funciones sin violencia
Protección a víctimas de violencia política debe ser permanente
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 26/12/2017

Las medidas de protección ordenadas por la autoridad jurisdiccional en casos de violencia política de género pueden mantenerse hasta que la víctima lo requiera, aun cuando se tenga por cumplido el fallo que les dio origen, señaló la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la Tesis X/2017sobre “Violencia política de género. Las medidas de protección pueden mantenerse, incluso después de cumplido el fallo, en tanto lo requiera la víctima”, aprobada por el pleno del TEPJF, se expone la necesidad de garantizar que las mujeres electas a un cargo de elección popular puedan acceder a éste y ejercerlo.

Significa que cuando exista violencia política de género, el Tribunal Electoral debe dictar y solicitar medidas de protección que garanticen el respeto del ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres, por lo que es razonable que, aun cuando se tenga por cumplido el fallo, la protección se mantenga hasta en tanto lo requiera la víctima o concluya el cargo para el que fue electa.

La tesis, informó la autoridad en un comunicado, se fundamenta en la interpretación de los tratados internacionales y las leyes locales sobre violencia de género y deriva de la obligación del Estado mexicano de reconocer, respetar y garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución.

Después de la reforma político-electoral de 2014, cuando se elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, comenzaron a salir a la luz casos de violencia política, algunos de mujeres que fueron electas y obligadas a renunciar a sus cargos o que no podían ejercer sus funciones, por ejemplo, María Gloria Sánchez, alcaldesa de Oxchuc en Chiapas y Samantha Caballero Melo, alcaldesa del municipio oaxaqueño de San Juan Bautista Lo de Soto.

Sin embargo, es de recordar que en la legislación nacional no se ha legislado el concepto de violencia política de género toda vez que apenas el pasado 15 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó incluir este tipo de violencia en cinco leyes generales pero las reformas aún deben ser avaladas por el Senado para ser publicadas y entra en vigor.

A pesar de este vacío normativo en noviembre las autoridades electorales reeditaron el “Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” creado en 2016 por las autoridades como el TEPJF, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

17/AGM








NACIONAL
POLÍTICA
   No se aprobó en tiempo y forma, argumentan
Aprueban violencia política, pero no aplica para próximo periodo electoral
Imagen retomada del Congreso de Morelos
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/12/2017

En medio del proceso electoral 2018 y del despliegue de las precampañas para ocupar la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados aprobó incluir el concepto de “violencia política de género” en cinco leyes generales, modificaciones que no aplicarán en estos comicios porque no se aprobaron en tiempo y forma y porque todavía deben ser avaladas por el Senado.

En el último día del periodo ordinario de sesiones, el pasado 15 de diciembre, la Cámara baja aprobó las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Con un retraso de más de nueve meses desde que el 9 de marzo el Senado aprobó las reformas y envió la minuta al recinto de San Lázaro para su aval, finalmente en la maratónica sesión del viernes –donde también se aprobó la Ley de Seguridad Interior– las y los legisladores avalaron las modificaciones en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito político, campañas electorales y ejercicio de cargos públicos.

Desde 2012 se presentó la primera propuesta para prevenir y sancionar los actos de violencia contra políticas, candidatas o mujeres que participaran en política, la cual fue avalada por el Senado en 2013 pero tras la inactividad de diputadas y diputados tuvieron que pasar cinco años para que finalmente el tema volviera a presentarse en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, el proceso legislativo no ha concluido porque el dictamen realizado por las Comisiones de Gobernación, presidida por la diputada priista Mercedes del Carmen Guillén, y de Igualdad de Género, encabezada por la también priista Laura Plascencia Pacheco, aprobaron reformas con cambios por lo que, nuevamente, el documento será enviado al Senado para otra revisión y votación.

En una sesión donde estuvieron presentes prácticamente la mitad de las y los diputados, por unanimidad de 263 votos a favor –y en medio de agradecimientos al coordinador de los priistas, César Camacho Quiroz, por hacer posible el dictamen, como lo dijo la diputada Plascencia Pacheco– se celebró el concluir este “complicado” tramo del proceso parlamentario. 

El Artículo 105 de la Constitución federal, en su fracción II, inciso I, indica que las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse por lo menos 90 días antes del inicio de un proceso electoral y durante el mismo no podrá hacerse modificaciones legales fundamentales, por lo que la violencia política no se podrá invocar en las elecciones de 2018.

En San Lázaro, la diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y ex candidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, ejemplificó con su caso la violencia que viven las mujeres que buscan cargos de elección popular, recordó los señalamientos y denostaciones que vivió durante su campaña en este año y que incluso atrajo la solidaridad de un sector de las mujeres priistas.

“Viví acciones de misoginia, de gente que lamentablemente ocupa o ha ocupado cargos públicos, como es el caso de (Felipe) Calderón y del propio presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, que yo siento que tendrían que ser los que tenían que poner el ejemplo y que desde aquí digo, qué triste y lamentable para nuestro país tener este tipo de gobernantes”.

La diputada, a quien el expresidente Caldearon tildó de “títere” del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que si esta minuta se hubiera aprobado en el periodo ordinario anterior, hubiera sido un logro para todas las mujeres que están en la política.

La minuta enviada por la Cámara de Senadores redefine la violencia política en razón de género como “la acción u omisión que, en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, o bien, en el ejercicio de un cargo público, tenga por objeto o resultado limitar o anular el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres, o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.

A partir de la reforma político-electoral de 2014, cuando comenzaron a salir a la luz casos de violencia, desde destituciones arbitrarias, campañas misóginas y hasta asesinatos de aspirantes a cargos de elección, las mujeres han llamado la atención sobre este tema pero ante la falta de una legislación en noviembre las autoridades electorales reeditaron el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género creado en 2016.

17/AGM/LGL








NACIONAL
POLÍTICA
   19 entidades reconocen concepto en normas electorales
   
Reeditan Protocolo para atender violencia política contras las mujeres
Imagen retomada del Congreso de Morelos
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/11/2017

En México sólo 19 de las 32 entidades reconocen la violencia política de género en sus leyes o códigos electorales; sin embargo, no en todas las normas se establecen sanciones, lo que llevó a las autoridades comiciales a reeditar el “Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” de cara a los comicios de 2018.

Este jueves el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), entre otros organismos, presentaron la nueva versión de esta herramienta a fin de atender y sancionar la violencia política de género hacia pre-candidatas y candidatas que participen en los comicios del próximo año.

En México, el 1 de julio de 2018 se elegirán 3 mil 416 cargos, entre ellos la Presidencia de la República y la renovación de 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 8 gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La nueva versión del “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres”, editado en 2016, considera que hasta septiembre pasado cuatro estados, Guanajuato, Hidalgo, Guerrero y Puebla, no tenían el concepto de violencia política en ninguna norma mientras que dos entidades, Chihuahua y Ciudad de México, tienen esta figura en su Constitución local, en su ley electoral y en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Este Protocolo, señalaron las instituciones, pretende llenar el vacío que existe sobre el concepto de este fenómeno social que se agudiza previo, durante y después de los procesos electorales. Es de recordar que este concepto no está definida en las normas electorales federales porque la Cámara de Diputados no aprobó la minuta enviada por el Senado a tiempo, es decir, 90 días antes del inicio del actual proceso electoral.

En esta reedición, elaborada por el TEPJF y otras instituciones, se señala que la violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”.

La nueva definición, que retoma el estándar de la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, dice que esta violencia “puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida”.

A partir de 2014 cuando la paridad se legisló como un principio constitucional, se han documentado más casos de violencia política, por ejemplo, en marzo de 2015 fue asesinada la perredista y precandidata a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en Guerrero, Aída Nava González; y el 2 de enero de 2016 fue asesinada la alcaldesa electa de Temixco, en Morelos, Gisela Mota Ocampo.

Entre los casos que han sido reconocidos por las autoridades está el de Rosa Pérez Pérez, quien en 2015 fue electa presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, en Chiapas, sin embargo denunció que fue obligada a renunciar por ser mujer e indígena. Otro caso fue el de Felicitas Muñiz Gómez, presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Guerrero, amenazada y descalificada también por ser mujer.

Este Protocolo, que es una guía para que las autoridades atiendan el problema, hace hincapié en que las mujeres también pueden ejercer violencia política en razón de género contra otras mujeres y en que no toda violencia que se ejerce contra una mujer tiene como motivación una cuestión de género.

El documento indica que aunque esta violencia no está tipificada, muchas de las conductas que la constituyen sí configuran delitos, por ello una víctima puede iniciar una acción penal o acudir a las intuiciones como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

A través de este Protocolo también se hizo un llamado a los partidos políticos, considerados por un estudio de ONU Mujeres como el mayor obstáculo para la participación política de las mujeres, para que diseñen y pongan en práctica protocolos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las aspirantes a cargos de elección.

Se expuso que los nueve partidos políticos nacionales y las agrupaciones política estatales deben considerar las reformas necesarias a sus estatutos internos, con el objeto de reconocer y prohibir esta violencia, realizar acciones de prevención y sensibilización y ejercer con la mayor eficiencia posible el presupuesto para el empoderamiento de las mujeres.

17/AGM/LGL








ESTADOS
POLÍTICA
   Debe estar en delitos contra el derecho a una vida libre de violencia del CP
Violencia política de género en Oaxaca, tipificada en apartado “no ideal”
Imagen retomada del Congreso de Morelos
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/10/2017

El tipo penal de violencia política de género en Oaxaca está vigente en el Código Penal estatal y está contemplado en otros tres ordenamientos legales pero todavía es muy endeble, afirmó Anabel López Sánchez, integrante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres.

Desde 2016 Oaxaca incluyó la violencia política de género en el Artículo 401 Bis de su Código Penal (CP) y en abril de este año se reformaron y publicaron reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales y a la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.

La descripción de violencia política contra las mujeres actualmente está en el apartado del CP estatal sobre delitos contra la legitimidad de las elecciones pero opinión de Anabel López lo ideal sería que estuviera en el apartado sobre delitos contra el derecho a una vida libre de violencia (Artículo 404 al 412).

Con esta legislación, Anabel López destaca que se prevén varios retos para el proceso electoral de 2018 porque habrá 10 partidos políticos registrando candidaturas en 153 municipios y como se demostró el año pasado, más mujeres participando significa más violencia contra ellas.

El 1 de julio de 2018 en Oaxaca se elegirán a 42 integrantes del Congreso local y se renovaran 153 presidencias municipales con sus respectivos ayuntamientos.

REFORMAS EN OAXACA

En marzo de 2016 el Gobierno de Oaxaca publicó en el periódico oficial estatal la reforma al Artículo 401 Bis del Código Penal del estado para señalar que se impondría prisión de dos a seis años y multa de siete mil a quince mil pesos a quien impidiera el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

Con esta reforma se modificó el capítulo de delitos contra la legitimidad de las elecciones y aunque en la redacción no menciona la frase “violencia política de género” este delito se describe como daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de su familia.

Un año después, el 26 de abril de 2017 se publicaron en el periódico oficial de Oaxaca nuevas reformas al Código Penal, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales y a la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.

Con el paquete de modificaciones de este año el Código Penal del estado dice en el Artículo 208 sobre “abuso de autoridad y otros delitos oficiales” que comete abuso de autoridad quien indebidamente retarde o niegue a los particulares el despacho de sus asuntos y señala que la pena se aumentará hasta en un tercio cuando el delito sea en contra de una mujer por razón de género.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Tras las reformas de abril, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios dice en la fracción III del Artículo 8, que es procedente el juicio político cuando haya actos u omisiones de los servidores públicos que deriven en “violencia política contra la mujer”.

Asimismo esta ley dice en la fracción LIII  del Artículo 56 que tratándose de violencia política por los integrantes de los ayuntamientos del estado, procederá, la solicitud de revocación de mandato, que establece el artículo 61, fracción VII de la Ley Orgánica Municipal.

Sin embargo, la defensora de los derechos políticos de las mujeres, destacó que la Ley Orgánica Municipal señala que la destitución procederá cuando sea avalada por el Congreso, lo que hace que el proceso y la sanción deje de ser administrativa y se convierta en tema político. 

“Al pasar por el Congreso le devuelves un carácter político y es justamente en la política donde están violentado a las mujeres”.

Como ejemplo, la ex titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña señaló que hay dos  peticiones para remover a funcionarios municipales que han violentado a mujeres: uno por agresiones a la alcaldesa de San Juan Bautista Lo de Soto, Samantha Caballero Melo y otro por la síndica de Zanatepec, Erika López Molina.

El Congreso no ha respondido a ninguna de estas peticiones. “Es un marco normativo difícil de aplicar”, sostuvo López Sánchez.

SIN CLARIDAD EN LEY

Las reformas de abril también consideraron adiciones en materia de violencia política en el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales local aunque dos meses después, en junio, se publicaron las “partes no vetadas” de esta ley. En esta segunda publicación no aparecieron algunas consideraciones en materia de violencia.

Por otra parte, la fracción VII del Artículo 7 de la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género del estado define la violencia política como “cualquier acción u omisión cometida por una o varias personas o servidores públicos por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de su familia”.

Estas acciones deben tener la intención de “acotar, restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos ciudadanos y político-electorales o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad; así como impedir el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida por razón de género”.

17/AGM/LGL








NACIONAL
POLÍTICA
   Persisten estereotipos y prejuicios
Violencia de género y sexismo: dos retos de la paridad en política
Imagen retomada del twitter del TEPJF
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/10/2017

Mujeres políticas que han accedido a cargos de decisión señalaron que a pesar de que hace 64 años se consagró el derecho al sufragio femenino para que las mujeres pudieran votar y después contender en las elecciones, aún enfrentan retos como la violencia.

Al participar en el foro “Aprendizajes de la participación política de las mujeres” que organizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) diputadas y alcaldesas señalaron que ante las agresiones han tenido que recurrir a los tribunales y al acompañamiento de organizaciones civiles.

Así coincidieron las diputadas federales Cecilia Soto y Candelaria Ochoa Ávalos; la senadora Marcela Torres Peimbert; las presidentas municipales de Eloxochitlán, Oaxaca, Eliza Zapata; de Atitzihuacan, Puebla, Maricela Ramos; de Oxchuc, Chiapas, María Gloría Sánchez Gómez y de Chenalhó, también en Chiapas, Rosa Pérez Pérez.

La presidenta municipal del municipio chiapaneco de San Pedro Chenalhó, destacó que no viene de una familia política y pese a ello compitió por el Partido de la Revolución Democrática y después por el Partido Verde Ecologista de México pero cuando ganó la elección de 2015 le arrebataron el triunfo.

La alcaldesa dijo que falta cambiar la mentalidad de los hombres que todavía no aceptan la participación de las mujeres en los espacios políticos. Como ejemplo, dijo que ella vivió una persecución de sus opositores, quienes pidieron un recuento de votos e impugnaron su triunfo ante las autoridades electorales.  

“Ellos querían burlarse de mí, pensaban que una mujer no puede tomar decisión”, expuso. 

Por su parte la diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que lo más difícil que ha enfrentado fue ganar un distrito en la zona metropolitana de Guadalajara, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) siempre había ganado y hacer feminismo en una campaña política.

La diputada quien es una académica feminista, destacó que tuvo que usar todas sus habilidades para transmitir un mensaje de igualdad y hacer una campaña donde conjugara su experiencia como investigadora y su militancia a favor de la igualdad de género.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Marcela Torres Peimbert, coincidió en que lo más difícil para la participación política de las mujeres es romper estereotipos y prejuicios, en particular en el poder. Destacó que ser una política dócil, que no cuestiona al partido es lo más fácil para las candidatas.

Como ejemplo, señaló que hubo legisladoras de Nuevo León que votaron en contra de la paridad en los estados y cuando cuestionó qué pasaba, encontró que para las diputadas era complicado romper con los estereotipos porque cuando son oposición se les califica de “locas” y a ellos de innovadores, disidentes o revolucionarios. 

Para la alcaldesa chiapaneca, Gloria Sánchez Gómez, lo más difícil es no tener miedo y saber que si cometen errores asumir su responsabilidad y como ejemplo destacó que en su caso vivió violencia política y presiones para que en 2016 la obligaran a renunciar y pese a ello continúa trabajando por sus convicciones.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), hay 7 averiguaciones previas por violencia política de género en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, pero Chiapas destaca por tener el índice más alto representado en 43 por ciento, mientras que Oaxaca y Tabasco cuentan con 29 por ciento.

Una de las mujeres que ha sido víctima de violencia es Eliza Zapata, alcaldesa de Atitzihuacan, quien fue agredida físicamente en una asamblea, su hija mayor se exilió del país y su hermano fue asesinado. “A pesar de tanto dolor, tanta violencia, no se puede dar un paso atrás cuando se ha avanzado bastante para otras compañeras”, dijo. 

Eliza Zapata agregó que la violencia comienza con la difamación y por ello advirtió que las autoridades deben atender estos casos porque hoy en día hay muchas regidoras amenazadas, acosadas y relegadas de sus funciones. “Si no se escucha con ese interés o previendo que puede desatarse una violencia física, nos van a matar”, dijo.  

17/AGM/LGL








NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Falta proteger y garantizar derechos político-electorales
Senadora llama a Cámara de Diputados a legislar violencia política
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 19/09/2017

Aun cuando es tarde para tipificar la violencia política de género para que aplique en el proceso electoral de 2018, es indispensable que la Cámara de Diputados dictamine la minuta enviada por el Senado a fin de contar con la normativa a la brevedad posible, afirmó la senadora Sandra Luz García Guajardo.

En una excitativa enviada por el Senado a la Cámara de Diputados, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) pidió que se apruebe la minuta sobre violencia política en razón de género para proteger y garantizar la integridad de las mujeres, propuesta que fue avalada por el Senado en marzo pasado.

En el documento enviado a San Lázaro, la senadora por Tamaulipas recordó que en abril, al finalizar el anterior periodo ordinario de sesiones, uno de los temas que no fue votado por el pleno de la Cámara baja fue la inclusión del concepto de violencia política en razón de género en cinco leyes en materia electoral.

La Constitución federal señala en el Artículo 105 que no se pueden realizar modificaciones sustanciales a las leyes que rigen las elecciones en un plazo de 90 días previos al inicio del proceso electoral, por lo que en las elecciones próximas, las mujeres no contarán con la garantía plena de sus derechos político-electorales, señaló la legisladora.

La senadora también enfatizó que hubo falta de interés por aprobar este tema: “realizamos un trabajo que ha carecido de voluntad política por parte de nuestra colegisladora para contar con los elementos necesarios a fin de que no haya más mujeres limitadas en sus aspiraciones y en el ejercicio de sus derechos político electorales”.

También señaló que la inclusión de la violencia política de género en la ley busca evitar más casos de mujeres políticas que sean registradas como candidatas en distritos perdedores; inequidad en la distribución de los tiempos oficiales de radio y televisión y la distribución de recursos para las campañas o que se les incluya al final de las listas de representación proporcional de los partidos.

También pretenden evitar sustituciones arbitrarias en precandidaturas y candidaturas; presiones para ceder o no reclamar una candidatura o cargo ganado, para pedir licencia y favorecer a los suplentes varones y no regresar al cargo; agresiones durante campañas; mayor exigencia que a los hombres; o intimidación, amenazas, exclusión, entre otras formas de violencia.

17/AGM/LGL








ESTADOS
POLÍTICA
   Se incluirá en el Código Electoral
   
Veracruz sancionará la violencia política en razón de género
Imagen retomada del twitter del Congreso de Veracruz
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver.- 26/07/2017

En el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Veracruz, las mujeres contarán con mayores herramientas que hagan valer sus derechos político- electorales, como las sanciones impuestas en el Código Electoral por la violencia política en razón de género, indicó la diputada y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Teresita Zuccolotto.
 
Con 45 votos a favor el congreso del estado aprobó incluir en el Código Electoral una fracción sobre violencia política en razón de género que permitirá sanciones administrativas en contra de quien la ejerza.
 
Durante su participación en tribuna, la Presidenta de la Comisión para la Igualdad, detalló que la aprobación de la iniciativa presentada en la sesión ordinaria del 2 de mayo, coloca a Veracruz a la vanguardia en el respeto de los derechos de las mujeres en el servicio público.
 
“Hoy avanzamos con infracciones y sanciones a aspirantes, precandidatos, candidatas y autoridades, pronto seremos testigos de la aprobación de este tipo de violencia en el Congreso de la Unión y entonces también los partidos políticos tendrán responsabilidad de este tipo de violencia; además será incorporada como delito electoral desde la Ley General de delitos electorales”.
 
La reforma implica infracciones hacia los aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, o autoridades y servidores públicos que a través de la violencia busquen inhibir, impedir o entorpecer el trabajo electoral, político o que como servidoras públicas realicen las mujeres.
 
De igual forma se agregan supuestos a la violencia política de género en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como el de impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos.
 
Teresita Zuccolotto recordó que antes de la reforma, las mujeres violentadas en sus derechos políticos o electorales, acudían a un Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales, y ahora las sanciones serán claras y aplicadas por el Órgano Público Local Electoral (OPLE).
 
El OPLE será incorporado al Sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres de la Ley en la materia, y se le señalan atribuciones específicas para prevenir y atender este tipo de violencia.
 
La legisladora celebró que los legisladores locales apoyaran la reforma solicitada para continuar avanzando en el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres y para alcanzar la paridad de género en las próximas elecciones.
 
17/RED








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