Corte Interamericana de Derechos Humanos

ENTREVISTA
DERECHOS HUMANOS
   Recuperan su derecho a tomar la palabra, a nombrarse
“La verdad no se puede ocultar por siempre”: mujeres de Atenco ante CoIDH
Bárbara Italia, víctima de violencia sexual durante su declaración en la sala de juicios orales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Imagen retomada del twitter de la CoIDH
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | San José, CR .- 22/11/2017

Después de dos días en la sala de juicios orales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el balance de las once mexicanas que acudieron a denunciar la tortura sexual por parte de policías municipales, estatales y federales es positivo porque lograron evidenciar que la verdad no se puede ocultar por siempre.

Las heridas emocionales ocasionadas hace más de once años siguen presentes pero se han transformado en fuerza. Así lo demuestran sus voces contundentes, sus movimientos certeros y los ademanes que hacen las once sobrevivientes de los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México.

Finalizada la audiencia pública que se realizó los días 16 y 17 de noviembre en la sede de la Corte Interamericana, en San José, capital de Costa Rica, las mujeres decidieron hacer un paréntesis para hablar con los medios mexicanos sobre sus primeras impresiones tras escuchar las preguntas e inquietudes de jueces y de los funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob).  

Cinco de las denunciantes, conocidas como las “mujeres de Atenco”, charlaron con Cimacnoticias. En una entrevista colectiva María Patricia Romero Hernández, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres, Cristina Sánchez Hernández y Yolanda Muñoz Diosdada hicieron una evaluación positiva y esperanzadora de lo ocurrido durante los dos días en la Corte Interamericana.  

Durante la primera jornada Angélica Patricia, Bárbara Italia, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo presentaron su testimonio. Fueron interrogadas por su defensa, por los representantes del Estado mexicano y por la juez y los jueces de la CoIDH, encargados de juzgar las presuntas violaciones a Derechos Humanos.

En el segundo día de trabajo la delegación mexicana, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, y la defensa de las mujeres, integrada por las abogadas de los Centros de Derechos Humanos: Miguel Agustín Pro Juárez y por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), presentaron sus alegatos.  

RETÓRICA DE LA IMPUNIDAD

Las mujeres recuperaron su derecho a tomar la palabra. Así lo sienten y así lo dicen. Aunque sólo cinco estuvieron en el estrado de la Corte Interamericana todas se sintieron identificadas en cada testimonio porque prácticamente vivieron las mismas vejaciones e insultos por parte de los cuerpos policiacos de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia de Seguridad del Estado de México.

- Anayeli García Martínez (AGM): “¿Cuál es el balance después de escuchar las preguntas y los argumentos del Estado mexicano?”. 

- María Cristina (MC): Los comentarios del Estado pues, sí, sabemos que quieren balconear, pero nunca ofrecieron, nunca nos dieron un apoyo y no sé de dónde sacan eso.

- Yolanda (Y): Yo creo que fue una estrategia del Estado porque ahorita quiere argumentar que ha hecho algo bien y eso es falso. En tiempo se pasaron años y hemos visto que no hubo justicia ni un seguimiento para crear un sistema de justicia bien que pudiese ser beneficioso para nosotras, realmente conforme a la ley.

- Patricia (P): Es una disculpa tardía porque ya han pasado once años. Ellos decían que teníamos derecho a una indemnización, a que nuestros hijos tuvieran becas, hablaron de derecho a tener casa habitación y a muchas facilidades. (Pero) A once años estamos esperando que pudieran resolver el castigo de todas esas personas que incurrieron en la desgracia.

- Angélica Patricia (AP): Para mí fue bueno llegar hasta esta instancia que es la Corte Interamericana. Vimos ahorita a los representantes del Estado mexicano como niños reprobados, no traían nada preparado. Las cifras estaban mal hechas. El representante del Estado decía que había 45 mil habitantes (que radicaban en la zona). No es lo mismo que decir cuántas personas había ese día, o sea, las cifras, todo mal.

“Todo mal como su posición ahorita. Querían seguir tapando el sol con un dedo, no estaban siquiera claros ni por dónde iban, no tenían conocimiento del caso, creo que muy mal por parte de ellos. La verdad no se puede esconder. Se vio claro como no pudieron esconder la verdad. A once años no han hecho absolutamente nada”.

- Bárbara Italia (BI): Voy a retomar la frase hermosa que encuadró muy bien la experiencia de hoy, de las declaraciones del Estado, que dijo Araceli Olivos, la representante de nosotras: Estamos escuchando y estamos de frente a la retórica de la impunidad. Y es precisamente eso que ha intentado el Estado mexicano, imponernos la impunidad.

“Me parece muy positiva la audiencia de hoy. Ha sido realmente un espacio reparador en el que nosotras nos hemos podido encontrar, las once. Hablar en voz alta, nombrarnos, decir nuestro nombre, y en un ambiente de igualdad de condiciones con el Estado, y frente a jueces que estaban en la mejor disposición de escuchar la verdad, de escuchar a las mujeres”.

ONCE AÑOS DE “EMPUJAR LA VERDAD”

Las sobrevivientes han invertido once años “en empujar la verdad y la dignidad” frente a funcionarios que en un primer momento las calificaron de mentirosas y que hoy dicen no poner en duda lo que les sucedió.

Como muestra, en esta ocasión el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo recordó que en la audiencia que se realizó el 14 de marzo de 2013 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, el Estado reconoció su responsabilidad y pidió una disculpa pública.

En la comparecencia de hace cuatro años ante la CIDH, órgano que remitió el caso a la Corte Interamericana, Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, y Juan Manuel Gómez-Robledo, entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, ofrecieron una solución amistosa que fue rechazada por las víctimas.

Después de un largo proceso que comenzó en abril de 2008 cuando las once mujeres enviaron su caso al Sistema Interamericano, se les preguntó:

- AGM: ¿Esta audiencia, la última sesión oral, se acerca a la justicia?

- C: Hay algo cerca. Esperemos que los jueces nos escuchen y nos den prioridad. Creo que se ha luchado muchísimo. Entonces ¿qué se persigue? Ante todo que se haga justicia y que se diga la verdad, por eso estamos aquí. Creo que este es el mejor camino porque tenemos un gran grupo de abogados y una Corte de las mejores, es la mejor.

- AP: Es solamente como un pasito, todavía falta mucho.

- BI: Creo que es indispensable y se requiere una sentencia que vaya en el sentido de las peticiones que hemos hecho hoy a la Corte. Que la Corte determine que el Estado tiene que investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Creemos que si no tenemos ese elemento particular en la sentencia, estos hechos van a quedar impunes. Once años de impunidad en México nos dan la razón.

Bárbara Italia, una de las cinco mujeres que declararon, insiste en que es necesario que el alto tribunal se pronuncie por una investigación que abarque todos los niveles de responsabilidad y que no se quede solamente en la reparación del daño material. Contundente, afirmó que no aceptarán un monto económico a cambio de la justicia. 

En la jornada del día 17 de noviembre, el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo señaló que el Estado ya ha ofrecido medidas de reparación del daño pero pidió al pleno considerar que se requiere de la “cooperación de ambas partes” toda vez que las mujeres se han negado a participar en el diseño de las mismas. Por su parte, las sobrevivientes de tortura sexual y su defensa legal, argumentaron que la medida más sustantiva de la reparación del daño es una investigación seria. 

No obstante el Estado mexicano consideró que no podía sancionar a ningún mando. Su principal argumento es que la investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2009, determinó que no había elementos para señalar la responsabilidad de la cadena de mando y que de hacerlo se estarían violando los Derechos Humanos de los jefes policiacos.

- AGM: ¿Qué opinan de que el Estado ya tenga un paquete de reparaciones y diga que no es posible investigar a quienes ordenaron el operativo?

- BI: El Estado mexicano, desde un poco antes de que se emitiera el informe de fondo, ya tenía su paquete de reparaciones. La vía que estaba buscando era la solución amistosa (mecanismo en la CIDH para evitar que un caso llegue a la Corte). El Estado mexicano tiene años intentando meter un paquete reparatorio que no tiene absolutamente nada que ver con la verdad.

El Estado podrá, en su retórica, seguir insistiendo en que hay medidas de reparación pero no son las que nos reparan a nosotras, son las que para ellos se apegan a esta lógica de pretender no investigar e irse con otras medidas individuales que, por supuesto son importantes, pero que no son vitales para nosotras. En esa lógica, el Estado seguirá diciendo misa pero nosotras no quitamos el dedo del renglón.

- AP: Una cosa es que quieran y otra cosa que se dé. Lo han intentado desde hace mucho. ¿Una solución amistosa? ¿De cuántos muertos que ha habido en México, de cuántas personas por políticas impunes? No puede haber solución amistosa. Ahorita ya no. Ya estamos en la Corte, la sentencia de la Corte será lo que se tendrá que llevar, eso no es negociable ya.

ROMPIENDO EL SILENCIO

La mañana del 16 de noviembre, las mujeres presentaron sus testimonios. Señalaron los daños psicológicos y familiares de la tortura sexual. Por ello, y pensando en lo que viven otras mujeres, pidieron que la Corte Interamericana considere en su sentencia que una de las medidas de reparación del daño sea la creación de un Centro de documentación y acompañamiento a mujeres sobrevivientes de tortura sexual.

Hicieron esta propuesta porque en su travesía por las instituciones mexicanas, la cual han sobrellevado arropadas por la sociedad civil, han conocido a más mujeres víctimas de tortura sexual. De ahí que el Centro que proponen tiene dos objetivos: dar acompañamiento a mujeres y sus familias desde un enfoque psicosocial y con una perspectiva de Derechos Humanos; y, documentar para comprobar cómo las fuerzas de seguridad ejercen la tortura sexual en todo el país.

- AGM: Algunos jueces preguntaron por qué afirman que la tortura es una práctica generalizada en México ¿por qué hacen esta afirmación?

- P: En todos los movimientos que ha habido, como fue Oaxaca y algunos otros, casi siempre se ve el mismo abuso de la fuerza, el abuso de las mujeres. Casi siempre que veo las noticias veo el abuso y no nada más es en México, es en diferentes países. Lo vimos en España, en Barcelona. Esa parte es la muestra de que es general. 

- BI: Cuando nosotras salimos (en 2006) se hablaba de violación y nosotras intentamos hacer una distinción sobre el uso político de la violación, como estrategia de control social. A ti te pueden violar en el microbús, te pueden violar saliendo de una fiesta y, sí, hay elementos de dominación pero es distinto. Hay una vulnerabilidad contra las mujeres muy específica cuando estas en custodia de agentes del Estado, eso por supuesto se configura en tortura sexual.

“Nosotras quisimos enfocar ese elemento y esa dimensión de la violencia contra las mujeres y cómo se tortura a las mujeres de una manera diferenciada que a los hombres. A las mujeres nos violan casi sí o sí, bajo contexto de detención. En otros periodos de la historia nos violaban pero no se miraba ni se daban pistas que tenía un elemento fuertemente político, de dominación de la sociedad y hacia los movimientos”.

Para Patricia, Angélica Patricia, Bárbara Italia, Yolanda y Cristina junto con Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Ana María Velasco Rodríguez y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, es claro que la tortura sexual es una herramienta del Estado y por eso seguirán luchando para que se deje de usar. 

Ahora llegaron a la última instancia facultada para juzgar violaciones a Derechos Humanos en el continente, y por eso esperan que una vez concluida la audiencia, los jueces Humberto Antonio Sierra Porto, Roberto F. Caldas, Eduardo Vio Grossi, Eugenio Raúl Zaffaroni, Patricio Pazmiño Freire y la jueza, Elizabeth Odio Benito, emitan una sentencia a su favor aunque la tortura sea irreparable.

Con la próxima resolución, que se espera para 2018, México podría sumar tres condenas de la Corte Interamericana por casos de tortura sexual contra mujeres. Las dos sentencias previas fueron emitidas en 2010 cuando el organismo encontró responsable al Estado mexicano por la tortura sexual de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, agredidas por militares en 2002, en el estado de Guerrero.

17/AGM/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   “Enrique Peña Nieto ordenó despliegue de fuerzas de seguridad”
Investigar a mandos que ordenaron operativo de Atenco exigen mujeres
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | San José, CR .- 17/11/2017

Las palabras de la sobreviviente de tortura sexual, Angélica Patricia Torres Linares, fueron inesperadas y causaron sorpresa, cuando afirmó que Enrique Peña Nieto ordenó el despliegue de las fuerzas de seguridad, cuyos elementos violaron a más de 11 mujeres en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006.

Con su testimonio, Patricia, fue la protagonista de un momento incómodo para la delegación mexicana que este jueves se presentó en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en San José, Costa Rica, para escuchar los testimonios de once mujeres que responsabilizan al Estado mexicano de ordenar la violencia sexual que vivieron hace 11 años y seis meses. 

La declaración fue inusual porque si bien en México es sabido que Peña Nieto asumió públicamente ser el responsable de los operativos, no se esperaba escuchar el nombre del Presidente de la República en un proceso ante el organismo internacional donde no se juzgan las conductas de funcionarios públicos sino las violaciones a Derechos Humanos cometidas por un Estado y los mecanismos para reparar el daño.

En el relato de Patricia, quien fue detenida y violentada el 4 de mayo de 2006, fue recurrente la exigencia que “se sepa la verdad” sobre lo sucedido durante la incursión policiaca de 700 policías federales, mil 815 de la Agencia de Seguridad Estatal y al menos nueve policías municipales, lo que dejó como saldo 207 detenidos, entre ellos 31 mujeres que denunciaron abusos sexuales.

Para aclarar el sentido de esta petición, el juez Patricio Pazmiño Freire peguntó a Patricia a qué se refría con “la verdad”, entonces ella fue contundente: “en el 2006, después del operativo salió el que entonces era el gobernador de Estado de México… a decir que yo era una mentirosa porque todo lo que yo estoy declarado había sido aprendido en manualitos”.

Cuando la joven hablaba, el juez Pazmiño Freire la interrumpió para preguntar: “¿Quién era el gobernador?”. “El licenciado Enrique Peña Nieto”, respondió ella. El nombre hizo alzar las cejas al juez y a algunos asistentes del público, en su mayoría universitarios de Derecho que seguían el desarrollo de la sesión.

Patricia se refería a la declaración que en 2006 hizo el entonces gobernador. “Es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos radicales, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres”, dijo Peña Nieto en aquel año.

El caso de las Mujeres de Atenco ha perseguido al priista. El 11 de mayo de 2012 el entonces candidato presidencial fue increpado por este hecho por estudiantes de la Universidad Iberoamericana a quienes dijo: “Fue una acción determinada personalmente, que asumo personalmente, para reestablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública”.

Desde entonces y hasta ahora, el gobierno mexicano se ha empeñado en asegurar que el despliegue de los elementos policiacos fue una decisión para recuperar la paz en los municipios mexiquenses; una acción que, aseguran, fue validada a través de una investigación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en la que se reconocen violaciones a Derechos Humanos.

Para Patricia, igual que para Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes declararon ayer, un operativo de esta magnitud fue una estrategia planeada que se sigue implementando en México, por lo que pidieron un pronunciamiento de la CoIDH respecto al uso de la fuerza pública.

Fue un operativo tan cruel y despiadado, que en su opinión, no se le ocurrió a unos cuantos policías y menos si sabían que no iban a ser investigados ni castigados. “Sé que no se mandan solos”, dijo Patricia.

La Audiencia en la Corte Interamericana concluirá este día cuando la delegación del Estado mexicano, conformada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo; el embajador de México en Costa Rica, Melquiades Morales Flores; el director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Erasmo Alonso Lara Cabrera; el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez; el fiscal central jurídico del Estado de México, Germán Castillo Banuet y el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Luis Francisco Fierro Sosa, presenten sus alegatos sobre lo que ha realizado el Estado para que las víctimas accedan a la justicia.

17/AGM/LGL

 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Sobrevivientes pidieron reconocer la tortura sexual de 2006
“Verdad a medias no es verdad”: Mujeres de Atenco
Imagen retomada del twitter de la CoIDH
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | San José, CR .- 16/11/2017

Cuatro horas y media tardó la primera parte de la audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la que Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Angélica Patricia Torres Linares y Bárbara Italia Méndez Moreno dieron testimonio de lo ocurrido durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Atenco y Texcoco en el Estado de México.

Cerca de las ocho de la mañana las once mujeres denunciantes de tortura sexual entraron a la sala de la sede de la Corte Interamericana, lugar donde decenas de estudiantes de Derecho hicieron fila para escuchar los testimonios y ver el desarrollo de la audiencia donde minutos más tarde se daría cuenta de cómo once años y seis meses atrás, policías municipales, estatales y federales detuvieron, golpearon y toquetearon sexualmente a unas 31 mujeres.

Tras escuchar la presentación del caso por parte de las delegadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que envió el caso a la CoIDH, las denunciantes comenzaron a narrar testimonios que por momentos causaron sorpresa a los jueces y que hicieron que la comitiva de funcionarios mexicanos enfocara sus participaciones en enfatizar que ya se han tomado medidas para reparar el daño.

Los interrogatorios comenzaron con la formalidad propia del organismo internacional, primero con la gente participante de pie para recibir a los seis jueces, sin contar al mexicano Eduardo Ferrer MacGregor que por su nacional no puede conocer el caso, y luego con un interrogatorio para cada una de las primeras cuatro, de cinco, víctimas que fueron llamadas a declarar.

El Juez Patricio Pazmiño Freire, interroga a la declarante, Sra. Norma Aidé Jiménez Osorio. Fotografía twitter @corteidh

--”¿Podría la declarante manifestar ante la Corte su nombre?

--Norma Aidé Jiménez Osorio

--¿Nacionalidad y lugar de residencia?

--Mexicana, Ciudad de México”.

Así comenzaron y siguieron los testimonios, declaraciones que repitieron las mismas frases una y otra vez: “era estudiante, me golpearon, me taparon la cabeza, metieron sus dedos en mi vagina… mi vida no volvió a ser la misma…. alguien lo ordenó, queremos que se investigue la cadena de mando”.

Los primeros en romper el protocolo fueron los funcionarios del Estado mexicano, quienes no dieron su nombre al tomar la palabra e hicieron comentarios  en vez de ceñirse a hacer preguntas a las víctimas. Así por ejemplo el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, comenzó a dar un discurso hasta que fue interrumpido.

El también embajador dijo que el gobierno de México condenaba cualquier violación a Derechos Humanos y estaba a punto de continuar fijando su posición cuando una abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que defiende a las mujeres, objetó el discurso porque, dijo, la audiencia de este jueves era para escuchar a las víctimas y no para presentar alegatos, algo que está previsto para este 17 de noviembre.

Las mujeres de Atenco, como se conoce a las sobrevivientes, escucharon atentas, sentadas todas juntas de lado izquierdo de la sala, mientras la delegación mexicana hacía preguntas enfocadas a que las denunciantes reconocieran que las instituciones del país habían realizado acciones para reparar el daño, por ejemplo, que 55 policías fueron investigados, aunque la respuesta de Norma Aidé dejó claro que  “una verdad a medias no es la verdad”.

Al concluir el primer testimonio, las emociones explotaron y los recuerdos no pudieron esperar. Cuando Norma Aidé bajó del estrado, ellas, las que fueron acusadas de mentirosas, se abrazaron, deshicieron el nudo en sus gargantas y una vez más se juntaron para tomar aire y seguir en esta reunión que será la última antes de que la Corte Interamericana emita un fallo por este caso, en 2018.

Después del testimonio de Bárbara Italia Méndez Moreno, la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Patricia Colchero Aragonés, dio un giro a las intervenciones de los representantes del gobierno al comenzar a preguntar a las víctimas cómo el Estado podía colaborar para resarcir las consecuencias que padecieron por la violencia sexual.

17/AGM

 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Dos días de alegatos para determinar responsabilidad del Estado mexicano
CoIDH escuchará testimonios de tortura sexual de mujeres de Atenco
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/11/2017

Después de once años y seis meses de enfrentar cotidianamente a las instituciones del Estado de México para que las dejen de llamar mentirosas, once mujeres víctimas de tortura sexual se presentarán ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para narrar cómo las fuerzas de seguridad pública las violentaron durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006. 

Por primera vez este 16 y 17 de noviembre la palabra de Mariana, Georgina Edith, María Patricia, Norma Aidé, Claudia, Bárbara Italia, Ana María, Yolanda, Cristina, Ángela Patricia y Suhelen Gabriela se escuchará durante una audiencia pública que se realizará en la sede de la Corte Interamericana, en San José, capital de Costa Rica. 

Para ellas, Las Mujeres de Atenco, el reloj se detiene con está audiencia que será la última parada de un recorrido en búsqueda de justicia que ya suma 138 meses y que podría culminar en una sentencia del máximo tribunal del continente en la que se reconozca que el Estado mexicano, por orden de mandos superiores y a través de policías locales, estatales y federales, ejerció tortura sexual.

Este episodio no pinta para ser una rendición de cuentas de parte de la comitiva de funcionarios mexicanos porque el organismo internacional no está facultado para juzgar los procesos penales que se desarrollan en México por estos casos pero servirá para mostrar las violaciones a Derechos Humanos cometidas durante un operativo que duró dos días y dejó secuelas permanentes.

DE GARANTIZAR SEGURIDAD A LA REPRESIÓN

El 3 de mayo de 2006 el gobierno del Estado de México, encabezado por el entonces gobernador y hoy Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ordenó el despliegue de un operativo en los municipios mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco para impedir que los floricultores vendieran sus productos, operativo que se extendió hasta el 4 del mismo mes.

El despliegue de 700 policías federales, mil 815 de la Agencia de Seguridad Estatal y al menos nueve policías municipales dejó como saldo 207 detenidos, al menos 26 mujeres víctimas de violencia sexual; dos personas asesinadas: Javier Cortés Santiago y Ollín Alexis Benhumea Hernández y cinco personas extranjeras expulsadas del país.

Como resultado también se abrieron dos investigaciones, una de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; un expediente penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y posteriormente otro en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país, hoy conocida como Fevimtra. 

La versión de altos funcionarios, empezado por Peña Nieto, fue que se trató de reestablecer el orden y la paz social amenazada por unos manifestantes pero las imágenes de televisión y de los medios mostraron lo contrario, se vio cómo policías con equipos antimotín, toletes, escopetas lanza cartuchos de gas lacrimógeno y granadas del mismo gas, golpeaban y detenían gente al por mayor.

En este contexto 47 mujeres fueron detenidas de forma arbitraria, de ellas al menos 26 fueron golpeadas, manoseadas y pellizcadas en senos, pezones, piernas, pubis, glúteos, ano y vagina, en algunos casos por encima de la ropa y, en otros, en contacto directo con la piel. Una de las sobrevivientes fue obligada a practicar “sexo oral” a los policías y, según las denuncias, cada humillación fue acompañada de insultos, amenazas, golpes y jalones a la ropa. 

Con toda la carga física y psicológica que implica esta violencia, once mujeres mantuvieron sus denuncias por tortura pero ante la falta de respuesta en las instancias nacionales, en abril de 2008 presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañadas por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Cejil) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Después de un largo proceso, en octubre de 2015 el organismo internacional emitió un informe sobre el caso, registrado como “Mariana Selvas y otras” y lo envió a la Corte Interamericana que finalmente escuchará la palabras de las denunciantes para analizar el fondo del asunto y eventualmente emitir una sentencia contra el Estado mexicano por su responsabilidad en las violaciones a Derechos Humanos cometidas en Texcoco y Atenco.  

LA MEMORIA DE ATENCO

San Salvador Atenco es el municipio mexiquense donde surgió la lucha de los ejidatarios del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), hombres y mujeres que se opusieron a la expropiación de sus tierras para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un proyecto ensalzado por Peña Nieto y que en 2015, durante su administración como primer mandatario a nivel federal, finalmente comenzó su contracción. 

Cuando en mayo de 2006 el FPDT se solidarizó con los floricultores que eran reprimidos en un operativo que calificaron de desproporcionado, también hubo personas defensoras de Derechos Humanos y estudiantes que acudieron al lugar a ayudar, fue el caso de las mujeres de Atenco. Algunas eran estudiantes que querían documentar la violencia, otras comerciantes que estaban en el lugar y unas más ciudadanas que simplemente pasan por allí.

Como si la finalidad fuera decretar la falsedad de los dichos de las mujeres torturadas sexualmente, el 16 de junio de 2006 el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, declaró: “es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres”.

Con una intención similar, el 27 de junio de 2006 el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo Madrid, atribuyó lo que consideró eran “supuestos abusos” por parte de la policía a los “altos niveles de estrés” y declaró que “si las mujeres muy dignas no se dejaron revisar por los doctores, fue porque les había hecho nada”.

A pesar de esos intentos por desestimar las denuncias y cerrar el caso, las Mujeres de Atenco es la sombra que acompaña a Enrique Peña Nieto. El episodio incluso hizo tambalear su campaña presidencial cuando en el 11 de mayo de 2012 fue increpado por estudiantes durante una presentación en la Universidad Iberoamericana, quienes le señalaron el uso excesivo de la fuerza en Atenco y Texcoco.

Ante la insistencia de los estudiantes el entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respondió que en Atenco se reestableció el orden y afirmó: “Fue una acción determinada personalmente que asumo personalmente”. Este episodio más tarde dio vida al movimiento estudiantil YoSoy132.

ASUMIR REPARACIÓN DEL DAÑO

La CoIDH es la última instancia para Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Ángela Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

Es la última instancia porque a pesar de que en México la PGJ del Estado de México mantiene un expediente abierto, la indagatoria lleva más de once años y actualmente 16 policías de la Agencia de Seguridad Estatal son acusados de la tortura pero todos llevan su proceso en libertad; además, de 21 médicos auxiliares de la autoridad ministerial que fueron acusados por no revisar a las víctimas y certificar las lesiones, 10 fueron absueltos por deficiencias en el proceso.

Tampoco hay responsables a nivel federal. Ningún alto mando fue investigado, ni quien fuera secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora; tampoco el secretario General del Gobierno del Estado de México, Humberto Benítez Treviño; ni el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Héctor Jiménez Baca, mucho menos el jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado. 

Al contrario, todos los funcionarios siguieron haciendo carrera política y los ejemplos más claros son los de Peña Nieto que fue electo como presidente de la República en 2012 y Eduardo Medina Mora que en 2015 fue designado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hasta ahora la CIDH determinó que las once mujeres fueron detenidas ilegal y arbitrariamente, que no fueron informadas de las razones, vivieron graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual, entre ellas la violación sexual, y que todo indica que estos actos fueron cometidos por agentes estatales.

Para el organismo internacional el Estado mexicano reconoció “la comisión de actos de violencia de género y tortura” por lo que los alegatos y testimonios que se presenten este 16 y 17 de noviembre ante la Corte Interamericana servirán para profundizar sobre la violencia contra la mujer y, particularmente, la violación sexual y tortura así como las formas de reparación del daño.

Así, en el último capítulo ante una instancia internacional, las mujeres de Atenco esperan que los jueces valoren su palabra y el próximo año emitan una sentencia donde se obligue al Estado mexicano a reparar los daños, reformar su visión de modelo de seguridad pública y evitar que actos similares se repitan.

17/AGM








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Diario asesinan a 7 mujeres; matan periodistas, desapariciones…
Asamblea de la OEA no puede ignorar crisis de DH en México
Imagen retomada del twitter OEA Oficial | Imagen: Alberto Viveros, Cancillería de México
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/06/2017

Organizaciones civiles de México advirtieron que en la 47 sesión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), iniciada este lunes en Cancún, México, este organismo no puede desestimar la grave crisis de Derechos Humanos que enfrenta el país anfitrión.
 
En el país, recordaron en un comunicado conjunto las organizaciones, siete mujeres son asesinadas diariamente, se mantienen las diversas formas de violencia de género, en lo que va del año 17 personas periodistas y defensoras han sido asesinadas, y 31 mil personas se encuentran desaparecidas. Y entre los responsables esta la delincuencia organizada, actores privados y estatales, afirmaron.
 
Ante este contexto,  resulta incongruente “el ofrecimiento de México de ser la sede de la Asamblea General”, señalan, por lo que hicieron un llamado al Estado mexicano “a priorizar el cumplimiento de sus obligaciones vinculantes bajo los tratados del Sistema Interamericano”.
 
“Nos preocupa, dicen también, el cierre de espacios para la efectiva participación de la sociedad civiles en este tipo de foros internacionales, que derivó de la decisión del gobierno de México de cambiar la sede de la Asamblea General, que originalmente estaba prevista para la Ciudad de México”.
 
Sin embargo, el Gobierno mexicano tiene la oportunidad y responsabilidad de impulsar estrategias para garantizar la protección de los Derechos Humanos (DH) y reducir los altos índices de violencia en la región, aseguran organizaciones civiles.
 
AUSENCIA DE OSC 
 
Al iniciar esta mañana las sesiones destinadas a la participación de organismos civiles  --en donde se  destinó sólo cinco minutos a cada uno y en donde la trasmisión se vio interferida por las pruebas de audio para las reuniones posteriores con cancilleres de la región- la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos fijó su posicionamiento.
 
Exigió que los Estados de América Latina y el Caribe que penalizan el aborto, modifiquen su legislación para que las mujeres pueden interrumpir un embarazo en caso de violación, cuando su salud se encuentre en riesgo y en caso de que el feto presente malformaciones incompatibles con la vida.
 
La Coalición señaló también que en la región una tercera parte de los embarazos registrados corresponde a menores de 18 años, de estos, 20 por ciento son niñas de 15 años o menos, quienes son las principales afectadas y viven en zonas rurales o lugares donde está instalado el virus del Zika.
 
Con estas registraciones legislativas, en América Latina están siete de los nueve países en el mundo que penalizan totalmente el aborto, y es el único lugar donde el número de partos de menores de 15 años va en aumento. Esto obliga a las mujeres, dijo la Coalición, a acceder métodos inseguros para interrumpir un embarazo, por lo que es la causa del 21 por ciento de las muertes maternas registradas en la región.
 
A esto se suma la violencia institucional que viven las mujeres durante el embarazo, el parto o después de éste, “pues persisten leyes, políticas públicas y prácticas que limitan y obstaculizan la justicia social” y el acceso a servicios públicos de salud.
 
Esto, según la agrupación civil, contraviene lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas que especifica que: “los Estados están obligados a garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de una variedad de servicios de salud sexual y reproductiva, incluye el acceso a la atención pre y post natal, servicios obstétricos de emergencia, aborto legal y seguro, planificación familiar y acceso a la información y educación en la materia”.
 
Entre las organizaciones que conforman la Coalición esta Ipas México e Internacional, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Católicas por el Derecho a Decidir, Fundación Mexicana de Educación Sexual y Sexología y la Fundación Unidos por un México Vivo AC.
 
EL RELEVO Y LOS RECURSOS EN CIDH Y CORTE
 
Las organizaciones civiles que firmaron el comunicado recordaron también que entre los temas a discutirse en la Asamblea está el financiamiento de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismos clave para la protección de DH, así como la atención de denuncias de la sociedad civil. Y eso, señalaron, “resulta un momento crucial para la mejora de los sistemas de protección de DH de la región”.
 
La CIDH actualmente cuenta con un presupuesto menor a 12 millones de dólares, mientras la Corte Interamericana tiene 5 millones de dólares anuales. La mitad de este presupuesto proviene de donativos que realizan los estados miembros de la OEA, “situación que atenta contra la independencia de los órganos del Sistema Interamericano”, destacaron.
 
Asimismo, apuntaron que la selección de los próximos tres integrantes de la CIDH debe realizarse en respeto de los criterios de independencia, imparcialidad, conocimiento del tema, alta autoridad moral y representación de género.
 
Entre las y los candidatos se encuentran: Antonia Urrejola Noguera (Chile); Carlos Horacio de Casas (Argentina), impugnado por organismos defensores de DH, ya que fue abogado de un militar represor durante la última dictadura; Joel Hernández García (México), Douglass Cassel (Estados Unidos) Gianella Bardazano Gradin (Uruguay) y Flávia Cristina Piovesan (Brasil).
  
17/HZM/GG
 








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Estereotipos y omisión
Casos Daphne, Emma Gabriela… ¿dónde está la ley?
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/04/2017

Estereotipos de género, resistencia de aplicar la legislación en materia de violencia y corrupción de las redes de poder, caracterizan el sistema de administración y procuración de justicia, un sistema que pareciera diseñado para garantizar la impunidad cada vez que las mujeres denuncian.
 
De eso habla el caso de Daphne Fernández, quien en enero de 2015, a los 17 años de edad, fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes en Veracruz, cuyo proceso podría encaminarse a la impunidad.   
 
También el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo pasado en Yucatán, cuando mantenía un juicio por la custodia de sus dos hijas e hijo y que había denunciado por violencia a su expareja, Martín Alberto Medina Sonda.
 
Ambos casos reflejan un problema estructural en el acceso de las mujeres a la justicia, afirmó la docente en Estudios de Género y Literatura, Lucía Melgar Palacios, quien advierte que las leyes, por sí solas no cambian a la sociedad, menos cuando funcionarios y jueces no tienen perspectiva de género.
 
Señala otro factor: la ética de los funcionarios, quienes se resisten a cumplir las leyes que buscan una vida libre de violencia para las mujeres.
 
Las cifras hablan: el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y las organizaciones Equifonía AC y el Colectivo Akelarre AC en Veracruz, de 2010 y 2015, registraron 10 mil 295 casos de delitos sexuales.
 
En Yucatán, de 2008 hasta noviembre de 2016, se documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos que caracterizan a los casos de feminicidio, uno sentenciado como tal, según el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008–2016”, del colectivo Yucatán Feminicida.
 
Detrás de los números está el caso de Daphne, quien lleva 2 años expuesta en medios y en espera de justicia; y el de Emma Gabriela, quien antes de ser asesinada fue encarcelada para impedir que obtuviera la custodia de sus hijos. 
 
“Preocupa el mensaje que se envía -dijo Melgar Palacios-: que la violencia sexual hacia las mujeres es menospreciada, es un chiste y ejercerla no tiene consecuencias. El caso de Emma es emblemático, muestra una amenaza anunciada”. 
 
Dijo que desde 2007, con el aumento de la violencia del crimen organizado y de las fuerzas armadas, el feminicidio, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia hacia las mujeres se dejan de lado porque “a diario se asesinan a más hombres que a mujeres”.
 
Estos casos, dijo la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, recuerdan que es obligación de la autoridad actuar con perspectiva de género y dejar los “argumentos estereotipados, indiferentes y discriminatorios”. 
 
UN JUEZ CON “OTROS INTERESES”
 
En el caso de Daphne, el 28 de marzo pasado, el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, otorgó un amparo (159/2017) a uno de los acusados de pederastia tumultuaria, Diego Gabriel Cruz. Su argumento: hubo “frotamiento incidental” sin intención “lasciva” ni de “copular”.  
 
La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y coadyuvante del caso, Karla Micheel Salas, dice que el juez, indebidamente, entró al tema de fondo y otorgó el “amparo liso y llano”, es decir, la libertad.
 
Aunque la resolución no es firme, ya que fue impugnada por la Fiscalía veracruzana, preocupa que no otorgó un amparo “para efectos”, no pidió subsanar irregularidades, optó por entrar al fondo como si dictara una sentencia con pruebas en la mano.
 
La abogada explicó que el currículum del juez indica que pese a conocer la legislación nacional e internacional, definió el abuso sexual de manera indebida e incorporó el elemento de “lascividad”, en contra del sentido de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de criterios de la SCJN.
 
“Este juez está actuando de otra manera y respondiendo a otros intereses, no los de la justicia”, dice Salas, es una resolución llena de estereotipos, que no consideró el interés superior de la infancia y manda un mensaje de permisividad hacia la violencia sexual contra una niña.
 
Omitió la tesis jurisprudencial 22/16, publicada el 15 de abril de 2016 por la SCJN; el Protocolo para juzgar con perspectiva de género y los criterios publicados por el alto tribunal el 1 de marzo pasado, sobre la responsabilidad de dar valor probatorio al testimonio de una víctima de hostigamiento sexual.
 
Es una resolución omisa, señaló la abogada penalista y especialista en Derechos Humanos, Esmeralda Lecxiur Ferreira, porque el juez determinó la inocencia del presunto culpable, violando el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, sobre el principio de igualdad de la víctima y el acusado ante la ley. 
 
OMISIÓN DEL ESTADO
 
En agosto de 2008, Emma Gabriela se separó de su esposo, el empresario tabasqueño, Martín Alberto Medina, por violencia intrafamiliar. Acordaron vivir en Yucatán, para facilitar las visitas a sus hijos, pero en 2010 la golpeó, y la denunció por maltrato infantil y abandono de hogar.
 
Medina era socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier. Sonda y Granier están presos.
 
El 25 de mayo de 2012, Medina raptó a los niños cuando iban en auto con su madre. Ella fue encarcelada 4 meses, acusada de delitos fiscales. Su madre, Ligia, denunció la desaparición de sus nietos y la Fiscalía estatal emitió una prealerta hasta 2014.
 
Ligia fue encarcelada el 4 de agosto de 2014, acusada de falsificar tarjetas de crédito en Guadalajara. Con apoyo de organizaciones civiles fue liberada. 
 
Medina, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría ser autor intelectual del asesinato, señalan organismos civiles. Hay dos detenidos, presuntos autores materiales.
 
La diputada por Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que es increíble que se reconozca el feminicidio y no se sancione como tal. En Yucatán una de las características del feminicidio “es su antecedente de violencia familiar”.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 54/2014, que los arrestos de Emma y Ligia constituyen violencia institucional, porque hay servidores públicos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y de la PGR, involucrados. 
 
17/AGM/MAE/GG 








ZONA DE REFLEXIÓN
DERECHOS HUMANOS
   ZONA DE REFLEXIÓN
Que no vuelva a ocurrir
Antonia Márquez, madre de Nadia Alejandra Muciño Márquez. CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta**
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/02/2017

Rafael* tenía 4 años cuando fue testigo del asesinato de su madre a manos de su padre y su tío. Ahora tiene 17 años,  quiere ser abogado para defender a las víctimas de feminicidio y no permitir que 13 años de impunidad pesen en más familias, como en la suya.
 
No hay año en que no recuerden el 12 de febrero, no sólo como la fecha del feminicidio de Nadia Alejandra Muciño Márquez, sino del inicio de la búsqueda de justicia por parte de María Antonia Márquez Hernández, su abuela y madre de Nadia y de Viridiana Muciño Márquez, su tía.
 
Pero este año es distinto, tiene una esperanza, la puerta abierta para que el caso de Nadia ingrese a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y se convierta en el primero que ingrese a ese organismo en el contexto de feminicidio del Estado de México, el segundo a nivel nacional, después de Campo Algodonero, en Chihuahua.
 
Conocí a Rafael el viernes pasado, en medio de una rueda de prensa en la conmemoración de los 13 años de búsqueda de justicia al feminicidio de Nadia, una joven de 24 años que tenía el sueño de ser maestra de preescolar, pero fue asesinada un 12 de febrero de 2004 por su esposo Bernardo López Gutiérrez y su cuñado Isidro.
 
Trece años que se traducen en los gobiernos de Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, tres gobernadores que pudieron haber hecho la diferencia y cambiar la historia de impunidad por la de justicia, la de feminicidio por prevención. No lo hicieron.
 
María Antonia Muciño no ha dejado de tocar puertas desde que encontró a su hija Nadia sin vida, después de escuchar de sus nietos el relato del feminicidio, calificado por las autoridades en primera instancia de suicidio.
 
El primer trecho ganado por María Antonia y Viridiana fue  reconfigurar el delito a homicidio doloso.
 
Nada detiene a María Antonia Muciño: saca energías de la esperanza de encontrar justicia para Nadia y para que nunca más otra mujer sea asesinada en el Estado de México o en cualquier parte de nuestro país. Por eso sonríe este viernes, por la esperanza del resultado en la Corte Interamericana.
 
Rafael es un joven delgado y alto, me recuerda a mi hijo mayor quien tiene su misma edad. Como buen adolescente frente a una adulta extraña, Rafael dice las palabras contadas, pero aun así averiguo que va a la preparatoria pública y que su deseo es estudiar leyes.
 
¿Y por qué quieres ser abogado? le pregunto, es la primera vez que me  mira a los ojos y responde firme “porque no quiero que otras familias pasen lo que la mía” y se despide.
 
Que no vuelva a ocurrir, repiten las víctimas del feminicidio, las madres, las hermanas, las hijas e hijos, esta es la constante exigencia, y sigue repitiéndose porque la impunidad impera y con ella no sólo la violación de derechos humanos sino se fomenta la repetición.
 
Tres gobernadores han visto pasar la familia Muciño y ninguno ha tomado en serio la vida y la libertad de las mujeres que viven y transitan por el Estado de México y mientras esto no ocurra la vida de las mujeres seguirá en riesgo.
 
*Nombre ficticio
 
**Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GGQ








NACIONAL
   Venezuela será juzgada en la CoIDH por caso de violencia sexual. ¿Cómo se vive la inclusión de tecnología en México? Panel de discusión en presentación de “Mujeres que programan”. 87 de cada 100 indígenas en Canadá sufrirá violencia física. Presentarán libro sobre género y comunicación
BREVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2016
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/11/2016

Venezuela será juzgada en la CoIDH por caso de violencia sexual
San José, CR.-
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) juzgará por primera vez un caso de violencia de género en Venezuela, en el que se incluye violencia sexual, así como la revictimización y discriminación en la investigación que hicieron las autoridades venezolanas, informó en un comunicado el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
 
La víctima, Linda Loaiza, fue privada de su libertad el 28 de marzo de 2001. Durante 3 meses fue mantenida en condiciones inhumanas, abusada sexualmente, golpeada y amenazada de muerte. A pesar de presentar indicios de tortura fue revictimizada por un proceso judicial plagado de irregularidades.
 
Linda Loaiza se encuentra ya representada por organismos internacionales, quienes aseguraron que la decisión que tome la corte podría sentar bases para estructurar políticas contra la violencia de género en Venezuela.

¿Cómo se vive la inclusión de tecnología en México? Panel de discusión en presentación de “Mujeres que programan”
Ciudad de México.-
Women Who Code (Mujeres que programan) y el Centro de Cultura Digital (CCD) invitaron a la proyección del documental “Code Girl”, el 10 de noviembre a las 19:00 horas.
 
El documental busca empoderar a las mujeres en la tecnología a partir del desarrollo de aplicaciones para mejorar su comunidad. También se contará con un panel de discusión sobre ¿Cómo se vive la inclusión de tecnología en México?
 
La cita es en Paseo de la Reforma s/n esquina con Lieja, Col Juárez, Ciudad de México.

87 de cada 100 indígenas en Canadá sufrirá violencia física
Londres, Ing.-
“En Canadá, 87 por ciento de las indígenas sufrirá algún tipo de violencia física en la vida, y una de cada tres mujeres será violada”, dijo la especialista en justicia indígena, Lisa Monchalin.
 
Durante la presentación de su libro, “El problema colonial: Una perspectiva indígena sobre delitos e injusticia”, en la Universidad del Colegio de Londres, la especialista habló sobre la violencia de género que viven estas comunidades a partir de su conquista.
 
Destacó que hasta nuestros días, las mujeres indígenas de Canadá  continúan siendo vistas como mercancía sexual y “seres inferiores”, muestra de ello dijo, es la desaparición de mil 180 indígenas de 1980 a 2012. (Con información de IPS noticias)

Presentarán libro sobre género y comunicación
Ciudad de México.-
El Museo de la Mujer invitó a la presentación del libro “Género y comunicación radical: Discursos de disrupción, tensión y cambio entre Chiapas y Nicaragua”.
 
Se contará con la presencia de la autora del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca), Amaranta Cornejo Hernández.
 
La cita es el próximo viernes 11 de noviembre a las 12:00 horas en República de Bolivia 17, Col. Centro, Ciudad de México. 

16/HZM/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Mujeres de Atenco reafirman: sí hubo graves violaciones a DH
“Ni mentirosas ni cómplices”, fuimos víctimas del Estado
Conferencia de Prensa realizada en 2016 en el Centro Prodh | Cortesía: Centro Prodh
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/10/2016

Con todo y las tropelías, trampas y mentiras del Estado mexicano, en próximos meses la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) juzgará la responsabilidad de éste, en la tortura sexual de once mujeres detenidas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México, lo que es un triunfo de la palabra y dignidad de las sobrevivientes. 
 
Así lo dijeron las sobrevivientes, al celebrar la decisión del organismo internacional, y es que luego de una década de declaraciones ante el Ministerio Público, peritajes médicos, psicológicos e indagaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que las denunciantes fueron víctimas de tortura sexual por lo que caso debe ser juzgado en la CoIDH.
 
Luego de que el 17 de septiembre la CIDH remitiera el expediente de las mujeres de Atenco –conocido como “Mariana Selvas y otras”– al máximo tribunal regional, las mujeres reunidas esta mañana ante los medios de comunicación, aseguraron que atrás de esta disposición estuvo su historia de lucha y dignidad, y su demanda de llegar hasta las últimas instancias. 
 
Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Norma Aidé Jiménez, Patricia Torres, Bárbara Italia Méndez y Claudia Hernández, hablaron en nombre de las once sobrevivientes, del proceso que han seguido para demostrar que en los operativos de Atenco, ordenados por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, se cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos. 
 
Hace 10 años cuando 47 mujeres fueron detenidas y 27 de ellas violadas sexualmente y recluidas en prisión por haber estado en el lugar donde la policía impidió la venta de un grupo de floricultores, el comisionado de Seguridad Pública del Estado de México, Wilfrido Robledo Madrid, las llamó “mentirosas y cómplices de una estrategia para desestabilizar el Estado”, así lo recordó Claudia Hernández.
 
Al rememorar aquel episodio, Claudia, quien vivió cinco años en proceso penal, respondió a las declaraciones del entonces funcionario estatal y a la posición que mantuvo el gobierno mexicano: “Nuestra dignidad en realidad está en alzar la voz , en caminar durante 10 años para demostrar que el Estado es el grande responsable de las grandes violaciones cometidas en Atenco”.
 
Este camino que para ellas ha sido largo y doloroso, estuvo lleno de estrategias para causar miedo; sin embargo para Claudia, las mujeres van a lograr que se nombre a los responsables de los operativos de Atenco, de un pueblo que desde 2001, cuando logró echar para atrás el proyecto para expropiar sus tierras y construir un aeropuerto, ha sido ejemplo de resistencia.
 

 
A pesar de la tortura, Patricia Torres, que en ese entonces tenía 23 años de edad, asegura que hoy nadie puede decir que fueron los agentes policiales quienes orquestaron la represión, y es que los responsables de las agresiones fueron los que dieron las órdenes. Con todo, dijo, ellas están vivas, han logrado decirlo y denunciar que fueron violentadas por apoyar a sus compañeros campesinos.
 
“Yo volvería a estar ahí, para defender mi tierra, para defender mi vida porque eso es lo que están robando al pueblo de San Salvador Atenco”, dijo la mujer que aseguró que a diferencia de los agentes del Estado sus manos están llenas de las marcas del trabajo y de la lucha por la justicia. 
 

 
En los operativos de Atenco participaron más de tres mil policías municipales, estatales y federales en un despliegue que dejó como saldo 207 personas detenidas; dos muertos: Javier Cortés Santiago, de 14 años, y Alexis Benhumea, estudiante que murió un mes después del operativo; y decenas de personas torturadas, entre ellas las mujeres víctimas de violencia sexual.
 
De este episodio y demanda de largo aliento, Bárbara Italia Méndez, dijo que a todas luces el litigio será complicado porque estos años estuvieron marcados de tropelías, trampas y mentiras, “hoy de manera muy contundente, muy fuerte, salimos a decirle al Estado mexicano: Nosotras teníamos razón y tuvimos que acudir a la justicia internacional para que este momento llegara”.
 
Para Bárbara Italia, en Atenco se castigó la rebeldía, pero ello no impedirá que continúen en su exigencia de justicia; y en la libertad para sus pueblos y aunque advierten que el Estado continuará en su intento por detenerlas, ellas mantendrán la lucha para romper el círculo de impunidad. “Es para mandar un mensaje al Estado que tiene que detenerse, esto no va a poder continuar así”.

16/AGM/LGL








ZONA DE REFLEXIÓN
Ayotzinapa: un año de lucha para las madres
   ZONA DE REFLEXIÓN
Ayotzinapa: 2 años de transformación
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/09/2016

Este lunes se cumplieron 2 años de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa. 2 años, implican dos palabras que se dicen fácil. Dos palabras que para 43 familias son días sin horas, casi un tiempo interminable de dolor y angustia convertido en rabia.
 
Hace un año estas familias se reunieron con la máxima instancia del gobierno mexicano, en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad; pese a las promesas de Enrique Peña Nieto, de investigar para llegar a “saber qué pasó con cada uno de sus hijos y que haya justicia”, 360 días después de la promesa, aún no se sabe más de lo que antes se había dicho.
 
3 meses después de esta reunión, en diciembre de 2015, medio centenar de madres de personas desaparecidas se encontraron en el Cuarto encuentro de la Red Nacional de Defensoras, ahí también estuvieron dos de las madres de los jóvenes normalistas.
 
“¿Cuántos hijos ha perdido usted? -le dije al presidente- ¿Cuántos, dígame? ¿Ninguno verdad? Entonces ¿cómo me pide que lo supere? ¡Cómo me dice eso! si yo lo crié, lo crecí, lo llevé 9 meses dentro de mí, ¡y me lo quitaron!”, narró María Concepción Tlatempa Colchero, Madre de Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa cuando estuvo en su encuentro con Enrique Peña Nieto, en 2015.
 
2 años en que estas madres han caminado más allá de lo que ellas mismas imaginaron, que se han sentado con autoridades que antes ni soñaban tener cerca. Mujeres que vieron transformar su vida a raíz de la desaparición de sus hijos. Ellas no lo decidieron, no pidieron convertirse en defensoras, fue el Estado el que las convirtió al arrebatarles a sus hijos.
 
Hoy volvieron a las calles a exigir justicia para que sus muchachos regresen a casa. Una y otra vez han reafirmado que no se detendrán hasta dar con su paradero, hasta obtener la justicia.
 
Como ellas, otras mujeres más se suman a la exigencia de justicia ante otros agravios cometidos por el Estado, pero esta vez no es en las instancias nacionales, ahí la buscaron pero no lo lograron, ahora se van más allá de nuestras fronteras: a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero a las 11 mujeres violentadas sexualmente durante la represión al pueblo de Atenco en mayo de 2006, cuando Enrique Peña Nieto era el gobernador del Estado de México.
 
Ellas también han caminado una década para exigir su legítimo derecho a la justicia, no sólo para ellas sino para evitar que otras mujeres sean vejadas, para que el Estado mexicano cumpla con las víctimas, asuma su responsabilidad, castigue a los responsables tanto intelectuales, a los que dieron la orden, como a quienes ejecutaron la acción.
 
Dos historias, dos situaciones distintas, no sólo por el tiempo sino por los hechos que las han llevado a caminar rutas similares en la búsqueda de justicia. Mujeres todas que rompieron el silencio, que han puesto sus voces para evitar que el olvido se lleve sus historias, sus dolores, sus rabias y su exigencia de justicia.
 
Ante los 2 años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto aseguró que seguirá investigando hasta dar con el paradero de estos jóvenes y que castigará a quienes estén involucrados en estos hechos sin importar jerarquías, ni si son de la delincuencia o de alguna instancia de gobierno local o federal.
 
Me pregunto si este mismo razonamiento será el que lleven las autoridades que representarán al Estado mexicano ante la Corte Interamericana en el caso de las mujeres de Atenco.

¿Será que el castigo llegará hasta quien hoy ocupa el Ejecutivo Federal?
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
Ayotzinapa, 2 años de impunidad

 
16/LLH/LGL








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