niños y adolescentes

NACIONAL
INFANCIA
   México no logra frenar matrimonios infantiles, dicen ONG
“Niñas casadas” viven más violencia física y sexual
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/11/2017

En 2015, se contabilizaron en México, más de 300 mil niñas, niños o adolescentes entre 12 y 18 años de edad que estaban casados o unidos informalmente. En total, 6.8 millones de mujeres se casaron antes de la mayoría de edad, advirtieron organizaciones civiles con trabajo en infancia.

Durante el Foro matrimonio infantil, dimensiones, causas y efectos realizado en el Museo Memoria y Tolerencia, las organizaciones no gubernamentales Save the Children, Oxfam y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señalaron que pese a que en 2014 entró en vigor la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece los 18 años como edad mínima para casarse, el matrimonio infantil continúa siendo un gran problema en el país.

México ocupa el último lugar de países de la OCDE en erradicar el matrimonio infantil, aseveró la Directora Ejecutiva México Save the Children, María Josefina Menéndez Carbajal.

EL MATRIMONIO INFANTIL DESTRUYE VIDAS

El matrimonio infantil afecta mucho más a las niñas que a los niños. En promedio, se casan 60 veces más mujeres menores de 15 años que hombres, y seis veces más mujeres de 15 a 17 años que hombres.

“Destruye el proyecto de vida de las niñas, porque quedan embarazadas, y salen de la escuela”, dijo la Experta legal en Género en el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) Eva Villareal.

Según las organizaciones, la mitad de las niñas, niños y adolescentes que se encontraban casadas o casados en 2015, vivía en situación de pobreza; 73 por ciento había abandonado la escuela.

Las niñas y adolescentes que se casaron a temprana edad son mucho más expuestas a la violencia. Comparando este grupo con mujeres que se unieron después de la mayoría de edad, ellas sufren 49 por ciento más violencia física, y 68 por ciento más violencia sexual.

También existen los llamados “matrimonios por honor”. Mujeres menores de 18 años que luego de ser víctimas de violencia sexual, son obligadas por sus familias o la comunidad, a casarse con su agresor. El problema se da no solamente en zonas rurales, sino también en zonas urbanas, afirmaron las activistas.

ENFOQUE DE ACTIVISTAS ESTÁ EN MARCO LEGAL

Las expertas de las organizaciones confían en que la legislación contribuya para disminuir el número de matrimonios infantiles. Para María Josefina Menéndez Carbajal, de Save the Children, sí se notó un decrecimiento, con la entrada en vigor de algunas legislaciones en los estados.

“Eso lo vemos reflejado muy claro en algunas entidades donde la armonización de la Ley General en sus leyes federales fue muy rápida, por lo que sería preocupante la Acción de inconstitucionalidad de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para permitir de nuevo matrimonios en personas menores de 18 años bajo la figura de dispensas o excepciones. Si no ganamos, puede ser reversible el hecho de la erradicación del matrimonio infantil. Sería un grave error histórico”, enfatizó.

Cabe recordar que en 2016 la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes presentó una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma al artículo 145 del Código Civil de Aguascalientes, que establece la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio en dicho estado.

La acción está para su análisis, en las manos del ministro José Fernando Franco González Salas, y será sometida al pleno, aunque no hay fecha aún.

Hasta la fecha, los estados de Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Sonora permiten los matrimonios infantiles a través de dispensas. En Chihuahua, la edad mínima para casarse son 14 años para mujeres y 16 años para varones.

Cabe mencionar que Save the Children estima la cifra de uniones libres entre menores de edad mucho más alta que la de matrimonios formales. Pero no existen estudios exactos. Josefina Menéndez dice que ya están en charlas con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para tomar en cuenta datos más exactos sobre estas parejas en el próximo censo.

17/SG/LGL








MUJERES CAUTIVAS
INFANCIA
   MUJERES CAUTIVAS
Trata con Propósitos Sexuales y Matrimonio Infantil, vinculados en México
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/06/2017

En un estudio reciente realizado por la Fundación Thomson Reuters, se informa que los investigadores entrevistaron a 603 mujeres que eran explotadas en la industria sexual en las ciudades de Tijuana y Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.
 
Las niñas que han sido víctimas de trata con propósitos sexuales en el norte de México frecuentemente han sido forzadas a vivir en situación de explotación de la prostitución como niñas-novias por sus propios esposos, se reporta en el estudio.
 
Tres de cada cuatro niñas víctimas de trata en la frontera se casaron siendo niñas, la mayoría antes de los 16 años, de acuerdo con los investigadores mexicanos y estadounidenses autores del estudio que está por publicarse.
 
La trata de personas se considera la industria criminal que más ha crecido en México y tres cuartos de sus víctimas, mujeres y niñas, son explotadas sexualmente, de acuerdo con un grupo de activistas que se llaman Mujeres Unidas contra la Trata.
 
De acuerdo con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos, aprobada en el 2012, las personas sentenciadas por el delito de trata de personas y beneficio de la explotación sexual puede ser sentenciado a 45 años de prisión.
 
Sin embargo, se estima que cerca de 380 mil personas son esclavizadas en México, de acuerdo al Índice Global de Esclavitud 2016, publicado por la Fundación de Derechos Humanos “Walk Free”.
 
PERSONAL DE SALUD Y DETECCIÓN
 
La mayoría de las 603 mujeres entrevistadas dijeron haber sido tratadas como niñas-novias, la mayoría de las veces, por sus propios esposos, dijo Jay Silverman, el investigador coordinador y autor del estudio, profesor de medicina en la Universidad de San Diego.
 
En aproximadamente la mitad de los casos, las novias estaban embarazadas, por lo que las y los trabajadores de la salud pueden jugar un papel crítico en detectar y combatir la trata con propósitos sexuales, dijo. 
 
“Mientras se brindan los servicios relacionados con los cuidados del embarazo, ahí se tiene la oportunidad de entrevistar a las niñas para entender y detectar su situación”, dijo Silverman.
 
“Podemos apoyar y asistir a esas niñas para reducir las probabilidades de que sean víctimas de explotación sexual”, dijo.
 
De conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en el 2014, la edad mínima para el matrimonio es de 18 años, pero las niñas se pueden casar a los 14 años y los niños a la edad de 16 años, con consentimiento de sus padres.
 
El equipo de investigación incluyó miembros de la Comisión Fronteriza de Salud México-Estados Unidos, un esfuerzo conjunto que dio inicio desde el 2000 por los dos gobiernos para mejorar la salud y la calidad de vida a lo largo de la frontera. 
 
RESPETO A DH, ANTES QUE USOS Y COSTUMBRES
 
Este estudio confirma que una de las formas de reclutamiento de niñas para la explotación sexual y la trata es el matrimonio infantil.
 
Y, por lo tanto, el pago de la novia que se acostumbra en muchos de los pueblos indígenas de nuestro país es un riesgo muy grave para todas las niñas y adolescentes indígenas y hasta para las no indígenas que viven en las zonas pobres y marginadas de nuestro país.
 
Por eso es necesario exigir a las autoridades que en el marco del respeto a usos y costumbres, se respeten los Derechos Humanos y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, porque seguir permitiendo el matrimonio infantil es continuar entregando a nuestras niñas a las bandas de tratantes y a la delincuencia organizada.
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
 
17/TCUZ/GG








ESTADOS
INFANCIA
   Concurso atenta contra integridad y seguridad de adolescentes
Que Sonora cancele Teen Universe, piden Redim y OSC
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/05/2017

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pidieron a las autoridades de Sonora que impida el certamen de belleza adolescente “Teen Universe”, al que se convocó en redes sociales desde inicio de este mes.
 
Señalan REDIM y OSC, en un comunicado, que se deben realizar acciones que garanticen el derecho de las niñas y las adolescentes a una vida sin violencia, y no fomentar estos concursos que “atentan contra su integridad y seguridad al fomentar estereotipos de género”.
 
“Este tipo de concursos, señalan, reproducen el exhibicionismo de las adolescentes y mujeres como objetos con una connotación sexual, amplían las brechas de género y exaltan los estereotipos en un país donde la violencia en contra de la mujer está cada vez es más normalizada y se expresa en contra de mujeres cada vez jóvenes”.
 
En Sonora, por ejemplo, en 2014, el 60.2 por ciento del total de víctimas de delitos sexuales  fueron niñas y adolescentes, y la Red Feminista Sonorense insistió en la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), pues entre 2006 y 2014, se han reportado un total de 55 niñas y mujeres adolescentes de 10 a 17 años desaparecidas.
 
Por tanto, invitan también a las propias niñas y adolescentes y a sus familias  a reconsiderar el riesgo que implican este tipo de concursos y exhortan a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado a asumir su responsabilidad de revisar las prácticas que atentan en contra de la igualdad de género desde la infancia y realizar las acciones pertinentes para eliminarlas.
 
Recuerdan que el Estado mexicano tiene un compromiso con la niñez, ya que firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y en 2015 el Comité por los Derechos del Niño, destacó  su preocupación ante la violencia vinculada con los estereotipos de género.

LAS RAZONES
 
Explica la RED y las OSC que la protección de los derechos de las infancias implica el reconocimiento de sus identidades y el desarrollo pleno de la personalidad, ámbitos que no deben estar sometidos a la aprobación de otras personas, ni a cánones que prestablecen la “belleza” o los “talentos”, como sucede con estos concursos.
 
Estos certámenes para la infancia y adolescencia “atentan contra la integridad y seguridad de las niñas y las adolescentes al fomentar estereotipos de género”, señalan, y destacan la preocupación expresada por el Comité por los Derechos del Niño  ante la violencia vinculada con los estereotipos de género, que son discriminatorios frente a las niñas y las mujeres, y que traen como resultado una alta prevalencia de violencia contra mujeres y niñas.
 
El Comité, ante esto, instó a los Estado parte a otorgar la máxima prioridad a la eliminación de las actitudes patriarcales y de los estereotipos de género que discriminan a niñas y mujeres, incluyendo programas de educación y de sensibilización.
 
Por su parte,  REDIM y OSC instan a las autoridades responsables a promover acciones concretas en beneficio de las mujeres en todo su ciclo de vida, en particular las niñas y las adolescentes.
 
Y a realizar programas en beneficio de ejercicio de sus derechos como el derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal, y el derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano y pleno desarrollo.
 
Les pide también atender el exhorto que envío la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el pasado 14 de marzo de 2017, donde señala que las Procuradurías Estatales deben “emitir medidas especiales de protección en favor de las niñas y adolescentes, cuyos derechos pueden verse vulnerados al participar en este tipo de concursos”.
 
EN HIDALGO, CONCURSO NO PASÓ
 
Recuerda el comunicado que “hace unos meses en el estado de Hidalgo, frente a la exigencia de la sociedad civil y con el respaldo de diversas autoridades, entre ellas la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se logró prohibir un evento similar”.
 
17/RED








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Presentó Examen Periódico Universal de DH
Ecuador defendió su Plan para erradicar violencia de género
Imagen retomada del portal justicia.gob.ec
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 03/05/2017

En la defensa del Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos, este primero de mayo la ministra de Ecuador, Ledy Zúñiga, ratificó que el trabajo del Plan Nacional de erradicación de la Violencia de Género contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes es una prioridad nacional.
 
Destacó que el aporte de diferentes entidades del Estado y la sociedad civil permiten el funcionamiento de 19 Centros de Atención Integral y 5 casas de acogida, cuyos servicios se prestan a través de 33 unidades de atención.
 
Para proteger a las víctimas bajo la responsabilidad de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior se ejecutan medidas de protección con alto nivel de riesgo en todo el país.
 
Zúñiga detalló que para sensibilizar a las mujeres víctimas de violencia de género se interviene con las organizaciones civiles de mujeres.
 
En los sitios dónde se registra mayor incidencia de casos de femicidios/feminicidios (incluye a personal de instituciones que trabajan con familias, niñas, niños, mujeres) se da capacitación y recomendaciones, en caso de que se vulneren sus derechos.
 
Agregó que la incorporación a la lista de los más buscados a los presuntos responsables de delitos de violencia de género (femicidios/feminicidios y violaciones) y el uso de dispositivos de vigilancia electrónica garantizará la protección de víctimas cumpliendo así las medidas de alejamiento, lo que permitirá la aplicación de recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y mecanismo de seguimiento.
 
Ledy Zúñiga ratificó que el trabajo del Plan Nacional de erradicación de la Violencia de Género contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes es una prioridad nacional.
 
En cuanto a la tipificación del femicidio/feminicidio, desde agosto del 2014 a marzo de 2016 se destacó que se abrieron 51 procesos con veinte sentencias condenatorias, equivalente al 37.3 por ciento de las causas.
 
En casos de violencia sexual dentro de centros educativos, en el período 2015-2016 se reportaron 185 denuncias de las cuales 111 tienen dictamen fiscal acusatorio, 52 tienen sentencia, de las cuales 32 son condenatorias y 22 denuncias se encuentran en etapa de instrucción fiscal previo al juicio.
 
Zúñiga precisó que entre los mecanismos de protección para mujeres y víctimas de violencia de género en situación de riesgo está la línea de atención, información y asesoramiento, con actualización continua de la lista de personas en alto riesgo.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/GG








OPINIÓN
INFANCIA
   MUJER SONORA
¡Hasta nunca!
CIMACFoto: Begoña González
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 21/03/2017

Un eufórico “¡Hasta nunca!” fue la expresión de despedida de un sonriente niño que salía con su hermanito y hermanita de la casa hogar Unacari ubicada en Hermosillo, Sonora.
 
El niño de 6 años, peinado igual que su hermanito con un fleco hacia arriba, detenido con gel, abandonaba el albergue para niñas y niños maltratados o que por alguna razón han sido retirados de sus padres, para estar bajo el resguardo del gobierno del Estado.
 
Era el día más feliz de su existencia a juzgar por su amplia sonrisa y la euforia que tenían sus palabras cuando levantó su manita y saludó al personal mientras cruzaba la puerta hacia la salida que también significaba la salida a su libertad.
 
Y es que las y los niños que radican en Unacari viven ahí, no porque lo hayan escogido, sino como consecuencia del estilo de vida de sus padres, más no fueron consultados para esa decisión.
 
Son más de cien, entre niñas, niños y adolescentes. A partir de la publicación de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, en 17 de diciembre de 2015, hubo cambios nominativos, de facultades y obligaciones.
 
La antes Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia hoy se llama Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, pero fuera del edificio, en letras grandes, después de un año, permanece el nombre anterior.
 
En teoría, cambia el enfoque para orientarlo hacia los estándares internacionales y armonizarlo a la Constitución mexicana.
 
Los cambios llevan a considerar a niñas, niños y adolescentes personas con derechos, con capacidad de ejercerlos y no como una extensión de sus padres, como si fueran pertenencias de éstos.
 
La institución, a la que todos los miércoles le llegan pizzas de la empresa Domino’s, llama “fuga” o “abandono” al acto en el cual las niñas o niños, solos o en grupo, salen de las instalaciones sin permiso o determinación de autoridades.
 
“Cada rato pasa”, fue una frase recurrente que durante la semana pasada escuchamos mientras dábamos seguimiento a la desaparición de dos niñas de 9 años, un niño de la misma edad, y una adolescente de 16 años.
 
Todos habían salido de las  instalaciones de Unacari el domingo 12 de marzo sin que el personal se percatara de ello.
 
La familia no fue informada del incidente, sino dos días después. Fue la tía de una de las niñas, Isabel Hernández, quien a través de las redes sociales inició la denuncia, exigiendo ver a su sobrina.
 
Ante la falta de información y el haberse enterado un día después a través de un reportero que ya habían encontrado a las niñas y niño, la angustiada tía decidió solicitar que le entregaran en custodia a la niña y a dos hermanitos de ésta que también se encuentran en Unacari.
 
Pasó otro día más en el que nadie le daba explicaciones y su preocupación empezó a crecer pues temía que fuera falso que los niños habían aparecido.
 
Cuando al fin y tras muchas horas de espera le permitieron ver a su sobrina, el estado en que la encontró acrecentó su temor, pues la niña estaba sedada, junto con la otra niña y niño que habían estado fuera del albergue.
 
No pudo dialogar con ella, dadas las condiciones  en que se encontraba. La vio adormilada, flácida y apenas balbuceaba lo que pretendía fueran palabras.
 
Hasta el momento, las condiciones de cómo salieron, o cómo se trasladaron hacia el punto en donde los encontraron, aún  no son explicadas por las autoridades.
 
Isabel exigió  le entregaran a los hijos de su hermana: sobrina y dos sobrinos. Primero le dijeron que tendrían que pasar por varios exámenes, desde toxicológicos hasta psicológicos, tanto ella como su esposo para poder considerarlo.
 
Sin embargo, ante las irregularidades del llamado “escape de los niños” por parte de Unacari, la tía acrecentó su exigencia pues la institución no garantizaba la integridad de sus familiares.
 
Fue así que los exámenes se hicieron en un solo día, pues había la promesa de entregar a los niños el viernes 17 de marzo.
 
Pero a las horas la decisión se contradijo, ya que por un “error de un empleado”, siempre no se los entregarían.
 
Volvieron a confirmarle que los niños se irían con Isabel, ante las denuncias públicas que hizo a través de las redes sociales. Los tres menores de edad fueron entregados a su tía el jueves 16 de marzo, justo en su cumpleaños.
 
Las irregularidades y la tardanza en salir a dar una explicación pública por parte del Procurador de protección de niñas, niños y adolescentes, de nuevo puso en la mira a la casa hogar Unacari.
 
Las historias van desde la supuesta frecuencia con que “se escapan” niñas y niños del recinto, hasta que todos tienen piojos, que los sedan para que estén tranquilos y otras.
 
Como medio, fuimos retiradas de la sala de espera de Unacari por una psicóloga, sin una argumentación suficiente pues solo esperábamos a Isabel Hernández, mientras permanecía dentro intentando que le permitieran llevarse a sus sobrinos.
 
Hermosillo no es cualquier ciudad. Su mala relación con el cuidado infantil la ha hecho ver como un punto en donde la infancia no vale mucho.
 
En esta ciudad han ocurrido hechos catastróficos que obligan a que las políticas públicas deban respetar impecablemente la legislación, y la rendición de cuentas sea cotidiana.
 
Por si fuera poco, las hijas y los hijos de la violencia están encerrados, tal vez revictimizados por las propias autoridades. Si bien la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, es parte de la armonización legislativa, lo cierto es que los ojos están puestos para constatar si es solo para cumplir, o en verdad respetarán sus derechos.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/GG
 








NACIONAL
VIOLENCIA
   Kathia Bolio reconoce que son “grupo vulnerable”
Desconocen diputadas información sobre orfandad por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/03/2017

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión sobre la No Discriminación de la Cámara de Diputados, Kathia Bolio Pinelo, dijo desconocer información sobre niñas, niños y adolescentes huérfanos a causa del feminicidio, ni conoce propuestas legislativas para atender a esta población.
 
Consultada por Cimacnoticias, la diputada panista señaló que desconoce el tema y que, en todo caso, quien debería tener información no es ella sino las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, presidida por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Valencia Guzmán.
 
La también secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables dijo que desconoce cuál es la situación de la orfandad en México, ya que ni familiares ni asociaciones civiles se han acercado para hablar al respecto e incluso afirmó que era la primera vez que le mencionaban el tema. 
 
Lo único que la diputada Bolio Pineda pudo asegurar es que las niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad a causa de la violencia de género son un grupo vulnerable.
 
Señaló lo anterior, a pesar de que las legisladoras tienen la facultad de proponer reformas a las leyes o la creación de normas para atender problemáticas particulares y de que las Comisiones son órganos parlamentarios de revisar las iniciativas y dictaminarlas para, en su caso, enviarlas al pleno y sean aprobadas.
 
Una investigación publicada el 8 de marzo por Cimacnoticias destaca la falta de cifras y de información sobre las hijas e hijos de mujeres asesinadas quienes quedan en la indefensión por falta de políticas públicas; de acuerdo con estos datos, sólo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) registró 65 casos de orfandad por feminicidio en tres años.
 
Por su parte la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidenta de la Comisión Especial para la Atención a la Niñez y Adolescencia con Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo, Patricia Elena Aceves Pastrana, también dijo desconocer la situación de la orfandad en México a causa del feminicidio.
 
A la pregunta de esta agencia, la ex rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, señaló que la orfandad es un tema sensible para ella, porque perdió a su madre desde muy pequeña, pero destacó que las personas en esta situación se acostumbran a vivir “porque no queda de otra”.
 
La también química y secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, señaló que no cuenta con datos sobre la situación educativa, social ni psicológica de esta población que constituye un grupo vulnerable y destacó que debería haber políticas públicas al respecto. 
 
17/AGM/GG








OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   
Las niñas de Chiapas y Guatemala
Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Unach realizaron una velada por las niñas de Guatemala en el foro cultural de la “Higuera”. Foto: Osiris Aquino/ Cortesía.
Por: Sandra de los Santos
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 15/03/2017

La distancia de Tuxtla Gutiérrez a la capital de Guatemala es de 600 kilómetros, menos de lo que hay de la capital del estado de Chiapas a la Ciudad de México (alrededor de 960 kilómetros). No tiene ni dos siglos que Chiapas, el estado más al sur del país, era parte de Guatemala, ese país que hoy llora  a 43 niñas que murieron calcinadas cuando realizaban una protesta en contra de las condiciones en las que vivían en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
 
Chiapas tiene más similitudes con Guatemala que con México, que va más allá del clima y su historia antes de 1824, cuando se dio la anexión de Chiapas a México.
 
Las condiciones de vida de las niñas de Chiapas no son muy diferentes a las que tienen las menores de edad de Guatemala. En ambos lados del río Suchiate, la división natural entre México y Guatemala, las niñas y adolescentes tienen que padecer la exclusión, desigualdad, pobreza, impunidad y corrupción institucional. Todas estas condiciones son las que generaron la tragedia en ese mal llamado “Hogar Seguro”.
 
Las cifras en cuanto a embarazos en niñas y adolescentes, acceso a la educación, el uso de herramientas tecnológicas son parecidas entre las niñas de Chiapas y Guatemala.
 
De acuerdo al Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) el 26 por ciento de los partos atendidos en Guatemala son de niñas y adolescentes de 10 a 19 años, que se convierten en madres, comprometiendo sus oportunidades educativas y laborales y poniendo en riesgo su salud y su vida.
 
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Chiapas ocupa el primer lugar en embarazos en niñas y adolescentes y uno de los estados con mayor tasa de matrimonios infantiles.
 
El contexto en que se presentan estos embarazos, tanto en Guatemala como Chiapas es parecido: violaciones sexuales, matrimonios forzados y falta de acceso a los servicios de salud reproductiva.
 
Chiapas es también la entidad con el mayor índice de niñas y adolescentes que no asisten a la escuela.
 
La organización civil Melel Xojobal, que trabaja en la promoción de los derechos de las niñas y adolescentes, denunció hace unos días que de 2011 a la fecha 41 niñas y adolescentes han sido víctimas de feminicidio en Chiapas.
 
LAS NIÑAS EVIDENCIARON EL SISTEMA
 
La manifestación de las niñas de Guatemala el 8 de marzo –Día Internacional de la Mujer- y la muerte de 43 de ellas calcinadas dejó al descubierto que el sistema de protección a la niñez que existe en Guatemala no funciona, que es irregular, que las personas que deberían de ser garantes de los derechos de las niñas y adolescentes están siendo sus principales violentadores.
 
En Chiapas desde hace más de un año diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación de que el gobierno de Manuel Velasco Coello se resiste a implementar de manera debida el Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes en el estado a pesar que la Ley lo obliga.
 
Las cifras de embarazos en niñas y adolescentes, violaciones sexuales en su contra, falta de acceso a los servicios básicos, ponen de manifiesto de que hasta ahora el estado de Chiapas no ha sido capaz de garantizar el respeto a los derechos de las niñas en la entidad como sucede en Guatemala.
 
Lo que sucedió en Guatemala no solo pasó el 8 de marzo, es el resultado de problemas estructurales y sociales de hace décadas y mal haríamos en no ver que las niñas de Guatemala también podrían ser las de Chiapas, que Guatemala no nos queda lejos, sus problemas son nuestros problemas y que algo se debe de hacer al respecto.
 
17/SS/GG








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Omisión e indolencia del Estado
Hijas e hijos de mujeres asesinadas, víctimas ignoradas del feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/03/2017

Un feminicida no solo destruye el cuerpo de una mujer: el daño y el dolor trascienden el tiempo y el espacio, llegan a las niñas, niños y adolescentes que quedaron en orfandad, azotan a los que perdieron a una hija, mata también la justicia, la posibilidad de una vida sin violencia de la que hablan las leyes. Sin embargo, prácticamente nada se sabe de estas víctimas, quiénes son, dónde están, cómo sobrellevan el duelo y el dolor, quién las atiende, cómo viven la ausencia, quien les repara el daño, quién las mantiene...
 
Ante la omisión, la burocracia y la indolencia, estas víctimas “colaterales”, “indirectas” del feminicidio apenas son reconocidas con unos cuantos datos por instituciones del Gobierno federal, que están obligadas a saber y atender la problemática, entre ellas: la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Comité de Violencia Sexual de la Conavim y la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.   
 
Y es su obligación saber e informar porque la Ley General de Víctimas indica que los familiares o las personas que tengan una relación inmediata con la víctima directa son víctimas indirectas y por tanto pueden recibir ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de los sistemas de víctimas federales o de las entidades federativas.
 
Esta ley no surgió por iniciativa del Estado mexicano, sino como consecuencia de una sentencia que dictó en su contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en noviembre de 2009, como responsable del feminicidio de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura, asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua  proceso conocido como Campo Algodonero. Desde entonces, el Estado debe reconocer también como víctimas a hijas e hijos de mujeres contra las que se cometió un homicidio por razón de género y fue exhortado a crear una ley para apoyarlas. 
 
Hoy, el Sistema Nacional de Protección de Víctimas es la entidad encargada de coordinar apoyos médicos, psicológicos y jurídicos a esas víctimas, y existe también la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que garantizarían dichos apoyos. Sin embargo, no hay datos de las víctimas indirectas, ningún registro público los tiene, lo que las convierte, también, en víctimas invisibles del feminicidio.
 
Eso llevó a esta agencia a echar mano de la ley para solicitar datos. Así, obligadas por solicitudes públicas de información, dos de estas instituciones revelaron a Cimacnoticias lo que tienen: apenas una pálida semblanza de las niñas, niños y adolescentes que sobreviven al feminicidio, víctimas invisibles para el Estado.
 
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya función inició en octubre de 2015, conoce sólo un caso de orfandad por feminicidio y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) logró registrar, en tres años de operación (de 2014 a febrero de este año), 65 casos de orfandad por feminicidio. 
 

 
Las otras dependencias, a las que se interrogó por las hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidio, callaron. Desde febrero pasado, solicitamos entrevistas con la entonces directora nacional del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Laura Vargas Carrillo; con la titular del Comité de Violencia Sexual de la Conavim, Anita Suárez Valencia: y con la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, María de los Ángeles López Peña. Hoy, esta agencia sigue en espera de respuesta.  
 
En suma, solo 66 orfandades reconocen estas autoridades, aunque existe un registro oficial de 34 mil 176 asesinatos de mujeres cometidos en el país de 1985 a 2009, lo que habría dejado miles de huérfanas y huérfanos, niñas, niños y adolescentes, así como un número igualmente alto de abuelas convertidas súbitamente en madres, ante el asesinato de sus hijas y cuyas historias también son ignoradas por las autoridades.
 
Y si, en el mejor de los casos, el homicida es llevado a la justicia, remoto es que un juez dé vista a alguien para ver qué ocurre con los hijos e hijas de la víctima, como afirma la pedagoga y fundadora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), Margarita Griesbach Guizar.
 
Hablamos de un número de víctimas que, además, se incrementa cada vez que un feminicida comete el crimen, lo que sucede al menos siete veces por día en nuestro país.
 
Aunque invisibles para las autoridades, las niñas, los niños y adolescentes que quedaron en huérfanos existen, tiene voz, necesidades y una historia para contar, lo que revela cada omisión o agravio que padecen, en un país donde las leyes que deben protegerlos no lo hacen.
 
ALAN, REGATEO DE APOYOS
 
A la medianoche del 9 de septiembre de 2015, Alan*, de 10 años de edad, llegó corriendo a casa de sus abuelos, a unos metros de su domicilio, en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, para pedir ayuda porque su padre, Alberto, quería asesinar a Betsabé, su madre.
 
Alan contó angustiado a sus abuelos que él y sus hermanos, de 9, 3 y dos de 7 años de edad estaban durmiendo, cuando los gritos de su madre y su padre los despertaron. En medio de la violencia, su mamá le pidió que fuera corriendo a traer a los abuelos para que la auxiliaran, pero en ese momento su padre lo detuvo, lo aventó violentamente y lo amenazó con asesinarlo junto a sus hermanos. 
 
Pudo huir, pidió ayuda, pero cuando regresó con sus abuelos, el cuerpo de su mamá estaba ya en el suelo, con heridas de cuchillo en el pecho. De eso pasaron ya 2 años y desde entonces él y sus hermanas y hermanos viven con sus abuelos, quienes tratan de cubrir sus necesidades de salud, su educación y les dan la oportunidad de conservar una familia. Sin embargo, Alan tiene miedo de que su padre, prófugo de la justicia, regrese y cumpla su amenaza de matarlos. 
 
Al día siguiente del asesinato de Betsabé, su madre y su padre, María Amparo Hernández y Mario García, adultos mayores, él dedicado al campo y ella a atender una mercería,  fueron a la Procuraduría Social de Tlajomulco a tramitar la custodia de sus cinco nietos, donde les dijeron que  tendrían que “pagar ocho mil pesos por cada niño si realmente los querían”.
 
La respuesta, insensible y hasta abusiva, no extraña, como explica la pedagoga y fundadora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), Margarita Griesbach Guizar, pues cuando una niña o niño queda en orfandad tras un feminicidio, “se vuelve invisible para el Estado y si hay una tía o una abuela es ella quien se queda a cargo, sin que la autoridad intervenga como debiera ser. Y al final, dice, dependiendo del contexto la familia hace lo que puede hacer.
 
Así sucedió con los nietos de Amparo y Mario, pues para que pudieran quedarse con ellos, fue necesaria la intervención del DIF Tlajomulco, donde se agilizó el trámite de custodia ante la Procuraduría Social, explica la abogada y vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Alejandra Cartagena.
 
Así, la pareja, además de una hija con síndrome de Down, sumó a sus responsabilidades el cuidado y la crianza de sus cinco nietos, sin más recursos que los que les deja su trabajo de campesinos y con una batalla perpetua para que las instituciones les den el apoyo a que tienen derecho como víctimas secundarias de feminicidio.
 
La insistencia de la abogada Cartagena ante el DIF de Tlajomulco apenas tuvo respuesta en 2016: una despensa para la familia “de vez en cuando”. También  una beca de la Secretaría de Educación Pública, por un año, solo para Alan, nada para los demás.
 
¿Por qué?, preguntamos a la abogada: “La ayuda no está llegando a quienes la necesitan porque las autoridades no están organizadas”, responde. Y agrega: “no tendrían que ser las víctimas quienes estén buscando ayuda, tendría que ser el Estado quien les de todo el apoyo que necesitan”.
 
A la familia le falta apoyo psicológico, que no pueden pagar y al que tienen derecho. Les urge también construir un cuarto más y dicen que el DIF ya se los prometió, para que no estén tan restringidos de espacio.
 
Mientras tanto, en espera de que la ley se aplique, hoy Amparo y Mario sobreviven sin el negocio de la mercería y resuelven  los gastos de cinco hijos-nietos más. Peor aún, decidieron abandonar su casa, por temor a que el feminicida los busque, mientras la abogada insiste, toca puertas para recordar a las autoridades que tienen una obligación legal para con las víctimas. 
 

 
HUELLAS DE LA VIOLENCIA
 
Rafael tiene 18 años, Ulises 17 y Fabiola 15, todos quieren ir a la universidad, Rafael para ser abogado, Ulises y Fabiola quieren estudiar diseño gráfico. Han pasado 13 años desde que el 12 de febrero de 2014, vieron a su madre, Nadia, inerte, en cuclillas y con una cuerda atada al cuello.
 
Esta escena los persiguió durante su infancia y aunque repitieron hasta el cansancio el mismo testimonio de cómo vieron a su padre, Bernardo López, y su tío Isidro “El Matute”, meter a su madre a la cisterna y luego colgarla en la habitación de su casa en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, casi ninguna autoridad les creyó, porque apenas tenían entonces 5, 4 y 3 años de edad, y  su declaración no fue considerada como evidencia.
 
Presenciar el feminicidio de su madre les dejó graves secuelas: Rafael, quien tenía 5 años de edad, perdió el control de sus esfínteres y Ulises, de 4 años, comenzó a esconderse debajo de las sábanas para gritar y escapar de las constantes pesadillas, otras veces se golpeaba contra la pared, subía a la azotea de su casa y preguntaba cuándo regresaría su madre.
 
Su hermana más pequeña, Fabiola, a sus 2 años de edad, articulaba palabras que según María Antonia, su abuela, querían decir que su “papá le pegó a su mamá” y al igual que Ulises cada vez que la niña tenía ansiedad se golpeaba la cabeza con las manos: “Era horrible”, narra su abuela.
 
Cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) concluyó que se trató de un “suicidio”, María Antonia se dedicó a dos arduas tareas: primero cuidar a sus nietos y después tocar puertas para exigir justicia a todas las instancias que se encontró en el camino.
 
En 2004, María Antonia escuchó en la radio al psiquiatra Giuseppe Amara, en su programa “Parejas Disparejas ¿Y la Familia?”. Le pidió ayuda y este aceptó dar terapia psicológica y psiquiátrica gratuita a los dos hijos mayores de Nadia, por un tiempo determinado. Fabiola nunca recibió atención porque su abuela pensó que era  muy pequeña para recordar los hechos.
 
Terminada la ayuda del doctor Amara, María Antonia buscó por su cuenta ayuda psicológica particular para sus nietos. Un gasto que pudo solventar con enormes dificultades, gracias a su trabajo como  costurera.
 
Abocada a entender el expediente del caso de su hija, buscadora incansable de salidas, imaginó que tal vez Fevimtra, alguna Instancia de las Mujeres, la Procuraduría General de Justicia o el DIF podría ayudarla para obtener algún tipo de apoyo, pero se dio cuenta de que eso dependía de la buena voluntad de la institución.
 
La urgencia de Antonia por buscar apoyo psicológico está perfectamente fundamentada, como lo explica la investigadora del Centro de Estudios de la Mujer de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Julia del Carmen Chávez Carapia, quien asegura que las probabilidades de que esos huérfanos del feminicidio hayan vivido violencia familiar es muy alta porque es muy difícil que un padre violento con su pareja no lo sea con sus hijas e hijos.
 
La niñez que no es atendida tras haber sido violentada por su padre y luego presenciar o vivir el asesinato de su madre “puede normalizar la violencia y reproducirla en la escuela o en su entorno general o presentar desequilibrios en su personalidad”.
 
La niña o el niño queda súbitamente huérfano y necesita recibir apoyo psicológico porque “en un segundo le arrebatan a su madre y su padre se convierte en un delincuente”, dice la especialista. 
 
Sin embargo, poco se ha investigado sobre estas víctimas, dice Chávez Carapia, porque las instituciones y muchas veces las propias familias no lo permiten, en ocasiones creyendo que aislarlos les evitará más daños, aunque el apoyo es necesario para que comprendan el contexto. 
 
Fue hasta 2008 cuando, apoyada por organizaciones civiles, Antonia logró que sus dos nietos mayores fuera atendidos a través de la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), ya que fueron sometidos a un careo con su tío Isidro.
 
El careo se realizó tomando medidas para no revictimizarlos, le aseguraron a Antonia, lo que no ocurre en otros casos, donde se evidencia la falta de perspectiva de género en los procesos judiciales y en el tratamiento de las víctimas secundarias, “pues es un nivel de violencia tan fuerte que necesita ser atendida por especialistas en psicología, psiquiatría, pedagogía y personal de trabajo social, capaz de atender e integrar a las víctimas de manera individual y familiar”, señala Chávez Carapia.
 
Hoy, Antonia tiene como prioridad, a la par de la búsqueda de justicia en el proceso judicial, que sus nietos y su nieta tengan salud emocional. En pos de tranquilidad vendió su casa, por temor a que Isidro, puesto en libertad por falta de pruebas, tome venganza, y pidió un crédito para comprar una casa.
 
En 2011 en una reunión entre la Secretaría de Gobernación, autoridades del Edomex y familiares de víctimas de feminicidio, María Antonia expuso su problema de vivienda y la dependencia le prometió facilitar un crédito, pero el beneficio que nunca llegó.
 
Y aunque en  2016, un año después de que en el Estado de México se decretó la Alerta de Violencia de Género (AVG), el gobernador Eruviel Ávila anunció becas educativas y  capacitación para el trabajo para las hijas e hijos de las mujeres asesinadas por razones de género, para los hijos de Nadia solo hubo un registro en el Seguro Popular.
 
“Económicamente me ha sido muy difícil sacarlos adelante, pero también se puede decir que han sido mi fortaleza”, dice Antonia a Cimacnoticias, y continuará apoyándolos para que terminen la universidad. A la par no cesará en su demanda de justicia, que podría llegar hasta instancias internacionales, y que en 2010 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentó el caso de su hija ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 

 

ABUELA-MADRE-ACTIVISTA
 
Tras el asesinato de Alejandra, Norma Andrade, su madre, dejó su profesión de maestra y se convirtió en abuela de sus nietos, Judith de un año y  Alberto*, de seis meses de edad. Alejandra fue encontrada sin vida y con signos de violencia sexual en un lote baldío de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de febrero de 2001.
 
Pese al dolor por la pérdida de su hija, Norma, sin la misma fuerza de cuando era joven y fue madre, se convirtió nuevamente en mamá de sus nietos, obligada por una situación que la llevó más allá de asumir ese papel y la convirtió en activista, en busca de justicia para su hija y las cientos de hijas víctimas de feminicidio. 
 
Como muchas madres que quieren ver a los asesinos de sus hijas en prisión, Norma vio a las otras víctimas de Ciudad Juárez, vio a las hijas e hijos huérfanos, a las abuelas y, junto con la profesora que daba clases a Alejandra, Marisela Ortiz, fundó la agrupación “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, una de las primeras organizaciones en documentar y acompañar a familiares de víctimas de feminicidio en el territorio fronterizo.
 
Las dos mujeres y otras madres se dieron cuenta que muchas otras estaban en la misma situación, eran abuelas educando hijos que no habían planeado, a la par que se alejaban de sus oficios y sus familias para aprender a hacer las tareas de un Ministerio Público porque los funcionarios simplemente no investigaban los crímenes.
 
Así decidieron organizarse y en 2002 lograron que el gobierno de Chihuahua comenzará a realizar mesas de trabajo con las familias de las víctimas para solventar algunas de sus necesidades. A los hijos de las víctimas se les dio apoyos educativos que incluían útiles escolares, uniformes, becas, pago de inscripción a la escuela y acceso gratuito a los servicios de salud pública.
 
A las madres de esas mujeres que fueron encontradas sin vida les brindaron 900 pesos quincenales, una cantidad de dinero que Norma no le alcanzaba para cubrir los gastos de sus dos nietos y de su esposo enfermo de cáncer. Por dignidad al inicio ella se negó a aceptarlo pero la necesidad por comprar las medicinas para su esposo hizo que aceptara el apoyo.
 
Por un par de años Norma se exilió de Juárez pero a su regresó en 2005 notó que estos servicios, conseguidos por las víctimas, se redujeron a becas y útiles escolares.
 
Sin embargo, en 2012 la Fiscalía General de Chihuahua, estado donde desde 1993 se ha documentado el feminicidio, informó a la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados que tenían un Fideicomiso de Apoyo para Niños Huérfanos Víctimas de la Violencia, con un registro de 4 mil 158 menores de edad, de los que 3 mil 897 fueron atendidos con algún apoyo asistencial.
 
Para Norma Andrade la atención psicológica llegó meses después con la creación del Instituto Chihuahuense de la Mujer (en 2001), pero sólo se atendió a las madres de las víctimas, explica Norma. Judith y Alberto parecían invisibles para el Estado a pesar de ser afectados directos.
 
Las becas, uniformes y consultas médicas gratuitas a Judith y Alberto se hicieron a través de programas sociales del estado de Chihuahua, sin embargo para su abuela Norma estas acciones gubernamentales fueron y son una forma de calmar las exigencias de las familias que quieren conocer la verdad sobre los asesinatos de las mujeres y castigo para los culpables.
 

ESCENARIO “IDEAL”
 
La vida de las mujeres víctimas de feminicidio no es recuperable, pero sí la de las niñas, niños y adolescentes que les sobreviven, sí la de sus madres y padres, la de su familia. Para ello hay sentencias, leyes, acuerdos, obligaciones gubernamentales y hasta morales. Falta que se apliquen, como revela lo aquí narrado. 
 
Sin embargo, aun cuando un juez penal dicta una sentencia condenatoria a un feminicida, “jamás se le ocurre dar vista a alguien para ver qué ocurre con los niños”, señala  la experta en derechos de la infancia, Margarita Griesbach Guizar, y al final, dependiendo del contexto, la familia hace lo que puede hacer. 
 
Debería de existir, señala la pedagoga Griesbach, “una cadena de protección” para las hijas e hijos de víctimas de feminicidio”, sobre todo porque desde 2014 existe la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que contempla responsabilidades para los gobiernos.
 
A través de esta ley, se crearon las Procuradurías de Protección estatales, y una federal, encargadas de representar a las niñas y niños y de articular todas las instancias y servicios médicos, psicológicos o sociales para atender a esta población cuando está en riesgo o son víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos.
 
Es decir, el escenario ideal sería que en caso de que una mujer se quede al cargo de niñas y niños por causa de un feminicidio, acuda a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de su estado y esta instancia se encargue de conseguir todos los servicios que se necesitan aunque en realidad esto no sucede.
 
Aún más, en la sentencia que en 2009 dictó la CoIDH contra el Estado mexicano por tres casos de feminicidio, el tribunal consideró que la prestación de los servicios sociales que el Estado brinda a los individuos no se puede confundir con las reparaciones a las que tienen derecho las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, porque se trata de un daño específico generado por la violación.
 
Sin embargo, hay un hueco por donde se cuelan omisiones e irregularidades: la Corte Interamericana consideró que no podía indicar al Estado mexicano cómo regular los apoyos que brinde a las personas como parte de un programa de asistencia social y  se abstuvo de pronunciarse respecto a ese tema.
 
Lo que sí mencionó fue que México debía adoptar medidas de rehabilitación para los familiares de las víctimas que incluyeran atención psicológica y médica.

 
RAZÓN DE VIVIR…
 
Judith y Alberto saben cómo fue asesinada Alejandra, su madre, un severo impacto, dice Norma Andrade,  que ocasionó que su nieto sea hoy un joven reservado, que no toca el tema del feminicidio, mientras Judit desarrolló el trastorno de “despliegue de personalidad”. Ambos reciben atención psiquiátrica, pagada con dificultades por su abuela.
 
Judit tiene hoy 16 años, es activista y escribe poemas, cuentos, e historia sobre feminicidio, algunos dedicados a su madre. En ocasiones se le ha visto marchar junto a su abuela, tomar el micrófono y gritar justicia, para su madre y para otras madres, y para ellos mismos y su abuela, quienes siguen siendo víctimas. 
 
Dos atentados contra Norma Andrade, presenciados por Judith, obligaron a la familia a dejar Ciudad Juárez y a exiliarse en la capital del país, para salvar sus vidas.
 
Las hijas e hijos de víctimas de feminicidio, dice Norma, “son los más ausentes, muchos han quedado sin madre y ahora ya están sin abuelas”, dice.  

“Quisiera, señala Norma, que al Estado se le obligue a hacerse responsable de esas víctimas invisibles, desde su alimentación, su manutención, en lo más esencial, hasta terminar de ir a la escuela”, pero prevenir el feminicidio y para evitar que el dolor de tener más huérfanas y huérfanos. 
 
*Los nombres de todas las niñas, niños y adolescentes fueron cambiados para proteger su identidad.  
 
17/AGM/HZM/GG 
 








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Detrás, explotación sexual comercial y trata
Aumenta desaparición de mujeres adolescentes en el país: Redim
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/02/2017

La desaparición de mujeres adolescentes en México está relacionada con grupos criminales vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual comercial; y va en aumento, reportó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
 
Las zonas más afectadas por estas desapariciones son la frontera norte y el centro del país.  
 
Tan sólo en cuatro años, de los 57 casos registrados en 2010 se pasó a 612 casos para 2014, lo que representa un aumento de 974 por ciento, informó el director de la Redim, Juan Martín Pérez García en el Webinar “Niñez Desaparecida” hecho por Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac).
 
La organización ha documentado que las adolescentes entre 15 y 17 años de edad son el principal perfil de ataque contemplado por las redes criminales de trata de personas: 7 de cada 10 adolescentes desaparecidas son mujeres. Martín Pérez señaló que se tiene identificado un patrón común de edad, rasgos y zonas geográficas donde ocurren los hechos.
 
Las entidades donde sucede este crimen de lesa humanidad tienen una correspondencia con las regiones perpetradas por el crimen organizado y grupos criminales, de acuerdo a los datos recabados por la Redim.
 
En la frontera norte, Tamaulipas registró de 2006 a 2014 la desaparición de mil 629 niñas y adolescentes menores de 17 años, la entidad con mayor número de casos; le sigue Baja California con 257 casos y Coahuila con 193 adolescentes desaparecidas.
 
En Nuevo León se contabilizaron 114 casos y en Chihuahua hubo en el mismo periodo 108 adolescentes desaparecidas.
 
El centro del país es otro de los focos rojos ubicados por la Redim. El Estado de México -que en los últimos años se ha representado como un caso paradigmático, indicó García- registró 386 casos, es la segunda entidad con mayor reporte de adolescentes desaparecidas.
 
En Guanajuato se contaron 263 casos, en Puebla 236, la Ciudad de México tuvo 169 desapariciones, Jalisco 139 y Michoacán 123.
 
NIÑOS, ADOPCIÓN ILEGAL Y VENTA
 
Este vínculo delictivo también ha correspondido con otro sector de la niñez: niños varones menores de 4 años. En el mismo periodo, 2006 a 2014, mil 902 niños desaparecieron “lo que nos da cuenta es que la desaparición de niños pequeños está asociada a adopción ilegal y venta de niños”, dijo García.
 
Aunque destacan las entidades con cientos de casos, el Director de la Redim alertó que la desaparición de la juventud y niñez es una situación generalizada en todo el país. El organismo contó entre 2006 y 2014, 6 mil 725 casos de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, desaparecidos en todo el país.
 
 
PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA
 
Martín Pérez destacó que las acciones militares emplazadas por el Estado mexicano para abatir a estos grupos criminales no han logrado garantizar la seguridad de la niñez y juventud; por el contrario, han generado un miedo generalizado en el país.
 
El escenario se torna complicado debido a la ineficiencia de los sistemas y procesos normativos para la búsqueda de adolescentes y niñas desaparecidas. El especialista explicó que las entidades donde han desaparecido más mujeres son las que menos Alertas AMBER (sistema de uso para hacer anuncios de desapariciones) se han emitido.
 
Además, dijo, “organizaciones civiles han exigido por años la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para las acciones preventivas, para aquellos casos de víctimas de violencia y desaparición”, sin embargo su negación trae como consecuencia que las víctimas no logren ser localizadas o terminen siendo víctima de feminicidio, en la mayoría de los casos, afirmó Martín García.
 
“Estamos tratando que, a partir de que se denuncie la desaparición, sin que intervenga una denuncia penal, se inicie la búsqueda”, pues en la mayoría de las entidades se tiene que esperar 72 horas para la acción de búsqueda, “horas vitales para la vida de las adolescentes”, dijo el especialista.
 
PROTOCOLO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
 
La Redim ha manifestado al Gobierno mexicano la necesidad incluir en la nueva Ley General de Personas Desaparecidas un capítulo específico sobre la niñez y juventud desaparecida, que permita generar un protocolo más eficiente de búsqueda con perspectiva de género. Para ello, dijo el especialista, se deben implementar sistemas de búsqueda inmediata y programas de acompañamiento social que contemplen las particularidades de cada caso.
 
La agrupación pide también crear una base de datos oficial que contemple información desagregada, con el fin de reconocer la magnitud del problema, un marco normativo que dé sustento a la ley y acompañamiento a los familiares de víctimas desaparecidas.
 
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) es la instancia encargada de atender la   problemática, pero no ha logrado establecerse, debido a la falta de voluntad de otras entidades, apuntó Juan Martín.
 
“El resultado es que hoy no tenemos prácticamente ninguna actuación, ni preventiva, ni de cambio en las normativas para que puedan esclarecerse los 6 mil 700 casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos”, agregó el especialista.
 
ANTE IMPUNIDAD, INSTANCIAS INTERNACIONALES
 
La desaparición de mujeres adolescentes es poco visible, sobre todo al ser “intencionalmente opacada y ocultada” por el Gobierno mexicano, con el fin de no asumir su responsabilidad, no sólo a nivel nacional, sino con instancias internacionales, explicó Juan Martín.
 
El representante de Redim dijo que la mayoría de los casos se mantienen en la impunidad debido a la ausencia de las autoridades: “es imposible que un número tan alto de personas desparezca sin que ninguna autoridad pueda percatarse de ello, tenemos que tener claro es que el Estado mexicano no está respondiendo a la realidad”.
 
CRISIS HUMANITARIA
 
Esta situación, aseveró, ya ha sido señalada por diversas organizaciones internacionales como un crimen de lesa humanidad que podría ser considerada como una crisis humanitaria y de Derechos Humanos (DH) en el país.
 
Ante la falta de acciones, el camino que han considerado las organizaciones y la sociedad civil es acudir a los órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde la Redim ya tuvo una audiencia en abril de 2016. Ahí destacó la importancia de las organizaciones no gubernamentales en el proceso de la defensa de los DH y señaló al Estado mexicano la necesidad de generar acciones para la juventud y niñez.
 
17/HZM/GG
 








NACIONAL
INFANCIA
   Segunda Sala de SCJN resuelve amparo
Constitucional proporcionar información sobre salud sexual y reproductiva a infancia
Foto: ZAQI
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/11/2016

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional cuatro artículos de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que protegen a esta población, prohíben la discriminación por “género y/o preferencia sexual” y garantizan acceso a anticoncepción e información sobre salud sexual y reproductiva.
 
Así lo resolvió este 9 de noviembre al analizar el amparo que presentó una mujer que consideró que los artículos 10; 39 y 57, fracción VII; y 116, fracción IV, de la Ley General –que entró en vigor en diciembre de 2014– violaban el interés superior de la niñez, discriminaban por razón de género, limitan indebidamente la patria potestad de los padres y generaban un ambiente nocivo en detrimento de niñas, niños y adolescentes.
 
La Segunda Sala declaró que los artículos de la Ley reclamada no son contrarios al interés superior del menor y al derecho de los padres de educar a sus hijos por el simple hecho de hacer referencia a la “preferencia sexual” de niñas, niños y adolescentes pues esos artículos no establecen, desarrollan o regulan la sexualidad.
 
En la sesión de ayer los ministros Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco, Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora y Javier Laynez Potisek, indicaron que la Ley General no atenta contra la creación de un entorno seguro y propicio para esta población, sino que reconoce y protege el Derecho Humano de igualdad ante la ley como lo establece la Constitución federal, esto es, prohíbe discriminar por género e identidad sexual.
 
Asimismo, la Segunda Sala consideró que el hecho de que la Ley General prevea que las autoridades deben garantizar a los menores de edad el acceso a métodos anticonceptivos, así como proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva, no resulta inconstitucional.
 
Se trata de garantizar información pertinente, adecuada y oportuna –dijeron los integrantes de la Segunda Sala– que tenga en cuenta las diferencias de nivel de comprensión de la niñez y que se ajuste bien a su edad y capacidad, es una de las medidas más eficaces para proteger a los menores de edad contra las infecciones de transmisión sexual, en especial, el VIH y prevenir y hacer conciencia sobre embarazos prematuros.
 
Al respecto, la Segunda Sala precisó que el derecho y acceso a la información sobre sexualidad no se aplica de manera idéntica para cualquier periodo de la infancia, sino que se despliega a medida que aumenta la capacidad y la madurez de los menores de edad; de ahí que tanto el acceso a información e insumos de salud depende de la etapa de la niñez.
 
Por otra parte, la Sala de la Suprema Corte resolvió que los artículos reclamados no desplazan la función educadora de la familia como entorno inmediato de niñas, niños y adolescentes y donde deben discutir abiertamente las cuestiones relativas a la sexualidad, el comportamiento sexual y los estilos de vida peligrosos.
 
En ese sentido, se consideró que el Estado no sustituye la función protectora y orientativa de los padres de familia sobre la salud y desarrollo de los menores de edad, sino que tanto padres como autoridades tienen funciones distintas y complementarias necesarias para la protección de la niñez y la adolescencia.
 
La Segunda Sala concluyó que la protección jurídica de niñas niños y adolescentes no sólo implica que el Estado preste los servicios de salud, sino que también los padres instruyan y orienten a los menores de edad para evitar prácticas nocivas que puedan poner en peligro su integridad –mental psicológica, moral y espiritual–, y les proporcionen información que se dirija a salvaguardar su desarrollo sano y pleno.
 
16/AGM/LGL








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