Mujeres integrantes de una cooperativa productora de ostiones en Puerto Peñasco, Sonora, que durante 20 años han trabajado, ahora ven amenazado su patrimonio, luego de ser demandadas por el delito de despojo agravado del predio Estero Morua.
La mayoría de las socias que integran la Sociedad Cooperativa de Producción Ostionera y Almejera de Rivera, se han visto obligadas a abandonar la entidad por contar con ordenes de aprehensión en su contra.
Puerto Peñasco es considerado como uno de los principales centros de explotación pesquera, así como atractivo turístico de Sonora. Está ubicado al norte de Hermosillo, la capital del estado, junto al Golfo de California.
La demanda fue presentada el pasado 2 de abril de 2001 por Agustín Cortés y Pedro Villagrán, quienes pretenden hacer válida una propiedad que constituyeron mediante títulos nulos, según consta en el Registro Agrario Nacional, y que no cuenta con regularización debida ante el ayuntamiento de Puerto Peñasco, al tiempo que no ha pagado impuestos por varios millones de dólares.
Para la dirigente de la sociedad, María Isabel Cervantes Rivas, existen muchos intereses económicos y políticos «para que se nos despoje del predio en cuestión, ya que ahora tiene toda la infraestructura necesaria para impulsar un desarrollo turístico».
En entrevista, señaló que durante 20 años han trabajado entre seis y ocho horas diarias –dentro del agua–. «La mayoría de quienes integramos la cooperativa somos cabezas de familia. En mi caso, he sido papá y mamá en la casa. Mi familia depende de mi trabajo. La mayoría tenemos ahora alrededor de 60 años».
Además por estar mucho tiempo en el agua, están expuestas a enfermedades como la artritis, reumas, y en gran riesgo de adquirir cáncer en la piel. «Hoy muchas padecemos de las reumas», afirma.
«Trabajamos dentro del agua, que nos llega a la cintura, a veces nadando si el mar lo permite. Llegamos a las seis de la mañana y salimos a las 12. La marea nos va imponiendo la hora de llegada».
Recordó que desde que el ex gobernador Samuel Ocaña les dio posesión de esas tierras –700 hectáreas– han trabajado en forma pacífica, están al corriente del pago de impuestos y con escritura pública, así como con un convenio de incorporación al Fondo Legal con el ayuntamiento de Peñasco.
La representante de la sociedad señaló que la situación ha obligado a que Virginia y Trinita –de 80 años de edad– huyan de Puerto Peñasco y se refugien en Estados Unidos.
Cervantes Rivas explicó que antes de que se ejerciera la demanda de despojo agravado, ellas presentaron ante el secretario de Turismo de la entidad, Francisco Antonio Astiazarán, un Plan Maestro de Desarrollo Turístico Ecológico. El funcionario les contestó «van demasiado rápido».
Así, al saber que ahora la propiedad está adquiriendo valor, Agustín Cortes y Pedro Villagrán quieren tomarlo en complicidad con las autoridades estatales.
La situación está afectando a las familias de las cooperativistas, quienes se encuentran fuera del estado o del país, toda vez que las autoridades correspondientes convirtieron un asunto civil en una cuestión penal.
Por lo menos ocho mujeres y cuatro hombres cooperativistas tienen orden de aprehensión.
Para el abogado que asesora a las cooperativistas, Leonel Argüelles, quien también cuenta con orden de aprehensión, las mujeres son propietarias del predio, como consta en escrituras públicas y convenios de reconocimiento de propiedad e incorporación al fondo legal del ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora.
Señaló que las integrantes tienen posesión del predio desde el año de 1982, el cual ha sido reconocido por los distintos presidentes municipales. E igualmente han sido avalados por todos los anteriores gobernadores de la entidad en los últimos 20 años, así como por el actual gobernador Armando López Nogales.
El abogado dijo que las integrantes de la cooperativa tomaron posesión del predio en cuestión en forma pacífica. «Desde esa fecha han impulsado el comercio, creado empleos, abierto caminos, construido infraestructura como palapas y almacenes».
Además, agregó, han establecido locales comerciales de venta al público, tienen señalamientos comerciales y cuentan con la siembra de millones de ostrillas –las cuales están en riesgo de perderse– como es del conocimiento de los habitantes de la región.
Para Argüelles no existe el delito de despojo por tener 20 años de posesión, ser propietarios legales del predio, y contar con los convenios de reconocimiento de propiedad.
De ello, manifestó que existe una sentencia favorable por lo que se les declaró propietarias del terreno, y que se encuentra inscrito en el Registro Público de Propiedad y de Comercio de Puerto Peñasco, con fecha del 2 de marzo de 2001, con los números 7926, 7927, 7928 y 7936.
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