El parlamento bonaerense aprobó una ley que permitirá a mujeres y hombres denunciar el acoso sexual en el ámbito de la administración pública local, la cual prevé sanciones que van desde los llamados de atención hasta la cesantía de actividades.
La ley, aprobada la semana pasada, entiende por acoso sexual la acción de «los funcionarios y/o empleados públicos que, valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias vinculadas con su función, incurran en conductas que tienen por objeto cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado por la persona a quien va dirigido», indicó el semanario Tertulia.
La norma es una previsión de tipo administrativo, pues el acoso sexual no es considerado un delito, según el diario La Nación. El Código Penal argentino, impone prisión de seis meses a cuatro años al que, mediante intimidación, intentare una relación sexual, pero no tipifica el acoso.
El dictamen de ley prevé que la investigación de la denuncia por acoso sexual deberá ser confidencial, para preservar la intimidad de la víctima y las posibles represalias contra su persona.
Pese a la falta de estadísticas oficiales relacionadas con el acoso sexual, el legislador promotor de la iniciativa, Gustavo Ferrari, reconoció que «las mujeres son las principales destinatarias de esa conducta» y destacó que la ley tendrá que acompañarse de una campaña informativa y políticas públicas para su cumplimiento.
TAMBIEN EN SANTA FE
Igualmente en Santa Fe, una ley aprobada por la Legislatura y promulgada por el gobernador, Carlos Reutemann, incorporó la figura del acoso sexual al Código de Faltas de la provincia, en los ámbitos público y privado.
Esta ley dispone también penas elevadas en casos de reincidencia. El texto aprobado sólo especifica los pasos que se deben seguir ante una situación de evidente acoso sexual dentro del ámbito público, por lo que se desconoce el mecanismo para cuando la figura se tipifique en el sector privado.
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