El Primer Congreso Feminista de la Liga Panamericana de Mujeres fue celebrado en México en mayo de 1923. Entonces se planteó igualdad y diversas demandas de género, impulsando el crecimiento del feminismo en nuestro país. A 100 años, así se lograron impulsar los derechos políticos de las mujeres.
Este evento sintetizó “buena parte de las concepciones y de los objetivos políticos que orientaron las acciones del feminismo en esa década”, destaca la investigadora Gabriela Cano, en el texto México 1923: Primer Congreso Feminista Panamericano.
Al Congreso, realizado en la Ciudad de México, acudieron más de 100 personas, en su mayoría mujeres, quienes viajaron de varios puntos de la República Mexicana a la capital del país. Entre ellas destacaron los nombres de Luz Vera, Margarita Robles de Mendoza y Elvia Carrillo Puerto, así como a las médicas pioneras Matilde Montoya y Columba Rivera.
“En su momento, la realización de este congreso mostró cómo, aun sin contar con el reconocimiento jurídico de sus derechos políticos y contra el peso de la tradición, había mujeres en México que con los medios a su alcance —la organización y la divulgación de sus ideas— actuaban políticamente para tratar de influir en la construcción de la nación postrevolucionaria y, al mismo tiempo, para ampliar sus posibilidades de autodeterminación personal”, añade Gabriela Cano.
Luego de largos debates realizados por días, las mujeres llegaron a acuerdos para trabajar en favor de la “elevación de la mujer”. Fue así que contemplaron reformas legales, creación de instituciones y cambios culturales “tendientes tanto a legitimar la injerencia de las mujeres en la vida política del país como a ampliar su capacidad de autodeterminación personal”.
Se buscaba igualdad educativa, laboral y salarial. Pero entonces también se hizo mención sobre la igualdad plena de derechos políticos, es decir, que las mujeres pudieran votar y ser votadas para cargos de elección popular en los tres niveles de gobierno. Una idea que para ese tiempo, no era bien aceptada. Y es que apenas unos años antes (1916), el Congreso Feminista de Yucatán precisamente demandó derechos políticos para las mujeres a nivel municipal.
“Considerando: que no todos los hombres están preparados para ejercer el derecho de ciudadanía y cuando menos la conciencia de responsabilidad está por igual entre los individuos de ambos sexos, y considerando que las campañas de política electoral son inmorales en la forma en que se desarrollan, dado que generalmente juegan intereses particulares de individuos poco honrados que se valen de medios ilícitos, unas veces aprovechando las cantinas, y otras la presión civil y militar cuando tienen poder para hacerlo, el Primer Congreso de Mujeres convocado por la Sección Mexicana de la Liga Pan-Americana resuelve:
a.- Elevar al H. Congreso de la Unión petición para establecer la igualdad de Derechos Políticos para el hombre y la mujer.
b.- Que se reforme la Ley Electoral en el sentido de establecer la representación parlamentaria por Agrupaciones sociales o gremiales, como un medio de garantía para la sociedad”, destacaron las mujeres en sus resoluciones sobre Derechos Políticos.
Fue así como 30 años después se reformó la Constitución y se otorgó a las mujeres el derecho a votar y ser votadas. Y en 1955 ellas salieron por primera vez a las urnas para ejercer el voto. Cabe destacar que en dichas elecciones federales resultaron electas las primeras diputadas federales.
El camino de las mujeres feministas no concluyó entonces. Con el paso de los años la exigencia se incrementó, pasaron más de seis décadas para finalmente incluir en la Constitución el principio de “paridad en todo”.
En 2019, las reformas a la Constitución, permitieron asegurar que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena; además, se incorporaría el lenguaje que visibiliza e incluye a las mujeres.
Pese a estos logros históricos, en la historia democrática de México solo nueve mujeres han sido gobernadoras. Además, en más de 40 años y hasta la administración pasada, de un total de 236 integrantes de los gabinetes del gobierno federal, solo 23 habían ocupado el cargo de Secretarias de Estado, destacó Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Aunado a ello, las mujeres continúan enfrentando obstáculos en la vida política, afectando su derecho a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales.
“La violencia política por razón de género, comprende todas aquellas acciones u omisiones, que se dirigen a la persona en razón de su género, y que tienen un impacto diferenciado ante las demás personas, afectándolas (o) desproporcionadamente, menoscabando o anulando sus derechos político-electorales, incluso, en el ejercicio de un cargo público. Es decir, que potencialmente los actos u omisiones simbólicos, verbales, patrimoniales, económicos, físicos, sexuales y/o psicológicos, realizados por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas, pueden ser constitutivos de violencia política por razón de género”, explica el Instituto Nacional Electoral (INE).
A lo anterior se suman incluso iniciativas que han buscado frenar la paridad, una de ellas propone modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución mexicana. Con estas reformas se busca que solo el Poder Legislativo tenga la facultad de obligar a los partidos a acatar medidas como las relacionadas con la paridad de género. Esto quiere decir que ni el Tribunal Electoral ni el Instituto Nacional Electoral podrán intervenir para obligar a los partidos a postular a mujeres en las candidaturas.
Aunque más de 90 diputados mostraron su oposición a esta reforma, atentar contra la paridad de género y las acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables continúa siendo un riesgo latente en nuestro país.
