Ciudad de México.- Como se ha documentado desde el pasado viernes 8 de marzo tras la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hubo represión en varias entidades del México y fue Zacatecas la que mayores índices de violencia registró contra las participantes, pero de forma reciente se detalló en el programa de Análisis Feminista conducido por la periodista Lucía Lagunes Huerta, que en esa entidad hubo una campaña previa de desprestigio en la que se aseguraba que «la marcha iba a ser violenta».
En entrevista radiofónica con Lagunes Huerta, estuvieron presentes, Ana Emilia Pesci Martínez, integrante del Movimiento Feminista en Zacatecas y Cristela Trejo, abogada feminista, defensora de Derechos Humanos e integrante del Movimiento Feminista de Zacatecas, ambas relataron el clima enrarecido previo a la manifestación del 8M y detallaron las acciones que sostienen para buscar justicia tras los hechos violentos de las autoridades estatales.
Pesci Martínez señaló de primera mano, los sucesos ocurridos durante el 8M y declaró que «desde días anteriores a la movilización realizaron una campaña de desprestigio por parte del gobierno del estado, asegurando que la marcha iba a ser violenta. Y, aunque no podamos comprobar que viniera del gobierno, nadie más tiene tiene esos recursos».
Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) reportó que en los estados de Puebla, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Tlaxcala y Ciudad de México hubo por lo menos 19 mujeres periodistas agredidas, en el marco de las manifestaciones por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 2024.
CIMAC, publicó el informe “Palabras impunes: Estigmatización y violencia contra mujeres periodistas en México 2019-2022”, el cual informa que si la condiciones para los periodistas son difíciles, el peso del machismo y el deprecio del régimen actual por las mujeres agrava la situación de las mujeres periodistas, en particular cuando se les estigmatiza desde la tribuna matutina, descalificación que reverbera en el ámbito cotidiano y en el espacio digital.
Más allá de este acoso policial, los documentos filtrados por Guacamaya Leaks han dejado ver que el Estado mexicano tiene en la vista al movimiento feminista como a un enemigo. Incluso, en los correos electrónicos extraídos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se muestra información sobre cinco feministas que estaban fichadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; dicha fiscalía también conoce sus paraderos.
En un pronunciamiento CIMAC señaló que de acuerdo con los casos documentados o que están en ese proceso, en 11 de los ataques registrados se mencionan detenciones arbitrarias, agresiones físicas y utilización de gases irritantes, todo ello perpetrado por elementos de la seguridad pública.
Pesci Martínez, durante la entrevista radiofónica con Lagunes este 13 de marzo, sostuvo que el día 8 de marzo, ellas comenzaron a recibir información de oficiales de la policía vial, quienes revisaban en el transporte público las pertenencias, exclusivamente de las mujeres, lo que resultaría, de menos, violatorio para sus derechos humanos.
Incluso aseveró que durante la manifestación, hubo al menos dos momentos álgidos, el primero fue cuando una de las manifestantes subió una valla metálica y los policías la arrastraron para bajarla, eso estuvo a punto de encender los ánimos, sin embargo, ellas como activistas tenían un protocolo para evitar ese tipo de roces o enfrentamientos con la autoridad.
«Después, sobrevoló un helicóptero y, en la Plaza de Armas comenzaron a agredir a las compañeras arrojándoles sustancias químicas, agrediendo a infancias, a mujeres con bebés quienes reposaban en carriolas, mujeres adultas mayores y otras con discapacidad. Y, por supuesto agrediendo y golpeando a las compañeras reporteras», señaló.
Las tensiones se habrían intensificado al final de la marcha, «cuando un grupo de mujeres derribó una de las vallas colocadas en la puerta del palacio de gobierno. En respuesta, los policías antimotines encapsularon a las manifestantes, deteniéndolas y utilizando escudos para empujar a las demás participantes».
«Entre las detenidas se encontraba la reportera Nancy García del portal Es cuanto, quien estaba documentando los acontecimientos», precisó la periodista.
La violencia ejercida por las autoridades, no estuvo a la altura de lo que se desarrollaba como una marcha pacífica, «el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y extintores por parte de la policía afectó a todas las manifestantes, incluidas niñas presentes en la marcha».
«Además, fotoperiodistas que estaban cubriendo la manifestación, como Flor Castañeda de El Sol de Zacatecas, Jesse Mireles del diario NTR y Nayeli de León del periódico Página 24, fueron agredidas durante el incidente», puntualizó Lucía Lagunes.
Deslinde de responsabilidades
Opiniones contrastadas surgieron de los hechos, mientras que las colectivas feministas los condenaron y calificaron de violencia y represión. La mirada del gobierno de David Monreal, se justificó por el actuar de la policía, aduciendo, que a las mujeres policías se les había agredido, lo que llevó a realizar detenciones para restaurar el orden.
De acuerdo a la versión del secretario de gobierno, Rodrigo Reyes, siete mujeres policías resultaron gravemente heridas, dos de ellas con lesiones en la cabeza y una intoxicada por sustancias arrojadas al contingente policial.
Las colectivas feministas, refirieron que en declaraciones previas a la marcha, el secretario Reyes Muguerza, habría anunciado que la manifestación sería violenta debido a la presencia de grupos de mujeres infiltradas que generarían acciones violentas.
Lagunes Huerta, relató que la marcha atrajo a miles de mujeres, algunas de ellas acompañadas por infancias; quienes recorrieron el centro histórico de Zacatecas. Hasta ese momento, el mitín transcurría en una suerte de tensa calma.
Una calma, parecida al ojo de un huracán, ya que existían diversas señales que indicaban que las autoridades, no necesariamente empatizaban con la causa feminista. Así, colocaron maderas en los comercios y vallas metálicas para proteger los edificios gubernamentales, como medidas de seguridad.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del estado supervisó las detenciones, pero las colectivas feministas sostienen que el gobierno contribuyó a la escalada de violencia al anticiparla de manera irresponsable», detalló la periodista.
El pasado 12 de marzo, integrantes de colectivas feministas en Zacatecas presentaron seis denuncias por diversos delitos, incluyendo abuso de autoridad, lesiones, detenciones arbitrarias y tortura, cometidos por agentes de seguridad durante la represión de las manifestaciones del pasado 8 de marzo.
En la Cámara de Diputados, estas mujeres, respaldadas por legisladoras de varios partidos como Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, exigieron la destitución del secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Medina Mayoral, y solicitaron una investigación sobre la conducta del secretario de gobierno de Zacatecas.
Esta entrevista periodística se dio a las 11 de la mañana, como cada miércoles y se transmitió en la frecuencia de Violeta Radio 106.1 FM, el programa de análisis que explora los temas de la agenda feminista: Análisis Feminista, conducido por la periodista Lucía Lagunes Huerta.
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