En los últimos siete años se duplicó el número de mujeres en prisión –en la actualidad se encuentran más de siete mil mujeres privadas de su libertad–, la mayoría cumple sentencias de más de 10 años por el traslado de un paquete de droga. Pobres entre los pobres y originarias de los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, esas mujeres permanecen solas, a más a dos mil kilómetros de distancia de sus familiares.
Una gran cantidad de mujeres se encuentran encarceladas por haber cometido delitos de carácter económico, principalmente contra la salud, robo y fraude. De esta forma, los delitos contra la salud, en promedio, representan 61.5% del total de los que cometen las mujeres. El más común, es el tráfico de drogas, pues facilita la obtención de dinero en cantidades considerables.
Especialistas, testimonios y estudios criminológicos revelan que la principal demanda de las reclusas es ser trasladadas a cárceles cercanas a su lugar de origen, ya que, por ejemplo, las chiapanecas o oaxaqueñas purgan penas en estados del norte del país como son: Baja California o Nuevo León.
Lo que es claro para Elena Azaola del Centro de Investigaciones Superiores en Antropología Social (Ciesas), con más de 25 años especializada en el tema, es que el sistema penitenciario, de cara a las infracciones femeninas, tiene que cambiar para adaptarse a las necesidades específicas de las mujeres recluidas.
Aseguró que 86% de las presas son madres –la mayoría solteras– que ven violentados dentro de las cárceles sus derechos al trabajo, salud, alimentación y educación.
Y agregó: «En el caso de homicidios, la pena es hasta 25% mayor que la aplicada a los varones por el mismo tipo de homicidio y en las mismas circunstancias».
De los 446 centros penitenciarios de todo el país, sólo existen 10 centros femeniles, el resto de las reclusas se concentra en anexos en 220 centros varoniles, situación que agrava sus condiciones por la falta de espacios adecuados para cubrir sus necesidades básicas como atención hospitalaria con salas de maternidad, personal de pediatría, guardería, servicios de higiene y alimentación adecuada para ellas y sus hijos.
De ahí que la situación de las mujeres presas en México ha llamado la atención de organismos internacionales como Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recién recomendaron, específicamente, al gobierno de Oaxaca, la creación de un centro femenil.
De acuerdo con reportes de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por delitos del fuero común están siendo procesadas mil 928 mujeres y han sido sentenciadas mil 827, mientras que por delitos del fuero federal son procesadas 950 y fueron sentenciadas dos mil 642.
En el 2000, 19 mujeres estaban recluidas en los centros de máxima seguridad del país, al iniciar este año no hay ninguna mujer en ese tipo de penales. No obstante, en la Colonia Penal Federal de Islas Marías se encuentran 57 mujeres internas, quienes estaban cumpliendo su condena en centros de readaptación social de media seguridad y que solicitaron voluntariamente su traslado, no sin antes haber cumplido con el perfil clínico-criminológico.
Es importante destacar que las Islas Marías está poblada por internos de mínima peligrosidad, en la que llevan una vida de integración familiar.
EXPERTAS OPINAN
En opinión de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Patricia Espinosa, las cárceles, al igual que todo el sistema de justicia penal, fueron construidas sin tomar en cuenta las necesidades específicas de las reclusas, quienes representan 4.4% del total de la población carcelaria en México.
Para las expertas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) Ana Renovales y Gimol Pinto, en la mayoría de los reclusorios del país las garantías de las mujeres y sus hijos son violentados. El Estado –coincidieron– debe asegurar que en el caso de los niños que viven en la prisión junto a su madre, existan condiciones en materia de salud, sanidad, educación, espacio y recreación así como garantizar los derechos de las reclusas y sus hijos.
Marcela Briseño, investigadora del Programa Nacional de Capacitación Penitenciaria (Pronacap) de la Secretaría de Seguridad Pública, sostuvo que la sobreexplotación de los penales, el hacinamiento, promiscuidad, insuficiencia de servicios y la violencia institucional son sólo algunos de los problemas que han caracterizado al sistema penal, aunado a ello, las mujeres sufren un trato iniquitativo en la administración de justicia, pues casi siempre son juzgadas en forma discriminatoria en función de su género, que se hace extensivo a las condiciones de su vida en prisión.
De una investigación realizada por el Pronacap con 149 mujeres encarceladas en nueve estados de la República, incluido el Distrito Federal, se desprende que casi la mitad de la población interna entrevistada tiene menos de 27 años de edad e hijos pequeños. No obstante, solamente en la ciudad de México se ofrecen servicios de guardería con niveles de atención para lactantes, maternales y preescolares.
Mientras, 18% de las encuestadas opinó que debe incrementarse la edad límite de permanencia de los menores dentro del penal, sólo 4% dijo estar en contra de la estancia de los niños dentro de los centros de reclusión.
El estudio también detectó hacinamiento, falta de higiene, mínimos servicios de salud para los hijos de las reclusas; lugares acondicionados para mujeres, ya que ninguno fue construido y pensado para albergarlas con sus hijos, de ahí la necesidad de reglamentar la situación de los infantes dentro de las cárceles y atender las necesidades de las internas.
De acuerdo con Elena Azaola, en México las mujeres representan el 4.4% de la población total en prisión, mientras que en Estados Unidos no llegan a 10%. En tanto, que en países como de Bélgica y Dinamarca ha habido momentos en que se han registrado porcentajes de hasta 15%. Egipto tiene una representación muy similar a la de México, sin embargo, los bajos porcentajes no justifican que las necesidades de las mujeres sean relegadas a un segundo plano.
Rita Maxeira del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, (Ilanud) observó que en los países latinoamericanos las instancias de protección a la familia y a los menores quitan la tutela de los hijos a las mujeres presas. Sin embargo, consideró que en esas naciones debe prevalecer la Convención de los Derechos de la Niñez, por encima de los supuestos sociales que señalan a la mujer que esta en la cárcel como mala madre.
Se estima que actualmente hay 13 mil menores, hijos de mujeres recluidas, y que de éstos mil 500 conviven con sus madres en los centros penitenciarios, sin que hasta ahora las autoridades hayan previsto condiciones específicas para sus necesidades.
A raíz del motín ocurrido en la cárcel de Mexicali, Baja California (México) el 6 de junio de 1994, que puso en peligro de muerte a reclusas que habían sido encerradas en un galerón, la periodista Colilá Eguía dio a conocer su propuesta para el establecimiento de programas rehabilitadores pilotos específicamente para las mujeres, que considere la creación de cárceles para la población femenina así como la generación de trabajo formal que podría ser atractivo para el empresario maquilador.
La periodista además recomendó la apertura de instancias infantiles operadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como la instauración de un patronato que coadyuve a que las mujeres rehabilitadas se reintegren a la familia, a la sociedad y a la actividad productiva.
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