Mientras se espera la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del juicio de Celia Reyes Lujano contra el Banco de Atlántico -administrado por Bital–, su apoderado legal Víctor Blake informó que ante la necesidad económica, la demandante vendió a un inversionista estadounidense un porcentaje de los «derechos litigiosos» del caso, esto es ofreció una parte de la cantidad final que reciba.
El representante legal de doña Celia Reyes aseguró no tener autorización para revelar la identidad del inversionista, ni el monto de su compra. Pero explicó que si por «malos manejos» de la justicia mexicana el estadounidense pierde su dinero, él puede demandar de acuerdo con lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio, el cual protege las inversiones especulativas.
Reveló que un panel internacional de controversia revisaría el caso, y podría determinar que el gobierno mexicano indemnice al inversionista afectado.
De otra manera, si la señora Reyes pierde el juicio en México ya no tendría otra instancia para apelar, con lo que Bital se salvaría de la deuda y si el gobierno mexicano pierde en la demanda del inversionista, la indemnización correría por cuenta de la población contribuyente.
Actualmente el asunto permanece estancado. En suma, el caso ha estado en procesos de revisión jurídica durante 15 meses, sin que ocurra ningún cambio en el expediente que pueda justificar dicha tardanza, aseguró Blake.
Explicó que el Colegiado conoce del caso desde septiembre de 1999 y lo estudio hasta el 29 de junio de 2000. Después regresó al mismo colegiado en mayo de 2001, permaneció en su poder hasta agosto, luego de que el procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha pidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo atrajese, lo cual fue rechazado por dicha instancia.
El apoderado legal reveló que dicho colegiado ya está desahogando asuntos del 2002 desde hace un mes. «Es decir, el caso ha sido saltado».
De acuerdo con información del representante legal, la señora Reyes, depositó en el Banco del Atlántico, en enero de 1988, cinco millones de pesos de ese entonces con un interés de reinvertible cada mes. Asimismo, en febrero de ese mismo año, depositó 54 millones 72 mil 400 pesos.
Respecto a esta situación, Bital negó las tasas fijas y que haya pactado capitalización de rendimiento con Celia Reyes, con el argumento de que había disposiciones del Banco de México que lo obligaban a modificar las tasas. Bital hasta el momento no ha aportado pruebas al respecto.
Celia Reyes Lujano exige el pago de los dos certificados de depósito con la tasa de interés fija que se pactó originalmente para cada uno de ellos, por lo que el adeudo de Bital –de acuerdo con el representante legal de la michoacana– asciende a 440 mil millones de pesos.
Víctor Blake, dijo que aún hay más anomalías, pues en noviembre de 2001, solicitó al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), tener acceso al expediente de fusión o saneamiento del Atlántico con Bital, lo cual no ocurrió.
En cambio, el IPAB contestó la solicitud por escrito, donde sorprendentemente, aseguró Blake, contestó no saber nada del asunto de la fusión entre esas dos instituciones bancarias.
Así, consideró, está actitud del responsable de proteger los ahorros de la gente del país, plantea más de una duda: «¿Por qué el IPAB oculta la información y aparenta no saber que Atlántico y Bital se están o estaban fusionando? ¿Qué pasa con la sentencia?»
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