El dirigente indígena Pedro Esquina, en representación de la alianza multisectorial Plataforma Agraria, lo mismo que Gilberto Atz, en nombre de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), reivindican en un foro organizado por la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua), la transferencia de tierras mediante la reforma agraria.
Para ellos la concentración de la propiedad es causa de la inequidad en el campo. Desde su punto de vista es insuficiente la vía del mercado para atender la demanda de tierra, que ante la crisis del modelo económico se traduce en el derecho a la alimentación para miles de familias.
Al rechazar el término invasiones y hablar de ocupaciones, ambos recuperan un enfoque histórico de la problemática. Ellos, al igual que otros líderes e investigadores del tema, coinciden en que el modelo agroexportador de materias primas está agotado porque profundiza la pobreza.
Por su parte el Fondo de Tierras (mecanismo financiero de mercado, delineado conforme a las políticas del Banco Mundial) tiene grandes limitaciones porque vende caro, ignora la visión indígena y excluye la inversión a largo plazo, entre otras restricciones.
Su contraparte se deja escuchar con la voz gubernamental de Edgar Gutiérrez, quien al igual que los representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y de la Cámara del Agro, Fernando Montenegro y Patricia Monge, exaltan los beneficios del mercado, la inversión extranjera y las maquilas, entre otras.
Al poner su vista en el futuro, estos funcionarios niegan una revisión histórica y omiten cualquier mención a los responsables de provocar o tolerar la injusticia social en las áreas rurales.
Lo que es cierto es que todos expresan su disposición a entablar un intercambio de opiniones que conduzca al debate sobre el desarrollo rural en Guatemala; cuestión conveniente y necesaria que no amerita condicionamientos como los establecidos por Gutiérrez y Montenegro, quienes aceptaron participar en el debate sólo para reclamarles a las organizaciones solicitantes de tierra que se abstuvieran de recurrir a medidas de presión social.
Otra reflexión interesante es la de Juan Pablo Carlazzoli, coordinador del Sistema de Naciones Unidas, quien sugiere el diálogo al mismo tiempo que la interacción; es decir, para él es preciso experimentar nuevas vías que permitan dar a conocer e intercambiar las propuestas al mismo tiempo que se ejecutan las acciones, en lugar de estar organizando prolongados debates que sólo inmovilizan.
Apoyar, justificar o rechazar la ocupación de fincas, junto con la promoción de debates en torno a una política de desarrollo rural, ubican el tema en su dimensión más real.
Por lo mismo, cualquier mesa de diálogo que se organice tiene que tomar en consideración que miles de familias campesinas e indígenas han sido orilladas a recurrir a la ocupación de fincas como medida de presión para ser escuchadas.
*Periodista mexicana, integrante del consejo editorial de La Cuerda
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