Ningún gobernante, ni siquiera el presidente de la república, puede estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que ésta es la norma máxima que rige todos los poderes de la federación.
Al ser consultado por cimacnoticias respecto al toque de queda que impuso en la ciudad de Tecate, Baja California, el edil priísta Juan Vargas por el supuesto aumento de la delincuencia, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez, explicó que ni con el apoyo de la población ese presidente municipal puede rebasar lo establecido en el artículo 133 constitucional, en el que se establece que la Carta Magna es la Ley suprema de la federación.
«Lo que está ocurriendo en esa ciudad fronteriza es muy grave, porque ese señor está violentando las normas constitucionales que resguardan las garantías individuales; acción que nadie puede ejercer ni siquiera bajo la orden de una mayoría parlamentaria.»
El abogado constitucionalista y especialista en temas como derechos sociales, discriminación y partidos políticos, reiteró que Juan Vargas viola los artículos 7 y 11 de la Constitución, entre otros. El primero, referente al derecho de reunión y el segundo que garantiza el derecho al libre tránsito.
Como se recordará, el pasado 20 de mayo entró en vigor en Tecate, con la aprobación del cabildo y «el respaldo de la comunidad», un toque de queda que prohibe a las personas menores de 18 años transitar por las calles de la ciudad a partir de las 22:30 horas.
«¿Y quién es ese señor para impedirle a la juventud andar libremente por las calles? ¿Él quién es para afirmar que las y los jóvenes no tienen nada qué hacer afuera de sus casas después de esa hora?, expresó con preocupación Gutiérrez.
«La Constitución está por encima del poder del pueblo, así que con todo y que el toque de queda tenga el respaldo popular ésa medida no deja de ser una violación flagrante a las garantías individuales», agregó.
El constitucionalista recordó que el artículo 29 de la Carta Magna es el único que prevé la suspensión de garantías individuales, la cual debe ser aprobada por el presidente de la república y el Congreso de la Unión ante eventualidades como invasión militar, alteración del orden público y desastres naturales.
Además –insistió– ningún precepto constitucional establece mecanismos de democracia semidirecta, como podrían ser las consultas o plebiscitos. Así que con todo y que el edil tenga el apoyo popular, está infringiendo la ley.
«¿Se va a permitir el linchamiento de alguien sólo porque la mayoría de la gente lo ordena? Por supuesto que no. Por eso tenemos nuestras normas que velan por la integridad de las personas», aseguró.
El investigador de la UNAM advirtió que el edil Juan Vargas podría ser sujeto de sanciones administrativas, e incluso podría ser destituido. Apuntó que las personas que sean detenidas durante el toque de queda pueden interponer amparos en el orden federal, como una medida ante ese abuso de autoridad.
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