Dos jóvenes estudiantes tuvieron que ser asesinadas recientemente en la Ciudad Universitaria, sede principal de la UNAM, para que tanto la rectoría como las autoridades judiciales del Distrito Federal, anunciaran medidas de seguridad para proteger a la comunidad.
Pero ni aún esos hechos violentos obligan a la comunidad universitaria a enfocarse en un tipo de crímenes que tanto en el campus como en el resto de la ciudad de México siempre se han cometido: los delitos sexuales contra mujeres.
A pesar de ser la institución de investigación científica y humanística más importante del país y posiblemente de América Latina con 45 centros e institutos dedicados exclusivamente a esas actividades, y un Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), la UNAM carece de una sistematización de los casos de violencia sexual en contra de sus integrantes, que le permita implementar estrategias efectivas para prevenir esos crímenes.
En mayo de 1990, el problema de la seguridad en CU fue tema recurrente durante el Congreso Universitario. En los debates se dijo que en la universidad había «cuatro universitarias violadas al día».
En ese año por primera vez se reconoció y abordó formalmente el hostigamiento de algunos profesores contra sus alumnas a cambio de calificaciones, y se habló de las perforaciones en las paredes de los baños de mujeres desde donde son espiadas por estudiantes y maestros.
EL PAISAJE
Las 730 hectáreas del campus universitario –ubicado al extremo sur de la delegación Coyoacán — albergan durante el ciclo escolar a más de 100 mil estudiantes e integrantes del personal académico-administrativo.
Inaugurada en 1952, CU consta actualmente de 360 edificios y una reserva ecológica que ocupa una extensión de 1.46 kilómetros cuadrados y carece de iluminación en amplias zonas solitarias. La cuidan únicamente con dos mil 400 vigilantes sindicalizados.
EL DESINTERES
La violencia sexual contra mujeres de la comunidad universitaria es conocida por sus integrantes. La gran mayoría de las estudiantes, y trabajadoras conoce al menos de una historia sobre hostigamiento, acoso o violación sexual.
Pese a todo, tanto las autoridades universitarias y citadinas demuestran en los hechos su desinterés por atacar de raíz ese flagelo, prevenirlo y en su caso atender a las víctimas de manera integral.
De las medidas implementadas por el rector Juan Ramón de la Fuente –restricción del acceso vehicular nocturno, capacitación de los vigilantes, mejoramiento de los sistemas de iluminación, entre otras–, ninguna contempla específicamente la protección a la comunidad universitaria en contra de delitos sexuales.
Mientras la abogada general de la UNAM, Elvia Arcelia Quintana Adriano, y el coordinador técnico de la Dirección de Operaciones –instancia encargada de la seguridad en CU–, Alfredo Fares Curi, se negaron a informar sobre el número de delitos sexuales cometidos en el campus, la directora del Programa de Atención Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Abuso Sexual (PAIVSAS), Ruth González Serratos, advierte que ningún órgano universitario ha medido la incidencia de esos crímenes en la UNAM.
González Serratos, siquiatra e investigadora con 30 años de laborar en esa institución, subraya que aunque existe «una gran cifra negra» sobre delitos sexuales cometidos en CU, ninguna instancia de la máxima casa de estudios ha realizado un trabajo estadístico al respecto. «Es una labor pendiente que nuestro programa –con sede en la Facultad de Sicología– realizará próximamente.»
En tanto, instancias del gobierno capitalino como la fiscalía especializada en Delitos Sexuales, encabezada por Dulce María Villada, y el agente del Ministerio Público número 22 en la delegación Coyoacán, Jorge Roldán, desconocen la incidencia de crímenes sexuales en el campus.
Contrariamente, el director de Seguridad Pública en Coyoacán, Jesús Escamilla, comenta: «El delito que más se comete en CU es el robo de vehículos, creo que no hay mucha incidencia de crímenes sexuales. Si se denuncian deben estar registrados en las agencias especializadas, pero no quiero declarar irresponsablemente al respecto porque carezco de elementos suficientes».
LA COMUNIDAD
La defensora adjunta de la defensoría de los Derechos Universitarios, Griselda Amuchátegui, sostiene que la instancia a la que pertenece atiende quejas «por incumplimientos de tipo académico» por lo que las denuncias de delitos sexuales «no son de su competencia».
No obstante, añade que las denuncias por hostigamiento sexual «las canalizamos a las agencias especializadas del Ministerio Público». Afirma que la Defensoría de Derechos Universitarios recibe al año «dos o tres denuncias de ese tipo, que finalmente no se investigan porque las víctimas no comprueban los hechos».
Aunado a lo anterior, la ex secretaria de Acción para la Mujer del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) Columba Quintero, manifestó en entrevista que el diálogo entre su organización y rectoría para acordar nuevas medidas de seguridad en el campus no contempla el tema de prevención y castigo de delitos sexuales.
Mujeres estudiantes, sindicalistas y académicas relatan historias de violencia sexual en CU, pero advierten que de ninguna manera representan la cotidianidad de la vida universitaria. Por el contrario, lamentaron que algunos hechos aislados se utilicen para satanizar a la UNAM.
Sobre el hostigamiento sexual de algunos profesores y trabajadores contra mujeres de la comunidad, la economista e investigadora del PUEG, Jennifer Cooper asegura:
«La situación que prevalece en la UNAM hoy en día es que una gran gama de casos de hostigamiento que son serios y envenenan nuestro ambiente laboral-académico, no son atendidos ni resueltos por la falta de canales adecuados para denunciarlos.»
Cabe recordar que los estatutos del STUNAM y su contrato colectivo establecen desde la suspensión de los derechos sindicales de tres a seis meses, hasta el despido de aquellos trabajadores que incurran en actos de violación y hostigamiento sexual, además de las correspondientes sanciones penales.
LAS SOLUCIONES
Al lado de la indiferencia de las autoridades universitarias y judiciales de la capital para prevenir eficazmente los crímenes sexuales en CU, y «la gran preocupación» de la rectoría para evitar hechos violentos en el campus, hay propuestas de los sectores universitarios para tratar de hacer de la UNAM un lugar más seguro.
Sólo un folleto producido por las autoridades universitarias circula en el campus. En él, recomiendan no hablar con extraños, no caminar por zonas alejadas y oscuras, y no acercarse a grupos de personas «que estén alterando el orden», entre otras medidas.
Por el sector académico, la investigadora Jennifer Cooper propone una política interna para investigar y resolver los casos de hostigamiento sexual, y para ello, contar con una instancia operativa conformada por autoridades, académicos y sindicalistas.
La Coordinación General de Investigación de la UNAM prepara en conjunto con el PAIVSAS, el arranque de un centro más amplio de atención a víctimas de delitos sexuales, el cual tendría mayores recursos humanos y económicos.
En tanto, Estrella Soriano estudiante de ciencias de la comunicación e integrante del colectivo Conciencia y Libertad, apunta: «En la medida en que construyamos lazos solidarios entre los sectores de la comunidad, todas y todos nos sentiremos más protegidos. No necesitamos policías en nuestra universidad. Lo que requerimos son cambios culturales que fomenten la ayuda entre la misma banda».
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