El Convenio 169 de la OIT es el único instrumento jurídico de carácter internacional que protege, promueve y propaga los derechos humanos, laborales y económicos de los pueblos indígenas. En México, el Convenio 169 de la OIT es particularmente importante ya que su población indígena es la mayor del mundo (según datos de la Organización de las Naciones Unidas, son más de 15 millones de personas).
Además de servir como base para la legislación nacional, el Convenio 169 es un instrumento de gran importancia para las mujeres indígenas de nuestro país, debido a que establece que para mejorar las condiciones de vida, de trabajo, de salud, de educación y económicos de los pueblos indígenas es indispensable la participación de sus integrantes; sin ningún tipo de exclusión por motivos de género.
Por su naturaleza internacional, el Convenio posee criterios generales a fin de permitir su adaptación en los diversos países que integran la OIT; entre ellos México. De igual forma el acuerdo utiliza conceptos básicos como el de pueblos, indígenas, tierras, territorios indígenas y derechos colectivos.
Su objetivo fundamental es señalar la obligación del Estado para garantizar condiciones equivalentes a las que disfrutan los sectores de la población al asignárseles los territorios adicionales junto con los medios necesarios para el desarrollo económico y social; respetando siempre la identidad y la integridad de los pueblos indígenas.
De esta forma el Convenio se divide en nueve apartados: política general, contratación y condiciones de empleo, formación profesional, artesanías e industrias populares, seguridad social y salud, educación y medios de comunicación, contactos y cooperación por medio de las fronteras, administración y disposiciones generales, y finales.
Asimismo el Convenio responsabiliza a los gobiernos para que desarrollen –con la libre participación de los pueblos– acciones y organismos administrativos que protejan sus derechos, sus instituciones, sus bienes, su trabajo, su cultura y su medio ambiente. Además, plantea el derecho de los pueblos indígenas a decidir cuáles son sus intereses y controlar el proceso de desarrollo económico, social y cultural.
Otros derechos establecidos en el Convenio son su relación con la tierra y sus territorios, el de la propiedad y el de la posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan; lo mismo que el derecho a hacer uso de aquellas que –aunque no estén exclusivamente ocupadas por los grupos indígenas– las utilicen como forma de subsistencia.
Más aún, establece que los gobiernos deben adoptar medidas especiales para garantizarles a los trabajadores que pertenezcan a estos pueblos, protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo; como remuneración igual por trabajo igual, seguridad social, prestaciones de vivienda y libertad de asociación.
El Convenio 169 de la OIT lo han ratificado Noruega, México, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Perú, Honduras, Dinamarca, Guatemala, Países Bajos, Fiji y Ecuador. Nuestro país ha sido miembro de la OIT desde 1931, ubicándose como el primer país de América latina y el segundo en el mundo que ratificaba este instrumento internacional, que entró en vigor hasta 1991.
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