El tema del aborto y las propuestas de las mujeres al respecto fueron el tema de la segunda reunión plenaria del Congreso destinado al debate de la reforma constitucional.
La polémica se desató cuando el representante conservador Rafael Rey planteó que en el inciso primero del artículo 2 de la Constitución, relativo al derecho a la vida, consideró que el no nacido es persona por lo tanto debe prohibirse el aborto junto con la pena de muerte.
Ante ello, el congresista José Barba Caballero, compañero de bancada de Rafael Rey, opinó que si se pretende considerar en la carta política peruana al aborto como un homicidio, el Congreso debería trasladarse al Museo de la Inquisición «para regresar al siglo XVIII entre calaveras, duendes y fantasmas».
Barba opinó que la mención a los derechos del concebido sería suficiente reflejo de una vocación humanista de la Constitución, pero que no debe irse más allá porque el aborto es una realidad que ninguna legislación puede negar.
Asimismo precisó que las estadísticas indican que en el Perú se practican más de 250 mil abortos por año (estudios de las organizaciones feministas señalan que la cifra es superior a 350 mil), de los cuales muchos terminan en desgracias para las mujeres más humildes.
«Pero como este drama social no tiene salida legal ni constitucional, debería exigírsele al Estado una fuerte política de educación sexual para los jóvenes, lo mismo que provisión de métodos anticonceptivos», dijo.
Por su parte la congresista Mercedes Cabanillas expresó que, al lado del reconocimiento de los derechos del no nacido, el texto constitucional debe consignar la obligación del Estado peruano de proveer a las personas en edad reproductiva de la información y los métodos anticonceptivos para que puedan decidir sobre su vida reproductiva.
Agregó que de otra forma la consagración del derecho a la vida resultaría una abstracción, puesto que el aborto clandestino, causante de la muerte de miles de peruanas, es una realidad cotidiana.
La propuesta del Comité de América latina de Defensa de los Derechos de la Mujer, Cladem-Perú, cuestiona las interpretaciones jurídicas que colocan los derechos del concebido por encima de los de la mujer, argumentando que ello menoscaba la dignidad y derechos adquiridos de las peruanas.
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