Un año después del homicidio de la abogada Digna Ochoa, Amnistía Internacional (AI) lamentó la falta de progresos en la investigación oficial, y señaló que las autoridades deben subsanar las irregularidades que caracterizaron a las primeras etapas de la indagatoria.
Frente a las versiones gubernamentales en el sentido de que la defensora de derechos humanos se suicidó, la organización internacional recordó hoy mediante un comunicado que a Digna Ochoa la mataron a tiros en su oficina de la ciudad de México el 19 de octubre de 2001.
Asimismo, aseveró que las autoridades mexicanas deben cumplir su compromiso de investigar el homicidio de manera efectiva e imparcial y garantizar que los defensores de los derechos humanos pueden realizar su trabajo legítimo sin temor a sufrir represalias.
AI consideró que si no se hace justicia en este caso, al que tanta atención se ha prestado en el país e internacionalmente, ¿qué esperanza hay de que se haga en los demás casos de violaciones de derechos humanos?
El organismo señaló el aniversario del homicidio como un momento ideal, aunque doloroso, «para recordar la notable contribución que Digna Ochoa hizo a la protección de los derechos humanos en México con sus constantes esfuerzos por obligar a las autoridades a investigar las violaciones de derechos humanos y poner a sus autores a disposición judicial».
Además, señaló, es también un buen momento para recordar a las autoridades su obligación de investigar el homicidio de manera efectiva e imparcial.
AI refirió que el primero de agosto de 2002 se puso al frente de la investigación a una nueva fiscal, Margarita Guerra, la cual ha manifestado su intención de poner en práctica las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y permitir la participación de los peritos técnicos de este organismo en la investigación.
Sin embargo, concluyó, aunque las autoridades competentes se han mostrado de acuerdo ella, tal participación no se ha hecho aún realidad.
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