No siempre fue así, pero desde hace 64 años el aborto está penalizado en Uruguay. Son más de seis décadas durante las cuales ha habido muchos intentos de sincerarse al respecto, en aras de encontrar alternativas al tortuoso camino que las mujeres resueltas a abortar se ven precisadas a recorrer.
Son más de seis décadas de naufragar por la oposición de algunos sectores, mayormente confesionales, inflexibles e intolerantes a los porfiados hechos: en una sociedad democrática hay pluralidad de opiniones.
Muchos años, muchas palabras, muchos recursos, mucha energía invertida sin encontrar soluciones reales a problemas reales que afectan a mujeres reales y que se proyectan a la sociedad en su conjunto.
Mientras, la sucesión de abortos inseguros practicados en la clandestinidad no se detuvo, como tampoco se detuvieron sus crecientes secuelas que se miden en términos de enfermedades, mutilaciones y muertes. Sin ningún cambio se mantuvo también la apatía de las autoridades competentes para aplicar una ley, la vigente, que nadie respeta.
Una ley que no disuade a las mujeres porque, cuando ellas deciden abortar es porque les sobran ponderadas razones. Una ley que tampoco compromete a quienes tienen que aplicarla, porque nadie ignora que un mayor celo de su parte convertiría al país en una enorme cárcel para tantas personas que a diario quedan involucradas al practicar un aborto: las que toman las decisiones, las que las ejecutan y las cómplices.
Ahora, por primera vez y ¡por fin!, un proyecto que habilita la práctica legal de las intervenciones en determinadas condiciones y con los controles adecuados ha llegado a un pleno parlamentario, el cual tiene ante sí la oportunidad histórica de participar en la solución de un gravísimo problema de salud pública que se agudiza en la medida en que el país trepida y el Estado se bate en retirada de sus deberes para con el bien común.
En Uruguay, más de la mitad de las niñas y niños nacen por debajo de la línea de pobreza, mientras el embarazo entre adolescentes crece; y es que el sistema educativo no incluye educación sexual y las políticas públicas capaces de promover la maternidad-paternidad responsable brillan por su ausencia.
RESPONSABILIDADES EN JUEGO
Como reflejo de esa ya añosa dificultad de la sociedad uruguaya para encontrar una salida consensuada al problema del aborto, las intervenciones en lo que va del debate parlamentario alternaron entre quienes lo aceptan y fundamentan como un recurso no querido pero necesario, y quienes lo rechazan tajantemente.
Estos últimos o no proponen alternativas o remiten a situaciones ideales, hoy más lejanas que nunca de las realidades sociales del país.
Sin duda la discusión así planteada es reflejo del estado de las cosas en la sociedad misma, por lo que las y los parlamentarios enfrentan hoy un doble desafío: no sólo asumir la responsabilidad de dar una respuesta desde su competencia, sino también de contribuir a desmontar una confrontación estéril y sustituirla por una actitud más sana que tome en cuenta y respete las diferencias.
Porque mantener la criminalización del aborto pone en grave riesgo a quienes no tienen otra opción más que recurrir a él, pero incriminarlo no obliga a nadie a hacer lo que su conciencia rechaza.
Muchas y muchos representantes de todos los partidos tienen muy claro ese compromiso y le harán honor. Otros y otras todavía pueden revisar y flexibilizar sus posiciones.
No obstante lo que no cabe es abortar el tan esperado debate, sacando la pelota de la cancha, después de que tanto costó colocarla.
En la Cámara se habló de plebiscito y de iniciativa popular, como una forma de que la población aborde directamente un asunto tan delicado. Fuera de ese recinto, y desde las filas foristas, el diputado Washington Abdala se permitió dudar de la extensión del poder delegado en los parlamentarios, a modo de fundamentación de esa propuesta.
Curioso, por lo menos, que esa inquietud emerja justamente con relación al aborto y nunca antes cuando en esas mismas tiendas se decidieron otras suertes vitales para una población ahora tan considerada.
Por su parte el Partido Independiente presentó en pleno debate otro proyecto de ley sobre «planificación familiar, educación sexual y circunstancias, plazos y requisitos para la interrupción excepcional del embarazo», que entre otras cosas agrega un periodo de reflexión para la mujer que quiere abortar, con asesores profesionales multidisciplinarios.
No obstante una pregunta se impone: ¿por qué se duda tanto de la capacidad de las mujeres para decidir responsablemente acerca si continuar o no con un embarazo que se desarrolla en su propio cuerpo y que le supone una vinculación de la que, en la mayoría de los casos, tendrá que hacerse cargo ella sola?
El Partido Nacional, por medio de la diputada Beatriz Argimón (que no votará la iniciativa), criticó duramente la administración del presidente Jorge Batlle por amenazar con el veto si se aprueba la ley, al tiempo que no les ofrece ninguna alternativa a las mujeres para evitar que se vean enfrentadas a la necesidad de abortar. LA RESPUESTA QUE LA SOCIEDAD MERECE
La sociedad se merece la máxima ponderación de la respuesta parlamentaria, pero también el mayor respeto a sus necesidades reales y acuciantes. Oídos abiertos y corazones presentes es lo menos que se les puede pedir a los representantes del pueblo para superar la impotencia de no haber podido evitar que las mujeres (particularmente las pobres), sigan padeciendo miedo, vergüenza, desprotección, mutilación y muerte cuando los anticonceptivos fallan, las violen o la ignorancia atente contra sus sueños adolescentes y juveniles entre otros supuestos.
De no encontrar una solución consensuada sólo aquellas mujeres que dispongan de recursos seguirán, como en los últimos 64 años, haciendo efectiva su voluntad en clínicas, siempre clandestinas, pero con las debidas garantías sanitarias; mientras las pobres, que son cada vez más, continuarán llegando a los hospitales públicos con cuadros severos, consecuencia de abortos mal practicados.
¿Es eso lo que quiere la sociedad uruguaya?
* Directora del suplemento feminista La República de las Mujeres
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