A pesar de que las reformas al sector salud en los países de América latina aún no demuestran con claridad sus efectos en la población, a decir de diversos especialistas, para tener acceso a una mejor atención en salud ahora las mujeres padecen más penurias que cambios satisfactorios.
La profesora investigadora de la maestría en medicina social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, Carolina Tetelboin, escribe en su estudio Aspectos de los sistemas de salud de Chile, Colombia y México, que es a partir de la década de 1980 cuando se ponen en marcha diversas reformas a los sistemas de salud; para ello se basan en tres estrategias fundamentales: la privatización selectiva, la descentralización y la focalización.
La primera (la privatización), explica, es selectiva porque «sus alcances son diferenciales que dependen de las características de las instituciones y del diseño de su papel en el futuro».
La privatización, dice, se traduce en que las instituciones públicas sanitarias disminuyen sus gastos de operación e inversión, a la vez que reducen sus funciones, contratan sistemas privados de seguridad y limpieza o usan cierta tecnología; además de que también administran de forma privada servicios con presupuesto público.
La segunda (la descentralización de los servicios de salud), continúa Tetelboin, implica la transferencia de autoridad, las funciones y los recursos del gobierno central estatal y municipal.
En tanto la focalización de la atención en salud se refleja en la identificación de las personas que serán beneficiadas con los llamados paquetes básicos de salud.
EFECTOS EN LAS MUJERES
Para la investigadora Priya Nanda, del Centro para la Salud y la Igualdad de Géneros, las reformas sanitarias «son indiscutiblemente necesarias pero insuficientes»; sobre todo en áreas como la salud sexual y reproductiva.
Desde su punto de vista «los diseñadores de políticas suelen ser reticentes a la inclusión de los derechos y la salud reproductivos y sexuales dentro de los sistemas nacionales de salud».
En el caso de Perú, por ejemplo, el proceso de descentralización de los servicios de salud que llevó a la creación de los Centros Locales de Administración Compartida (CLAS) no ha respondido a las necesidades de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva.
La investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Liliana la Rosa Huertas, califica de muy grave que los CLAS (entidades de administración conjunta de los servicios de salud entre autoridades sanitarias y comunidades) no incluyan en sus planes locales la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres adultas y adolescentes.
A pesar de que los CLAS permiten la democratización de los servicios de salud en las comunidades, asegura la Rosa Huertas, las mujeres carecen de esos servicios ya que no están incluidos en los paquetes básicos.
EL CASO DE MÉXICO
La reforma sanitaria en México, la cual una de sus aristas es la descentralización, ha demostrado deficiencias en la prestación de servicios de salud reproductiva.
Como señalan Gustavo Nigenda, Rosario Valdez y otros investigadores del Centro de Análisis Social y Económico de la Fundación Mexicana para la Salud, los programas públicos de salud reproductiva padecen en las clínicas una escasez de medicamentos y anticonceptivos debido a supuestos problemas de distribución.
En su estudio Descentralización y programas de salud reproductiva, publicado en septiembre de este año, Nigenda y compañía advierten que el Programa de detección oportuna de cáncer cérvico uterino enfrenta muchos problemas.
Entre ellos la ineficacia del proceso para la toma de muestras, el análisis, la lectura y la devolución de resultados que se ve afectado por factores culturales, educativos y físicos por parte de las usuarias; así como la falta de capacitación del personal sanitario y las diferencias de asignación de recursos humanos y de productividad entre estados y centros urbanos y rurales.
LA REFORMA Y EL ROL DE LAS MUJERES
Al mismo tiempo los procesos de reforma del sector salud en México y las naciones de América latina generan una sobrecarga del trabajo doméstico de las mujeres, toda vez que se les traslada labores de prevención y promoción de la salud en la familia, así como actividades curativas.
La asesora regional del Programa Mujer, Salud y Desarrollo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Elsa Gómez, advierte que una de las constantes de la reforma sanitaria en AL «es reducir las estancias hospitalarias de enfermos mentales y ancianos».
Esas medidas se llevan a cabo, explica, «con la idea de que las mujeres cuiden a los enfermos en sus casas. De esa manera, ellas tienen que salirse del trabajo para hacer esa labor por lo general para los padres de la pareja, porque ni siquiera de los propios».
Así, por ejemplo, el Programa Nacional de Salud 2001-2006 en México preve reforzar el Programa de atención domiciliaria del enfermo crónico del IMSS; que comenzó en 1990 y tiene por objeto «la integración temprana del enfermo crónico a su núcleo familiar, lo mismo que la realización de procedimientos básicos de atención en el hogar y la participación activa de los familiares en el cuidado del paciente».
La Secretaría de Salud (Ssa) asegura que ese programa ha demostrado ser benéfico para los pacientes ya que «favorece el compromiso de la familia, mejora su relación con el médico y facilita las acciones focalizadas de educación para la salud en el ambiente en el que se llevarán a cabo».
POSIBILIDAD DE CAMBIO
Ana Cristina González, directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud de Colombia, lo tiene claro: «parte de la reforma en salud de los países latinoamericanos se sustenta en el trabajo gratuito que hacen las mujeres en el ámbito doméstico».
Para ella el proceso de reforma en la región «no necesariamente va por la equidad de género», aunque destaca que los principios en los que se basa (equidad, universalidad y solidaridad) «son terrenos propicios para que empecemos a hablar de equidad en las relaciones de género».
Por lo mismo Cristina González sostiene que la descentralización de los servicios de salud en los países de América latina no garantiza en sí misma nada en favor de los derechos de las mujeres.
«Pero hay que aprovecharla en términos conceptuales para recrear el proceso de reforma y estimular desde los niveles locales la participación de mujeres y hombres» en la planeación de servicios sanitarios, asegura.
La funcionaria colombiana concluye que una reforma en el sector sanitario, para que sea positiva, «debe implementar servicios que tomen en cuenta a las mujeres como sujetos de derechos».
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