Al menos dos millares de centros de educación preescolar comunitaria y las madres que usan estos servicios, cuya realidad cotidiana es «hacer más con menos», quedaron en el limbo legal tras las reformas constitucionales que hacen obligatorio asistir a la escuela antes de los seis años.
Hasta el pasado 12 de noviembre, cuando se publicó el decreto de que modifica los artículos tres y 31 constitucionales, el jardín de niños y sus variantes no estaban regulados en el país y tenían carácter optativo. De acuerdo a la vocería de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo anterior favoreció durante años una calidad irregular entre los prestadores particulares del servicio.
Pero también permitió el funcionamiento de los programas de atención comunitaria, gracias a los cuales millones de mujeres han podido trabajar fuera del hogar y dejar a sus hijos en un lugar seguro.
Las reformas, vigentes desde finales del año pasado, prevén la regulación, por primera vez, de todos los jardines de niños y guarderías privados que ofrezcan servicio para niñas y niños, sin embargo no hacen mención a los que funcionan bajo el esquema comunitario.
Entre esas instituciones están mil 900 Centros de Atención Infantil Comunitaria dependientes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en los que tres mil personas atienden a 65 mil menores.
También las guarderías de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dependientes del Programa de Jornaleras Agrícolas (PAJA) con 148 centros y siete mil 400 menores atendidos por 700 personas, así como del Programa Jefas de Familia de Sedesol con 250 centros donde 210 personas atienden a seis mil niños.
Por parte de la sociedad civil funcionan en el país 277 centros comunitarios donde 12 mil 973 menores son atendidos por mil 50 educadoras comunitarias, modelo que se caracteriza por usar la fuerza de trabajo local, en particular las madres, para fungir como docentes, independientemente de su grado escolar.
En 11 de las delegaciones políticas del Distrito Federal y cuatro municipios aledaños del estado de México, la Coordinadora Popular de Madres Educadoras (Copome) reúne a 37 centros con una población de dos mil 809 infantes atendidos por 204 educadoras, la mayoría madres de la comunidad que se capacitaron para cubrir su función sin cursar la educación media.
La Copome, cuyo folleto anuncia «Somos mujeres y madres que no aceptamos un fatal destino gris» trabaja desde hace 20 años desde distintos centros enclavados en las zonas marginadas de la ciudad y se constituyó como asociación en 1996. Cuentan con algunos apoyos del gobierno capitalino y la cooperación internacional holandesa.
En la vida diaria, los apoyos externos son insuficientes. Al entrar al centro infantil «El Delfín» ubicado en la depauperada colonia Balcones de Ceguayo de la delegación Alvaro Obregón esto se hace evidente.
HIJAS E HIJOS DE TRABAJADORAS DOMÉSTICAS
El Delfín recibe a 58 niñas y niños mayores de 18 meses y menores de seis años de las siete a las 16 horas, pero su estancia suele prolongarse porque las madres de familia, casi todas ellas trabajadoras domésticas, obreras en microindustrias y jefas de familia, requieren trabajar más tiempo para salir adelante.
Magdalena Alcalá, trabajadora doméstica que trae aquí a sus hijos Saul, Itzel y Jonathan, explica a cimacnoticias que en el kinder oficial salen temprano y no hay quien se los cuide después de la una de la tarde.
Abunda sobre las escasas opciones educativas que se ofrecen en la colonia, donde gastar en transporte (entre dos pesos y ocho pesos cada día) es una variable importante en el gasto familiar. «Hay dos kinder de gobierno y hay más de paga.»
Los jardines de niños dependientes de la SEP atienden en un horario de las nueve de la mañana a las 12 del mediodía y otras tres horas en el turno vespertino Aquí solamente funciona por ahora uno, el Yeyetzi, que tiene que dividir por la mañana dos turnos de dos horas al día.
Rosario García fue cofundadora –con su hermana Carmen, psicóloga– de este centro infantil que cobra 200 pesos mensuales por niño al mes, con lo que se recuperan algunos gastos corrientes.
En comparación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destina dos mil pesos al mes por cada niña o niño que utiliza su servicio concensionado o subrogado de guarderías, de acuerdo con información oficial.
A la población de El Delfín, «no se le puede cobrar, conocemos sus casas, algunas son de cartón con lámina, somos vecinos», explica Rosario García, quien reconoce que las cinco personas que laboran en el centro hacen mucho con pocos recursos, «principalmente con entusiasmo.»
El médico del plantel, Vicente López Quintero quien presta la casa de este centro, critica que «desde fines de los sesenta el estado se ha desobligado del aspecto social, dejando un espacio que tratan de llenar las organizaciones civiles.» Ahora las madres, los niños y los proyectos de educación comunitaria, quedan desprotegidas por las reformas a la constitución.
LAS REFORMAS EDUCATIVAS
Con la entrada en vigor de las nuevas reformas sobre educación, a partir del 2004 será obligatorio cursar tercer año de preescolar ; segundo a partir del 2005 y primero a partir del 2008. El estado habrá de univesalizar en todo el país y con calidad, la oferta de este servicio educativo, indica el Diario Oficial de la Federación.
El estado queda obligado a construir, ampliar y equipar la infraestructura suficiente para cumplir con la demanda, así como formar al personal docente y generar materiales de estudio gratuito.
Las reformas establecen que «la impartición de la educación preescolar es una profesión que necesita título para su ejercicio, sin prejuicio de los derechos adquiridos de quienes a la fecha imparten este nivel educativo.»
En la realidad, la SEP reconoció que en el ciclo 2000-2001 atendió solo a tres millones 423 mil 608 alumnos en ese nivel. Pero la población de cuatro años a cinco con 11 meses de edad es de cuatro millones 526 mil 825, cifra que representa tres cuartas partes de la demanda, a la que se agregarán los niños de tres a cuatro años.
Leticia Chávez, vocera de la Copome explica que aunque es positiva la regulación de la educación preescolar, las integrantes de la organización están alarmadas por la exclusión de las niñas y niños más pobres que viven en comunidades remotas, donde ni siquiera el Consejo para el Fomento Educativo (Conafe) ha podido entrar.
«El otro riesgo es el deterioro de la calidad de vida de las mujeres con hijos pequeños porque tendrán que dejar de trabajar para ir a llevarlos tres horas a la escuela o buscarse un empleo de menos ingresos y hablamos de ocupación en cosas como maquila o el aseo, actividades que no les generan prestaciones sociales».
Y todo ello, asegura, por generar políticas sin visión de género.
En México, de acuerdo con datos oficiales, 40 por ciento menores de cinco años viven en los hogares de menos ingresos y en el 22 por ciento de los hogares urbanos están jefaturados por mujeres.
MRM/MEL
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