Siete de cada diez mujeres de Sinaloa son víctimas de violencia por parte de su pareja. Amparada por el espacio y la institución en la que se produce: la casa y la familia, la agresión es protegida por la invisibilidad social, el silencio de la intimidad del hogar y la justificación dada por costumbres y tradiciones.
Cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) revelan un incremento en el caso de la violación denunciada, ya que mientras en 1988 había 65 averiguaciones previas registradas, para el 30 de noviembre de 2002 había 191, de las cuales el 70 por ciento fueron cometidas contra mujeres.
El estudio «Violencia hacia las mujeres», del Instituto Sinaloense de la Mujer (ISM), revela que la ignorancia, los prejuicios y las falsas creencias refuerzan la formación desigual de mujeres y hombres, lo que origina que imperen relaciones de poder y dominación en las que ellas son abusadas, siendo la violencia la manifestación más común.
La violencia contra las mujeres afecta a los diversos estratos sociales, grupos culturales, edades y niveles de instrucción. Sus efectos van más allá de las víctimas, pues se ven afectados hijos, amistades y familia; repercute en el desempeño laboral y en los sistemas de salud, educación y justicia. «De ahí que la violencia contra las mujeres no sea un asunto privado sino social», establece el análisis.
VIVIR EN EL MIEDO
Respecto a la violencia en general, Sinaloa ocupó el cuarto lugar como una de las entidades del país donde su población se siente insegura, según la Primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública, realizada en mayo del 2002.
Los resultados del estudio, efectuado por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, integrado por los despachos Consulta Mitofsky, Ipsos-Bimsa, Berumen y Gaussc, revela que el 60 por ciento de la población consideró que vivir en la entidad es inseguro.
Esa encuesta ubica al Distrito Federal en primer lugar, seguida de Morelos, Tabasco y Sinaloa.
Según información difundida por medios impresos de la entidad, pese a que en el año 2002 hubo una reducción de los delitos, según cifras oficiales, la percepción ciudadana es que prevalece la inseguridad, afirma el periodista Raúl Francisco Quiroz, del periódico Noroeste.
El articulista señala que en 2002 la violencia alcanzó circunstancialmente o directamente a los gremios profesionistas de la entidad.
Un caso que conmovió a la ciudadanía fue el asesinato «casual» de la maestra de preescolar Nancy Valenzuela Díaz, ocurrido el 19 de mayo en la colonia Las Quintas, refirió.
La educadora llegaba a su domicilio de la mano de su hija menor de edad, cuando a calle y media sicarios dispararon sus «cuernos de chivo» y mataron al presunto narcotraficante Rigoberto Imperial Rojo, pero también a Valenzuela Díaz.
DELITOS SEXUALES
La presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia, de LVII legislatura estatal, María Victoria Vega, dijo a cimacnoticias vía telefónica que es impresionante como nadie pone atención a los delitos sexuales que se comenten en la entidad, pues de 1998 a noviembre de 2002, éstos se han incrementado sobre todo contra la población femenina.
El número de delitos sexuales contra mujeres y menores aumenta cada día en la entidad, «mientras la ignorancia y el miedo impiden que las víctimas denuncien la agresión», denunció la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Informó sobre la realización del Primer Taller sobre Delitos Sexuales, Aborto y Delitos contra la Familia, que tendrá lugar en la sede del Congreso estatal y cuyo objetivo es impulsar la defensa de los derechos sexuales y reproductivos para combatir la impunidad sobre todo ante los graves abusos contra mujeres y menores.
Respecto a las niñas y niños víctimas de abuso, el ISM señala que los abusos sexuales se definen a partir de dos grandes conceptos: el de coerción y el de la diferencia de edad entre agresor y víctima. «La coerción -fuerza física, presión o engaño- debe ser considerada por sí misma criterio suficiente para que una conducta sea etiquetada de abuso sexual hacia el menor, independientemente de la edad del agresor».
Además de las conductas físicas, los abusos comprenden la explotación sexual. Es decir, implicar a menores de edad en conductas o actividades que tengan que ver con la producción de pornografía, promover la prostitución infantil, y obligar a los niños a ver actividades sexuales de otras personas.
El ISM explica que lo más común es que quienes abusan sexualmente de niñas y niños son personas a las que el niño conoce y que lo pueden controlar. En 8 de cada 10 casos reportados, el abusador es conocido por la víctima.
RECTIFICACION
El 26 de septiembre del año pasado, el gobernador del estado, Juan Millán Lizárraga, envió al congreso local las correcciones a su propuesta de reforma al Código Penal referente a 12 delitos, entre ellos los sexuales: ataque sexual, estupro, acoso sexual y lenocinio.
Esto, luego de que el mandatario se reunió con organizaciones de mujeres de Sinaloa, quienes le demandaron corregir su propuesta enviada al congreso estatal el 4 de septiembre anterior, en la que pretendía disminuir las penas por abuso sexual, violación y atentado contra el pudor, entre otros.
Bajo el argumento de que la disminución en las penas a los delitos sexuales era un error de sus asesores externos.
En la primera propuesta del ejecutivo estatal se pretendía disminuir las penas para el delito de violación de 15 a 12 años la pena máxima. En el de violación a menores de 12 años, la propuesta era bajarla de 30 a 12 años de prisión y en delitos contra el pudor se intentaba reducir la condena a tres meses o un año de prisión.
En la reunión con el mandatario estatal, Guadalupe Hernández, de la asociación civil Instituto de las Mujeres y el Liderazgo en Sinaloa (IRIS), lamentó que el gobierno haya destinado más recursos al secuestro, minimizando el delito de violación pese a que tiene mayor frecuencia, según datos de la PGJE.
Así, la violencia es una conducta humana aprendida, sus acciones están encaminadas a limitar, controlar, condicionar, someter y dominar por medio de la fuerza, a no respetar la voluntad de las y los demás. De ello, organismos internacionales han denunciado que este es el crimen encubierto más extendido de la humanidad.
RG/MEL
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