Un día después de iniciarse la primera Guerra del Golfo, en 1991, Madrid parecía una ciudad fantasma. Ya no recuerdo si el día estaba brumoso o quienes vivían en esta ciudad proyectaban el dolor, el miedo, la angustia y la incertidumbre en neblina.
Y hoy como entonces, el gobierno de España dijo sí, no obstante las condiciones eran otras: Irak había invadido a su vecino Kuwait, la comunidad internacional aprobó la decisión y el movimiento social no tenía norte tras la reciente caída del muro de Berlín.
A 12 años de distancia sorprende el despertar de sentimientos que han recordado la guerra civil española, las movilizaciones en los momentos de la transición democrática y han borrado diferencias para tomarse la calle porque cerca del 80 por ciento de los españoles creen que la guerra afectará a España.
No les falta razón porque en Andalucía están activas las bases militares de Rota y Morón; por la cercanía con la zona en conflicto y particularmente, porque el gobierno ha tenido una activa participación en la decisión de la guerra.
Ese temor se ha convertido en abierto rechazo, en espontáneas tomas de los espacios públicos ya traducidas a cifras.
Nueve de cada 10 españoles rechazaron la guerra y el 67 por ciento defendió la neutralidad de España cuando aún no había iniciado la invasión, según el resultado del sondeo realizado por el Centro de investigaciones Sociológicas, realizado entre el 22 y el 26 de febrero pasado.
El qué hacer se discute en la universidad, en el sindicato, en los sitios de trabajo. En los hospitales las enfermeras se reúnen para debatir cómo parar la guerra y cómo contribuir desde su espacio profesional para salvar a las víctimas, mientras que los médicos gritan su «No a la guerra».
Hombres y mujeres de todos los estamentos sociales, de todas las profesiones acuden a los parques y plazas con velas, a las cacerolas, a pintar sus manos de rojo, a parar la jornada laboral, a inundar las calles y carreteras con improvisadas frases y carteles, a presentar enormes pasacalles en los estadios y edificios.
Todas, todos han recurrido a las páginas en Internet, a firmar documentos, a realizar un referéndum (Barcelona) y a asistir al Parlamento. Las emisoras y canales de televisión, a favor o en contra emiten sin parar la información.
La iniciativa no tiene límites y esos jóvenes que veíamos dormidos debatiendo por el derecho a beber cerveza en espacios públicos (el botellón), hoy hacen causa común con el amplio movimiento contra la guerra porque se encuentran en ese 79,2 por ciento que está de acuerdo con que se hubiesen aplicado las resoluciones de la ONU que obligaban a Irak a desarmarse.
Un grupo minoritario no puede empañar las multitudinarias e inagotables manifestaciones, como tampoco la ciudadanía y partidos podrán tolerar la actitud agresiva y violenta de la policía.
El estado de derecho debe preservar el derecho a la libertad de expresión y de manifestación, aunque la firmeza en su defensa y aplicación esté debilitada por el apoyo del gobierno a Estados Unidos en la invasión a Irak.
2003/FC/MEL
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