La guerra por el control de calles y liderazgos en la Merced obligó al cierre temporal del Centro de Atención Integral a Sexoservidoras (CAIS), lo que evitó hechos de violencia entre grupos de mujeres dedicadas a esta actividad, y podría originar la intervención del gobierno capitalino.
Tras acusaciones de lenocinio a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) –una de las instancias encargadas del funcionamiento del CAIS–, su presidente Emilio Alvarez Icaza decidió cerrar el centro.
Luz Rosales, directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres), –órgano que apoya económicamente al CAIS–, dijo que el cierre permitió proteger a sus 200 usuarias y pidió a los grupos actuar de manera pacífica, «porque un choque no conviene a nadie».
Sofía Román coordinadora de la Asociación para el Desarrollo Integral AC, (Apadi) organización que trabaja dentro del CAIS, aceptó que las usuarias denunciaron amenazas contra su integridad física, por lo que pedirán la intervención del gobierno capitalino.
A su vez, Elvira Madrid, integrante de la organización civil Brigada Callejera, una de las que integran el llamado Grupo de Trabajo del Sector Sexual, opositor del CAIS, deslindó al grupo de las amenazas de muerte contra las trabajadoras sexuales.
En este contexto, Irma Rosa Martínez, directora de Comunicación Social de la CDHDF, informó que se llevan a cabo investigaciones y hay contacto con todos los grupos involucrados, pero será hasta dentro de tres semanas cuando la comisión fije su posición.
LENOCINIO
Y es que a principios de este mes -durante una reunión con el ombudsman capitalino- representantes de las organizaciones denunciaron a Elvira Reyes, coordinadora del CAIS, por la venta de «puntos tolerados».
Tales aseveraciones provocaron la reacción airada no sólo el presidente de la CDHDF, sino de todos aquellos actores involucrados en el trabajo del CAIS.
Elsa Conde, una de las fundadoras del CASI y actual vicepresidenta de México Posible, explicó que el centro atiende a sexoservidoras que han pasado por todas las organizaciones –-que poco a poco las han ido abandonando–, y que por sus edades de 35 y 60 años, han dejado de ser del interés de los grupos.
Según Conde, desde la apertura del centro en 1998, hubo rechazo, resistencia y ataques, sin embargo, señaló que la política pública no puede ser truncada por las presiones de los grupos, dada la existencia de cerca de dos mil sexoservidoras en esta zona que requieren de servicios como los que brinda el CAIS.
A la fecha se tienen identificados cerca de 13 grupos con trabajo en el campo de la prostitución y de explotación sexual, que se organizan por territorios, calles y puntos tolerados en la Merced, zona histórica donde se concentra el comercio, la pobreza y la marginación.
Aquí mujeres pobres, –que en su mayoría vienen huyendo de la violencia y el abuso sexual–, de estados como Chiapas, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de México, llegan a las terminales de autobuses de la zona donde son atrapadas por las redes organizadas.
Conde defendió el trabajo que desarrollado el CAIS, encabezado por la promoción de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, y consideró que todas las acusaciones son falsas, por tanto no podrán ser comprobadas.
Indignada, aseveró que la única misión del CAIS es mejorar las condiciones de vida de las sexoservidoras, por lo que dijo desconocer la intención de golpear a una institución de esta naturaleza.
En opinión de Elsa Conde, los ataques al CAIS obedecen a que el centro ha dotado de instrumentos a las mujeres para organizarse, defender sus derechos y poder enfrentar la extorsión e incluso han podido desde esta trinchera hacer propuestas para la reforma del Código Penal del Distrito Federal.
Sofía Román coincidió con Elsa Conde en el sentido de que las sexoservidoras del Cais han aprendido a no depender de las organizaciones, a defenderse por sí solas de los lenones y a trabajar para sí mismas, de ahí que los grupos se sientan desplazados.
2003/SM/MEL
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