Las indígenas mexicanas, cuyo riesgo de morir por embarazo, parto o posparto es tres veces mayor que para el resto de las mujeres del país, contarán a partir del próximo mes de junio con seis centros especiales donde recibirán atención en salud sexual y reproductiva, informó la encargada del Programa Intersectorial de Atención de Mujeres Indígenas, Paloma Bonfil.
Las llamadas Casas de Salud para la Mujer Indígena funcionarán en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero (sur); Puebla (centro); Chihuahua y Baja California (norte), explicó Bonfil, cuyo programa depende de la Oficina de la Presidencia para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Las casas serán manejados por las mujeres indígenas, pero con base en los programas de gobierno. «Se busca un diálogo entre personal del sector salud y las parteras, promotoras de salud o médicas tradicionales», explicó la funcionaria a Cimacnoticias.
Precisó que el proyecto fue elaborado el año pasado con la participación de organizaciones de la sociedad civil, especialistas y académicas y prevé capacitar a parteras o terapeutas tradicionales en programas de atención primaria sobre salud sexual y reproductiva.
Ahí podrán ser detectados casos de cáncer cérvico-uterino y embarazos de alto riesgo, además se dará asesoría en temas de mortalidad materna, planificación familiar y se habrá un programa especial para la detección, prevención y atención de violencia intrafamiliar, un problema fuerte entre las indígenas.
COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL
Bonfil reveló que se tratará de vincular a estas casas con redes ya existentes, como los comités por una Maternidad sin Riesgos o Contra la Violencia hacia las Mujeres.
Reconoció que es un proyecto complicado, porque en el aspecto institucional participan el programa federal Mujer y Salud, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como las instancias estatales de salud.
Desde el año pasado, Bonfil se encarga además de impulsar una estrategia llamada Proyectos de Organización Productiva, que cuenta con un fondo de 100 millones de pesos y cuyo objetivo es lograr el desarrollo económico de las comunidades y promover la organización de las indígenas en actividades empresariales.
El programa, precisó, tiene tres fases: autoconsumo, comercialización y empresarial. Además se trabaja para arrancar con grupos que no tengan ninguna experiencia de trabajo productivo o muy poca y que desarrollen proyectos que no necesitan meterse al mercado.
Bonfil destacó que cuando estos grupos se consolidan, la idea es que pasen a un segundo tipo de apoyos que ya serían más comerciales, como tiendas, molinos y artesanías. Donde las mujeres más cohesionadas se pueden organizar para salir a vender.
La tercera fase –empresarial-, es para los grupos que han desarrollado un filón económico y ya tienen listas para entrar al mercado con todas las ventajas, explicó.
El programa se aplica en tres estados: Chiapas, Estado de México y San Luis Potosí. «No se pueden hacer programas de escritorio, se tienen que hacer donde están las mujeres indígenas».
Bonfil destacó que esos programas buscan erradicar en forma paulatina las condiciones de miseria en que viven más de 10 millones de indígenas mexicanos, en particular las mujeres.
El 95 por ciento de la población indígena vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. De esta situación, las mujeres, llevan la peor parte, aseguró.
INDÍGENAS, LAS MAS POBRES
La socióloga rural destacó que las mujeres indígenas son más pobres que otras no indígenas, pues tienen menos acceso a la tierra, al empleo remunerado, a la participación política y por lo tanto la defensa de sus propios derechos y menos acceso a la alimentación.
Destacó la necesidad de abrir espacios, contar con personal sensible, gente que entienda que cuando habla con autoridades civiles o tradicionales, no necesariamente está escuchando lo que las mujeres necesitan, padecen o demandan.
2003/RO/MEL
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