Por la defensa del estado laico, diversas voces de la sociedad civil se unieron a lo largo de la semana a la demanda interpuesta por el nuevo partido, México Posible, contra cuatro obispos mexicanos.
Los obispos Mario de Gasperín, de Querétaro; Jacinto Guerrero Torres, de Tlaxcala; Florencio Olvera, de Cuernavaca, Morelos y el arzobispo de Acapulco, Guerrero, Felipe Aguirre Franco, exhortaron a sus feligreses a no votar por México Posible.
En la plataforma del partido, fundado por activistas del feminismo, así como defensores de los derechos humanos y el medio ambiente, está la despenalización del aborto, porque es un asunto de justicia y salud pública, así como la despenalización del uso de la mariguana para contrarrestar los efectos del narcotráfico. Además del respeto a la diversidad sexual.
Como respuesta a los obispos, México Posible presentó una demanda penal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales contra el obispo de Gasperín, por su presunta violación a la Constitución, y a los códigos Penal y Electoral federales al interferir en las campañas políticas de los partidos.
La presidenta nacional de México Posible, Patricia Mercado, informó que en dos o tres meses habrá una resolución judicial sobre la demanda contra el obispo de Gasperín, y confió en que el caso no quedará impune luego de que la Secretaría de Gobernación dijo que está pendiente del asunto.
Recordó que desde hace más de un mes México Posible entregó una carta al presidente del Episcopado Mexicano, Luis Morales, en la que solicitaban abordar la incipiente campaña de la Iglesia católica contra sus propuestas partidistas.
La feminista Patricia Mercado aseguró que su partido busca el diálogo con la jerarquía católica y llama a crear frente común con otros partidos de izquierda, como el de la Revolución Democrática (PRD), para contrarrestar los efectos de la injerencia del obispado.
La demanda hecha por México Posible recibió el apoyo de más de 200 organizaciones civiles del Frente por el Fortalecimiento de la Cultura Laica, que condenaron la «alianza perversa» entre la iglesia y el gobernante Partido Acción Nacional (PAN) al exigir a la Secretaría de Gobernación defender el Estado laico.
Gabriela Rodríguez, representante del frente, pidió sanción a los obispos con base en la Ley de Culto y Asociaciones Religiosas, en tanto que Orfe del Castillo, directora de la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, asegura que la Iglesia Católica podría hasta perder su registro al demandar que el clero sea llamado a rendir cuentas.
En tanto, Pilar Muriedas, integrante de la organización civil Salud Integral de la Mujer (Sipam) pidió a los ministros renunciar a sus cargos en el caso de pretender formar otro partido político.
Las asociaciones integrantes hacen hincapié en que el Estado laico es la base de la democracia, por lo que sólo a las organizaciones políticas y a la ciudadanía toca el debate de las plataformas políticas y no a la jerarquía católica.
CATÓLICAS PROGRESISTAS
Para las católicas progresistas el asunto es claro. La directora en México de la organización civil, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), María Consuelo Mejía, acusó a la jerarquía católica mexicana de «usar su lugar de privilegio y abusar del poder simbólico que representa para descalificar a partidos políticos o personas como si hablaran en nombre de Dios».
Para esta mujer que comparte la fe con los religiosos demandados, es muy delicada la violación de principios constitucionales que establece la separación de la Iglesia y el Estado.
Considera que con la demanda penal a los prelados, México Posible pone en la mesa del debate, lo que este gobierno panista intenta: «borrar los linderos entre el Estado y Iglesia».
2003/MR/MEL
| |
disponible para periodistas y medios de comunicación impresos y electrónicos por favor citen la fuente El servicio informativo se realiza gracias al apoyo |
