Trece años antes de que la Organización de las Naciones Unidas estableciera el 11 de julio como el Día Mundial de la Población en 1987, se aplicó por primera vez en México la Ley General de Población con el objetivo de controlar la fecundidad y con ello el crecimiento poblacional.
Actualmente, a 29 años de la aplicación en el país de dicha ley, se ha logrado reducir de siete hijos por mujer en los años 70, a 2.4 en la actualidad.
Estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) señalan que si en los años 70 las mujeres tenían siete hijos en promedio, ocupaban 25 años de su vida criándolos, actualmente, al tener en promedio dos hijos únicamente destinan 10 años al cuidado y crianza de éstos.
El Conapo es la instancia de gobierno encargada de formular los programas necesarios para aplicar la política de población, además entre sus funciones destaca la tarea de elaborar información referente a los problemas y necesidades de población, tales como el acceso a métodos anticonceptivos y el control de la fecundidad.
No obstante, uno de los hitos más importantes de la Ley General de Población es que reconoce que la planificación familiar es el ejercicio del derecho que toda persona tiene a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, además de obtener la información y los servicios idóneos para ejercer este derecho.
Esto significa que la Ley General de Población establece que toda persona tiene derecho a elegir libre y responsablemente cuándo tener hijos, al tiempo que establece la obligación del gobierno mexicano de proporcionar de forma gratuita el acceso de la población a los servicios e insumos necesarios (tales como métodos anticonceptivos) para controlar su fecundidad.
Lo anterior significa que las políticas públicas de población deben contemplar metas demográficas pero también sociales, es decir, debe prever las consecuencias que tendrá la reducción de la población para las familias y la sociedad en su conjunto.
De igual forma, cualquier política de población debe promover la equidad entre hombres y mujeres, así como el acceso a información y los insumos necesarios para decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos.
2003/MM/MEL
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