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La discriminación nuestra de cada día

Por Román González

El 51 por ciento de la población femenina de México es víctima de la discriminación. La misma situación enfrenta el 10 por ciento de los discapacitados y otros sectores sociales por sus preferencias sexuales, religiosas y condición migratoria, lo que genera relaciones ilegítimas injustas.

La discriminación en México es un problema generalizado que involucra factores culturales, económicos, jurídicos y políticos, se reproduce a lo largo y ancho del territorio, agrava las desigualdades e impide el pleno desarrollo de las personas, comunidades y las sociedades.

Recientemente la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, dio a conocer que en México persisten de manera amplia y en pleno siglo XXI, prácticas discriminatorias humillantes que vulneran los derechos, libertades y oportunidades tanto de personas como de grupos y comunidades.

De acuerdo con su estudio La discriminación en México: por una nueva cultura de la igualdad, la comisión advierte que no se trata de una problemática restringida o que solamente toque los márgenes del tejido social. Por el contrario, la discriminación en México es un problema de carácter estructural.

ALGUNAS MUESTRAS

Revisando la publicación Indices de Desarrollo Humano (IDH 2000) a nivel nacional, las entidades con mayor población indígena, como Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se ubican en los últimos lugares de esa clasificación. Además, de 386 municipios de alta marginación en el país, 209 son de población indígena.

El índice, elaborado por Consejo Nacional de Población (Conapo), establece que la distancia entre los componentes del desarrollo humano es más marcada entre los municipios que entre las entidades federativas.

Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil más alta se registra en Metlatónoc, Guerrero –669 decesos de menores de un año por cada 10 mil nacimientos. En cambio, el menor nivel –172– se observa en Coacalco de Berriozábal, estado de México.

La mortalidad del primero equivale a la tasa observada en México en 1974, mientras que la del segundo es la que se prevé para el país en su conjunto en 2010. De esta manera, si se toma como referencia la tendencia nacional, la mortalidad en el primer año de vida en Matlatónoc se encuentra rezagada 36 años con respecto de Coacalco.

El mismo estudio indica que en cuanto al analfabetismo la brecha es aún más dramática, pues mientras en la delegación Benito Juárez prácticamente se ha erradicado, en Coicoyán de las Flores, Oaxaca, tres cuartas partes de su población no saben leer y escribir, proporción que supera a la media nacional –72.3 por ciento- registrada en 1910, es decir, hace casi un siglo.

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía en Informática (INEGI), la población total del municipio de Coicoyán es de cinco mil 733 habitantes, de los cuales dos mil 772 son hombres y dos mil 961 son mujeres.

¿Y LA LEY?

El decreto de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, firmado el pasado nueve de junio por el presidente Vicente Fox, considera entre otras cosas, como conducta discriminatoria que se niegue o limite información sobre derechos reproductivos o se impida el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas.

También obliga a validar las medidas compensatorias a favor de la igualdad para las mexicanas, como serían la creación de centros de desarrollo infantil y las medidas que obligaron a los partidos desde este año a incluir un mínimo de 30 por ciento de candidatas femeninas en sus listas a puestos de elección popular.

La ley hace propias las conclusiones de los trabajos que, desde marzo del año 2001, realizó la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación. Este grupo plural presentó su iniciativa al Ejecutivo mexicano el 15 de noviembre del 2002.

También fue creado el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, para regir las políticas públicas en materia de combate a la discriminación y vigilar el cumplimiento de la ley.

A pesar de que la igualdad entre hombres y mujeres está ampliamente reconocida en la ley y que incluso están ya reglamentadas las cuotas de representación para las mujeres como una medida de compensación por la marginación política de la que han sido objeto, todavía existen desigualdades abismales.

2003/RGL/MEL

cimacnoticias

       
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