A cinco años de la masacre de campesinos por parte de un comando del Ejército Mexicano en la comunidad de El Charco, Guerrero, los sobrevivientes y expresos políticos demandaron el enjuiciamiento a los responsables materiales e intelectuales.
En entrevista, Erika Zamora, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien después de los sucesos de la matanza fue encarcelada cuatro años por supuestos vínculos con grupos guerrilleros, denuncia:
«Desde que nos detienen a los sobrevivientes de la masacre de El Charco siempre recayó la responsabilidad en Alfredo Oropeza Garnica, entonces comandante de la XXVII Zona Militar y quien estaba al frente del operativo y además era una jurisdicción que no le correspondía. La responsabilidad también recae sobre el comandante de la IX Zona Militar, Luis Humberto López Portillo Leal, y sobre todo porque en aquella región militar fue donde a todos los sobrevivientes nos torturaron para obligarnos a firmar declaraciones», afirma.
«Hemos señalado también al propio Rafael Macedo de la Concha (actual procurador general de la República, cargo anteriormente ocupado por civiles) como responsable por ser, en ese entonces, el titular de la Procuraduría General de Justicia Militar; él estuvo enterado obviamente de las declaraciones arrancadas bajo tortura».
Un comando del Ejército, bajo las órdenes del general Alfredo Oropeza Garnica, irrumpió violentamente la madrugada del 7 de junio de 1998 en el poblado de El Charco, acribillando a 11 campesinos y a un estudiante y deteniendo a por lo menos 22 personas. La acción fue declarada por las autoridades como una operación de «búsqueda» de grupos guerrilleros.
Cuatro años después, ya en el año 2002, fueron liberadas las 22 personas por falta de pruebas en las acusaciones como la de «incitación a rebelión».
Hasta el momento, las autoridades no han deslindado responsabilidades sobre quiénes planearon y ejecutaron la matanza.
Erika Zamora dijo que las viudas de los campesinos asesinados demandarán jurídicamente a quienes resulten responsables. «Las viudas estuvieron discutiendo porque son las únicas que pueden hacer esta demanda, ya que ellas fueron las afectadas directas al ser familiares de los muertos».
CONTINÚA LA REPRESIÓN A CINCO AÑOS
La exprisionera política explicó porqué se tomó la decisión de demandar jurídicamente: «Se estuvo evaluando esta posibilidad sobre todo porque es una región militarizada y se siguen cometiendo actos de represión».
Indicó que tras la decisión tomada por la esposas de los campesinos asesinados, podría haber consecuencias contra los pueblos de la región. «Obviamente habrá consecuencias, aún así esta demanda la van a hacer los familiares y supongo que en estos días estarán por presentarla y creo que allí hay que estar muy atentos sobre lo que se venga».
Denunció que después de cinco años, las detenciones a campesinos en Guerrero continúan. «Recientemente se han dado detenciones de algunas personas en Ayutla y Tecuanapa, bajo el pretexto de que son miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Lo más grave – subrayó– es que se hacen estas detenciones y oficialmente las autoridades nunca dan un comunicado de por qué y dónde están las personas que detienen».
«Obviamente esto se enmarca dentro de esta política de represión que se ha seguido después de la masacre de El Charco y lo notable es que las detenciones se realizaron en vísperas de los actos conmemorativos del quinto aniversario de la matanza y también justamente días antes de que la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT) hiciera su congreso».
LLAMADO A NACIONES UNIDAS
Erika Zamora llamó al relator especial de Naciones Unidas para la Atención y los Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, a visitar las comunidades de Guerrero, todo vez que –dijo– son acosadas sistemáticamente por el Ejército.
«Ya hemos señalado anteriormente la sistemática represión por parte de las Fuerzas Armadas», dijo Zamora y acotó: «un compañero sobreviviente de la masacre de El Charco fue asesinado en febrero pasado, su nombre era Esteban Leobardo y los responsables se pasean como si nada hubiera pasado, sin que hayan sido detenidos».
Desde la masacre de El Charco se han incrementado los asesinatos selectivos en algunas zonas de Guerrero que han puesto de manifiesto la impunidad con que actúan los militares, detalló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe del 2002.
En ese entonces, la CIDH manifestó la necesidad de adoptar medidas para evitar ejecuciones extrajudiciales contra campesinos y defensores de los derechos humanos. Por lo visto, las autoridades han hecho caso omiso a las recomendaciones.
Otra de las matanzas señaladas en el informe de la Comisión Interamericana es la perpetrada el 28 de junio de 1995 en el Vado de Aguas Blancas, donde campesinos de la sierra sur de Guerrero fueron emboscados por policías del estado.
LA LUCHA POR LA JUSTICIA
En la explanada central de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y minutos antes del cambio de clases académicas, Erika Zamora se dio tiempo para hablar sobre la masacre de El Charco y sobre la viabilidad de luchar por la justicia.
Libros en mano y dos periódicos que dice por lo menos leer a diario, Erika Zamora llamó a la sociedad a no olvidar los actos de represión y luchar porque no queden impunes.
A cinco años de los sucesos represivos del 7 de junio ¿cuál es el saldo de la lucha por la justicia?
—Creo que lo más importante de todo es que el poder de la sociedad, que es desde abajo, puede levantar su voz por la justicia. Bajo la presión de la movilización de la misma sociedad podemos hacer justicia ante la ineficacia de las autoridades gubernamentales; yo creo que la presión social ha jugado un papel muy importante no sólo en este caso de la matanza de El Charco.
También en el caso de los ecologistas (campesinos encarcelados por oponerse a la explotación de madera por parte de empresas exportadoras), en el del general José Francisco Gallardo (quien alcanzó su libertad luego de ocho años de cárcel por proponer al interior de las Fuerzas Armadas la creación de un ombusdsman castrense), para obligar y lograr que las autoridades respeten los derechos humanos.
¿Cuál es tu evaluación sobre el papel del gobierno de Vicente Fox en torno al deslinde de responsabilidades por actos represivos y la justicia en nuestro país?
—Durante su campaña, Vicente Fox dijo que iba a castigar a los responsables de masacres como las de los estudiantes en 1968, el 10 junio de 1971, a los responsables de la Guerra Sucia en los años 70 y 80, y para eso creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos del Pasado, pero hasta el momento no hay nadie responsable que haya sido juzgado.
Algunos siempre hemos manifestado que la fiscalía ha sido una cortina de humo para tratar de simular que se hace justicia. Nosotros dijimos que era muy difícil castigar a los responsables de estos hechos precisamente porque no hay retroactividad en los delitos y sobre todo porque son homicidios y después de cierto tiempo prescriben.
Obviamente, bajo este pretexto, se iba a intentar acusar a los responsables de homicidio y no, por ejemplo, de genocidio. Y conforme a las investigaciones se va a decir que ya prescribieron.
En el caso de la detención de los militares Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo (quienes participaron en actividades de contrainsurgencia durante los años 80 y 90) a mí me parece que es un ajuste de cuentas dentro del mismo Ejército.
Más que hacer justicia por los crímenes que han cometido, son ajustes que se dan por el mismo Ejército. Se les acusa de narcotráfico, digo está bien, pero los crímenes contra la humanidad que han cometido han quedado de lado y resulta eso una señal de que no se piensa hacer nada contra quienes han cometido actos represivos.
En el caso de Aguas Blancas, la mayoría de los ejecutores materiales están libres y los responsables intelectuales nunca fueron tocados. Yo finalmente creo que no se va a hacer nada contra los autores de crímenes de lesa humanidad, a menos que la sociedad y el pueblo se organice y lo obligue.
Luego de tu experiencia difícil en la cárcel y ahora buscando reconstituir tu vida en la lucha social, cuál es tu proyecto, tu aspiración..?
—Seguir luchando. Yo creo que no hacerlo sería una contradicción. Por principios, sí quiero seguir manteniéndome dentro de la lucha social y también porque hay una responsabilidad con la gente que nos estuvo apoyando a los sobrevivientes de la masacre, que nos estuvo echando la mano para que a cuatro años se pudiera seguir luchando por la justicia y digo justicia parcialmente porque quedamos libres.
Pero los responsables siguen ejerciendo funciones, por ejemplo, Oropeza Garnica está operando en una zona de la Huasteca hidalguense y obviamente su papel es de lucha contrainsurgente.
Entonces seguimos dentro de la lucha social porque creo que es la única manera de hacer que este país cambie y que realmente se haga justicia. Seguiremos de pie para aportar un poco, para que en el futuro no se sigan cometiendo crímenes, como se siguen haciendo hasta ahora, como Aguas Blancas y El Charco, Guerrero; Acteal, Chiapas; y creo que es una responsabilidad de nosotros, como sociedad, luchar porque ya no haya más abusos y arbitrariedades».
2003/RMM/MEL
